Queda en duda la actuación del gobierno de Maru Campos en torno al caso del exgobernador Duarte. En las acciones del actual gobierno de Chihuahua sobre el caso, se identifican una tibieza, que tiene la forma de la colusión. Habría que preguntarse, por los beneficios jurídicos y políticos que el actual gobierno panista le ha concedido a Duarte en los dos últimos años
Por Leonardo Meza Jara
I.- La disolución de la justicia
En la lucha contra la corrupción en Chihuahua, la palabra “justicia” se escribe con minúscula. Y esta escritura es tan pequeña, que puede ser catalogada como microscópica, imperceptible a la vista. Los políticos se han encargado de convertir la aplicación de la “justicia” en un mecanismo de disoluciones, que tiene como base el concepto de lo “líquido”, planteado por Zigmunt Bauman. La “justicia” no es sólida, ni maciza, ni sustanciosa. En la lucha contra la corrupción, la “justicia” es una sustancia que al ser combinada con el fango de la política, se ha convertido en una mezcla líquida, debilitada e insustancial. El caso Duarte forma parte de los mecanismos de disolución de la justicia, en la lucha contra la corrupción en Chihuahua.
De las 21 carpetas de investigación que fueron elaboradas para juzgar los actos de corrupción cometidos por César Duarte, solo una está vigente. El exgobernador priista está siendo juzgado por los delitos de peculado y asociación delictuosa, cometidos por un monto de 97 millones de pesos, en una maniobra financiera en la que estuvo involucrada la Unión Ganadera de Chihuahua (“Atribuyen a César Duarte un desvío de 96 mdp; financió gastos personales y compra de propiedades”, Aristegui Noticias, 2 de junio de 2022). La primera jugada jurídica y política, para diluir la aplicación de la “justicia” en contra del exgobernador priista, se desarrolló a partir de tres movimientos:
A) La fuga de César Duarte a los Estados Unidos y los intentos por convertirse en asilado en ese país (“César Duarte busca asilo humanitario en Estados Unidos”, El Heraldo de Chihuahua, 24 de julio de 2017).
B) Un proceso de extradición que terminó adelgazado, en el que no quedan claras las responsabilidades de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el proceso de extradición de Duarte, veinte carpetas de investigación quedaron prácticamente invalidadas, y solamente una carpeta resultó válida para procesar al exgobernador.
C) Una actuación simulada de la actual Fiscalía en Chihuahua, en la que supuestamente, se estarían aumentando las acusaciones en contra del Duarte, sin garantías de por medio. En los procesos para juzgar al exgobernador, es muy difícil que pueda ser activada alguna de las 20 carpetas de investigación, que fueron desechadas durante la extradición (“Imposible procesar a César D. por carpetas ajenas a la de la extradición: abogado”, El Heraldo de Chihuahua, 7 de diciembre de 2022).
Considerando el cúmulo de actos de corrupción cometidos por el exgobernador priista, el caso por el cual se le juzga es menor. Ante la densidad y el peso de los actos de corrupción cometidos por Duarte, se hace manifiesta una justicia diluida, cuyo peso resulta insignificante.
II.- Los lugares donde se arraiga la corrupción duartista
Hay que preguntarse por los lugares en los que ha estado César Duarte, después de terminar su periodo como gobernador. Hay una cercana conexión entre:
– Los lugares en los que ha permanecido el exmadatario, desde el 2016 hasta la fecha.
– Las propiedades que acumuló durante su mandato.
Durante su fuga hacia los Estados Unidos, Duarte vivió en varias propiedades que compró en ese país. Una investigación periodística de J. Jesús Esquivel, le adjudica al político priista, la compra de 22 casas en los Estados Unidos (“Las 22 casas que César Duarte oculta en Estados Unidos”, revista Proceso, 2 de agosto de 2020). El yonke donde fue detenido el exgobernador, ubicado en Miami, Florida, es una de las varias propiedades que se le adjudican en el país vecino (“’Autopartes Chávez’, negocio del exgobernador en Miami: Fiscalía”, El Heraldo de Chihuahua, 9 de julio de 2020).
