La jornada violenta del 11 de agosto del 2022, que dejó 11 personas asesinadas, incendios intencionales en negocios y ataques a balazos contra la población en Ciudad Juárez, sigue sin justicia. Hace ocho meses la CEDH acreditó la participación de funcionarios penitenciarios en la reyerta y ordenó un procedimiento en su contra, las autoridades estatales aseguran que sigue con la investigación
Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez– La tienda de conveniencia en la calle Hiedra luce remodelada, fue prácticamente construida, se le borraron las manchas negras de humo que dejó el incendio provocado con bombas molotov el 11 de agosto del 2022, el llamado jueves negro, una jornada violenta que dejó 11 personas asesinadas, quemas intencionales en negocios y ataques a balazos contra la población.
El inmueble, emblemático de esa jornada violenta en la ciudad, luce ahora sin daños. Sin embargo, el dolor y las heridas de los familiares de las víctimas asesinadas y de la persona que sobrevivió a los ataques de ese día sigue presente en sus vidas.
Peor aún, a dos años de esta tragedia, desatada tras una reyerta en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3, prevalece la impunidad por esos homicidios y lesiones. Ningún funcionario o autoridades responsables del penal –en ese entonces estaba en manos de la Fiscalía de Chihuahua– ha sido sancionados por los actos de corrupción que desataron la violencia contra la ciudadanía.
A la fecha solo se ha logrado la sanción con más de 379 años de cárcel de cuatro de los cinco hombres detenidos ese jueves negro por el ataque a policías municipales tras reyerta en Cereso. Uno de los detenidos quedó absuelto por este caso. La muerte de las 11 personas aún se mantiene a la espera de justicia.
“No creo que los vayan a detener (a nadie), pero lo que sí podríamos pedir todas las familias (de las víctimas) es que estuvieran presos esas personas que ocasionaron el incendio”, expresa Ángel Holguín López, esposo de María del Refugio Gómez Ramírez, quien murió en la tienda de Rapiditos Bib Bip, operada por la Cadena Comercial Oxxo, de la calle Hiedra al quedar atrapada por el fuego en la parte posterior del negocio.
Hortensia Peña Payán, mamá de Carlos Alberto, quien es sordo y quedó con lesiones al ser alcanzado por las balas del ataque a balazos de un negocio de Pizzas, dice que esperan la justicia divina porque la terrenal no ha llegado.
“La última vez que yo pregunte en Fiscalía si ya había detenidos por este incidente, por esta causa, pues me dijeron que sí, que si había detenidos pero que realmente no sabían si eran las personas que dispararon ahí en ese local de pizzas, no saben si realmente fueron ellos, fue lo único que me dijeron”, señala Hortensia.
Hace 8 meses, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación por esos hechos donde acreditó que personal Cereso número 3 de Ciudad Juárez y la autoridad penitenciaria estatal violentaron e incumplieron disposiciones legales al prácticamente permitir que el 11 de agosto del 2022 un grupo de internos ingresara a un área del penal para asesinar a otros reos.
En su recomendación, CEDH:5s.1.055/2023, el organismo pide a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua, actualmente responsable de los penales en la entidad, que inicie y resuelva un procedimiento administrativo en contra de las personas servidoras públicas adscritas a la autoridad penitenciaria estatal y del Cereso involucradas en esos hechos.
A la fecha aún esa instrucción aparece aún sin respuesta en el portal de recomendaciones del organismo derehohumanista. Sobre esto, la subsecretaría de Asuntos Internos de la SSPE, Bianca Nevárez, dijo que todavía no concluyen con las diligencias de investigación.
“A través de la Secretaría de Asuntos Internos se dio inicio a la investigación con número de expediente Q-156/SAI/SSPE/2023 en relación a los hechos suscitados el 11 de agosto del 2022 al interior del Centro de Reinserción Social número 3 en Ciudad Juárez, toda vez que están por agotarse las diligencias de investigación esta Subsecretaría en próximos días estará llevando a cabo la solicitud de inicio del procedimiento y régimen disciplinario ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia”, respondió a una petición de información de La Verdad Juárez.
