A diferencia de los ecosistemas naturales sanos, en el de seguridad ciudadana no parecen haber dinámicas de autoregulación y no se observa prosperidad, ni abundancia en la diversidad de sus resultados
Por Diana Chavarri
La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos
sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida
de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.
–PNUD.
En el ecosistema de la seguridad y justicia en el estado de Chihuahua, coexisten con las Instituciones de gobierno (policías y fuerzas del orden, fiscalías, juzgados cívicos, tribunales estatal y federal, comisiones del Congreso, Consejos Estatales y Municipales de Seguridad, etc.) diversos grupos de representación de la sociedad que coadyuvan en la producción de seguridad.
He escrito ya sobre FICOSEC, el Fideicomiso para la Seguridad y Competitividad Ciudadana, que tiene un mandato muy claro y contundente para contribuir a erradicar la impunidad y para el cual presté mis servicios por casi cinco años.
También existen decenas de organizaciones de la sociedad civil que asumen un importante rol en la defensa de derechos humanos, en la representación y atención a víctimas, en la reconstitución de derechos de personas en situación de vulnerabilidad, en la reeducación de agresores, en la reinserción de personas privadas de la libertad, en la incidencia en la política pública y en la transformación cultural, entre otros importantes objetivos. Sin embargo, debo decir que son pocas las organizaciones especializadas y con capacidades suficientes para la coadyuvancia en la materia y lo lamento.
Se de primera mano los tremendos retos a los que se enfrentan quienes las dirigen. Las organizaciones sociales en Ciudad Juárez que coproducen seguridad son ejemplo nacional e internacional. Creo que, en un acto de corresponsabilidad y reciprocidad por parte de sus financiadores, éstos deben ofrecerles más confianza y mejores apoyos económicos, técnicos y administrativos (reducir la burocracia); al final, son las organizaciones sus grandes aliadas para hacer que las cosas sucedan y para atender poblaciones para las cuales ellos no cuentan con capacidad instalada.
Pero existe otra categoría de participación en la seguridad que es ejercida alrededor de proyectos y organismos vinculados mayoritariamente al sector empresarial cuyos objetivos no están necesaria y puramente dirigidos a mejorar la seguridad. Existen otros que se auto determinan ‘ciudadanos sin cargo público’ que sí pretenden participar en la coproducción de seguridad.
En el primer grupo se ubica, por ejemplo, Frente Norte, importante iniciativa de reconfiguración de la vocación económica de Ciudad Juárez, coordinada por Desarrollo Económico, A.C. y cofinanciado por FICOSEC, en la cual se incorporó, por sugerencia de ese Fideicomiso, el nicho de Seguridad Inteligente a su Estrategia de Especialización Inteligente, con el compromiso por parte de Frente Norte de abrir oportunidades en el ámbito internacional para incorporar y fortalecer el uso de tecnologías para la seguridad pública que FICOSEC había venido promoviendo con las Instituciones de la administración pública. Aparentemente ese nicho ha perdido fuerza en la agenda de Frente Norte.
Otro ejemplo es CODER Juárez. El Consejo de Desarrollo Económico Regional integró en su agenda “Iniciativa Juárez” el pilar de Seguridad, cuyas acciones más prioritarias estarían coordinadas por FICOSEC, con un seguimiento cercano por parte del CODER. También en esta categoría ubico a las Comisiones de Seguridad de las Cámaras y Organismos Empresariales (Central de Abastos, COPARMEX, Canacintra, INDEX, Consejo Coordinador Empresarial, etc.).
Finalmente, las y los ciudadanos sin cargo público se han organizado en mesas y grupos de trabajo que no están adscritos a ningún organismo empresarial pero que suelen tener integrantes en común. Son más plurales al incorporar, aunque en menor proporción, personas provenientes del clero, de la academia, de organizaciones sociales, despachos de abogados (habría que revisar posibles conflictos de interés de los despachos litigantes) entre otros sectores. En esta categoría opera la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, de la cual fui integrante y que es también financiada por FICOSEC. Por lo menos cada mes la ciudadanía convoca a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes que inciden en la seguridad y justicia. Sus procesos y resultados han sido muy cuestionados.
La cooperación internacional también forma parte del complejo entramado institucional para la coproducción de seguridad. Varias agencias de las Naciones Unidas tienen presencia y agenda en el estado. El gobierno de los Estados Unidos a través de USAID ha instrumentado sus objetivos junto con el gobierno mexicano, empresas y la sociedad civil en varios municipios de la entidad. Existen también acciones y recursos de la Agencia de Cooperación Alemana en Ciudad Juárez.
Considero que la academia y profesionales especializados en Ciudad Juárez tiene un potencial muy importante pero no manifestado aún con toda su fuerza. Me pregunto en qué medida sus grados, la investigación, sus observatorios y sus iniciativas de producción de conocimiento están conectadas con las necesidades y oportunidades del sistema. Una alianza entre colegios y universidades crearía una sinergia muy poderosa al servicio de la seguridad.
Grupos comunitarios, colectivos, medios de comunicación, iglesias, escuelas, centros de trabajo y las propias familias son también parte del ecosistema de la seguridad ciudadana.
Resulta complejo y abrumador imaginarse cómo todos los actores que he mencionado, con sus objetivos, intereses, limitaciones, agendas (a veces ocultas) e incentivos (a veces perversos) no solo interactúan con las Instituciones de Seguridad y Justicia, sino entre ellos y cómo las Instituciones se coordinan entre ellas.
Y tengo más preguntas que respuestas ¿Cómo los titulares de las dependencias armonizan su mandato constitucional y planes de gobierno con la avalancha de propuestas, exigencias, ocurrencias y acciones de actores externos al sistema? ¿Cómo se involucra el Consejo Estatal de Seguridad Pública como la máxima instancia de deliberación, consulta y definición de políticas públicas para conocer, coordinar, supervisar y evaluar las acciones si ese órgano (y sus equivalentes municipales) es letra muerta? ¿Quién entonces asume el rol de priorizar, conciliar, coordinar, supervisar y evaluar las agendas? ¿Tendrían que ser necesarias esas acciones para que el ecosistema sea funcional?
A diferencia de los ecosistemas naturales sanos, en el de seguridad ciudadana no parecen haber dinámicas de autoregulación y no se observa prosperidad, ni abundancia en la diversidad de sus resultados. Definitivamente el ecosistema que hoy me ocupa no parece no ser funcional.
***
Diana E. Chávarri Cazaurang. Profesional que se ha desempeñado durante trece años como fundadora, consejera, directora y voluntaria de diversas organizaciones de la sociedad civil mexicanas especializadas en seguridad, justicia, empleabilidad de jóvenes en situación de riesgo, salud, desarrollo local, filantropía estratégica y fortalecimiento del tercer sector.