Después de su extradición a México, César Duarte ha permanecido en tres lugares: El Cereso de la ciudad de Chihuahua, donde ha recibido un trato privilegiado (“Duarte Jáquez, en un hotel de lujo llamado Cereso”, revista Proceso, 29 de septiembre de 2022), diversos hospitales privados en los que ha sido atendido y, una casa particular, que es uno de los indicios de la riqueza acumulada por el político de origen priista.
La prensa documentó seis estancias de Duarte en hospitales, entre los años 2022 y 2024:
– “Sale de prisión César Duarte para operación en hospital de Chihuahua”, La Jornada, 13 de septiembre de 2022.
– “César Duarte es hospitalizado horas antes de su audiencia: Estas son las razones”, El Financiero, 24 de abril de 2023.
– “Internan a César Duarte a urgencias del hospital central”, El Diario de Chihuahua, 28 de octubre de 2023.
– “Trasladan a César Duarte a un hospital para recibir atención médica”, El Heraldo de Chihuahua, 17 de diciembre de 2023.
– “Hospitalizan otra vez al exgobernador de Chihuahua, César Duarte”, El Universal, 16 de enero de 2024.
– “César Duarte fue dado de alta tras una cirugía en el corazón; no regresó a prisión”, El Sol de México, 13 de junio de 2024.
La estancia reiterada de Duarte en hospitales privados, es un mecanismo que fue usado para victimizarlo ante la sociedad chihuahuense. En diversos momentos del juicio contra el exmandatario, la argumentación de los abogados defensores usó el tema del estado de salud del procesado, con el objetivo de victimizarlo. En el manejo mediático del caso, la narrativa de victimización ha sido usada para disminuir la presión jurídica, política y social, en contra de Duarte.
En el momento del cambio de medida cautelar contra el político priista, se combinaron tres variables: la repetición de la narrativa de victimización, por su estancia en un hospital; la ejecución del cambio de medida cautelar en un momento poselectoral, para evitar los efectos negativos del voto contra el PRIAN en Chihuahua y; un manejo omiso del caso por parte de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, que se manifiesta en la actuación cuestionable del ministerio público. Esto último será abordado en el siguiente apartado del artículo.
Los abogados que defienden al priista, plantearon que en el cambio de medida cautelar se tomara en cuenta que: “le fuera permitido salir de la ciudad de Chihuahua, por considerar que tiene necesidad de viajar a Parral, donde tiene sus negocios” (“César Duarte Jáquez enfrentará proceso en libertad condicional“, La Jornada, 6 de junio de 2024). En el alegato de los abogados que defienden al exgobernador, se identifica el deseo de César Duarte por retornar a los lugares que materializan y simbolizan la corrupción de su mandato: sus propiedades en Parral, sus ranchos en Balleza y otras regiones del estado, sus casas en Estados Unidos, etc.
Después de su estancia alternada entre el Cereso y los hospitales de la ciudad de Chihuahua, el exgobernador anhela regresar a los lugares materiales y simbólicos en los cuales se deposita la corrupción de su sexenio. Esos son los lugares de un arraigo, de los que César Duarte no se separó jamás.
III.- El gobierno de María Eugenia Campos, de la colusión a la omisión
En el caso de la nómina secreta, la colusión de la gobernadora María Eugenia Campos y el fiscal del estado César Jáuregui, ha sido evidenciada de forma reiterada. Los dos panistas son parte de los señalados por cobrar mediante este mecanismo durante el sexenio de Duarte («”Maru y Jáuregui recibieron 10 mdp de la nómina secreta”: Corral», El Heraldo de Chihuahua, 1 de diciembre de 2020).
