Cualquier persona con capacidad de gestar puede solicitar su aborto en Chihuahua; de negársele el servicio, podrá acudir a organizaciones proaborto y promover recursos de incumplimiento de sentencia a favor de este derecho, que derivaran en multas y hasta la destitución de funcionarios de salud involucrados en la negativa de acuerdo a lo prescrito en la Ley de amparo
Por Mariela Castro Flores
@marielousalomé
El pasado 27 de mayo, tras un largo litigio contra la Secretaria de Salud del estado de Chihuahua que llevó a juicio la solicitud de servicios de aborto voluntario, las organizaciones Abortistas Mx, Marea Verde Chihuahua, Cheros A.C., Sociedad Civil Morrxs Autonomxs y la Red de Aborto Seguro Chihuahua, en conferencia de prensa dieron a conocer el resultado de 3 sentencias derivadas de diversos amparos que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, resolvieron a favor de la difusión y garantía de servicios de aborto voluntario.
Desde septiembre de 2021, día en que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia en la que declaraba constitucional el derecho a la interrupción del embarazo tras resolver la acción de inconstitucionalidad 148/2017 sobre Coahuila, determinando que los derechos reproductivos son derechos humanos y a pesar de que dicha acción solo tiene efectos solo sobre ese estado, en conjunto con la plataforma de litigio estratégico Abortistas Mx, los grupos y organizaciones involucradas aprovecharon el importante criterio que se plantó, como orientación para la demanda que derivó en la resolución de los fallos que se obtuvieron para Chihuahua.
Éstos, determinaron que nuestro estado ha vulnerado el derecho a decidir de las personas al no promover el acceso al aborto legal y seguro, de manera voluntaria, al inicio del embarazo (el plazo máximo para su realización es de 12.8 semanas y en casos de violación, no hay limitación); las nuevas sentencias ordenan a la Secretaría de Salud del estado y a los servicios de salud a informar sobre el aborto y garantizar el servicio. Si bien éstas se lograron entre febrero y marzo, las autoridades guardaron silencio temiendo los efectos que electoralmente podrían acarrearles reavivar la discusión de un tema que sigue siendo socialmente controversial. Por parte de las colectivas y organizaciones, se decidió el 27 de mayo como fecha que quedará para la historia, como emblématica en el marco del Día Internacional de Acción global por la Salud de las Mujeres.
Las primeras reacciones no se hicieron esperar: el secretario de salud, Gilberto Baeza Mendoza, quien a pesar de ser abogado declaró, que: “es imposible darle cumplimiento a la resolución del aborto, ya que se contrapone con el texto del código Penal Vigente en el estado donde el aborto sigue tipificándose como un delito”. Y es que, hasta cualquier tinterillo sabe de algo llamado SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, que justamente refiere que ningún tipo de ley o reglamento se encuentra por encima de la Constitución Federal. Por otro lado, el ombudsman estatal carente de toda ética política para dirigir el organismo, Javier González Mocken, a su vez manifestó no tener conocimiento sobre el asunto porque las colectivas no se habían acercado.
Se sabe que ambas respuestas son de corte político y que representan ideológicamente al gobierno de ultraderecha que encabeza el gobierno estatal. Con la serie de recursos interpuestos desde el inicio del litigio que arrojaron las sentencias que hoy celebramos, fue la resistencia, la ignominiosa insistencia de no reconocer los precedentes otorgados por la Corte que, con legislación caduca hace 25 años, el equipo jurídico de la secretaria de salud se obstinó en hacer prevalecer al Código Penal para seguir criminalizando mujeres.
Cabe mencionar que, si bien el Congreso del estado ha sido totalmente omiso ante las recomendaciones de la SCJN para legislar y eliminar al aborto como delito del Código Penal y que por ello, se le tuvo que dar la vuelta recurriendo directamente al Poder Judicial para conseguir las sentencias que hoy obligan al sector salud a proveer abortos, sigue en su obligación de legislar; después de todo, el Código Penal es inconstitucional por violar los derechos humanos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.
Las sentencias hoy abren la puerta de par en par al aborto voluntario. Cualquier persona con capacidad de gestar puede solicitar su aborto y tendrá que ser atendida; de negársele el servicio, entonces podrá acudir a cualquiera de las organizaciones antes mencionadas para su acompañamiento y así promover recursos de incumplimiento de sentencia que derivaran en multas, reparación del daño y destitución de todos los funcionarios de salud involucrados en la negativa de acuerdo a lo prescrito en la Ley de amparo.
Emblemáticamente este logro histórico es de doble cuño: por un lado, no solo se despenalizó el aborto por la vía jurídica con una resolución judicial, sino con tres y como en cualquier litigio, las partes no pueden negarse a cumplir lo dictado en última instancia. No hay marcha atrás, las instancias se agotaron. Por otro lado, la visibilidad que se otorga a las personas trans y no binarias como sujetas de derechos y con necesidades de salud reproductiva especificas, abre una discusión sobre la deuda histórica sobre las carencias y deficiencias que existen en los sistemas públicos de salud para su atención por falta de reconocimiento a su identidad de género, discriminación y transfobia que ejercen profesionales de la salud.
Ahora el llamado es alto y fuerte por parte de las organizaciones que impulsaron este logro: para reivindicar un derecho, hay que ejercerlo. Así que han sentenciado dar acompañamiento y sostenerse vigilantes en el cumplimiento de la sentencia. Tienen a la ley y la razón de su lado, son pacientes y saben esperar, no quietas, porque seguirán acompañando procesos de aborto autogestivo; pero ya va siendo hora de que el Estado se haga cargo de su obligación constitucional de garantizar derechos.
Abortar es un derecho, en Chihuahua ya es ley, ya hay aborto legal. Hagámoslo valer.
***
Mariela Castro Flores. Politóloga y analista política especialista en temas de género y derechos humanos.
