Los expertos, es decir el Tribunal Electoral, deben analizar los criterios técnicos para distribuir las diputaciones –y senadurías– plurinominales, amparados en lo que diga la ley y no en deseos personales, pues la legislación en vigor no es la lámpara maravillosa a la cual se le pedirán los codiciados tres deseos
Por Hernán Ochoa Tovar
En los últimos días, la consabida temática de la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión (con especial énfasis en la Cámara de Diputados) está dando mucho de qué hablar. Parte de la oposición esgrime que, en una especie de agandalle, la coalición oficialista quiere quedarse –mediante recursos metalegales– con espacios que no le corresponden; mientras Morena y aliados plantean, por el contrario, que las asignaciones cumplen con lo estipulado por la Constitución (hecho que explicó, con manzanitas, la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, durante su participación en la mañanera un par de días atrás) ¿A quién le asiste la razón? A pesar de ser un tema complejo y técnico, pues implica nociones de estadística y matemáticas, trataré de hacer un esbozo que tenga como sustento el análisis político y la historia, como acostumbro a hacerlo en las colaboraciones que hasta la fecha he venido realizando en el presente espacio.
Si nos remitimos a la historia, hablar de sobrerrepresentación en México es un tópico relativamente reciente. Hasta la década de 1980, lo normal –por decirlo de alguna manera– era que el tricolor ganara hasta dos tercios del Congreso de la Unión y fuera la fuerza dominante en los congresos locales, así como en los ayuntamientos. A pesar de que, desde la década de 1960 existió la figura de los diputados de partido (antecedentes de los plurinominales) y los primeros pluris se generaron a partir de la reforma de 1979, los mismos coexistieron de manera asimétrica con el partido en el poder, pues, por más que ganaran espacios –así fuesen exiguos– y diputaciones plurinominales, el sistema estaba diseñado para que la oposición jamás pudiera ganarle al otrora hegemónico tricolor.
Sin embargo, con el advenimiento de las elecciones de 1988 (que provocaron grandes inconformidades, tanto en la oposición como en la sociedad) el sistema comenzó a abrirse de manera paulatina, aunque también lenta. Sería hasta las reformas electorales que se hicieron en la década de 1990 cuando se determinó el candado de la sobrerrepresentación. Es decir, que, de los partidos que contendieran (en aquel entonces se empezó a gestar la triada PRI-PAN-PRD, que conformó a los institutos mayoritarios por espacio de las décadas siguientes, prácticamente hasta 2018) ninguno podría tener un 8 por ciento mayor de representación, respecto a lo que la ciudadanía había electo en las urnas o se había designado por la vía plurinominal. De acuerdo a los expertos, este candado se puso –pues, hasta la fecha persiste– para que ningún partido político pudiera, por sí solo, tener el dominio completo del Congreso, forzándolo así a dialogar con sus adversarios para poder construir un sistema de pesos y contrapesos que fuera fiel de la balanza en los poderes.
A pesar de que la idea era buena, tuvo bastantes claroscuros. Aunque la narrativa predominante a día de hoy, es que, durante esos tiempos, los partidos mayoritarios (PRI, PAN y en menor magnitud el casi desaparecido PRD) se confabulaban para aprobar leyes y ordenamientos, lo cierto es que hubo muchos asegunes. Varios presidentes enfrentaron congresos divididos y la oposición no tenía incentivos para cooperar, motivo por el cual el bloqueo legislativo se tornó más en la regla que la excepción durante largas temporalidades de aquella coyuntura. Sin embargo, el arribo del 2018 vino a modificar la narrativa preexistente, pues, durante el año en cuestión, Andrés Manuel López Obrador no sólo venció en los comicios de manera arrolladora, sino que se llevó la mayoría en ambas cámaras, hecho inusitado en la historia moderna, pues, ninguno de los presidentes contemporáneos había logrado una hazaña semejante. Y, aunque pudo cosechar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados (misma que se redujo en 2021, aunque se tornó en absoluta; nada despreciable en términos numéricos), jamás pudo conseguirla en el Senado de la República, no obstante las renuncias y reacomodos que se han dado por espacio de todo el sexenio.
El surgimiento de una nueva fuerza hegemónica (la cual, hasta 2015 era un partido marginal), puso contra las cuerdas las reglas del juego hasta entonces existentes, pues estas habían sido diseñadas para un escenario diametralmente opuesto, que no se ajustaba a los ordenamientos surgidos a partir de 2018.
Empero, y quizás porque las reglas en mención resultaron favorables para la nueva coalición gobernante, decidieron mantenerlas en lugar de modificarlas. Quizá lo que se debió de hacer fue ajustarlas para hacerlas más específicas (esto porque, según diversos expertos, la legislación originaria contempla los partidos por separados, mas no las coaliciones, tal y como se conformaron por espacio de la elección pasada) en lugar de buscar que se diera el gerrymandering y el juego injusto. Sin embargo, esto no ocurrió, y hoy nos enfrentamos a un escenario inédito, pues, mientras para algunos de los jugadores, el reglamento es injusto; para otros favorece sus demandas de manera relevante y proporcionada.
¿Cuál será la conclusión de esta historia? A mi parecer, los expertos en la materia, es decir el Tribunal Electoral, deben analizar los criterios técnicos para distribuir las diputaciones –y senadurías– plurinominales, amparados en lo que diga la ley y no en deseos personales, pues la legislación en vigor no es la lámpara maravillosa a la cual se le pedirán los codiciados tres deseos.
Aferrados al texto vigente, será como se pueda salvar este diferendo que tiene a la oposición y al oficialismo contra las cuerdas. Sólo, de esta manera, podrán remontar este complejo vendaval, al cual deberán interpretar de manera legalista, pero, quizás, también salomónica. Sólo así, las autoridades entrantes poseerán la legitimidad que se merecen. Sin embargo, lo que debería seguir –a mi juicio– sería clarificar la legislación, en aras de que los comicios se diriman en las urnas y no en los tribunales, como hasta ahora pareciera que está aconteciendo. En fin, esto es tan sólo mi humilde opinión, apreciables lectores y lectoras. Tengan ustedes un excelente día.
