En medio de este difícil camino, donde la fe debería ser el refugio, la Iglesia se convierte en un escudo para esconder y silenciar el abuso de quienes portan la sotana, donde sus representantes no solo le han fallado a las víctimas sino también el Estado
Por Angélica Villegas / Circuito Frontera
Ciudad Juárez-Las historias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, en contra de mujeres, de niños, niñas y adolescentes, emergen tímidamente como murmullos en la penumbra, hasta convertirse en un grito en la búsqueda de justicia que nadie escucha.
En medio de este difícil camino, donde la fe debería ser el refugio, la Iglesia se convierte en un escudo para esconder y silenciar el abuso de quienes portan la sotana, donde sus representantes no solo le han fallado a las víctimas sino también el Estado.
Este es el caso de Jorge Ordoñez Burgos, un padre de familia que ha navegado más de tres años entre trámites burocráticos y procesos legales para encontrar justicia para su hija, a quien sólo llamaremos Sofía, con el fin de resguardar su identidad.
Según denuncia, su hija habría sido víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote en esta localidad: el padre Istibal Valenzuela Olivas, en hechos que presuntamente ocurrieron el 9 de septiembre de 2020, cuando la niña de 10 años y asistió a una fiesta de cumpleaños acompañada de su madre.
En la reunión, el religioso presuntamente le realizó tocamientos inapropiados a la menor de edad: la sentó sobre sus piernas y frotó sus manos sobre ellas, además de meter las manos debajo de su blusa y tocarle el abdomen. Tras sentirse incómoda, la niña se quiso ir, pero el sujeto la jaló de la cintura para evitarlo. Aunque Sofía le dijo a su madre sobre el hecho, ésta no le dio importancia.
Sin embargo, después de un tiempo, el padre de Sofía se enteró de la situación, por lo que acudió a interponer la denuncia ante la Fiscalía Especializada de la Mujer, lo cual quedó asentado en la carpeta Número Único de Caso NUC-37-2020-0031066.
Pero la denuncia no quedó ahí, sino que también acudió ante la propia Diócesis de Ciudad Juárez, la Conferencia Episcopado Mexicano (CEM), además de buscar la asesoría de la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos y, finalmente, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La primera denuncia se realizó ante la Fiscalía General del Estado a las 2:30 de la tarde, el día 30 de septiembre del 2020, ante un agente del Ministerio Público, a donde Sofía acudió en compañía de su papá.
Sobreseimiento
En relación con este hecho, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) informó a Circuito Frontera que, en 2021, se judicializó la denuncia. Sin embargo, un tribunal decidió no vincular a proceso al acusado por atipicidad, lo que llevó a la presentación de una apelación por parte de la víctima.
Según la instancia estatal, el delito denunciado no se ajustaba a las tipificaciones por abuso sexual establecidas.
Posteriormente, las autoridades estatales abrieron una carpeta de investigación bajo la causa penal 2959/2022, en contra de Istibal Valenzuela Olivas por la presunta comisión de abuso sexual con penalidad agravada en contra de una menor de edad.
Se llevaron a cabo varias audiencias… Sin embargo, los esfuerzos del padre de Sofía han sido en vano, pues por más de 3 años su hija aún no recibe justicia.
El 17 de junio del 2022, la jueza de Primera Instancia Brisa Yadira Merz Mendoza dicta auto de no vinculación a proceso a favor del sacerdote, ya que consideró que no existían elementos para establecer la comisión del delito.
Luego, la defensa del sacerdote solicitó que se le diera sobreseimiento al caso, es decir, una resolución judicial en donde se pone fin a un proceso penal sin que haya un juicio o una sentencia de fondo sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.
Esto, pese a los hechos narrados por la propia víctima y pruebas psicológicas en donde se determinó que efectivamente Sofía sufrió abuso.
Por este hecho, el padre de la niña denuncia que hubo una serie de irregularidades y omisiones en el proceso, y asegura que el sacerdote recibió un trato favorable, mientras que el Estado dejó sin protección a la víctima.
Cabe resaltar que actualmente existe un amparo interpuesto en contra de la última decisión jurídica de dar sobreseimiento al caso de Sofía, por lo que aún están en espera de una respuesta.
