En El País

Madre me acusan de un homicidio



sábado, mayo 11, 2024
Tere Santiago Lorenzana se rapa a las puertas de la SCJN; tres de sus hermanos están presos desde el 2007 en Edomex. Foto: Roberto García Ortiz de La Jornada

Les llamaron “las locas”  y  también “las pelonas”, son las mujeres que se lanzaron a rescatar a sus hijos, esposos y hermanos de la infernal justicia mexiquense; los gobiernos del Grupo Atlacomulco lo impidieron, aseguran que no se han rendido

Por María Teresa Montaño / The Observer, periodismo y verificar del discurso público

Estado de México- El 24 de junio del 2021 unas diez mujeres con enaguas raparon por completo sus cabezas frente al emblemático edificio del Poder Judicial (PJEM) de Toluca en un acto de protesta que dejó atónitos a los transeúntes; un mes antes, en mayo, ya habían marchado vestidas de negro llevando los retratos de sus hijos encarcelados por delitos graves que de acuerdo con organizaciones y organismos defensores de Derechos Humanos ellos no cometieron.

También en julio de ese año se extrajeron sangre públicamente por primera vez y con ella dibujaron las palabras  “justicia” y “libertad” sobre los muros oficiales de Toluca;  en mayo del 2022 lo volvieron a hacer pero entonces su plasma vital, lo arrojaron sobre los escudos de algunos de las docenas y docenas de granaderos que les mandó Alfredo del Mazo.

No les importó.

Las mujeres del colectivo “Haz Valer Mi Libertad” se lanzaron determinantes a lo imposible”: rescatar a sus hijos de las infernales cárceles del Estado de México.

En su lucha casi mueren  de inanición cuando en agosto del 2021, al menos 19 de ellas se declararon en “huelga de hambre” por primera vez en el corazón de la Plaza de los Mártires y entre el 12 de agosto y el 2 de octubre del 2023, otro pequeño grupo lo volvió a hacer hasta que Delfina Gómez les pidió que se retiraran sin ofrecer les nada.

En 2022 se dedicaron a mover conciencias sobre la criminalización deliberada o intencionada de personas inocentes que reciben imputaciones falsas para mantener abarrotadas las cárceles, ese negocio que en promedio les implica gastos de entre mil 500 y dos mil pesos semanales en comida y pagos extralegales de seguridad, cuotas para uso de instalaciones, agua; para no ser torturados o incluso para tener un espacio para dormir, según contaban a quienes las visitaba en el campamento.

Ese año recorrieron pueblos, sumaron colectivos, lanzaron iniciativas y organizaron foros. El 10 de mayo del 2022, se fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y confirmaron a los magistrados que sí… que las cárceles mexicanas y mexiquenses en particular, están abarrotadas de inocentes.

Y para dar constancia de ello realizaron un acto de resistencia y solidaridad de alto impacto. Se raparon de nuevo a las puertas de la máxima sede que administra la justicia en México, justo al paso de magistrados, jueces y Ministros.

Cuando volvieron a empezar de nuevo el ciclo, cortes extremos de pelo, marchas  vistiendo el luto de pies a cabeza como implacables “Lloronas” por sus hijos vivos pero muertos, decían;  las extracciones públicas de sangre y todo tipo de protestas disruptivas en el espacio público oficialista, los policías, funcionarios y algunos sectores de Derecha afines al poder,  las comenzaron a llamar “las locas”  y también  “las pelonas”.

Pero las locas empeoran…

Ya en junio del 2023 habían vuelto a la plaza pública para encadenarse a un símil de celda que montaron frente a la sede del gobierno donde además iniciaron un plantón indefinido e instalaron un campamento permanente. Ahí  trasladaron su vida doméstica, convertida en el bunker de su lucha.

Guadalupe Silvestre, madre de Eduardo Rebollo, criminalizado por el gobierno mexiquense.

