La propuesta fue presentada a mediados de marzo y es analizada en el Congreso de Chihuahua. Sin embargo hay voces que consideran que una nueva ley no necesariamente atenderá el fondo del problema, que ha sido denunciado durante décadas y que las autoridades no han atendido
Por Karla Quintana / Raíchali
Chihuahua– El Congreso del Estado analiza integrar al Código Penal el delito de “ecocidio”, el cual, según dicen sus iniciadores, busca sancionar a quienes destruyan y afecten el medio ambiente.
Sin embargo, dado que existen otras normativas que, en teoría, impiden la destrucción ambiental y que están a cargo de dependencias como Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, esta nueva propuesta podría solo quedar en el papel.
Asi lo reflexiona el padre Gabriel Parga, vicario episcopal de la Pastoral Indígena, un habitante de la sierra Tarahumara y quien considera que de darse esa nueva legislación no necesariamente abonaría a la raíz del problema.
Los recursos naturales en la sierra, principalmente el bosque y el agua, han sido blanco de proyectos extractivistas, que a su vez generan problemas sociales en las comunidades indígenas y no indígenas.
Hay lugares como Bocoyna, Madera y Urique, donde la problemática se ha presentado de manera más recurrente. En estas zonas también se han provocado conflictos y violencia contra la propia comunidad por la lucha del territorio.
La tala clandestina en el estado, por ejemplo, ha afectado una superficie de 17 mil hectáreas, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que coloca a Chihuahua como uno de los estados con mayor afectación por esta actividad nivel nacional, al igual que Chiapas y Oaxaca.
En este sentido, el párroco Gabriel Parga, subraya que una nueva ley en todo caso podría perjudicar a las personas de bajos recursos más que a los verdaderos responsables de actividades como la tala ilegal.
Según el vicario, las medidas legales podrían no ser suficientes, dejando a las comunidades más vulnerables enfrentando las consecuencias. “¿Para qué legislar cuando finalmente siempre van a ser la gente más pobre y indefensa la que van a acabar pagando el castigo”, cuestionó.
La propuesta para sancionar el “ecocidio” está en el Congreso local desde el 26 de marzo pasado por propuesta del priísta Omar Bazán, y a la que se sumaron diputados de Morena.
La iniciativa establece una pena entre 5 y 12 años de cárcel y una multa de cinco mil a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quienes dañen gravemente el medio ambiente.
El legislador Bazán, junto con otros políticos y empresarios, mantienen actualmente una demanda en contra de varias personas indígenas para intentar despojarlos de su territorio.
Las comunidades, las primeras en ser afectadas por el daño ambiental
La visión indígena de la Sierra Tarahumara se caracteriza por un profundo sentido de responsabilidad hacia la naturaleza. Ellos practican rituales para llamar al agua, y reconocen su conexión espiritual con ese y los demás recursos. Pero también son los primeros en sufrir las consecuencias de la tala del bosque y los demás daños ambientales que provocan la sequía de los manantiales y ponen en peligro el ecosistema en su totalidad.
“Es algo espiritual o no sé si muy de una conexión tan apegada a la tierra, que muchas veces sientes tú como perjudicas, cómo lastimas a la tierra cuando le pasas hasta el mismo arado y siquiera pedirle permiso cuando el agua, tú lo desprecias” expresa Carlos Gonzalez joven rarámuri de la comunidad de Bosques San Elías Repechique.
La deforestación ha provocado sequías prolongadas, y obliga a las personas a caminar largas distancias en busca de agua para sus necesidades básicas. Esta realidad refleja un deterioro constante en las condiciones de vida, donde cada vez resulta más difícil satisfacer las necesidades básicas de las familias.
La cosmovisión de las comunidades indígenas ve a todos por igual, su entorno es su casa viven con austeridad su hogar no es solo donde viven, sino todo el mundo natural que los rodea. No lo ven como algo separado de ellos, sino como parte de su propia casa.
“La intención de todos es despertar cada vez más la conciencia, somos de la opinión de que no se trata de meter a la cárcel o de echar ejércitos es darnos cuenta que estamos destruyendo el futuro de todos de tu propia familia, cuando tú eres también responsable de que suceda esto”, apuntó el vicario Parga.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.