Asimismo, es importante señalar que el artículo 176 del Código Penal del Estado de Chihuahua establece penas de 6 meses a 2 años de prisión, una multa de 30 a 90 días de salario, y la posible destitución del empleo, para quien realice actos lascivos o de connotación sexual sin consentimiento, aprovechándose de su posición laboral, docente, religiosa, doméstica o cualquiera otra que implique subordinación.
Si el acusado es un servidor público, docente o ministro de culto, la pena será de 10 meses a 3 años de prisión, con una multa de 150 a 300 días de salario mínimo y se le destituirá e inhabilitará hasta por 5 años para ejercer el cargo relacionado.
Respecto a este caso (y otros más) Circuito Frontera solicitó una entrevista con Wendy Chávez Villanueva, fiscal Especializada de la Mujer en el Estado de Chihuahua, sin embargo, tras dos semanas sin recibir una respuesta, dio a conocer a través del personal de Comunicación Social que “estaba muy ocupada”.
Harpócrates: la noche silenciosa
El hecho de que el caso de Sofía se haya “paralizado” por la vía legal, no fue un impedimento para que Jorge Ordóñez continuará con la búsqueda de justicia para su hija, pues acudió a la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, en donde sólo le dieron “excusas”.
Sin embargo, no fue hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el padre de familia encontró una pequeña esperanza, pues su denuncia fue aceptada y actualmente se encuentra en investigación.
Religiosamente, el hombre envía documentos que ayuden a la investigación del caso a este organismo, además de copia de las denuncias realizadas que cada día suma más personas por encubrimiento.
Comentó que hasta hace unos días, el Estado Mexicano tenía la obligación de responder respecto al caso de Sofía y las violaciones a sus derechos humanos por la falta de atención de las instancias penales correspondientes, entre otros organismos, pero éstos hasta el momento no han respondido a la solicitud.
Un camino sin avances significativos es una odisea en la que Jorge Ordoñez se metió desde hace varios años, pero que no se limita a la vía penal, pues también buscó el acercamiento ante diferentes instancias religiosas.
En primer lugar tuvo un acercamiento con la Diócesis de Ciudad Juárez, en busca de platicar con el obispo, quien no lo recibió durante varios meses.
El denunciante relató que Julián Badillo, sacerdote y experto en Derecho Canónico de la Diócesis de Ciudad Juárez, lo atendió y le pidió disculpas, informándole que se suspendería al acusado, Istival Valenzuela, de su parroquia provisionalmente.
Sin embargo, tras 15 días, Valenzuela continuó en su puesto: “Llegan los 15 días y el fulano sigue en su parroquia como si nada”, afirmó Ordóñez.
El padre de familia indicó que, ante la inacción de la Diócesis, decidió escalar el asunto a instancias superiores, como la Conferencia del Episcopado Mexicano.
A pesar de sus esfuerzos, se encontró con más obstáculos. “Me llama el tribunal eclesiástico para tomarme la declaración y no me quieren entregar copias de nada”, expresó, señalando que incluso le negaron acceso a su propia declaración escrita.
También hizo hincapié en que el proceso carecía de transparencia, ya que no le proporcionaron la sentencia de absolución del acusado.
“No te la puedo enseñar (le dijo el sacerdote) ¿Cómo que no me la puede enseñar?”, cuestionó, subrayando la falta de claridad en el manejo del caso.
Escucha a Jorge Ordoñez, padre de la víctima:
Ordóñez ha documentado múltiples irregularidades y afirmó que “esto tiene una dimensión penal” y que no se trata sólo de una cuestión eclesiástica.
Además, reveló que hay otras víctimas que también desean denunciar, aunque temen hacerlo.
La situación expuesta por Ordóñez resalta la necesidad de que la Iglesia tome medidas cautelares adecuadas y aborde las denuncias de abuso de manera seria.
“Conozco casos de otras víctimas de Valenzuela, pero son mujeres que tienen miedo”, añadió.
Sobre este caso, Circuito Frontera platicó con el sacerdote Gustavo Balderas, encargado de la Comisión de Pederastía de la Diócesis de Ciudad Juárez, sin embargo, dijo que no podía dar declaraciones al respecto.
También se buscó al obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Campos Torres, quien dijo que tenía conocimiento de este caso, pero que ya había sido resuelto.
