Las abuelas se convierten en tutoras, proveedoras, jefas de familia, mientras sortean un intrincado camino para que ellas y las infancias reciban la atención obligada del Estado que no siempre llega
Por Edith Domínguez / Pop Lab
León, Guanajuato- Se convirtieron en cuidadoras de los hijos de sus hijas después de que estas desaparecieron. Algunas han asumido nuevamente las tareas de la maternidad por el lazo consanguíneo y la necesidad de brindar protección a sus nietas y nietos. Otras han buscado el reconocimiento legal como tutoras para que esas infancias tengan los derechos que la desaparición de sus madres dejó en el limbo. Estas abuelas deben sortear un torcido camino para que las instituciones del Estado y sus funcionarios obligados a atender a esa niñez lo hagan. No siempre tienen tanta suerte.
En medio de la incertidumbre económica, laboral y emocional, las madres de mujeres desaparecidas en Irapuato, que son por esta razón también víctimas indirectas de estos delitos, deben afrontar su nueva realidad al asumir los cuidados de sus nietos, ahora como si fueran sus madres.
Es el caso de María Teresa, quien a sus 48 años afirma: “a veces me hago la fuerte” para salir a trabajar cada día y al mismo tiempo continuar con el proceso para obtener la custodia de sus dos nietos, después de la desaparición de su única hija Dulce Alejandra, misma que después fue encontrada asesinada.
La desaparición de Dulce obligó a María Teresa a dejar el trabajo estable que tenía, para salir a buscarla. Hoy ha encontrado otra actividad que le genera ingresos para el sostenimiento de sus nietos. Dice que ya no espera justicia, porque su hija ya no está con vida.
Sara Leticia, mientras tanto, tiene a su hija Sara Fernanda desaparecida. Pero tuvo que recurrir al proceso de Declaración Especial de Ausencia para que su nieta Camila tenga acceso a servicios de salud como su dependiente directo, algo que la institución no acepta, al no reconocer a la niña como beneficiaria de su abuela, ahora su tutora legal.
Junto a otras madres buscadoras, Sara Leticia conformó el colectivo “No Te Olvidamos, Te Buscamos Irapuato, Guanajuato”, con el que ya suman 27 de estas organizaciones de familiares de personas desaparecidas en el estado.
María Teresa: antes dos nietos, ahora dos hijos
María Teresa es una mujer que se muestra fuerte a pesar de su estatura pequeña, su sonrisa te hace sentir bienvenida cuando abre la puerta de su modesta casa. Cruza la cocina y llega hasta el patio, donde ya tiene una silla y la foto de su hija; sus nietos la rodean.
Con la desaparición de Dulce Alejandra, el 16 de julio del 2022 en Irapuato, María Teresa se hizo cargo de sus dos hijos, una niña y un niño. Sus nietos son ahora su prioridad, así que sale a trabajar día con día para solventar su alimentación, vestido, educación y vivienda, aunque no sobre para alguna diversión.
A pesar de su calidad de víctimas indirectas por la desaparición de Dulce, María y sus nietos no son beneficiarios del apoyo alimentario que brinda la Comisión Estatal de Víctimas a quienes son reconocidas como tales, sólo porque ella no puede faltar un día al trabajo para hacer los trámites que se requieren por parte del organismo, pues ese dinero es muy necesario en casa.
“Sí dan becas, pero no los pude meter (las solicitudes) porque yo trabajo; hay días que trabajo corrido”, explica.
Del gobierno municipal de Irapuato recibió una vez algo de despensa en el 2023.
El día que se llevaron a Dulce, su hija, María se encontraba en el hotel en la zona dorada de Irapuato donde trabajaba como encargada, puesto al que llegó después de años de esfuerzo. A las cuatro de la tarde, recibió una llamada telefónica de vecinos que le avisaron que estaban con su nieto de 10 años, porque minutos antes varios hombres armados habían entrado a su casa y lo encañonaron para obligarlo a sentarse en un sillón, mientras golpeaban y después se llevaban a la fuerza a la expareja de su madre, que ese día llegó de visita. El niño lloraba.