En el campamento, donde de vez en vez se encadenaban  literalmente, en solidaridad con sus hijos criminalizados por los gobiernos, jueces y magistrados del Grupo Atlacomulco, comenzaron, adormir, tejer artesanías, vender dulces, hacer tortillas, venderlas y recibir amigos y compartir su pena y su comida.

Por eso a mediados del año pasado hasta ahí llegaron representantes de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) para escuchar sus historias y denuncias de criminalización contra sus familias.

Son madres, esposas, hermanas y una abuela rebeldes hasta la médula.

Durante la remodelación de la Plaza Cívica de la capital mexiquense, supuesta obra emblemática de Alfredo del Mazo que implicó cerrar por completo el simbólico lugar donde el 19 de octubre de 1811 una centena de  indígenas insurgentes de origen otomí fueron fusilados, las  “locas”  elevaron el nivel  de su indignación y transformaron las bardas provisionales que cubrían la obra en un “Muro de la Libertad”.

No tardaron ni una semana para tomar cada centímetro disponible en ese muro, para transformarlo en un museo callejero de la indolencia oficial, colgando las historias y retratos de sus hijos, nieto, esposos y hermanos secuestrados, literalmente, por el Estado mexiquense y recluidos en centros penitenciarios locales.

No desistieron.

En abril del 2023 lanzaron tomatazos contra una imagen monumental del jefe del Grupo Atlacomulco y por entonces gobernador oficial, Alfredo del Mazo,  para reclamarle la falta de respuestas y discriminación institucional por género  de la que siguen siendo víctimas al negárseles el acceso a la justicia mediante el cumplimiento de la Ley de Amnistía, mientras que en diciembre pasado exhibieron los nombres y rostros de los jueces  del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) involucrados en las fraudulentas sentencias que condenaron a sus hijos sobre montajes jurídicos y torturas.

María Luisa Montoya, madre de Carlos Alberto Estrada, criminalizado por el Estado mexiquense.

Ahí también pero el 8 de diciembre del 2023, mujeres como María Luisa Montoya, madre de Carlos Alberto Estrada o la hermana de Gustavo Martínez Uribe (sentenciado a 40 años de prisión por un juez que lo acusó de “no mostrar arrepentimiento por un crimen que por cierto no cometió) o doña María Felix Peña que este año cumple 74 años de edad y lucha por la amnistía  de su nieto e hijo de apellido Juárez, pudieron poner rostro a los jueces –y juezas- responsables de esta tragedia colectiva y por primera vez también los nombraron.

Simultáneamente aquel día, en una ceremonia paralela, el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, quien solo meses antes había prometido que “ningún inocente pisaría la cárcel”, daba ascensos y reconocimientos a sus jueces con motivo de las fiestas decembrinas en una ceremonia oficial, incluyendo a algunos de los que en ese momento eran señalados por estas mujeres.

Pese a ello y no obstante la ausencia de periodistas  y medios que no acudieron a su invitación, “las pelonas”  hicieron una especie de pase de lista frente a la entrada principal de Palacio de Gobierno, para exhibir a quienes consideran sus “verdugos”, en modestas cartulinas que ellas mismas dibujaron para exhibir sus nombres y sus crímenes…

Así por primera vez la indígena mazahua Lilia Reyes, se paró en medio de la Avenida Lerdo de Tejada, donde se suspendió el tráfico, y acuso con su acento indígena al juez Simón Bernardo Álvarez Bastida, de condenar injustamente a 60 años de prisión, a su esposo Carlos Martínez Reyes de un homicidio que no cometió .  Además lo hizo sin proveerle  un abogado especializado en derechos y cultura indígena e ignorando el hecho de que sufrió tortura, como lo asentó la CODHEM en el oficio número 400C1A0000/059/2021,  en el que se decretó su amnistía.

También la joven hermana de Gustavo Martínez Uribe, fue la primera en exhibir el caso del juez Víctor Martín Mejía Hernández, quien sentenció a 40 años de prisión a su hermano por un homicidio en el cual hubo violaciones al debido proceso según el dictamen de amnistía de la CODHEM. Este juez en particular es señalado como responsable en tres casos de víctimas del colectivo, entre ellos el caso de Cristian Chávez.