El sacerdote se limitó a comentar que “Ya se resolvió” y que el sacerdote acusado presuntamente de abuso sexual “se había declarado inocente”.
Agregó que la Diócesis cuenta con una comisión en donde las personas pueden presentar su denuncia o bien a través de él directamente, para darle seguimiento a los casos.
Escucha a José Guadalupe Campos Torres, obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez
No son casos aislados
Para este reportaje se solicitó información a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), sobre el número de denuncias interpuestas en contra de sacerdotes por cualquier tipo de abuso e índole sexual, sin embargo, se informó que sólo tenían conocimiento del caso del sacerdote Aristeo Baca.
Pareciera que el número de casos registrados de este tipo son pocos, sin embargo, cabe resaltar que, de acuerdo datos de la Comisión Sauvé, entre 500 y poco menos de mil 500 personas (algunas de ellas podrían haber muerto ya) se han visto afectadas por presuntos abusos cometidos por sacerdotes, en un periodo desde 1966 a la fecha, según refirió Rodolfo Soriano-Núñez, investigador que documenta casos de abuso sexual realizados por sacerdotes.
Expuso también que tan sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua se estima que existen al menos 22 clérigos depredadores.
Asimismo, las organizaciones Spes Viva y Bishop Accountability dieron a conocer una lista de 15 obispos acusados de encubrir abusos sexuales en México, entre los que aparecen dos obispos y un cardenal que, en su momento formaron parte del clero de Ciudad Juárez.
Se trata de Gerardo de Jesús Rojas López, obispo de Tabasco, 2011-?; antiguo obispo de Nuevo Casas Grandes, 2004-2011 y ex presbítero de Ciudad Juárez, 1983-2004; el antiguo obispo de Ciudad Juárez, arzobispo emérito de Guadalajara y cardenal Juan Sandoval Íñiguez (1988-1994) y el actual obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos (2014-actual).
Al respecto, Tania Ramírez, directora de la organización REDIM, indicó que dentro de este panorama, los casos de abusos por parte de sacerdotes no son casos aislados, sin embargo, se documentan muy poco.
“Hemos estado apoyando la denuncia de ex sacerdotes que han vivido esta violencia sexual y se han animado a hablar. Casos como el del padre Massiel han sido icónicos, ya que revelaron la existencia de múltiples afectaciones a niñas, niños y adolescentes”, comentó.
Como lo que queda expuesto después de estas valientes denuncias, es que no son solamente hechos aislados, sino que hay toda una estructura alrededor que lo permite y, en ocasiones, lo propicia.
“El sistema tiene mecanismos para acallar estas voces, para minimizar las denuncias y darles otras interpretaciones, lo que disuade a las víctimas de acceder a lo que es su derecho a la justicia”, advirtió Ramírez.
Mismo modus operandi
Sin embargo, como ha ocurrido en otras ocasiones cuando un sacerdote es acusado de abuso sexual, Valenzuela fue trasladado a otra parroquia de la ciudad.
De acuerdo con la edición del 31 de agosto de 2023 del periódico Presencia, el obispo José Guadalupe Torres Campos dio el nombramiento como vicario de la parroquia Dios Padre a Istibal Valenzuela Olivas.
Una situación similar ocurrió también con el sacerdote Leopoldo Nevárez Erives, mejor conocido como el padre Polo, quien fue acusado de cometer abuso sexual en contra de una mujer con esclerosis múltiple.
En esa ocasión, el obispo admitió que la Diócesis tenía conocimiento del caso pues se entrevistó con la víctima y le tomó la denuncia.
Sin embargo, al no existir un antecedente y no saber el proceso para aplicar el canon, prefirió esperar a que concluyera la visita del Papa Francisco a la frontera para atender la situación.
Asimismo, el 15 de diciembre del 2016, el magistrado César Ramírez revocó el auto de vinculación a proceso dictado en contra del párroco Leopoldo Nevárez Erives y levantó la única medida cautelar que le había sido impuesta.
Con base en el derecho canónico, el delito de abuso sexual puede llegar a castigarse con la expulsión del estado clerical, según el artículo 1395.
Pero, al aplicar esta sanción, la iglesia estaría obligada de proveer sustento al sentenciado si se encuentra en estado de indigencia por razón de esa pena, establece el artículo 1350.
