La gobernadora Maru Campos se ha blindado de una eventual revocación de su mandato aumentando los requisitos que lo hacen imposible… Pero hay una alternativa, que los ciudadanos se rebelen para recuperar el curso de un Chihuahua
Por Jaime García Chávez
El movimiento democrático de Chihuahua, que va mucho más allá de los procesos electorales, logró a partir de la reforma constitucional de 1995 el establecimiento de la iniciativa popular legislativa, el plebiscito y el referéndum. En parte es producto de un esfuerzo compartido entre la sociedad civil y los partidos, esencialmente PAN y PRD, aunque el primero pretendía arrogarse por entero el mérito.
La cuarta pieza de este modelo democrático fue la instauración de la revocación de mandato. Desde la izquierda democrática se alentó y de alguna manera se avanzó sustancialmente, que no fueran dichas figuras de participación simples entelequias en los textos constitucionales. Es decir, buena retórica y, a final de cuentas, letra muerta.
De aquella ola democratizadora, las candidaturas independientes se taedaron en llegar por la pertinaz oposición tanto del PRI como del PAN.
Como la Puerta de Alcalá: ahí están, viendo pasar el tiempo. Las militancias y direcciones partidarias no han realizado mayores esfuerzos para el ejercicio de tan importantes herramientas. Al contrario, las han sofocado o híper reglamentadas con requisitos insalvables, que en la realidad se puede decir que esa democracia no ha pasado de ser una buena intención en los dos partidos que han gobernado Chihuahua a lo largo de las últimas décadas. Del PRI es explicable la oposición, y del PAN la caracterización es diferente, las han traicionado arteramente como acaba de suceder en Chihuahua con la reforma a la revocación de mandato preconizada por la gobernadora Campos Galván, que en la práctica equivale a una derogación.
Desde la sociedad se han ejercitado tanto el referéndum que se vio frustrado porque el PAN pretendió utilizarlo con malas artes hacia fines del siglo XX. Está la experiencia de la iniciativa popular para crear un Tribunal Estatal de Cuentas que frustró el gobierno corrupto de Patricio Martínez García.
Desde la retórica legislativa, gusta la partidocracia de presumir avances, pero en la realidad no hay voluntad de hacer lo que corresponde para consultar al cuerpo ciudadano lo que este racimo de figuras participativas ofrece, así se trate de meras buenas intenciones.
Ahora la novedad es que María Eugenia Campos Galván, la gobernadora llamada fracaso, se ha blindado de una eventual revocación de su mandato aumentando los requisitos que lo hacen imposible y para ello contó con docilidad de sus diputados en el Congreso del Estado, donde empiezan a suceder cosas raras como la unificación de criterios de PAN, PRI y MORENA dizque para no politizar la seguridad pública, planteando un colaboracionismo que los pone bajo sospecha.
Pero las cosas no paran ahí, se quiere una Auditoría Superior del Estado, una Comisión Estatal de Derechos Humanos y un Tribunal Estatal de Justicia Administrativa absolutamente sumisos y sin dientes. Para engañar a la sociedad ya cuenta con su persuasor profesional recién desempaquetado Sergio Ramírez Robles.
Por hoy el balance del maruquismo es sumar a su ineficacia la impunidad, sin renunciar a la corrupción y a los negocios de gobierno. Campos Galván está más preocupada por lo que le pueda suceder después del 2027 que por ocuparse de su responsabilidad.
Pero hay una alternativa que no está en manos del poder y es que los ciudadanos se rebelen para recuperar el curso de un Chihuahua mejor, mucho mejor y contra eso no hay blindaje que resista.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