Por su parte Teresa, hermana de Edmundo, Santiago y Enrique de apellidos Santiago Lorenzana, reveló el nombre de la juez Verónica Contreras Marín que dictó sentencia contra sus hermanos por crímenes que no cometieron. De hecho ella fue la última de una zaga de más de 10 jueces que pasaron por este caso y lo conocieron en trozos. Ninguno revisó el expediente completo en los más de 7 años que duró el juicio, de haberlo hecho habrían advertido las contradicciones del enorme expediente.

María Felix García, comerciante. Madre y abuela de Daniel y Miguel Ángel Juárez

Previamente,  18 de agosto del 2023, esas mismas mujeres organizaron una cabalgata desde San Mateo Atenco hasta la Plaza de los Mártires transmitiendo su mensaje de libertad, protesta y justicia para “que la gente se informe”; algo parecido ya habían hecho en octubre del 2021 en una rodada (en bicis) desde el Museo Bicentenario hasta la Plaza de los Mártires, llevando cada vez, las fotos de sus hijos, esposos, nietos, y hermanos criminalizados.

Las “pelonas” transformadas al tiempo en potentes defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, diseñaron estrategias diversas para mantener renovado su reclamo, por eso  plasmaron los rostros de sus inocentes presos en playeras, carteles  y en enormes mantas que ellas mismas diseñaron y que exhibían a la menor provocación.

En noviembre del 2022, las mujeres de “Haz Valer Mi Libertad” realizaron el Primer Encuentro por la Dignidad, Justicia y Vida de la Caravana Mexiquense, mientras que en marzo pasado, al acercarse a su cuarto año de aniversario como organización, realizaron un foro frente a la sede del ejecutivo estatal, hasta donde llegaron presos políticos que alcanzaron la libertad por vía de una amnistía federal y quienes se solidarizaron con la locura de estas mujeres en el Estado de la impunidad.

La ley de Amnistía del Estado de México se  aprobó a principios del 2021 y  derivo en reglamentos y procedimientos para dar justicia a  los llamados “injustamente presos” por violaciones a Derechos Humanos o al debido proceso, incluyendo un procedimiento particular para los acusados por delitos graves o de alto impacto, como los que enfrentan las mujeres del colectivo “Haz Valer Mi Libertad” y sus seres queridos presos.

Entre las irregularidades que se buscó  corregir con la amnistía se encuentran detenciones ilegales, arbitrarias o sin órdenes de aprehensión;  torturas y tratos crueles o inhumanos; juicios a indígenas sin traductor, desechamiento injustificado o cuestionable de las pruebas  de inocencia y de los testigos de descargo, así como sentencias dictadas a partir de un solo testimonio incidental  -conocido como testigo singular- sin peso verídico ni respaldo de algún otro testigo, entre otra irregularidades.

Carmen Flores, esposa del indígena otomí Tomás García Crisanto.

En total la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), dictaminó favorablemente desde junio del 2021 un total de 25 expedientes para otorgar la amnistía a igual número de personas afectadas con juicios que  violentaron sus Derechos Humanos.

Al final quedaron 23 expedientes y hoy, 16.

No obstante que estas resoluciones son reales y están firmadas por quien fuera el titular de la CODHEM,  Jorge Olvera García, el organismo los desconoce en la actualidad, también Delfina Gómez Álvarez, quien por meses enteros ignoró a estas auténticas defensoras de la libertad.

Se solicitó una entrevista con la actual titular de la CODHEM, Mirna García, ex fiscal de feminicidios en el gobierno de Enrique Peña Nieto y designada en  agosto del 2021 por Morena, pero no hubo respuesta de su área de comunicación social.