Pasaron unos instantes y los agresores regresaron; se dirigieron al niño y le dijeron “aquí espéranos, ahorita regresamos”, y se dirigieron a la habitación, de donde sacaron por la fuerza a Dulce, su madre.
Dulce alcanzó a decirle a su hijo que no se moviera hasta que llegara alguien o lo llevaran con su abuelita, que no tuviera miedo. Al recibir la noticia, María Teresa llegó y recogió al niño, después de que una mujer desconocida llegó a la casa e intentó llevárselo cuando lo vio solo, pero los propios vecinos. Nadie supo quién era esa mujer.
“Yo hubiera cambiado la vida de mi hija por la mía, ella apenas iba viviendo para sus hijos”, dice María.
Comenzó la búsqueda de su hija, se unió al colectivo Hasta Encontrarte, pidió permiso en su trabajo y se lo dieron, después renunció porque tenía que encontrarla. El 27 de agosto de ese mismo 2022 terminó la búsqueda con la localización sin vida de Dulce en un punto carretero entre los municipios de Celaya, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande. Fue asesinada.
María regresó a trabajar al hotel, aunque solo fue por una semana porque el desasosiego causado por el miedo que sentía no le permitió quedarse. Así terminaron más de 8 años de trabajo.
Al paso de los días tuvo que enfrentar la realidad y comenzó a buscar otro empleo. Lo encontró en 2023 en una dependencia del municipio de Irapuato, ganando 5 mil 400 pesos al mes. De ese dinero debe apartar 2 mil pesos para pagar la renta de la casa que comparte con un familiar y donde también vive su madre. Otros mil 100 pesos los usa para surtir la despensa,“solo lo necesario”, más el pago de energía eléctrica y agua potable. En cada pago catorcenal va guardando “para que no se junten” los gastos.
El padre de los niños nunca se hizo cargo económica o afectivamente de ellos, “y no le pido nada, porque dirá que no tiene por qué darles” como él se lo ha dicho. Cuando la niña y el niño se han enfermado, busca el apoyo de sus compañeras del colectivo de Hasta Encontrarte y ahí ha encontrado siempre quien colabore para los gastos médicos.
La falta de su hija “me duele hasta el alma, a veces me hago la valiente” por sus nietos y su madre, pero “tengo un dolor muy grande que nunca voy a superar”, dice.
En su boca de repente forma una mueca, seguida de una sonrisa cuando se pregunta “¿cómo le hago?” para afrontar los gastos en educación, inscripciones, útiles escolares, uniformes de sus nietos. Explica que también hace trabajos eventuales y al recibir el pago compra unos tenis, zapatos o lo que sabe van a necesitar los niños.
“Mis hijos (como llama a sus nietos) le echan ganas al estudio; es lo que más quiero, que no se estanquen (y) a como dé lugar, pidiendo (dinero), recogiendo botellas, con mi trabajo, pero que le echen ganas al estudio” y sean profesionistas.
La madre de María Teresa le ayuda a cuidar a sus bisnietos. El temor de que algo les pueda pasar al salir a la calle es constante, por lo que les limitan los permisos, aunque sabe que debe “soltarlos un poquito y no vivir siempre con miedo”, y es que aunque María vive con miedo, “temor, al igual que mi madre (de) que les pase algo…cuando hay una bala perdida, un levantón. Pero tampoco los puedo tener encerrados porque no se van a saber defender de la calle “, argumenta.
A dos años de que perdió a su única hija, María no espera ni busca justicia por su asesinato. Piensa qué tipo de justicia podría recibir, si su hija Dulce ya no está “y no busco culpables, las cosas están hechas”.
