César Duarte tendrá el descaro y reclamará el producto de lo robado, le aflojaron el cabestro y va por el segundo robo al pueblo de Chihuahua, la diferencia es que su cómplice de aquel tiempo era diputada y ahora es gobernadora
Por Jaime García Chávez
El caso César Duarte, importantísimo en la lucha contra la corrupción en el país, se ha tramitado bajo estrictas reglas de opacidad. Del caso la sociedad puede conocer las cáscaras de la nuez, pero nunca la almendra.
Mientras continúe eso se fortalecerá la impunidad de los funcionarios públicos que toman la posición de gobernantes como si el patrimonio público fuera estrictamente personal, su propiedad. El estado convertido en la propia hacienda o en el cortijo del gobernante en turno. Mientras este sistema continúe, muy pocas oportunidades tendrá la lucha cívica de triunfar contra la corrupción y de las instituciones poco se espera.
En el caso que comento y por diversas razones, los gobiernos panistas de Javier Corral y María Eugenia Campos tienen responsabilidad. Esta última por su ancestral complicidad con el tirano, y el primero por haber traicionado la lucha de Unión Ciudadana y la denuncia penal muy vigorosa que se entabló y que ese exgobernador simplemente mandó al archivo en gavetas impenetrables o simplemente al cesto de la basura.
Pero hay un detalle, realmente es mucho más que eso, que le atañe a Corral Jurado y que un abogado, distante a la causa penal en su origen, pero que la ha seguido con atención, me recordó con los siguientes datos que yo correspondo con su divulgación. El abogado cuyo nombre me reservo, empieza por postular lo siguiente: Duarte tendrá el descaro y reclamará el producto de lo robado, le aflojaron el cabestro y va por el segundo robo al pueblo de Chihuahua, la diferencia es que su cómplice de aquel tiempo era diputada y ahora es gobernadora, lo afirma en su recordatorio y tengo para mí que se conduce con verdad.
A esto agrega que hay opacidad en los bienes asegurados a César Duarte. Añadiendo que el 22 de febrero del 2020 a iniciativa del Ejecutivo, se reformó la Ley para la Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua, lo que tiene pertinencia para valorar lo que viene, esto último lo afirmo en lo particular.
El abogado distante, afirma que en dicha reforma, básicamente se adicionan 8 artículos mediante un capítulo denominado “De la Transferencia, Administración y Destino de los Bienes Asegurados Sujetos a Extinción de Dominio”, con el cual el Ejecutivo (en su tiempo Corral) se otorga facultades para disponer, transferir, o vender de manera anticipada los bienes asegurados (en este caso a César Duarte) antes de obtener sentencia condenatoria en contra del exgobernador.
Posterior a dicha reforma, continúa el abogado, y a partir de mayo del 2020, aparecieron en prensa, comunicados de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, señalando que a César Duarte se le había notificado el trámite de extinción de Dominio de sus bienes por un monto superior a los 36 mil millones de pesos, cualquiera que investigue documentalmente la prensa confirmará este dato.
Lanzó advertencias el abogado, dijo: cuidado porque todo indica que el Ejecutivo está realizando el trámite en base a la citada reforma para que sea el Poder Judicial local y no el Federal quien “legalice” la disposición de los bienes de Duarte, que en el caso de cientos de cabezas de ganado, ya se dispuso de las mismas, según información del propio Ejecutivo. Y en esto sostengo que hay hechos consumados.
No es cosa menor, nos dice el abogado, ya que la reforma a la ley local antes mencionada y que están utilizando para disponer de los bienes de Duarte, de conformidad con el artículo 73, fracción XXX de la Constitución Federal, es inconstitucional, pues el Congreso local no tiene facultades para legislar sobre extinción de dominio tal y como lo hizo, y menos aún cuando en la reforma inconstitucional únicamente copia y repite textualmente lo que ya se establece en la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Por tanto, dice el abogado, todos los procedimientos iniciados y tramitados en base a esta reforma y disposiciones de bienes de César Duarte que ha realizado el Gobierno del Estado, al final resultarán ilegales por sujetar su trámite a un procedimiento basado en una ley inconstitucional.
La posibilidad, dice el documento que vengo comentando, de que el pueblo de Chihuahua termine devolviendo a César Duarte sus bienes no es lejana más al contrario, con el agravante de que tengamos que pagarle también cuantiosos daños y grandes perjuicios ocasionados por una deficiente asesoría jurídica estatal.
Todo esto sucede porque el gobierno anterior no tenía la expertise de la lucha anticorrupción y solo buscó protagonismo político. Del actual, de María Eugenia Campos solo se espera que continúe la complicidad.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
