Personas desplazadas por la situación de violencia que se vive en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, así como organizaciones que las acompañan, dieron a conocer la resolución de un amparo que exige se cumpla con el plan de protección prometido desde noviembre del 2022 para la comunidad Coloradas de la Virgen
Por Óscar Rosales / Raíchali
“Se lo llevaron al monte, lo subieron a la camioneta, ahí lo amarraron a mi esposo, se lo llevaron en el centro de Baborigame, lo encerraron en una casa y ahí los golpearon, los golpearon mucho”, es así como Amada Chávez, defensora territorial de la comunidad rarámuri Coloradas de la Virgen, narró el intento de asesinato de su esposo, motivo que la obligó a ella, y a decenas de familias, a dejar su hogar en la Sierra Tarahumara. Ahora, esperan que las autoridades federales y estatales cumplan su responsabilidad de protegerles luego de ganar un amparo promovido en agosto de 2023.
Así lo dieron a conocer organizaciones civiles el pasado en martes 30 de abril en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social – Cencos en la Ciudad de México, donde informaron que una jueza del Décimo Distrito en el Estado de Chihuahua les otorgó un amparo que ordena al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como al resto de autoridades correspondientes, a establecer planes de actuación para que los integrantes de Coloradas de la Virgen reciban asistencia humanitaria y detengan el desplazamiento masivo de la comunidad.
Tanto el Mecanismo como las autoridades prometieron cumplir con esas acciones como parte de un Plan de Protección, mismo que se trabajó desde el 29 y 30 de noviembre del 2022, pero que nunca se llevó a cabo, motivo por el cual promovieron el amparo.
“Nos parece increíble que vivamos en un país en el que la dignidad se tenga que litigar”, dijo Antonio Palacios, abogado del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), una de las organizaciones que acompaña a Coloradas de la Virgen en su lucha legal.
A partir de 1960, la comunidad rarámuri ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, dentro del famoso Triángulo Dorado, comenzó a enfrentar una situación de violencia generada por cárteles que se han apropiado de su territorio para la tala de árboles y hacer negocio con proyectos mineros. Desde entonces, se han asesinado a 22 defensores rarámuri por defender el bosque, de acuerdo a registros periodísticos y testimonios de personas desplazadas.
“Queremos regresar, no sabemos cómo y cuándo, si nos desesperamos”, expresó Amada Chávez, quien lleva tres años fuera de la comunidad de la Sierra Tarahumara, en un refugio proporcionado por el Mecanismo de Protección.
Sin embargo, la defensora rarámuri afirmó que el lugar no es el adecuado por el tamaño de la familia, en la que existen varios menores de edad, y que el servicio de agua es deficiente. Asegura que en su comunidad tenían muchas cosas de forma natural y el espacio era amplio para el esparcimiento sano de niños y niñas, en comparación de los cuartos en los que residen actualmente.
“No entra el aire desde hace mucho calor ahí adentro, y donde estamos, pues ahorita también nosotros no tenemos donde jueguen los niños, nomás ahí lo que es una cocina, un cuarto y el lavadero, está bien chiquito”, dijo Amada.
En el mismo sentido, Amada externó su preocupación por la pérdida de la lengua y tradiciones en las nuevas generaciones, además de llegar a desconocer los rostros de su familia que aún vive en comunidades cercanas a Coloradas de la Virgen.
“Están perdiendo la cara de sus familiares, ya muchos no conocen y a sus primos, (…) se están perdiendo los trabajos manuales que hacía uno allá con el mismo material de la Sierra”, señaló Amada.
Lucía Lagunes Huerta, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección, aseguró que desde la entrada de Enrique Irazoque como titular del Mecanismo, comenzó una nueva forma de trabajo que desprotegía a las víctimas de desplazamiento forzado.
“Veíamos que la prioridad era cómo quitar medidas, cómo bajar costos, como desintegrar y desincorporar a las personas beneficiarias, aún cuando el riesgo estaba, (…) cómo mirar la necesidad de condiciones dignas de las personas desplazadas forzadas internas como una ayuda y no como un deber del Estado”, enumeró Lagunes.
Irazoque dejó su cargo el 1 de noviembre del año pasado, tan solo unos días después de la renuncia de Alejandro Encinas, quien fue el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con Ernesto Palencia, abogado de Alianza Sierra Madre (ASMAC), cuatro autoridades impugnaron el amparo realizado por la jueza: la Secretaría de Gobierno de Chihuahua, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA).
“Se han tenido acuerdos como visitas a los refugios y propuestas de reuniones con las autoridades estatales para abordar la profundidad del cumplimiento del plan de protección, sin embargo, no tenemos hasta el día de hoy una fecha estipulada en el cual se van a dar estas mesas de trabajo o estas visitas”, comentó Antonio Palacios del CEDEHM, quien pidió se atienda la situación a la brevedad por el riesgo que existen para las personas desplazadas.
Un día después de la conferencia de prensa, Santiago de la Peña Grajeda, Secretario General del Gobierno de Chihuahua, declaró ante medios de comunicación locales “revisar el caso en lo particular y estar atentos a lo que se resuelva en cualquier instancia jurisdiccional, y atender lo que se nos ordene por el Poder Judicial”.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