Sin embargo, pide al Estado Mexicano trabaje más para que las niñas, niños y adolescentes no se queden sin sus padres o madres, como sus nietos, “que vean las cosas, la situación, hay muchas jóvenes, niñas, que se quedan sin su padre o madre. Una abuela, una tía, un hermano se están haciendo cargo de las criaturas” culminó.
Detrás de un colectivo de búsqueda, cientos de niñas y niños que esperan encontrar a sus madres y padres
A partir del 2018, año en que se comenzó a visibilizar la desaparición de personas en Guanajuato, mujeres que eran abuelas hoy están a cargo de los cuidados y en los hechos se convierten en madres de sus nietos al desaparecer sus hijos o hijas o haber tenido una muerte violenta, pues en muchos casos los padres no afrontan su responsabilidad, o se encuentran en situaciones por las que están impedidos para hacerlo, explica Patricia Barrón, del colectivo “Una Luz en Mi Camino”.
El colectivo cuenta con un registro de poco más de 200 niñas, niños y adolescentes menores de 14 años, de los cuales el 20% tienen a su madre o padre desaparecido, mientras el 80% son víctimas indirectas del asesinato de alguno de sus padres. En el 10% de los casos, la o el progenitor primero desapareció y posteriormente fue asesinado o en el caso de las mujeres, víctimas de feminicidio.
Ante la situación de vulnerabilidad de las infancias y adolescencias es necesaria la atención de las autoridades con apoyo psicológico especializado.
El municipio de Irapuato brinda atención psicológica a través del Instituto Municipal de las Mujeres (Inmira), pero no especializada. Patricia Barrón pide la sensibilización de la sociedad para no revictimizar a las infancias y adolescencia por la situación de sus padres.
Convertidas en madres por segunda vez, en su mayoría no tienen la posibilidad económica de afrontar la responsabilidad y aunque algunas son beneficiarias de apoyo alimentario de 3 mil 100 pesos que otorga la Comisión Estatal de Víctimas, suma que “no es suficiente porque a veces se quedan con más de 4 niños”, dice Patricia, quien solicita al gobierno de Irapuato brinde apoyo de despensas a las víctimas de la violencia.
Contra las trabas institucionales
Una de las decisiones más difíciles para Sara Leticia fue iniciar el trámite para la declaración especial de ausencia de su hija Sara Fernanda después de que esta desapareció. “Sentí que le estaba quitando a su hija”. Buscó convertirse en tutora legal de su nieta cuando la Secretaría de Salud del Estado le negó un carnet para las vacunas de la niña.
Ayudada por un médico, “la tuve que sacar en un rancho (de otro municipio) porque aquí en el sector Salud (en Irapuato) no me la daban, que porque ya se lo habían dado una vez y no podían darle otra”. Esta fue la respuesta de la Secretaría, a pesar que presentó la carpeta de investigación, documentos de la desaparición y explicó que las pertenencias de Sara Fernanda y la niña habían sido robadas.
Sin un peso en la bolsa, comenzó el trámite de la Declaración Especial de Ausencia, decisión que tomó y por la que enfrentó la revictimización de funcionarios públicos y de conocidos, pues tenía que dar explicaciones del por qué ella es la encargada de recoger a su nieta en la escuela, de llevarla al médico, al dentista, y no su madre.“Si ella está trabajando le pueden dar permiso para que venga”, escuchó decir en varias ocasiones.
Sara Leticia se hace cargo de su nieta desde el 17 de enero del 2020, día en que su hija desapareció en Irapuato. El próximo 5 de septiembre Sara Fernanda cumplirá 28 años de edad, mientras Camila, su hija y nieta de Sara Fernanda, la sigue esperando. (Liga de la primera parte).
Hace más de 17 años, Sara Leticia se separó de su esposo y la comunicación se perdió. Ella se hizo cargo de sus dos hijos y su hija Sara Fernanda, la menor. Trabajó hasta que un día por una caída se lesionó la rodilla, lo que la obligó a jubilarse, con una pensión de 3 mil 600 pesos, dinero que destina a pagar la mensualidad al Infonavit por la casa donde vive.