Después de su arribo al poder, la actual gobernadora trató de limpiar su nombre. Pero en las investigaciones del caso, las acusaciones en contra de María Eugenia Campos fueron incluso sustentadas en las declaraciones del propio César Jauregui (“César Jáuregui, principal testigo contra Maru Campos”, Aristegui Noticias, 20 de mayo de 2021). Los señalamientos contra la gobernadora Campos y el fiscal Jauregui, por su participación en la nómina secreta, permanecen en la sociedad chihuahuense. El columnista Hernán Gómez Bruera, señala que Duarte negoció y presionó a los gobiernos federal y estatal, para lograr el cambio de medida cautelar a su favor:
“A finales de 2023, a través de un emisario de su confianza, Otto Valles, Duarte formuló un ofrecimiento al gobierno federal para dar información comprometedora sobre la gobernadora, a cambio de obtener ciertos beneficios. Al no conseguir lo que esperaba del gobierno federal, habría optado por exigir directamente de la gobernadora su liberación, so pena de destruirla con la información que tiene sobre ella.” (“La componenda para liberar a César Duarte”, El Universal, 12 de junio de 2024).
A partir de estos señalamientos, queda en duda la actuación del gobierno de Campos en torno al caso Duarte. En las acciones del actual gobierno del estado sobre el caso, se identifican una tibieza, que tiene la forma de la colusión. Habría que preguntarse, por los beneficios jurídicos y políticos, que el actual gobierno panista le ha concedido a Duarte en los dos últimos años. El periódico La Verdad Juárez, señaló los beneficios económicos que el gobierno de Campos le otorgó al expriista, al condonarle una cantidad millonaria de impuestos (“Maru beneficia a Duarte. El Gobierno de Chihuahua condona 34 millones en impuestos a empresa de César Duarte”, 30 de mayo de 2024).
La publicación de este medio, se dio unos días antes de que fuera modificada la medida cautelar contra el exgobernador. En el proceso jurídico mediante el cual se cambió la medida cautelar que benefició a Duarte, se identifican los indicios de una actuación omisa por parte de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, encabezada por César Jauregui. En el noticiario nocturno del Canal 28 del miércoles 12 de junio de 2024, que se emite desde la ciudad de Chihuahua, el periodista Sergio Valles dio a conocer un elemento jurídico que pone en duda el cambio de medida cautelar contra el exmandatario. En este noticiario, se mencionó la jurisprudencia 315/2021, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los medios locales han optado por justificar el cambio de medida cautelar contra Duarte, repitiendo los mismos argumentos de sus abogados defensores, quienes en base al artículo 20 constitucional, señalan la suspensión de la prisión preventiva después de dos años. Pero hay argumentos jurídicos para sostener que el cambio de medida cautelar aplicado al priista, fue aplicado de manera incorrecta e injusta. El exgobernador debió permanecer bajo la figura de prisión preventiva, en función de la jurisprudencia 315/2021, emitida por la SCJN.
La resolución 315/2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la posibilidad de “cesar” o “prolongar” la prisión preventiva, se postuló después de revisar a detalle: las legislaciones nacionales sobre el caso, la legislación de la Corte Interamericana y, los principios jurídicos que ameritan ser considerados al respecto. Hay una robusta argumentación jurídica a este respecto. Sobre este asunto, se transmitió un programa de televisión en el canal de la SCJN, donde los juristas Eunice Delgadillo y Gilberto Nava, conversaron con Miguel Carbonell, sobre la posibilidad de continuar con la medida cautelar de la prisión preventiva, después de dos años de su ejercicio (“Revisión de la prisión preventiva”, 5 de julio de 2022).
El numeral 57, del documento de resolución de la SCJN sobre este caso señala:
“Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa, establecida en el artículo 19 constitucional, así como de la interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20, Apartado B, fracción IX, constitucional, no se logra advertir impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio pueda ser revisada en el plazo de dos años, previsto en dicha fracción, para el efecto de que el juez de control, hecha la petición, determine su cese o prolongación.” (Ibidem., P. 49).
