Si la seguridad pública es una función a cargo del Estado ¿qué rol entonces ejerce o debe ejercer la ciudadanía? la responsabilidad y obligación primaria que la ciudadanía debe ejercer es la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de un delito
Por Diana Chavarri
¿Recuerdan los índices delictivos en nuestra frontera el año 2009? Estábamos convulsionados por la cantidad de secuestros, extorsiones, homicidios, robo de autos con violencia, entre otros delitos. Ese año se promulgó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que dice que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado.
Los alcances de la seguridad pública son amplísimos. Léase que la ley incorpora la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, que no son pocos.
Ahora, si la seguridad pública es una función a cargo del Estado ¿qué rol entonces ejerce o debe ejercer la ciudadanía? No estoy haciendo una pregunta sencilla, pues la seguridad es un tema de gran complejidad y los teóricos han escrito ya sobre esto. Mi abordaje será un tanto más práctico desde mi experiencia en puestos de liderazgo de la sociedad civil en seguridad.
Desde el ámbito individual, la responsabilidad y obligación primaria que la ciudadanía debe ejercer es la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de un delito. En este tema sin duda hay mucho qué decir. He sido testigo y protagonista del dilema que esto representa para las víctimas, pues se enfrentan a un sistema en el que desconfían, sienten que pierden el tiempo, piensan que no se resolverá su caso y que posiblemente recibirán maltrato institucional. Estos motivos son revelados y confirmados año con año en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
Es urgente que el Estado siga innovando en procesos que alienten y faciliten la denuncia, como la fiscalía en línea y el reconocimiento y capacitación de los primeros respondientes (las policías) como tomadores de denuncias, así, cada policía, se convierte en un punto de recepción de denuncias. Pero habremos de ser realistas: más denuncias no significa que los casos serán resueltos; más denuncias sin investigar, judicializar (en su caso) y resolver implica que el índice de impunidad se incrementará y eso no le genera réditos al sistema de justicia que se encuentra, de por sí, colapsado si lo juzgamos por su eficacia en la resolución de casos.
Cualquier ingeniero de procesos sugeriría que se le inyecte más recurso humano al sistema, se adelgace el papeleo, se simplifiquen y automaticen procesos, se mejore el flujo de información entre áreas y dependencias y se emprendan retos internos con equipos de trabajo interinstitucionales para despresurizar al sistema. Esto último sucedió con el “Programa de Resultados Rápidos en 100 días” (2018) que tuvo como fruto el incremento en la efectividad de la solución de casos en 413 por ciento en los delitos de robo y de 193 por ciento en el delito de violencia familiar; en ambos casos, se incrementó la satisfacción de las víctimas, se lograron soluciones de calidad, se generaron innovaciones, mejoras a los procesos, unificación de criterios, economías procesales y se estrecharon los vínculos entre los operadores del sistema.
¿Qué sucedió con ello? Después de la “Declaratoria Ciudad Juárez” que firmaron el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, FICOSEC y la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia el 8 de febrero de 2019 frente a medios de comunicación, el esfuerzo perdió continuidad. En la declaratoria los actores se comprometieron a formalizar un grupo interinstitucional de trabajo, integrado por instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos sin cargo público, sector privado y academia con acciones concretas para garantizar la continuidad de las buenas prácticas, dar seguimiento, mejorar y escalar los resultados obtenidos por los equipos de primera línea que trabajaron en los retos.
Desafortunadamente, el grupo de trabajo se diluyó entre las muchas comisiones y proyectos de las instituciones firmantes y aunque se han logrado algunas acciones previstas en la declaratoria, como el establecimiento del Tribunal Especializado en Violencia de Género y grupos de tratamiento reeducativo para hombres y masculinidades desde el gobierno municipal, éstos no son atribuibles al grupo del trabajo.
Ahora bien, retomando el deber primordial de la ciudadanía hacia la denuncia, debo decir que existen programas ciudadano-empresariales que buscan ser un puente entre la autoridad y la población para que la denuncia se efectúe con éxito. Estos programas cuentan con personal entrenado para orientar al ciudadano a través de un call center y brindar primeros auxilios psicológicos a las víctimas si es necesario.
En Ciudad Juárez tiene operando casi 10 años y es financiado por el empresariado como un programa dentro de FICOSEC. Además de la orientación ciudadana y campañas a favor de la denuncia, la iniciativa tiene una particularidad importante: el call center recibe centenas de llamadas de la ciudadanía que le son remitidas desde el 911, derivado de una alianza con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal; llamadas que son atendidas por el personal del programa. Así, el 911 descansa parcialmente su carga en el call center, mientras que el empresariado subsidia esa responsabilidad que evade el Estado.
Reconozco el desempeño y la gran calidad humana del equipo de hombres y mujeres que trabajan en la Línea Ciudadana *2232 de FICOSEC. Fui testiga del apoyo que han dado a miles de víctimas, y sé que en varios casos, salvaron vidas.
Debo decir, sin embargo, que desde un punto de vista de responsabilidad ciudadana he sido muy crítica con ese programa. No gané amigos por ese motivo. En mi opinión, financiar por tanto tiempo la intermediación entre personas y autoridad desde el sector privado alimenta los vicios del sistema, en lugar de aliviarlos, pues éste debe contar con capacidades instaladas que sean tan eficaces que evite que se requieran servicios externos.
Los esfuerzos empresariales, entonces, deben estar enfocados en fortalecer a las instituciones de seguridad pública para que ellas tengan suficiente capacidad de orientación y respuesta. ¿por qué no pensar, por ejemplo, en la Inteligencia Artificial que ya se encuentra embebida en WhatsApp o Messenger para que las víctimas obtengan orientación precisa y exacta sobre cómo, cuándo y en dónde se puede interponer una denuncia, según sea el tipo de delito?
Es un tanto paradójico, a mi parecer, que esfuerzos que tienen enorme impacto potencial como la experiencia y compromisos emanados del Programa de Resultados Rápidos cuyos protagonistas son las instituciones del Estado, se diluyan con tanta rapidez, mientras que programas como el call center que en mi opinión deben evolucionar o terminar, tiendan a perpetuarse sin cuestionar seria y honestamente su efectividad.
Creo que como sistema lo podemos hacer mejor.
***
Diana E. Chávarri Cazaurang. Profesional que se ha desempeñado durante trece años como fundadora, consejera, directora y voluntaria de diversas organizaciones de la sociedad civil mexicanas especializadas en seguridad, justicia, empleabilidad de jóvenes en situación de riesgo, salud, desarrollo local, filantropía estratégica y fortalecimiento del tercer sector.