En el 2023, Sara Leticia entró al programa de empleo temporal del gobierno municipal de Irapuato, por 40 horas barriendo las calles, trabajo por el cual recibió 4 mil pesos. “Para una amolada como una, estuvo muy bien”, dice, pero fue la única ocasión; espera que vuelvan abrir el programa.
El trabajo escasea, pero encontró una manera de obtener ingresos al vender macetas en un tianguis que se instala en la colonia donde viven; con el poco dinero extra compra comida.
A pesar de que la Ley General y la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado establece que el trámite de la declaración especial de ausencia es gratuito, al implicar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias, Sara Leticia dedicó un año y medio y más de 18 mil pesos a los trámites burocráticos ante las autoridades en Guanajuato para convertirse legalmente en tutora de su nieta.
Sin contar los gastos en comida y transporte para recorrer oficinas, esos 18 mil pesos los destinó a pagar impuestos estatales y edictos. No tenía dinero para pagar un abogado particular que le cobraba 45 mil pesos por el trámite de la Declaración Especial, así que acudió a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, que la canalizó con el Gobierno del estado, a un área de asesoría jurídica gratuita.
“Es un proceso muy largo”, dice. Recuerda que iba de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas al Instituto Nacional Electoral (INE), de allí a los periódicos a publicar los edictos “para que si mi hija aparecía, reclamara la potestad de Camila”, o ésta le fuera cedida a Sara Leticia.
El primer pago fue de 1 mil 640 pesos por 2 días de edictos, luego, seguido de 8 mil pesos por edictos de 5 días, además de otro pago de 3 mil 500 pesos de impuestos al gobierno del estado.
Después tuvo que pagar otros 4 mil 800 pesos al gobierno del estado. Ya ni recuerda por qué concepto, pero tras ese pago, la juez le entregaría el dictamen que la acredita como tutora legal.
Sara Leticia acudió en 2023 a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Le dijo al comisionado Jaime Rochín: “yo no les he pedido dinero en otras (ocasiones), ahora sí porque no lo tengo. Rochín me dijo que sí me lo iban a dar, pero no me lo han dado” hasta la fecha, explicó.
Mientras tanto, los cobros seguían llegando. Una jueza de lo familiar le ordenó pagar 830 pesos al Estado (en una farmacia del ISSEG) por un sello necesario en un documento. Luego, un último pago de 2 mil 800 pesos de otro edicto.
Sara Leticia acudió con Liliana Flores, directora de Desarrollo Social de Irapuato, quien la remitió a una oficina en la capital del estado para le hicieran un descuento, pero Sara no se animó. Entonces acudió con Fernando Martínez Saldívar, coordinador del Centro de Atención a Víctimas de Irapuato, quien la envió con la alcaldesa Lorena Alfaro; “me dijo que ella me tenía que apoyar porque había un fondo. Sí la vi, no me ayudó”.
En su desesperación, acudió al ‘miércoles ciudadano’, donde autoridades de Irapuato atienden a la población. Pasó mesa por mesa, y de la cooperación entre la directora de Desarrollo Social y la del Instituto Municipal de las Mujeres reunió mil 200 pesos. Los 2 mil 430 que faltaban, ya no recuerda cómo los juntó, pero pagó el trámite.
Jaime Rochín del Rincón, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, aseguró a POPLab que la Declaración Especial de Ausencia es importante porque da un “mínimo de seguridad jurídica y económica, ya que se protege a las víctimas” con la certeza jurídica de la potestad de niñas y niños. La Comisión a su cargo ha acompañado a 65 procesos para que niñas, niños y adolescentes “no se vayan a quedar en el desamparo”;
“Estamos pretendiendo acompañarles desde el primer momento y que sea (el área jurídica de la Comisión) que lleve el proceso y no las víctimas” agregó.
