Desapariciones, masacres y detenciones, los saldos de la política antidrogas de AMLO
miércoles, abril 17, 2024
Cuando llegó a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador tenía entre sus objetivos primordiales la pacificación del país, hacia el final de su gobierno su estrategia muestra que, aunque hubo ciertos avances en la construcción de nuevas reglas e instituciones, privilegió la militarización, el desmantelamiento de la política de prevención y rehabilitación y la criminalización de la población consumidora
Por Itzel Ramírez / La Verdad Juárez
En el ocaso de su gobierno, la política antidrogas del presidente Andrés Manuel López Obrador deja un país militarizado y violento, políticas públicas insuficientes y a los consumidores como el eslabón más vulnerable y castigado, de acuerdo con el informe Radiografía de la prohibición, política de drogas en México 2018-2024, elaborado por Elementa.
Si cuando llegó a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador tenía entre sus objetivos primordiales la pacificación del país junto a una nueva estrategia de combate a las organizaciones criminales, hacia el final de su gobierno era necesaria una revisión que evaluara sí se fortaleció o cambió la estrategia de guerra contra el narco iniciada en 2006 por Felipe Calderón, sostuvo el reporte.
Los datos disponibles muestran que, aunque hubo ciertos avances en la construcción de nuevas reglas e instituciones, la administración federal privilegió la militarización (con el fortalecimiento legal y económico de las fuerzas armadas), el estigma del consumo de drogas, el desmantelamiento de la política de prevención y rehabilitación y la criminalización de la población consumidora.
De acuerdo con Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa, estos resultados están altamente relacionados con la estrategia del mandatario y su visión de la problemática de las drogas.
“La visión moralista del presidente López Obrador legitimó y fortaleció el rumbo de sus antecesores en materia de política de drogas y desdibujó casi todas las medidas (…) para transitar hacia una política de drogas más humana que redujera la violencia y que implementara por fuera de las esferas de corrupción”, dijo Muro durante la presentación del informe.
Un solo dato muestra cómo López Obrador continuó con la militarización: para diciembre de 2023, entre Guardia Nacional y fuerzas armadas había 286 mil 494 elementos desplegados en todo el país, lo que representa un aumento de más del 400 por ciento respecto del inicio del sexenio, cuando la cifra era de 54 mil 980.
A pesar de que el presidente ha insistido en que bajo su mando el Ejército ya no comete abusos, las cifras oficiales indican que permanecen altas las cifras de letalidad militar: entre 2019 y 2024 por cada militar fallecido en algún enfrentamiento hay 12 agresores fallecidos.
A la par de estos números están los cambios legislativos que dieron más poder, dinero y legitimidad a las fuerzas armadas.
“La promesa de una institución civil se difuminó”, sentenció Muro.
Las ejecuciones extrajudiciales, las 61 masacres de jóvenes registradas durante lo que va del sexenio y las más de 114 mil personas desaparecidas muestran que la militarización no resultó útil para la pacificación del país, cerró la especialista.
Todo el peso de la ley al consumo
Uno de los grandes pendientes de este sexenio es el del nulo avance en la despenalización del consumo de estupefacientes, resaltó Renata Demichelis directora de la oficina en México y coordinadora, junto a Muro, de la investigación.
Para la experta, la narrativa de AMLO fue determinante para que ninguna de las 33 iniciativas presentadas para regular el cannabis tuviera éxito en el legislativo mexicano.
Si de las 33 propuestas, 13 fueron presentadas por Morena, el partido del presidente, y si existía el precedente fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis, solo puede entenderse su fracaso gracias a la falta de voluntad política dictada desde el Ejecutivo.
“La narrativa presidencial propició un estancamiento de la regulación particularmente de cannabis en el Congreso”, observó Demichelis.
La decisión de no cambiar la estrategia basada en prohibición y castigo del consumo de drogas ha impactado en cómo se aborda la problemática desde la penalidad.
Actualmente, la conducta que más se persigue en lo que respecta a delitos contra la salud es la de la posesión simple (narcomenudeo), en contra de otros relacionados con narcotráfico como producción, comercio, transporte, posesión con fines de comercio y tráfico.
“En México, las personas encarceladas por delitos menores tienen más probabilidades de ser encarceladas de manera automática que aquellas que son parte de las redes de macrocriminalidad. Entre 2018 y 2023 el 96% de las personas detenidas por delitos de drogas fueron privadas de la libertad automáticamente por algún delito relacionado con narcomenudeo”, se lee en el reporte.