La Fiscalía de Chihuahua guardó silencio. El fiscal César Jauregui Moreno, se negó a dar una entrevista solicitada sobre el tema y, además, la corporación ha prorrogado la entrega de información sobre el caso que fue solicitada a través de la plataforma de transparencia.
“Sigue la impunidad y eso manda un mensaje claro: hay gente dentro de la cárcel que puede estar encima de la ley, afectando a la ciudad”, señala Hernán Ortiz Quintana integrante de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), consultado sobre la impunidad a dos años del jueves negro.
La falta de justicia se registra pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga también – desde septiembre del 2022– estos hechos violentos como terrorismo.
Los hechos, la jornada violenta
El 11 de agosto del 2022 se desató una reyerta en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3, administrado por Gobierno del Estado, tras la cual líderes de los grupos delictivos que operan desde el interior ordenaron realizar ataques contra la población civil.
Pasadas las 12:30 de la tarde, se registró un enfrentamiento a balazos al interior del Cereso Estatal número 3, con sede en esta localidad, que dejó un saldo de dos internos muertos y cuatro heridos.
Era hora de la visita y decenas de familias fueron retiradas del Cereso en medio de una reyerta que duró cerca de una hora hasta que ingresaron los cuerpos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y el Ejército mexicano.
Tras la agresión a balazos en el Cereso se desataron horas de pánico por distintos rumbos de la ciudad dejando otras nueve personas asesinadas, entre atentados a comercios, balaceras que pusieron en jaque a las autoridades y en zozobra a los ciudadanos.
En su recomendación, la CEDH documentó que personal del reclusorio y la autoridad penitenciaria estatal violentaron e incumplieron disposiciones legales al prácticamente permitir que el jueves negro, un grupo de internos ingresara a un área del penal para asesinar a otros reos.
De acuerdo con lo documentado por la Comisión, el 11 de agosto del 2022 un comandante del Cereso, quien también estaba a cargo de un grupo de celadores conocido como “La Patrulla”, y de identidad reservada, le dio un arma de fuego a un líder de la pandilla “Los Mexicles”, al parecer a Ernesto Piñón de la Cruz, mejor conocido como “El Neto”, abatido en un enfrentamiento con la autoridad casi cinco meses después, en enero del 2023.
El comandante y su personal, además, dieron acceso y acompañaron a “Los Mexicles” al módulo 2, habitado por internos que pertenecían a una pandilla contraria, se documenta por el organismo.
Ese día fueron asesinados dos internos, identificados como Kevin Alan C. A., y Raúl Abraham S. O., y otros cuatro resultaron lesionados.
Esto desató una ola de agresiones contra la población civil por distintos rumbos de la ciudad.
Uno de esos atentados contra los ciudadanos sucedió en la tienda de la cadena comercial Oxxo, ubicada en la calle Hiedra de la colonia Juárez Nuevo, donde fue provocado un incendio y la gerente del establecimiento María del Refugio Gómez Ramírez y una joven que acudió a una entrevista de trabajo a ese negocio, Saira Janet de Santiago Castro, murieron al quedar atrapadas en la parte posterior del negocio sin puerta de emergencia para ponerse a salvo.
Otro ataque a balazos ocurrió en el restaurante de pizzas ubicado en la avenida Ejército Nacional. Ahí fueron asesinados Alán González, locutor; Armando Guerrero, jefe de Mercadotecnia; Lino Flores, de Controles; y Alejandro Arriaga, escolta, todos del equipo de Mega Radio y quienes hacían una transmisión comercial para la estación radiofónica.
Dentro de ese restaurante también resultó lesionado Alberto Peña, un joven sordo que por las mañanas trabajaba en una maquiladora y en las tardes era repartidor de comida.