Aunque en el caso de Sara Leticia, todo se quedó en palabras.
“No tendrían por qué aportar recurso para los edictos, la Ley contempla que se les puede apoyar desde la Comisión de Víctimas, a veces sí realizan otro tipo de gastos de manera operativa, eso en otros procesos sí se les podrían reembolsar”, aclaró el funcionario sobre este caso.
Según Rochín, hoy tiene la disposición para revisar el caso de Sara Leticia a fin de que obtenga un reembolso como medida de asistencia o reparación de lo que gastó, aunque sugirió que sea ella quien “se acerque” a la comisión. Ahora, dijo, están tratando de coordinarse con medios de comunicación para que en el caso de las publicaciones de edictos por víctimas haya condiciones accesibles.
A los cuatro meses de la desaparición de Sara Fernanda, Sara Leticia fue reconocida como víctima indirecta, pero Camila no. “No sé por qué” dice.
En 2021 recibió apoyo alimentario en especie aunque con meses de retraso, en 2023 por presión de las colectivas “porque las sopas y aceites no eran suficientes, porque a veces no tenían gas para cocinar”, en lugar de despensas la Comisión Estatal de Atención a Víctimas entregó 2 mil 700 pesos al mes a núcleos familiares.
Para agilizar el trámite, en enero beneficiarias como Sara Leticia firmaron a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas la documentación de seis meses, y la autoridad depositó cuatro mensualidades de 3 mil 100 pesos cada una, pero aún falta por cubrir mayo y junio.
El comisionado Jaime Rochín del Rincón reconoció el retraso del pago de los apoyos económicos. Sin embargo, según el funcionario, en la Comisión han ido corrigiendo el proceso al adelantar algunos meses, pero “es un tema inevitable por cómo se maneja el presupuesto de los gobiernos”, y puso como ejemplo que los recursos 2024 llegan hasta finales de enero o principios de febrero.
En 2023, la Comisión de Atención a Víctimas entregó a 2 mil 620 núcleos de familias apoyos alimentarios. De ellos, 1,001 núcleos fueron por casos de desaparición y 1,619 por víctimas de homicidios.
Ahora, Sara Leticia enfrenta otro trámite burocrático con el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien ha vulnerado el derecho a la salud a Camila al no reconocerla como beneficiaria, a pesar de ser su abuela y su tutora legal.
“La quiero meter al seguro para que tenga los beneficios, pero no la puedo ingresar. Me mandaron al DIF para que sacara un acta de nacimiento, pero que atrás lleve una leyenda que (indique) que yo tengo la tutoría legal y su custodia”‘, sólo así podría ser beneficiaria Camila. Así que acudió al Registro Civil, pero le dijeron eso no lo pueden hacer y nadie le explicó por qué.
La negativa en el IMSS se dio con todo y que personal del DIF de Irapuato, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas la acompañaron y presentaron la documentación. “No puedo, no sé por qué el Seguro está tan rejego”.
Hasta el cierre de este reportaje, el IMSS no ha reconocido a Camila como beneficiaria.
El acceso a la justicia es otro derecho que está en el limbo: en enero de este año, personal de la Fiscalía General de Guanajuato se reunió con Sara Leticia para decirle que sigue trabajando en la investigación para localizar a su hija, pero no mostró avances.
En noviembre del 2023, la madre de Sara Fernanda solicitó a Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general del estado, que se efectuara una colaboración con la Fiscalía de Michoacán y otros estados para extender la búsqueda de su hija en otras tierras, pero el funcionario guardó silencio ante la petición.
El caso de Sara Fernanda se llevó a instancias internacionales como la ONU, a fin de solicitar una Acción Urgente, figura por la que se solicita al Estado mexicano -incluyendo a las autoridades locales- tomar todas las acciones pertinentes para la búsqueda y localización de una persona desaparecida.