Finalmente y tras 330 días de plantón en el que no se dio cumplimiento a la Ley de Amnistía del Estado de México por ninguno de los gobernadores del Grupo Atlacomulco y el Grupo Texcoco –fusionados ahora en uno solo-,  las mujeres del colectivo Haz Valer Mi Libertad A.C., se retiraron.

Previamente sostuvieron un encuentro con autoridades del Estado de México que les ofrecieron más promesas de revisar sus casos, aunque en teoría ya existían mesas de trabajo desde el año pasado y nunca se dieron a conocer públicamente los trabajos de estas.

La realidad es que los presos por delitos fabricados siguen sin recibir justicia. Además de los casos descritos en este trabajo, otros inocentes a los que las actuales autoridades se negaron  aceptar su amnistía, pese a haber sido decretada, están el indígena mazahua Carlos Martínez Reyes; el universitario Cristian Chávez, condenado a 65 años de prisión y torturado, así como Jorge Rivera Sánchez, quien perdió a su familia tras ser criminlizado.

El colectivo surgió tras la liberación el 30 de enero del 2020 de Humbertus Pérez, un líder social que estuvo prisionero más de cuatro años bajo cargos falsos para acallar sus demandas contra políticos pirístas involucrados en presuntos fraudes inmobiliarios;  tras ser absuelto se lanzó a empujar una Ley de Amnistía estatal al asegurar que al menos el 60% de los presos de las 22 cárceles mexiquenses son inocentes.

Las madres, esposas, hermanas y la abuela de Haz Valer Mi Libertad levantaron su plantón entre lágrimas, al no haber obtenido justicia, y en medio del proceso electoral para renovar el Congreso Local  integrado por 75 legisladores (45 de mayoría); diputados federales y 125 ayuntamientos.

Los pagadores del Estado de México

Al hijo de la señora Luisa Montoya se lo llevaron policías ministeriales sin ninguna orden de aprehensión el 18 de diciembre del 2017,luego de ser detenido con violencia mientras compraba quesadillas en una esquina del pueblo de Santiago Miltepec de Toluca, de donde es originario.

Cuando su madre  localizó a Carlos Estrada Montoya  en el centro penitenciario de Almoloya de Juárez, tras recorrer hospitales, ayuntamientos, SEMEFOS y comandancias, se estaba realizando  la primera audiencia de formulación de cargos en un juicio por homicidio que nadie de la familia, ni siquiera él, estaban enterados.

“Madre me acusan de un homicidio que sucedió en el pueblo, no sé quienes me acusan, no sé quién es el occiso, no sé nada…”, fue lo único que alcanzó a decirle al reencontrarse más de  24 horas después, tiempo durante el cual Luisa levantó un acta por desaparición y luego, tras quedar preso se convirtió en una investigadora de tiempo completo, así descubriría el montaje contra su hijo, pero ella no es Florence Cassez.

A Pedro Fonseca Aldama  de entonces 30 años  de edad le ocurrió algo similar cuando un agente  de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sin la orden de un juez, lo paró a mitad de una calle del pueblo de Zinacantepec  y le soltó que tenía que ir a responder por un homicidio de quien sabe quién…

Aunque intentó resistirse y demostrar que se trataba de una confusión,  salieron más agentes y lo amagaron con cargar también con su novia. No tuvo opción.

Al subir al vehículo fue recibido a patadas, amenazas de muerte y  amarrado al piso del auto;  le apuntaban con un arma,  no podía moverse  y en varios momentos de aquel  trayecto  que desbarranco a su familia y su vida,  escuchó  cuando el oficial informaba a su comandante que “ya tenía a la persona,  pero no era el de la carpeta”. Igual se lo llevaron y por horas se lo trago la tierra.

También le ocurrió a Jorge Daniel y su padre Miguel, de apellido Juárez, originarios del pueblo de Santa Cruz Ayotusco de Atizapán.

