Queda la tarea de reconstruir el tejido social y económico rural reactivando las capacidades organizativas y potenciando iniciativas colectivas para el manejo de los recursos naturales. Esto, obviamente, no puede lograrse sin combatir al crimen organizado, pero esa tarea no basta. Hace falta que el gobierno vuelva a tener presencia en los territorios, pero no para reprimir, sino para retejer lo desgarrado
Por Eugenio Fernández Vázquez
X: @eugeniofv
La crisis ambiental ha sido ineludible desde hace muchos años, pero ha llegado ya a niveles en que cuesta imaginar quién pueda hacerse tonto ante ella. La degradación en el campo —producto del ciclo perverso entre crisis ambiental, crimen organizado y deterioro económico— cobra miles de muertos y desaparecidos cada año. La destrucción del aparato gubernamental por parte de todos los titulares del Ejecutivo durante lo que va del siglo ha hecho muy difícil enfrentar esos fenómenos tan dolorosos. Así las cosas, el reto del gobierno de Claudia Sheinbaum será en gran medida el de recuperar, restaurar, reconstruir el territorio rural del país y las instancias encargadas de su gobierno y regulación.
No hay lugar en el territorio mexicano que no pase por una situación ambiental insostenible. Tres cuartas partes del país registran algún nivel de sequía, y la falta de lluvias en tantos años seguidos ha llevado a los cuerpos de agua del país a mínimos que no se podían imaginar en otro tiempo. La deforestación no ha bajado de 170 mil hectáreas perdidas cada año en lo que va del siglo, y el año llegó a las 223 mil hectáreas de bosques y selvas desmontadas. Esto nos ha dejado hoy con 10 por ciento menos bosques y selvas que en 2000, cuando la situación ya era grave. Por otra parte, México no está libre de la crisis de extinciones, que se alimenta de esa pérdida de ecosistemas, y en el país se reportan ya extinciones de mamíferos acuáticos y terrestres, aunque son una clase de animales enormemente resilientes.
Esto, por otra parte, ha repercutido en el campo. Según cifras del INEGI el peso del sector agropecuario en la economía mexicana ha disminuido sin pausa desde 2020 y entre 2022 y 2023 decreció en 1.5 por ciento. Es muy difícil establecer con certeza a qué se debe este fenómeno, y seguramente el crimen organizado y la fortaleza del peso en un sector que se había orientado en gran medida a la exportación pesaron mucho. Aún así, sin embargo, es difícil imaginar que la crisis ambiental no tuvo algo que ver. Dos terceras partes de los suelos se reportaban como degradados ya hace diez años y la cifra no ha hecho sino aumentar en esta década. Todavía no tenemos las cifras del daño de la sequía de los últimos ciclos productivos, pero seguramente serán mayúsculos.
Entre tanto, la “austeridad republicana” y el desdén del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la normatividad han dejado en situación muy precaria al aparato gubernamental encargado de lidiar con esas crisis. La cancelación en los hechos del derecho ambiental, por ejemplo, ha hecho que hoy sea una norma la impunidad en el saqueo de agua y la contaminación de los ríos. La suspensión de las obligaciones de inspección para los grandes importadores de alimentos fue ya el colmo de este proceso.
Ante esta situación queda la tarea de reconstruir el tejido social y económico rural reactivando las capacidades organizativas y potenciando iniciativas colectivas para el manejo de los recursos naturales. Esto, obviamente, no puede lograrse sin combatir al crimen organizado, pero esa tarea no basta. Hace falta que el gobierno vuelva a tener presencia en los territorios, pero no para reprimir —como han hecho todos los gobiernos neoliberales, incluyendo el de López Obrador—, sino para retejer lo desgarrado.
Hace falta invertir en créditos y en el desarrollo de pequeños mercados y de cadenas cortas en el sector. Esto no necesariamente redundará en mejores números del producto interno bruto, pero ciertamente redundará en los de pobreza e ingreso. Hace falta, también, tomarse en serio la tarea de restaurar los paisajes nacionales, no con improvisaciones y sin tomar en cuenta las condiciones locales y los tiempos ecológicos, como ha hecho Sembrando Vida hasta ahora, sino, al contrario, con la recuperación ecológica en la mira, sosteniéndola en la participación social y en la generación de economías en torno a ella.
Hace falta reconstruir la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que efectivamente pueda hacer valer las normas, adaptarlas a los productores que más lo necesitan y sentar las bases para un nuevo sector agropecuario. Sader debe recuperar su capacidad para generar e implementar políticas, y no solamente para ver lo que pasa desde detrás de las ventanillas de apoyos y subsidios.
Hace unos días el ingeniero Julio Berdegué, vocero agropecuario en los diálogos por la transformación que ha impulsado la doctora Sheinbaum, presentó un documento muy esperanzador en ese sentido. Esperemos que efectivamente esos sean los ejes del gobierno y que no cejen en su búsqueda.
***
Eugenio Fernández Vázquez. Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.