Si para 2019 había mil 942 personas puestas a disposición por narcotráfico, frente a las 47 mil 423 puestas a disposición por narcomenudeo, tres años después la tendencia continuaba al alza con siete mil 485 personas puestas a disposición por narcotráfico frente a 67 mil por narcomenudeo, dijo Demichelis.
“Hoy es mucho más probable que una persona esté en prisión por narcomenudeo que por narcotráfico”, añadió.
Ángela Guerrero, coordinadora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA), comentó en la presentación que uno de los errores de la estrategia obradorista fue visualizar la política de drogas como una problemática apartada del panorama político, económico y de salud.
“No ha habido claridad de qué política hay. Hoy lo que tenemos (…), lo que el presidente trató de hacer es cambiar lo de criminalización de la pobreza a la ecuación de la prohibición”, apuntó Guerrero, una de las participantes en la presentación.
Los asesinatos de candidatas y candidatos en todo el país, dijo, reflejan cómo el crimen organizado ha conquistado cada vez más esferas de la vida pública.
Para Ricardo Raphael, otro de los invitados a comentar el informe, es necesario reconocer que lo que disputan los grupos criminales ya no es el mercado de drogas, sino el control territorial que permite no solo el tráfico de estupefacientes, sino el dominio absoluto -trata de personas, extorsiones, control político- y en esa medida, es necesario replantear cómo se debe transitar para superar el impacto de una persona (quien ocupe el Ejecutivo) en la política antidrogas de un país.
Amnistía y salud mental, los aciertos incompletos
Aunque la política de drogas no arrojó los resultados previstos por el gobierno federal, es necesario reconocer los avances de la administración obradorista, como la Ley de Amnistía.
“La Ley de Amnistía abrió la puerta para que se revisaran casos relacionados con delitos de drogas, específicamente en los eslabones más expuestos de la cadena. De igual forma, la normativa prevé diversos elementos subjetivos para analizar cada caso, los cuales incluyen la situación de pobreza, discapacidad, coerción de familiar o pareja sentimental, discriminación, coacción por parte de la delincuencia organizada, pertenencia a comunidades indígenas o afromexicanas o ser persona usuaria de drogas”, explicó el informe.
A enero de 2024, de acuerdo con el informe, el 89.7 por ciento de las amnistías otorgadas por delitos de drogas habían acreditado la condición de pobreza, lo que muestra “el impacto del enfoque punitivo de la prohibición”.
La discusión sobre los elementos configurativos de los delitos previstos en la Ley de Amnistía, así como las regulaciones de cada entidad son algunos de los pendientes de esta medida de reparación.
Otro acierto, de acuerdo con el informe, es la reforma de 2022 en materia de salud mental que privilegia el modelo comunitario en lugar del clínico asilar para la atención.
La prohibición de hospitales psiquiátricos, el internamiento como último recurso y el consentimiento informado, además de la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) configuran un modelo que puede convertirse en una oportunidad para abordar la salud mental y la prevención desde un enfoque integral, observó el informe.
Del enfoque bélico y punitivo al de Derechos Humanos
Los resultados muestran que aunque hay una leve disminución en los niveles de homicidios o en el índice de letalidad, México es “un país sumido en la violencia”.
Pasar de una política que sataniza y castiga el consumo, desestima las violaciones a derechos fundamentales y prioriza el gasto público en la militarización, la organización planteó 63 recomendaciones dirigidas a los poderes ejecutivos federal y locales, así como a fiscalías y a los legislativos.
Regresar la seguridad pública a cuerpos civiles de seguridad, poner énfasis en una política de drogas basada en derechos humanos, retirar gradualmente a las fuerzas armadas, modificar la prohibición de sustancias psicoactivas, así como garantizar el combate a las redes de corrupción y al lavado de activos son algunas de las tareas urgentes propuestas por Elementa.
Para la investigación, realizada por Diego Jiménez Padilla, Isaias Pablo Tolentino y Valeria Gutiérrez Vega, se revisaron los discursos del presidente y de otros funcionarios federales, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, estadísticas oficiales, instrumentos de política pública, solicitudes de información, correos filtrados por el colectivo Guacamaya, notas periodísticas, libros, artículos académicos e informes de la sociedad civil en el periodo de marzo de 2018 a los primeros meses de 2024.
La radiografía se dividió en tres aristas: enfoque bélico, enfoque punitivo y enfoque de salud que abundaron sobre cómo el discurso presidencial impactó en el diseño de la estrategia antidrogas y en su éxito para transitar a una realidad distinta de la iniciada en 2006.