El domingo 1º de julio del 2018, Jorge de 20 años terminaba su turno  en UBER cuando fue interceptado por sujetos armados;  le quitan el teléfono, las llaves y le roban el vehículo propiedad de su padre; al siguiente día  va con su familia a Naucalpan a denunciar el robo y  automáticamente comienzan a recibir amenazas. Lo citan en la agencia de Barrientos y en un minuto lo transmutan de  víctima a victimario con una falsa acusación de cohecho. Queda detenido.

Días más tarde una juez  lo libera por falta de elementos. Pero se niegan a soltarlo. En lugar de ello los sujetos de aquel  incidente del UBER (que resultaron ser agentes de la FGJEM),  lo retienen en la aduana y lo sacan encajuelado en un auto.

Dany  desaparece cinco días completos y reaparece con nuevos cargos,  ahora por “vender drogas afuera del penal de Barrientos” y un homicidio.  Cuando su padre Miguel logra ubicarlo en ese centro de readaptación y sale del MP para avisarle a la familia, lo alcanza uno de los agentes  y lo detiene como “cómplice” del mismo asesinato por el que acusaron a su hijo.

Así Miguel Ángel Juárez, de entonces 45 años de edad y su hijo de  solo 20 años,  quedan presos y son torturados.  En el suplició para auto-incriminarse, al padre le dislocan un brazo que nunca es atendido y lo dejan con otras secuelas, mientras que el vehículo nuevo nunca es recuperado, dicen que  “el agente ministerial se lo acabo”, ya que jamás se integró la denuncia por robo.

A Eduardo Rebollo de 23 años sus captores policiacos le aventaron unos documentos, tras torturarlo y desaparecerlo más de una semana. “Tienes que pagar un secuestro”, fue todo lo que escuchó, días después de ser “levantado”, lesionado  y  criminalizado por policías de Edomex.

La noche del  5 de octubre del 2017, sujetos encapuchados  lo detuvieron en una  gasolinera de Atizapán.  Tras descender de una camioneta particular portando armas largas, “se le fueron encima  mientras cargaba combustible” por lo  instintivamente intenta huir  –existe un video-,  le disparan y le revientan la quijada de dos tiros; lo suben a su propio taxi, lo llevan a una calle aledaña,  pero antes le roban las llantas.

Aunque va mal herido, lo pasean y en el trayecto escucha lo que parecen negociaciones vía telefónica entre sus captores y otras personas. Horas después lo trasladan a la Cruz Roja de Cuautitlán Izcalli donde se niegan a recibirlo sin una declaración de por medio; lo sacan y vuelven a pasearlo, le quitan la ropa ensangrentada, lo cambian y llevan a declarar por segunda ocasión –sin poder hablar-, luego al Hospital Américas de Ecatepec, de donde  lo sacarían horas después sin recibir atención.

Eduardo desapareció 10 días completos. Lo presentan formalmente después de ese lapso acusado de un “secuestro” en el cual, inexplicablemente él no es la víctima…

Ya encarcelado pasa tres meses en enfermería pero nunca lo operan (se requerían dos placas y 40 tornillos), aún tiene esquirlas alojadas en la cara y su vieja herida aún supura.

Sus captores, agentes del Estado mexiquense en el gobierno de Alfredo Del Mazo, argumentaron durante  el juicio una enredada historia sobre el supuesto “pago controlado” de un secuestro que el juez da por buena, al tiempo que anula  todas las pruebas de su inocencia.

Otro caso fue el de Daniel Plácido Arroyo detenido el 5 de noviembre del 2015 sin ninguna orden de aprehensión.  Se lo llevaron directo de la vulcanizadora donde trabajaba por lo que al momento de su detención  iba cubierto de ese hollín negro que desprenden las llantas viejas y con la ropa sucia debido a la manipulación de rines lodosos, herramienta grasienta y cámaras viejas. Tenía el rostro renegrido también por realizar una labor  en vía pública, circunstancia que el juez del Poder Judicial del Estado de México (PJEM)  Cosme Díaz Osorio, dos años después, cuando lo sentenció, se lo echó en cara como algo incriminante y verdaderamente digno de ser castigado “por mugroso y moreno”.