Desde esta parte, la resolución de la SCJN refiere que la prisión preventiva puede ser “cesada” o “prolongada”, respecto al tiempo de duración de dos años, referido en el artículo 20 constitucional. La resolución sobre este caso se concentra en los numerales 70, 71, 72, 73 y 74, de la sentencia 315/2021 dictada por la SCJN (Ibidem., P. 52, 53 y 54).
En el marco de las recomendaciones emitidas por la SCJN en torno a la resolución del caso 315/2021, y el cambio de medida cautelar que beneficia a César Duarte, surgen una serie de preguntas:
¿Por qué las autoridades judiciales decidieron no “prolongar” la prisión preventiva de Duarte, y en su lugar la “cesaron”? ¿Cuál es el papel que han jugado los integrantes del poder judicial (jueces y magistrados) respecto al “cese” de la prisión preventiva, aplicado al caso analizado? ¿Hay elementos jurídicos suficientes para sustentar que la prisión preventiva, debió ser “prolongada” y no “cesada”? ¿Cuál ha sido la actuación de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, que permitió que la prisión preventiva contra Duarte, fuera “cesada” y no “prolongada”? ¿Por parte de la Fiscalía del Estado de Chihuahua (el ministerio público) hubo descuidos, omisiones y/o actuaciones a modo, para que la prisión preventiva aplicada en este caso, fuera “cesada” y no “prolongada”?
Hay elementos para dudar de la actuación de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, que terminó beneficiando a César Duarte en el cambio de la medida cautelar.
IV.- La prensa y los mecanismos de asepsia de la corrupción
En los dos últimos años, El Diario de Chihuahua y otros medios se han encargado de la ominosa tarea de limpiar los nombres de la corrupción duartista. Si en los terrenos de la delincuencia organizada existe el “blanqueo de capitales”, es factible sostener la existencia del “blanqueo de la corrupción”, labor que ha sido emprendida de manera afanosa por la prensa en Chihuahua.
En la era de la posverdad, la prensa ha creado sus propias formas para jugar con el relativismo de la verdad. Lo que no es verdadero, puede llegar a serlo cuando las ocho columnas de un medio como El Diario de Chihuahua, se ufanan en encontrar lo luminoso de la corrupción duartista. Expiar las culpas, lavarlas con suficiente jabón y cloro, tallarlas hasta que lo negro se convierta en blanco, hasta que el manto de la justicia quede plagado de agujeros, hasta que la corrupción se banalice. La contribución de El Diario de Chihuahua a la banalización de la corrupción duartista, merece incluso un premio. La tarea que este medio se ha echado a cuestas, no es menor, es una labor que por sus alcances históricos amerita un reconocimiento de envergadura.
El mecanismo de limpieza de la corrupción duartista, ha funcionado a través de lo que en el análisis del discurso se reconoce como “metonimia”. En este caso, el proceso metonímico consiste en limpiar alguno de los nombres de los corruptos del duartismo, a la vez que se limpian otros nombres. Se lava el nombre de María Eugenia Campos, y de manera directa o indirecta, se lava el nombre de César Duarte y otros procesados del duartismo. Se trasladan los señalamientos de corrupción en contra de los integrantes del gobierno de Javier Corral, para diluir los señalamientos en el mismo sentido en contra de Campos, Duarte y otros imputados.
El mecanismo metonímico mediante el cual se han lavado los nombres de la corrupción duartista, forma parte de una maquinaria para administrar la verdad de la política, que transcurre por medios como El Diario de Chihuahua:
– Mediante las ocho columnas del periódico propiedad de Osvaldo Rodríguez Borunda, se limpió el nombre de Antonio Tarín García, con el objetivo de limpiar el nombre de César Duarte, María Eugenia Campos y otros duartistas (“Muere cuarto perseguido por Corral”, 8 de abril de 2023).
