En 1979 César Fierro fue acusado y condenado a la pena de muerte por el crimen de un taxista en El Paso, Texas, un crimen que no cometió, pero que aceptó bajo tortura de las policías de Ciudad Juárez y El Paso. Hace más de 4 años recuperó su libertad y ahora autoridades municipales están obligadas a ofrecerle una disculpa pública y resarcir el daño que le causaron
Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez– Hace 45 años, a César Roberto Fierro Reyna, un residente juarense, lo acusaron y condenaron, bajo tortura, a la pena de muerte en Texas por un crimen que no cometió.
El primero de agosto de 1979 Fierro fue detenido en El Paso, Texas, como sospechoso del homicidio de un taxista. Allá, los policías paseños lo torturaron, mientras policías municipales de Ciudad Juárez detuvieron a sus familiares y lo amenazaron, por teléfono, con su tortura para que él se declarara culpable de ese homicidio. Posteriormente, el mismo policía municipal juarense se presentó en el lugar donde estaba detenido y le mostró como evidencia, de que tenían a su mamá y su padrastro, dos cartas que dichas personas tenían en su poder. Nuevamente lo amenazó.
Amagado, Fierro firmó la declaración que le fue impuesta donde aceptaba su responsabilidad en el mencionado homicidio. El 14 de febrero de 1980 fue condenado a la pena de muerte en Estados Unidos.
Estuvo encarcelado 40 años, tiempo en el que estuvo varias ocasiones en el llamado pabellón de la muerte, pero su defensa logró aplazar su condena hasta que alcanzó su anulación.
“Los momentos más difíciles es cuando me daban una fecha de ejecución, y este, tenía que escribirle (a su mamá), estaba enferma, tenía diabetes, y no quería darle muchos problemas, pero tenía que darle la fecha, de cuando me iban a ejecutar, le tenía que explicar, que no se preocupara, que no iba a pasar nada, y que se cuidara, y no había en realidad palabras…”, expresó César Fierro ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así consta en la recomendación emitida por este organismo en contra de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez y Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua.
El 14 de mayo del 2020 Fierro fue puesto en libertad y deportado a México, por Tamaulipas.
En febrero de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que documentó que Fierro y su familia sufrieron tortura y que este es un delito de lesa humanidad.
Por este hecho, la CNDH ordenó al Gobierno Municipal de Juárez y a las comisiones local y nacional de atención a víctimas que realicen diversas acciones para resarcir el daño ocasionado.
Debido a esto, el gobierno de Ciudad Juárez debe ofrecer ahora una disculpa pública por las violaciones a sus derechos humanos cometidos por la Policía Municipal en 1979.
La CNDH señala en la recomendación que es fundamental visibilizar la actuación de la policía juarense, “en la temporalidad en la que ocurrieron los hechos y la posible permisibilidad de conductas arbitrarias para la investigación y persecución de delitos, además, de la criminalización que se tenía respecto de ciertos grupos sociales, entre ellos, de los jóvenes y de los nacionales que transitaban entre la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas”.
Sorteó más de 14 veces la pena de muerte
Fierro tenía 22 años cuando fue detenido. Su pesadilla en la cárcel duró 40 años, tiempo en el que sufrió condiciones de aislamiento, maltratos y actos de discriminación y exclusión social, mientras sorteó su ejecución más de catorce veces por apelaciones interpuestas por su defensa de último momento.
De acuerdo con la CNDH, Fierro “presenta afectación cognitiva, emocional que afecta el poder realizar sus actividades cotidianas. Presenta discapacidad psicosocial derivada de haber estado sentenciado a muerte y de estar privado de su libertad por más de 40 años en condiciones de aislamiento solitario y maltratos al interior de las prisiones. Ello derivado de actos de discriminación y exclusión social a la que estuvo expuesto que le impiden tener una adecuada inserción social de forma permanente…”.
“Me quitaron todo, estuve desnudo (mucho tiempo), nada más estaba así en una esquina”, expresó Fierro en una parte de su declaración ante la CNDH.
De 1980 a 1999, Fierro estuvo en la prisión de Ellis, Texas, donde fue sujeto de maltrato y aislamiento.
Desde 1999 a enero de 2020 permaneció detenido en una Unidad del Departamento de Justicia Criminal de Texas. Durante esos 20 años se le impuso como medida obligatoria el confinamiento solitario, manteniéndolo en estricto aislamiento, privado de cualquier contacto físico con otras personas o exposición a la luz natural, por lo que perdió el contacto con la realidad.
La CNDH documentó algunos de los maltratos más significativos que Fierro recibió, como la agresión con gas pimienta sin motivo, falta de alimentos, suspensión del tratamiento farmacológico, aislamiento total, desnudez forzada, lo cual le provocó alteraciones significativas en su salud física, mental y emocional al grado de ser trasladado a un hospital psiquiátrico para su atención.
“Me echaban gas, no hacía más que lavarme con agua del excusado la cara para poder ver, también me hicieron sentir que me iban a matar de hambre porque de repente me quitaron la comida, me sentía desorientado, confuso, confundido, haciendo pura tontería, y si no tomo medicina estoy perdido, estuve desnudo, mucho tiempo”, contó a la Comisión.
Actualmente César Fierro recibe tratamiento psiquiátrico a fin de sobrellevar los hechos ocurridos en su agravio.
Aunque recobró su libertad, no podrá recuperar a su familia, pues su mamá Socorro Reyna Romero y a su padrastro Alfredo Murga García y dos hermanos murieron mientras se encontraba preso.
