Mientras integrantes del colectivo Chamizal Conciencia Ciudadana y del pueblo originario N’dee solicitaron un amparo contra el ordenamiento presidencial para restaurar El Chamizal, por considerarlo una simulación de rescate, el Frente en Defensa de El Chamizal da la bienvenida al decreto: sus fallas se pueden corregir, no son para que se impugne
Por Raúl Flores / La Verdad Juárez
Aunque su lucha social coincide en la defensa de El Chamizal, los colectivos ciudadanos ambientalistas reaccionaron con posturas y acciones encontradas al decreto presidencial que declaró a ese parque como zona de restauración ecológica.
Mientras que los integrantes del Frente en Defensa de El Chamizal (FEDECH) celebraron el decreto, los miembros del colectivo Chamizal Conciencia Ciudadana y del pueblo originario N’dee, conocidos como Apaches, rechazaron el ordenamiento presidencial que se publicó el viernes 27 de septiembre.
María Antonia Ríos, abogada e integrante de Chamizal Conciencia Ciudadana, y Martín Tafoya, integrante del pueblo originario N’dee, consideran que el decreto es una simulación que está violando leyes, por lo que solicitaron un amparo para anular el decreto por considerar que, entre otras cosas, no resuelve la situación de la posesión de los comodatos.
A su vez, Daniel Delgadillo, integrante de FEDECH, comentó que su colectivo también hizo algunos cuestionamientos a la SEMARNAT que no se tomaron en cuenta en el decreto. Sin embargo, dijo que están conformes con la esencia del decreto—que es la restauración de 327 hectáreas de las 333 que conforman la totalidad del parque.
“Claro que el decreto trae algunas fallas, pero no que nos causen un gran problema como para impugnarlo”, dijo Delgadillo.
Martín Tafoya, integrante del pueblo originario N’dee, dijo que el decreto es un “engaño” para la ciudadanía—un documento que en teoría pretende liberar El Chamizal del control municipal, pero termina dejando en su lugar toda la infraestructura que ya se ha colocado.
María Antonia Ríos, de Chamizal Conciencia Ciudadana, comentó que el problema surge desde el Estudio Técnico Justificativo (ETJ), elaborado y presentado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ante juarenses durante una consulta ciudadana el 15 de junio.
El estudio identifica 159 hectáreas de infraestructura que, según Ríos, deberán permanecer en su estado actual dentro de las 327 hectáreas que conforman la zona de restauración ecológica.
En cuanto a la construcción y mantenimiento de infraestructura en las zonas de reforestación, el artículo décimo del decreto dice que “solo se permite para actividades relacionadas con el proceso de restauración, inspección y vigilancia, y se deben realizar de forma que no impliquen afectaciones a dicho proceso”.
Además, según Ríos, el ordenamiento deja lugar para que se siga colaborando con los actuales propietarios de las diferentes áreas del Chamizal que han sido entregadas en comodatos a lo largo de los años, dejando espacio para que se siga construyendo infraestructura.
Uno de los cinco objetivos que se establecen en el artículo quinto del decreto presidencial promete “desincentivar el cambio de uso de suelo y limitar el crecimiento de la infraestructura consolidada, para promover la colaboración de propietarios y poseedores en la regeneración de los ecosistemas de la zona de restauración ecológica El Chamizal”, se desprende de la revisión del documento.
Ríos y Tafoya no solo rechazaron públicamente el decreto, sino que lo impugnaron jurídicamente. Actualmente le están dando seguimiento a una solicitud de amparo que ya presentaron, pero permanece atorada debido a la inactividad en los juzgados por el paro laboral de los trabajadores del Poder Judicial.
Delgadillo, integrante de FEDECH, explicó que cuando se publicó el Estudio Técnico Justificativo, en mayo pasado, se generó un aviso oficial en el Diario Oficial de la Federación, estipulando que habría un periodo de 30 días para que cualquier persona presentara comentarios, observaciones o impugnaciones acerca del estudio.
En cuanto al futuro de las 159 hectáreas de infraestructura actual del parque, Delgadillo aseguró que ni el ETJ, ni el decreto estipulan que “se van a quedar así”.
Dijo que bajo el decreto existe la posibilidad de analizar todas las estructuras, y de ser necesario podrían ser eliminadas para comenzar un proceso de restauración en el área afectada.
En el documento se establece, en el artículo octavo, que los propietarios los “inmuebles” que se encuentren dentro de la zona de restauración ecológica “están obligados a conservar el área y permitir la ejecución de las acciones de restauración previstas en el presente decreto, en las normas oficiales mexicanas, y en las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables”.
El agrónomo y ambientalista dijo que lo adecuado para administrar el parque en un futuro sería mediante un consejo ciudadano en donde el gobierno municipal no pueda tener intervención alguna.
La infraestructura del Chamizal no es la única razón de la impugnación de Ríos y Tafoya. Una de las razones principales por las que Tafoya dijo que decidió presentar el amparo contra el decreto es porque el gobierno, en todos sus niveles, ha invisibilizado el pueblo N’dee.
“A nosotros como pueblo originario, no nos incluyeron, no fuimos convocados”, dijo en referencia a los procesos de la CONANP y la SEMARNAT que llevaron al ETJ y eventualmente el decreto.
Al firmar el decreto, Tafoya aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador infringió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por omitir la inclusión del pueblo originario.
Debido a esto, Ríos dijo que mandó una petición al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INAABIN) solicitando que el pueblo originario N’dee sea quien resguarde el predio del Chamizal.
Mientras que Tafoya busca este reconocimiento de parte del gobierno, aclaró que el objetivo sería “rescatarlo para toda la ciudadanía”.
Aunque Delgadillo duda que un amparo como el que están haciendo los otros colectivos se pueda ganar, no criticó a los ciudadanos por iniciar el proceso. Declaró que cualquier persona que no esté de acuerdo con el decreto debe ejercer sus derechos para defender sus puntos de vista.
Delgadillo reiteró que el FEDECH seguirá denunciando los delitos ecológicos que se presenten en El Chamizal, como es la construcción de una cancha de softball que actualmente está en su etapa final.
“Lo que buscamos nosotros es que El Chamizal sea de todos, y que sea administrado por una entidad federal … ya vimos que el municipio es incapaz”, dijo. “Todos los ciudadanos tenemos derecho al Chamizal, y todos tenemos derecho a administrarlo”.
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