Caso Aristeo Baca
El pasado 18 de mayo se dio a conocer que los abogados del sacerdote Aristeo Baca, quien había recibido una sentencia de 34 años de prisión tras ser declarado culpable de abuso sexual y violación agravada contra una menor, presentaron un amparo con el fin de anular dicha sentencia.
La resolución de un Tribunal Colegiado que anuló la condena y ordenó la revisión del caso ha causado indignación entre organizaciones de la sociedad civil, activistas y comisiones dedicadas a la atención de víctimas.
Al respecto, Elia Orrantia, directora de la organización “Sin Violencia A.C.”, explicó que ni siquiera la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, encabezada por Norma Ledezma estaba al tanto del fallo judicial hasta que fue notificada a través de los medios de comunicación. “Estamos indignadas por esta resolución. Sabíamos que los abogados de la defensa buscarían este camino, pero sigue siendo una situación injusta para la víctima”, afirmó Orrantia.
Dijo que tanto las organizaciones civiles como la propia Comisión Ejecutiva están en desacuerdo con la resolución que, en palabras de la directora, “obliga a la víctima a revivir todo el proceso”.
Para enfrentar esta situación “Sin Violencia A.C.” integró un equipo de siete abogadas especializadas en derecho penal que trabajarán en la estrategia jurídica para continuar defendiendo los derechos de la menor afectada.
“Sabemos que las pruebas presentadas son contundentes. El sacerdote fue declarado culpable y la sentencia fue firme. No hay razón para que se revoque. Es indignante que una víctima que ya ha pasado por tanto tenga que enfrentar nuevamente este proceso”, subrayó Orrantia.
Consideró que este tipo de situaciones son especialmente complicadas cuando el agresor tiene vínculos con figuras políticas y eclesiásticas.
Orrantia mencionó que el caso de Aristeo Baca no sólo enfrenta a la víctima contra un agresor, sino contra un hombre con poder político, económico y social.
“Sabemos que hay figuras políticas que lo apoyan y una institución eclesiástica con gran poder detrás de él. Eso hace que la situación sea mucho más difícil para la víctima y que el proceso sea más largo y desgastante”, agregó.
Más víctimas, pero pocas denuncias
Durante el proceso judicial, la organización recibió testimonios de otras víctimas de Aristeo Baca.
La directora de “Sin Violencia A. C.” expuso que dos hermanas acudieron a la Fiscalía para denunciar abusos similares, pero sus casos no avanzaron porque, según se les informó, no existían pruebas suficientes para vincular al sacerdote a proceso.
Además, a través de redes sociales, una mujer que ahora vive en El Paso, Texas, también se puso en contacto con la organización para relatar que había sido abusada por el sacerdote hace 20 años.
Sin embargo, el temor a represalias sociales, la influencia de la Iglesia y la posibilidad de ser juzgadas públicamente han impedido que estas mujeres y otras posibles víctimas den un paso al frente. “Sabemos que hay más víctimas, pero quién va a animarse a denunciar cuando ven que el agresor sigue protegido por la Iglesia y tiene tanto poder. Las víctimas temen ser juzgadas por la sociedad y enfrentarse al poder eclesiástico. Esto es una revictimización constante”, lamentó Orrantia.
El caso de Aristeo Baca ha sido complicado desde el inicio, pues cuando se supo que él era el agresor, las organizaciones sabían que no sólo se enfrentaban a un hombre acusado de violación, sino a alguien con grandes influencias políticas y económicas.
Orrantia destacó que el sacerdote cuenta con el respaldo de figuras políticas y de una estructura eclesiástica que ha dificultado el proceso de justicia.
“Desde que comenzamos, sabíamos que este caso no iba a ser fácil. Aristeo Baca no es cualquier persona, es alguien con poder, con vínculos en la política y en la Iglesia. Esto hace que el proceso judicial sea más complejo y que las víctimas se enfrenten a una lucha desigual”, explicó.
Durante la primera fase del juicio, Baca fue declarado culpable de dos cargos de agresión sexual agravada y un cargo de abuso sexual agravado contra una menor.
