En lugar de abolirla la reelección como propone la doctora Sheinbaum habría que mejorarla para que fuera más efectiva, para que se abriera la nominación de candidaturas a la ciudadanía y que seamos nosotros quienes decidamos el derrotero de las autoridades
Por Hernán Ochoa Tovar
En los últimos días, el Plan “C” que propuso el presidente López Obrador, y que presuntamente será retomado por la mandataria electa, la doctora Claudia Sheinbaum, ha dado mucho de qué hablar. Salvo el contenido más polémico, el cual ya fue abordado en una colaboración anterior, existe una cuestión que me gustaría tratar en el presente artículo: la proposición, por parte de la virtual mandataria electa, de cancelar la reelección y de no permitirla a partir de los comicios del 2030. Dicha decisión me causa reacciones encontradas, por los motivos que esgrimiré a continuación.
La No reelección fue una bandera de la Revolución Mexicana. Recordemos que el general Porfirio Díaz, quien curiosamente había enarbolado dicha bandera al llegar al poder –sublevándose contra las reelecciones de Juárez y Lerdo de Tejada– la ignoró olímpicamente y se reeligió, por más de tres décadas, en comicios fraudulentos y amañados pues, –salvo el candidato eterno, Nicolás Zúñiga y Miranda– nunca tuvo una oposición real que le pudiese disputar la silla presidencial, a la cual se había aferrado a piedra y lodo.
Al ser una demanda revolucionaria, la misma fue respetada cabalmente una vez que el movimiento triunfó. Y, aunque hubo intentonas de revivirla, algunas terminaron en tragedia y, otras, desactivadas por el propio sistema. Es el caso del general Álvaro Obregón, quien, ignorando los preceptos por los cuales había luchado, buscó ser presidente por segunda ocasión en 1928, emulando las jugarretas porfirianas. De alguna manera lo logró, pues, apoyado por sus alfiles, consiguió suavizar el artículo que imposibilitaba la reelección. Empero, y a pesar de haber ganado la elección, no logró saborear su triunfo, pues fue asesinado antes de asumir el cargo.
En el curso del siglo XX, cuando la Presidencia Imperial destacaba con fuerza, algunos mandatarios coquetearon con la posibilidad de mantenerse en su cargo hasta luego de concluido su sexenio. Además del general Calles (quien fue el mandamás no oficial durante el Maximato, aunque formalmente ya no tenía el poder), quienes se vieron tentados por dicha posibilidad fueron Miguel Alemán, Luis Echeverría y, más reciente, se ha mencionado a Salinas de Gortari. Sin embargo, la respuesta para todos fue la misma: bajo el contexto que fueron designados, el presidente era una especie de monarca sexenal (Daniel Cosío, dixit) y podía hacer lo que le viniera en gana durante su sexenio.
Sin embargo, pasados los seis años tenía que entregar el poder a su sucesor, y eso no estaba a discusión, pues el sistema había sido diseñado de esa manera para privilegiar la estabilidad y las lealtades sexenales; y no engendrar caudillos que pusieran en peligro el funcionamiento del mismo.
Llegando la transición, curiosamente los presidentes emanados de ella no quisieron referirse a la figura de la reelección, pues es tal la controversia que ha causado en México que prefirieron soslayarla. De hecho, cuando se decía que el propio Andrés Manuel López Obrador podría modificar la Constitución para reelegirse, él mismo lo desestimó desde un inicio, arguyendo que, como se consideraba maderista, no podría aspirar a ser ratificado en el cargo (no obstante sus altas cotas de popularidad). Y, contra el pronóstico de algunos, no buscó la reelección y sí entregará el poder en octubre del presente año.
A pesar de que la oposición a la reelección en México existe desde tiempos inmemoriales, su impacto se visualiza más en la figura presidencial, pues, aunque se antoje paradójico, existió un resquicio que sí pudo ser reformado: la reelección de autoridades legislativas y ejecutivas de tercer nivel. Me explico: hasta 2015, la ratificación de autoridades estaba prohibida en cualquier ámbito. Empero, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se permitió la reelección de diputados, senadores y alcaldes, a partir del 2018. Así, diversos parlamentarios y burgomaestres han podido continuar ejerciendo. La coartada por la cual fue aprobada esta reforma –y que no se ha cumplido del todo, huelga aclarar– fue que permitiría la reelección de cuentas, al vincular más la elección de las autoridades con la ciudadanía. Sin embargo, este supuesto no ha encontrado cabal cumplimiento, pues la elección de las y los candidatos sigue siendo potestad de los partidos y la figura de las elecciones primarias no ha sido incorporada a la Constitución. Por tal motivo, la reelección obedece –en muchas ocasiones– más a acuerdos cupulares que a designios ciudadanos.
Quizás, por tal motivo, la doctora Sheinbaum desea abolir esta figura. Sin embargo, pienso que, en lugar de abolirla, habría que mejorarla, pues, aunque el propio partido gobernante esté pensando en suprimirla una vez que la legislatura venidera tome posesión, algunos candidatos del partido gobernantes han resultado beneficiarios de la misma (diversos alcaldes de la CDMX fueron reelectos y reelectas con base en la figura mencionada). Creo que, como mencioné en el párrafo anterior, resultaría importante que, para que la reelección fuera más efectiva, se abriera la nominación de candidaturas a la ciudadanía –con los riesgos que ello conlleva, huelga aclarar– y que seamos nosotros quienes decidamos el derrotero de las autoridades; incluyendo así el concepto de elecciones primarias en el seno de la Carta Magna nacional.
Sin embargo, si el estado actual de las cosas va a prevalecer, con candidatos nombrados por la cúpulas y no por las bases, consideraría que la reelección sí debería ser abolida. Para fortalecer acuerdos cupulares, bastaría con nulificar dicha figura y que las rotaciones de élites (Denise Dresser, dixit) vuelvan a ser más la regla que la excepción. Sin embargo, las tendencias actuales radican en el fortalecimiento del poder ciudadano y no tanto del empoderamiento de las estructuras partidarias. Por eso creo que hay que mejorar la figura en mención, en lugar de desmantelarla como se propone.
Bajo esta tesitura, sólo tengo conocimiento de que un país ha dado un paso tan radical como lo pretende darlo el próximo gobierno: Colombia. Durante muchos años, la reelección estuvo prohibida en el país sudamericano; se permitió durante el gobierno de Uribe; pero a partir del de Iván Duque se volvió a desestimar. Ignoro si allá tuvo efectividad una medida tan polémica. Pero, en el caso nacional, sería como regresar el reloj 30 años en el ámbito congresual y municipal ¿Realmente queremos eso? Meditémoslo con calma.