Un adolescente de 12 años, identificado como Christian Omar Zúñiga Morales, murió tras ser baleado en una tienda de la cadena comercial Circle K, ubicada en la avenida Óscar Flores, en la colonia Melchor Ocampo, donde se encontraba acompañando a su papá que trabajaba en ese lugar.
José Manuel Balderas Ruiz, de 54 años, también fue asesinado ese día en un ataque a balazos en el cruce de las avenidas Teófilo Borunda y Oscar Flores, por donde circulaba, en tanto que otro hombre, identificado como Yovanni Varo Otano, de 22, un empleado maquilador que pereció en un ataque a otro negocio ubicado en la colonia Parajes de Oriente.
Estos homicidios que enlutaron a Ciudad Juárez siguen sin justicia y el Cereso el Cereso número 3 sigue presentando condiciones de sobrepoblación, hacinamiento, conflictos entre integrantes de pandillas antagónicas y posibles actos de corrupción por parte del personal que permiten el ingreso de armas, dinero y otros objetos prohibidos.
A la fecha ninguno de los altos mandos responsables del sistema penitenciario del estado en ha sido acusado y la mayoría de ellos dejaron la estructura de gobierno sin rendir un informe público del motivo de la riña que desató la violencia contra la ciudadanía ni cómo fue que las personas armadas burlaron los sistemas de seguridad del centro penitenciario en la ciudad para asesinar a ciudadanos en las calles de la ciudad.
El año pasado, la Fiscalía anunció que se tenía pendiente una audiencia de formulación de imputación en contra de tres exfuncionarios del Cereso de Ciudad Juárez, incluso señaló que se llevaría a cabo el 29 de agosto de 2023, pero eso no ocurrió.
Hasta ahora las autoridades estatales solo han procedido en contra de cinco custodios del penal: Diego A. M., Pedro H. S., Jorge Emmanuel O. O., Armando T. D. y Francisco R.M., a quienes se les imputaron los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, el primero en perjuicio de los reos Kevin Alan Campos Aguilera y Raúl Abraham Sepúlveda Olivas; y el segundo, en agravio de cuatro personas privadas de la libertad.
El entonces director de los ceresos en el estado en ese entonces, Alfonso Harris Arrondo, dejó el cargo luego del 1 de enero del 2023, cuando se registró la fuga masiva del Cereso número 3, en la que escapó el líder mexicle Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto y otros 29 reos, con un saldo de 17 muertos.
Roberto Fierro Duarte, titular de la Fiscalía de Chihuahua, corporación que mantenía a su cargo el penal de Ciudad Juárez, fue removido de su puesto el 16 de enero del 2023, también luego de la masacre registrada el primer día de ese año. En ese entonces pasó a ocupar el cargo de secretario particular de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, lugar en el que se mantuvo hasta 13 de junio del año pasado; sin embargo este 21 de junio asumió como encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública.
Consultado sobre esta situación, Hernán Ortiz Quintana coordinador de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), considera que la impunidad que rodea al jueves negro mandan un mensaje muy claro, que hay gente por encima de la ley.
“La corrupción en el Cereso generó los asesinatos en Ciudad Juárez, esto quedó impune. No sabemos si hay incapacidad de la autoridad, si están coludidos o si hay un desprecio a la comunidad juarense de parte de gobierno del Estado, pero es doloroso que incluso hasta la fecha se sigan viendo conflicto al interior del Cereso y no podemos decir que eso no afecta a la comunidad porque si afecta”, afirma.
Ortiz Quintana dice que el haber sentenciado a cuatro hombres a más de 379 años de cárcel por presuntamente intentar asesinar a varios policías municipales en la madrugada del 12 de agosto, es una prueba de que la aplicación de la justicia es parcial.
“A fin de cuentas pareciera ser que la justicia, el juicio, fue por el delito de haber atentado vs policías, pero los crímenes y la corrupción dentro del Cereso siguen sin resolverse”, agrega.