– Se han lavado las culpas de la gobernadora, con el objetivo de lavar las culpas de los demás implicados en los casos de la nómina secreta (“Video: Tengo 4 años diciendo que recibos de nómina secreta no existen: Maru”, “Fabricó exgobernador recibos de nómina secreta”, El Diario de Chihuahua, 8 de febrero de 2021 y 20 de diciembre de 2021).
– De forma repetida, se han usado las ocho columnas de El Diario de Chihuahua, para depositar los señalamientos de corrupción en la figura del juez Samuel Uriel Mendoza y otros integrantes del gobierno de Javier Corral, con el propósito de expiar la culpa de la gobernadora María Eugenia Campos, el propio César Duarte y otros integrantes de la red de corrupción duartista (“Señalan faltas graves en juez que vinculó a Maru”, “Solo un preso de 18 acusados corralistas”,16 de marzo de 2023 y 16 de junio de 2024).
La actuación de los medios locales en el proceso para lavar los nombres de la corrupción duartista, está directamente relacionada con el jugoso gasto del gobierno del estado en publicidad oficial. En los dos últimos años, el gobierno de María Eugenia Campos ha gastado más de 500 millones de pesos en medios. La mitad del gasto en medios del actual gobierno del estado, se concentra en diez empresas:
“La mitad del dinero otorgado en lo que va de la administración de María Eugenia Campos en contratos de publicidad oficial se concentró en 10 medios de comunicación, que a través de diversos contratos recibieron un total de 255 millones de pesos.
Entre los medios que más dinero público recibieron están El Diario de Juárez y Chihuahua, El Heraldo de Chihuahua, Televisa, Canal 44 de Juárez y Chihuahua, Multimedios, Radio Fórmula, Medios Masivos Mexicanos, Tv Azteca, Tiempo y Norte Digital.
El Diario, cuyo dueño es Osvaldo Rodríguez Borunda, fue el más beneficiado con un total de 77 millones 832 mil 823.72 pesos: Publicaciones del Chuvíscar S.A. de C.V. (El Diario de Chihuahua) recibió nueve contratos por un total de 38 mil 958 mil 476.31 pesos y Publicaciones e Impresos Paso del Norte S. de R.L. de C.V. (El Diario de Juárez) otros nueve contratos por 38 millones 874 mil 347.41 pesos.
Rodríguez Borunda también se vio beneficiado a través de la empresa Medios Diversificados del Sacramento, S. de R.L. de C.V., la cual recibió tres contratos por un total de 5 millones 999 mil 999.99 pesos…” (“En 2 años, gobierno de Maru Campos gastó más de 500 mdp en publicidad oficial”, La Verdad Juárez, 18 de septiembre de 2023).
Los mecanismos para lavar los nombres del duartismo, han sido financiados con el presupuesto público del gobierno del estado. El mismo dinero de los chihuahuenses que fue saqueado de forma descarada durante el gobierno de Duarte, ha sido usado para limpiar los nombres de la corrupción duartista desde la prensa.
V.- Montajes para lavar la corrupción duartista
Otros de los procedimientos que fue usado para lavar los nombres de los corruptos del duartismo, es el documental “La farsa”. En este documental se hace uso del mecanismo del montaje para trasladar los señalamientos de corrupción del duartismo, hacia los funcionarios del gobierno de Javier Corral. La técnica del montaje cinematográfico funciona a través de procedimientos de recorte y ensamblaje de voces, imágenes y contenidos. El procedimiento del montaje tiene una funcionalidad estética y política, que impacta en las emociones de los espectadores (“El montaje del cine: Corte, encadenado y transición”, en: https://fabricavisual.com.mx/montaje-de-cine-corte-encadenado-transicion/). Más allá de este comentario, el montaje del documental “La farsa” no amerita mayor análisis.
