Ante las desapariciones de adolescentes y jóvenes en el estado de Chihuahua, la afrenta de las actuales administraciones estatal y municipales no tiene límites: tras que no las busca, reprochan, hostigan y pretenden sancionar a las que no se supo de su paradero… las criminalizan si aparecen con vida
Por Mariela Castro Flores
A raíz de la desaparición de 3 adolescentes al salir de una función de cine al sur de la ciudad, la respuesta de la autoridad y su posterior aparición con vida hace aproximadamente un par de semanas, se renovó por parte de la ciudadanía la preocupación por el doloroso e ignominioso tema de las desapariciones de adolescentes y jóvenes en la entidad.
Doloroso, porque en este agravio que resulta histórico para toda la entidad chihuahuense y que otrora hizo surgir movimientos sociales que se dedicaron a la denuncia no solo de las desapariciones, también de los feminicidios, hace radicar la ignominia en la pobre o nula respuesta de la autoridad al recargar en las familias afectadas la responsabilidad de buscarlas con sus propios recursos y convocar a la movilización ciudadana para conjuntar esfuerzos con este fin.
Sin embargo, pareciera que la afrenta de las actuales administraciones estatal y municipales no tiene límites: tras que no las buscan reprochan, hostigan y pretenden sancionar a las que, así fuera por breve espacio de tiempo, no se supo de su paradero. Todo en una desproporcionada batalla donde todo el peso de la maquinaria del estado recae sobre adolescentes o jóvenes que quizá por falta de criterio o descuido, no informaron a sus responsables de familia sobre sus movimientos, promoviendo las autoridades estigmatización y violencia comunitaria contra las afectadas y sus familias.
Aunque aparezcan con vida no dejan de ser afectadas, sobre todo en la lógica del alcalde Marco Bonilla, que hizo manifiesta su intención de presentar a las adolescentes frente a un juez cívico, sin explicar para qué o con qué fundamento, extendiendo las afectaciones de la violencia comunitaria para sumarle, violencia institucional; esta última, un grave agravio a los derechos humanos de las acosadas por parte de la autoridad municipal. Todo esto, a pesar de que la policía municipal no desplegó un solo elemento para prevenir su desaparición ni invirtió esfuerzo alguno para buscarlas, tampoco ofreció un solo dato que llevara a su aparición. Lo que pudo ser posible si mínimo se hubiera hecho una revisión de las cámaras del establecimiento o se rastreara los teléfonos celulares de las jóvenes.
Ahora, tomando en cuenta que un juzgado cívico es una unidad administrativa para la resolución de conflictos entre particulares, así como imponer sanciones por infracciones y/o faltas en materia de orden público, cultura cívica y cultura vial, no se justifica de ninguna manera que se pretende enfrentar a la justicia a tres adolescentes que, en una aparente falta de juicio o criterio, se divertían. Este ejemplo, es emblemático de la displicencia, falta de interés y de voluntad política para atender las desapariciones en el estado.
En una clara estrategia de comunicación social, el municipio y el estado únicamente publican pesquisas y dan declaraciones a medios de comunicación afines que no informan y estigmatizan, confunden sobre la situación generando caos y preocupación, motivan desinformación, promueven prejuicios y muestran a familiares de las desaparecidas como insidiosas o manipulados por intereses políticos que pretenden “ensuciar su imagen”; lo que se apuntala con las francas amenazas del alcalde Bonilla de movilizar los recursos del estado y sus autoridades contra quien padeció una situación que debería poder gestionarse en lo privado.
Una de las recurrentes excusas de las autoridades es que no hay recursos que alcancen, que no hay suficientes ministerios públicos, que hay rotación de personal en las Fiscalías de Género, que las carpetas de investigación se acumulan por cientos razón por la cual, la gran mayoría de ellas caen en inactividad procesal. Lo cierto es que dinero si hay, empero, no son las adolescentes y mujeres prioridad para este gobierno: las vallas que rodearon a Palacio de Gobierno el pasado 8 de marzo costaron 39 millones 268 mil 191 pesos, lo que hubiera podido pagar el sueldo de dos años de 10 ministerios públicos (de acuerdo al sueldo anual registrado por el portal de transparencia para los agentes de investigación).
Tan solo en las ultimas dos semanas, ellas han desaparecido sin que la autoridad se ocupe de su búsqueda:
Jenoveva Acosta Leyva, 13 años, originaria de San Juanito desapareció en el municipio de Guerrero.
María Luisa Ponce Hernández, desaparecida en la ciudad de Chihuahua desde el 28 de julio.
Perla Rubí Ramos Salgado, 15 años, desaparecida en Chihuahua el pasado 15 de julio en Punta Oriente.
Maribel Moreno Balderrama, 13 años, desapareció el 28 de julio en ciudad Cuauhtémoc.
María Carmen Moreno Cruz, 15 años, despareció el 26 de julio en Guachochi.
Arleth Anais Carrillo Rodríguez, desapareció el 28 de julio en ciudad Delicias.
Miranda Shecid Galván Almeraz, 14 años, desapareció el pasado 20 de julio en Nuevo Casas Grandes.
Karla Sarahí Curiel Hernández, 17 años, desapreció el 22 de julio en la ciudad de Chihuahua.
Lesly Britany Romero Herrera, 17 años, desaparecida el 16 de mayo en ciudad Juárez.
Leticia Castillo Sotelo, 32 años, desaparecida el 20 de julio en Cuauhtémoc.
Fernanda Anahis Molina Vázquez, 16 años, originaria de ciudad Juárez, desapareció el pasado 9 de julio mientras visitaba la Normal de Saucillo para presentar su examen de admisión.
Nuevamente nos preguntamos ¿dónde están? ¿por qué no las buscan? ¿Qué castigo hacemos cursar a las autoridades que no se ocupan de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres y las criminalizan si aparecen con vida?
Hasta encontrarlas.
Ni una más.
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Mariela Castro Flores. Politóloga y analista política especialista en temas de género y derechos humanos.