“(Carlos) Zamarripa quedó de buscarnos a quienes pusimos la Acción Urgente, no hemos sabido nada. (El Fiscal General) estaba molesto porque no nos quería atender porque se había metido la Acción, que no teníamos que ver con otros estados. Sí me atendió y me dijo que iba hacer todo lo posible e iba estar en contacto con nosotras”, pero a la fecha no ha recibido una respuesta.
Instancias que también fallan
“Debe haber responsabilidades administrativas por cobrar por un trámite gratuito” pues lo marca la Ley Federal de la Declaración Especial de Ausencia homologada en Guanajuato en el 2020, dijo Raymundo Sandoval, académico y activista que forma parte de la Plataforma por La Paz y Justicia en Guanajuato.
Sandoval responsabilizó al Congreso del Estado de Guanajuato por no vigilar que se cumpla la Ley; al Poder Judicial que a través de sus jueces civiles tampoco cumplen las disposiciones y a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas por no hacer las solicitudes suficientes y no resolver que dejen de cobrarse los edictos a las víctimas indirectas.
En 2023, Plataforma Por la Paz y la Justicia detectó que la Comisión de Atención a Víctimas cobraba los edictos, como lo hizo con Sara Leticia, y a cuatro años de la aplicación de la Ley, dijo, las familias siguen padeciendo el problema.
La normativa actual señala que toda persona desaparecida, bajo la presunción de vida, mantiene vigente sus derechos, y da a las víctimas indirectas la protección en materia civil y familiar que se puede extender a otras áreas.
Raymundo Sandoval consideró que en la reunión que se tiene programada en los próximos días para atender el caso de Sara Leticia y los avances de la Acción Urgente con la Fiscalía General, se debe revisar el estatus de la declaratoria especial.
“No solamente tendría que reembolsar (a Sara Leticia) los gastos que ha hecho, sino que con el incumplimiento de la Comisión (Estatal de Atención a Víctimas) de la Ley local y Federal, urge que el Poder Judicial de Guanajuato capacite a sus jueces y que además haga una revisión de la aplicación de la Ley”, porque, dijo, las familias están batallando no sólo en este trámite, sino que en trámites bancarios, civiles, mercantiles y laborales.
“Si el Poder Judicial no entiende (la declaración), otras instancias que están obligadas a cumplir el mandato judicial, tampoco”. El Poder Judicial “no entiende ó los jueces civiles no están capacitados. No entienden la presunción de vida en la declaración especial de ausencia y no cumplen los tiempos, debería de ser menos de medio año para emitir la declaración, es una dificultad institucional y resistencia”, recalcó.
El Congreso del Estado, a través del área de evaluación de la aplicación de las leyes, “tiene la facultad de seguimiento y ver el cumplimiento de la ley, y (que) ni siquiera tenga en el radar la evaluación de la Ley de la declaración especial… parece mentira que sean las víctimas, otra vez, las que estén aportando información de la aplicación”, sostuvo.
10 de mayo, día de ausencias.
Ante dificultades a las que Sara Leticia se ha enfrentado, ella y otras madres que buscan a sus hijas e hijos en Irapuato, crearon el colectivo “No Te Olvidamos, Te Buscamos Irapuato, Guanajuato” para ayudar a otras personas a buscar a los ausentes, acompañarlas en los trámites y puedan acceder a la verdad y justicia.
Con este colectivo, en Guanajuato suman a la fecha 27 de estas organizaciones de familias que buscan a sus personas desaparecidas.
El 10 de mayo para una madre buscadora es “un día de dolor y coraje” porque al no actuar la autoridad, queda la impunidad. “Nos hace falta una persona en nuestra casa, faltan los hijos, que son seres humanos que necesitan regresar a casa”, dice Patricia Barrón, del colectivo Una luz en mi camino.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pop Lab que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