Le impuso 70 años de prisión en una sentencia marcada por la discriminación según argumentó la propia CODHEM en el oficio 400C1A0000/060/2021, en el que se pronunció por amnistiarlo de inmediato, tras constatar violaciones a sus derechos constitucionales.

Afortunadamente la noche del pasado 2 de mayo y tras ocho años y siete meses de prisión,  Daniel Plácido obtuvo su libertad por la vía de una revisión de su carpeta  pero no por la amnistía a la que tenía derecho, lo que le hubiera ahorrado prácticamente tres años.

El resto de las personas inocentes criminalizadas por el Estado y en cuyos casos se dictaminó la amnistía desde el mes de junio del 2021, en términos de la Ley de Amnistía del Estado de México promulgada en enero del 2021,  siguen presas.

Amnistías robadas

Los dictámenes emitidos por la CODHEM para amnistiar por primera vez en la historia a personas inocentes criminalizadas en el Estado, imputándolos de delitos graves datan del 2021, pero las autoridades mexiquenses, incluida la propia CODHEM, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM)  y la gubernatura, no las han acatado.

Según el dictamen 400C1A0000/061/2021 emitido por la CODHEM el 3 de junio del 2021 para otorgar la amnistía a favor de Carlos Alberto Estrada Montoya, durante el juicio sufrió discriminación, tortura y se valoraron mal las pruebas d descargo.

Entre las irregularidades avaladas por el organismo en estos expedientes están detenciones arbitrarias y sin órdenes de aprehensión; torturas y tratos crueles y degradantes;  desechamiento de pruebas de descargo o deficiente valoración de estas –las que comprobaban la inocencia- por parte de los jueces implicados o Ministerios Públicos, entre muchos otros fallos

En el caso de Estrada Montoya,  la representación social no presentó ninguna prueba sólida  que demostrara la culpabilidad de este albañil,  aunque en su lugar la juez anuló todas las pruebas de descargo, incluyendo testimoniales de testigos directos y documentos  que comprobaban que el día de los hechos estuvo  en otro sitio y con otras personas.

Al final la juez María Levit Becerril García le impuso 47 años de prisión, por lo que a los 70 años exactos podría alcazar la libertad.

Fotos: The Observer Méx

De acuerdo con  Antonio Lara Duque, presidente de la  organización defensora de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero A.C.”, en todos estos casos de personas criminalizadas durante gobiernos priístas recientes, se trató de “montajes” judiciales y mediáticos para incriminar a las víctimas de delitos cometidos por otros que lograron –por alguna razón inentendible- evadir la cárcel  y ser suplantados por inocentes.

Se trata a quienes en los corrillos de la “justicia mexiquense” se les bautizó como  “pagadores”, esto es personas comunes, generalmente morenas y pobres – que meten a las cárceles bajo estrategias judiciales y policiacas fraudulentas, para literalmente “pagar” los delitos de otros.

En el caso de los expedientes de amnistía por delitos graves que las autoridades mexiquenses se negaron a acatar –ahora aseguran que analizaran los casos otra vez, ignorando los primeros dictámenes-,  el abogado Antonio Lara Duque de “Zeferino Ladrillero A.C.”, aseguró que el Poder Judicial (PJEM) y la CODHEM, se encuentran “entrampados”, frente al tamaño de la corrupción judicial y  violaciones al “debido proceso” que contextualizan estos casos, ya que   exponen con crudeza cómo opera  la impartición de justicia en  Edomex.

Entrevistado en febrero pasado para este trabajo, Lara Duque refirió que tanto la CODHEM como el PJEM, se encuentran en lo que parece un paradoja, pues si aceptan los dictámenes de amnistía del 2021 para hacer “auténtica justicia”, quedará expuesta la  calidad de la justicia que reciben –o no reciben- los mexiquenses.

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Este contenido es publicado por La Verdad con autorización de The Observer, periodismo y verificador del discurso público. Ver su publicación aquí.

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