En marzo de 2021, se le impuso una sentencia de 34 años, 5 meses y 10 días de prisión. Sin embargo, debido a su edad (80 años), cumplía su condena bajo arresto domiciliario.
Hasta el momento, la organización continúa trabajando para que se haga justicia a la víctima.
Retiran Presea a ex sacerdote
Con 10 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez decidió retirar la presea Fray García de San Francisco al sacerdote Aristeo Baca, a través de un punto de acuerdo discutido en Cabildo, el 14 de septiembre del 2022.
Ésta es la primera vez en la historia que regidores del Ayuntamiento votaron para quitarle este reconocimiento a alguno de los juarenses que han sido galardonados con esta premiación.
Lo anterior, luego de que Aristeo Trinidad Baca Baca fuera sentenciado el 2 de marzo del 2021 a 34 años cinco meses y 10 días de prisión por abuso sexual en contra de una menor de edad, la cual fue ratificada en mayo en 2022.
La entonces regidora de la Comisión de Mujeres del Municipio, durante la administración 2021-2024, Martha Patricia Mendoza, declaró que durante su gestión presentó un punto de acuerdo en 2021 para actuar en favor de la víctima.
Martha Patricia Mendoza, regidora de la Comisión de Mujeres del Municipio (2021-2024 ) / Video: Angélica Villegas
Mendoza indicó que presentó el punto de acuerdo en septiembre de 2021, por lo que finalmente se acordó ante los integrantes del Cabildo retirar la presea al ex sacerdote.
Sin embargo, subrayó la importancia de enfrentar casos de abuso y que en este caso específico, las reacciones públicas contribuyeron a ejercer presión sobre las autoridades para actuar.
Consideró que cuando la sociedad se moviliza para exigir justicia, tiene el poder de generar cambios significativos.
Las trampas de la fe
Asimismo es necesario un acompañamiento integral para las víctimas de abuso sexual infantil, especialmente cuando los acusados son sacerdotes, señaló Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.
La activista destacó que estos casos requieren un enfoque extremadamente cuidadoso, debido a las profundas afectaciones físicas, emocionales y espirituales que sufren los menores.
Cortés enfatizó que el impacto en las víctimas es aún más grave cuando el abusador es un sacerdote, ya que esta figura representa valores como el amor, la bondad y la verdad, lo que complica significativamente la recuperación emocional y espiritual del infante.
Comentó que la organización ha acompañado y documentado diversos casos, por lo que recomienda que las familias busquen el apoyo de la Comisión Especializada en Atención a Víctimas del Estado y de organizaciones especializadas como Casa Amiga y Sin Violencia.
Esto, dijo, no sólo para asegurar que el caso sea tratado adecuadamente en la Fiscalía, sino para fortalecer los argumentos jurídicos y asegurar un acceso más efectivo a la justicia.
Asimismo, la directora de Casa Amiga “Esther Chávez Cano”, Lydia Cordero, expresó su preocupación por la respuesta de las autoridades en los casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes perpetrados por sacerdotes.
Dijo que: “es muy indispensable que la Fiscalía, que es quien tiene el caso, asuma toda la obligatoriedad del proceso de investigación y de proporcionar los elementos necesarios al cuerpo judicial”.
Cordero enfatizó la importancia de contar con el apoyo de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y la protección de menores.
Escucha a Lydia Cordero, directora de Casa Amiga “Esther Chávez Cano”:
“La Fiscalía tiene en sus manos la obligación de llegar a las instancias adecuadas para garantizar la protección de niños y niñas y de recabar todos los elementos necesarios, como la Procuraduría y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, explicó.
Además, resaltó la necesidad de crear un equipo sólido que involucre tanto a las autoridades como a las representaciones legales de las víctimas para asegurar un proceso jurídico integral y efectivo.
En relación con el caso de Aristeo Baca, consideró que el sacerdote tuvo un trato diferenciado, especialmente en lo que respecta a las medidas cautelares.
“Es sabido desde un inicio que había un trato diferenciado a la hora de las medidas cautelares y de protección, con el arresto domiciliario (…) Es fundamental que se tomen acciones contundentes para prevenir y atender estos casos, además de brindar el apoyo necesario a las víctimas”, concluyó.
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Este contenido es publicado por La Verdad con autorización expresa de Circuito Frontera. Ver su publicación aquí.
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