¿Y las víctimas? sin justicia
A dos años del asesinato de su esposa, María del Refugio Gómez Ramírez, Ángel Holguín López dice que lucha aún por sobrellevar el duelo, la ausencia de la mujer con quien compartió 32 años de matrimonio
Ninguna autoridad le ha informado si se investiga la muerte de María del Refugio, si hay detenidos, por lo que el hombre dice que su familia ha perdido las esperanzas de que los responsables de haber ocasionado el incendio sean detenidos y castigados.
“No sé si ya fueron detenidos o no, pero igual si no los han detenido no creo que lo vayan a hacer ya paso tiempo”, expresa Ángel, quien asegura que sigue adelante, aunque no ha sido fácil.
María del Refugio, de 54 años, murió al intoxicarse con monóxido de carbono en medio de un incendio intencional desatado contra la tienda operada por Oxxo, que carecía de una puerta de emergencia que le permitiera ponerse a salvo.
Por este motivo, su familia entabló una demanda por daño moral y responsabilidad civil presentada por su familia contra la cadena comercial Oxxo. Fue interpuesta el 21 de septiembre del 2023, se recibió en el Juzgado Primero Civil por Audiencia bajo el número de expediente 1044/23, pero tampoco ha avanzado.
Una de las últimas respuestas de la empresa fue que María del Refugio decidió no salir del negocio, que quiso quedarse a morir, informaron los abogados del despacho Lex Iusta que representa a los afectados.
“¿Cómo se les ocurre?, ¿cómo piensan que ella quiso quedar ahí junto con la muchacha que estaba embarazada? Es algo ilógico que digan eso, no sé porque lo dirían o no sé en qué se basan pues ellos no estuvieron ahí, la gente salió corriendo”, afirma Ángel.
La cadena comercial Oxxo también solicitó que sea un juzgado laboral quien conozca del asunto y no uno civil y que se llame a juicio a la empresa que tenía asegurada a María del Refugio, para esto presentó una apelación. Pero un tribunal de alzada no les concedió la razón y Oxxo promovió un juicio de amparo que recayó en el Juzgado Sexto de Distrito en el expediente 40/24, el cual no ha sido resuelto.
Mientras que Carlos Alberto Holguín Peña, el único herido que sobrevivió a los ataques del jueves negro, sufre aún las secuelas de los tres impactos de bala que recibió en la tibia y peroné de ambas piernas y en el pie izquierdo.
Él aún espera una cirugía. Desde hace nueve meses el IMSS ha estado posponiendo la operación que necesita para que le sea reparada una fractura, informó Hortensia Peña Payán mamá de Carlos Alberto.
“Le van a quitar un pedazo de hueso de cadera y a poner en la tibia”, explica la mujer al precisar que su hijo es derechohabiente gracias a que sigue siendo empleado de una empresa maquiladora.
Cuando sucedió el atentado, Carlos Alberto tenía dos empleos, por la mañana trabajaba en una maquiladora y en la tarde conducía una motocicleta para llevar comida a domicilio, solicitada desde una plataforma, él estaba adentro de la Little Ceassars cuando fue baleado.
El atentado también ha causado una afectación emocional y económica a Carlos Alberto, pues él tiene hijos y era el sustento de su familia y hasta a la fecha no puede caminar ni trabajar.
Sobre la posibilidad de que los responsables sean detenidos, la Fiscalía tampoco ha dado respuesta a esta familia.
“La última vez que yo pregunte en Fiscalía si ya había detenidos por este accidente, por esta causa pues me dijeron que sí, que si había detenidos pero que realmente no sabían si eran las personas que dispararon ahí en ese local de pizzas, no saben si realmente fueron ellos, fue lo único que me dijeron”, comenta Hortensia.
La mamá de Carlos Alberto, quien es sordo, también asegura que ella espera la justicia divina porque la terrenal no ha llegado. “Soy una persona creyente y la justicia viene de Dios. No les deseo nada malo a esas personas, solo que Dios los perdone por todo el daño que le causaron a mi hijo”.