En la colonia Obrera, donde vivían los padres de Fierro, muchos de los vecinos aún recuerdan a César, a sus hermanos y el homicidio del taxista en El Paso.
Apoyado en un bastón, un familiar del padrastro de Fierro rememora el sufrimiento de la mamá de César durante el tiempo que su hijo estuvo preso siendo inocente y lamentan que la muerte de los parientes llegara primero que la libertad de Fierro.
El hombre que pide no exponer su identidad también recuerda que uno de los hermanos de César murió en situación de calle y siempre expresó que extrañaba a su “carnal”.
Otro vecino, un hombre de 74 años, reconoce que su memoria no es fiel, pero cuenta que en la noche del crimen él vio correr a César y a su hermano, precisa que nunca observó el vehículo de la víctima.
Aunque el hombre prefiere no dar su nombre, por temor, dice que en el barrio todos saben que César no cometió el asesinato del taxista y cuestiona porque las autoridades tardaron tantos años en darse cuenta.
En la colonia Obrera ya no viven familiares de César Fierro. De acuerdo con datos de la CNDH, en 1995 falleció el padrastro, cuatro años más tarde murió la mamá, en el 2000 pereció uno de sus hermanos y en el 2018 el otro hermano.
El crimen que no cometió
El 14 de mayo del 2021, la CNDH recibió un escrito por parte de César Fierro en el que narró que el 27 de febrero de 1979, en El Paso, Texas, se encontró el cuerpo sin vida de un taxista, quien fue privado de la vida a balazos, y el automóvil fue localizado en Ciudad Juárez.
Seis meses después del asesinato, el primero de agosto de 1979, Fierro acudió al Departamento de Policía de El Paso, Texas, a visitar a su hermano, pero al ingresar fue acusado de haber intentado introducir sustancias no permitidas y fue asegurado.
El mexicano fue llevado a unas oficinas para interrogarlo, los policías estadounidenses le dijeron que tenían la versión de un testigo en el sentido de que él era responsable del crimen del taxista.
Además, lo golpearon en los testículos y le dijeron que policías de Ciudad Juárez habían acudido a su domicilio y se habían llevado a su madre y a su padrastro.
Para comprobar que hablaban con la verdad, los policías paseños le mostraron a Fierro Reyna dos cartas que hacía tiempo él y su hermano le habían escrito a su madre.
Los investigadores de la vecina ciudad también lo comunicaron con los policías de Juárez, los agentes le afirmaron a Fierro que iban a torturar a sus padres si no se declaraba culpable.
“Fui a visitar a mi hermano y ahí me quedé… el día 31 de agosto de 1979, ese día me sacaron de donde estaba… diciéndome que iba a una Corte, y sin embargo, me llevaron a un cuarto de homicidio contra personas… íbamos entrando y me dicen que me dé la vuelta, me pegan en los testículos, con el puño cerrado cuatro veces”, dijo Fierro ante la CNDH.
Los agentes de El Paso dictaron una confesión y Fierro la firmó ante el miedo de que las autoridades mexicanas les causaran un daño a sus familiares.
Semanas después, Fierro recibió la visita de su madre, quien le contó que su casa fue inspeccionada sin orden judicial y se llevaron dos cartas, también le explicó que ella y a su esposo fueron llevados a una cárcel, le confió que recibió descargas eléctricas en un hombro para obligarla a decir donde se encontraba él, y a su pareja lo amenazaron con darle descargas en los genitales.
Con esa confesión de Fierro y la declaración de un presunto testigo del homicidio del taxista, el 14 febrero 1980 un jurado condenó a César Roberto Fierro a la pena capital.
Después se ordenó que él permaneciera en el pabellón de los condenados a muerte en una prisión del estado de Texas, documentó la CNDH.
Varias veces la pena capital fue suspendida, debido a la salud mental de Fierro y a la presentación de diversos recursos legales.
El 21 de julio de 1994 los abogados de Fierro denunciaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hubo violaciones a los derechos consulares y al debido proceso, durante la detención.
También se pidió la intervención de la Corte Internacional de Justicia (ICJ por sus siglas en inglés), para evitar la ejecución.
La CIDH concluyó que las autoridades de Estados Unidos violaron los derechos a la protección consular, al debido proceso y a un juicio imparcial en perjuicio de César Fierro y señalaron que, de ejecutarlo, ese Estado perpetraría una violación grave e irreparable del derecho fundamental a la vida; solicitaron un nuevo juicio para cumplir con las garantías o la puesta en libertad.
En 2003, la ICJ emitió una resolución en la que pidió que la ejecución de César Fierro y de otros dos mexicanos fueran suspendidas.
Un año después la ICJ también resolvió el caso México vs Estados Unidos, conocida como el caso Avena y respecto a César Fierro Reyna y otros connacionales, indicando que las autoridades estadounidenses habían violado el derecho de comunicación consular, que se refiere a la posibilidad de que funcionarios consulares hablen con los detenidos y organicen su defensa ante los tribunales.
El 23 de marzo de 2005 Fierro y sus abogados presentaron un recurso denominado “habeas corpus”, que consiste en el derecho de toda persona a no ser detenida o encarcelada de forma arbitraria e impugnar la legalidad de la reclusión.
El 7 de marzo de 2007 la Corte 3 de Estados Unidos desechó el “habeas corpus”. Pero el 18 de diciembre de 2019 reconsideró esa primera determinación y anuló la pena de muerte.
La Corte estimó que el jurado que condenó a Fierro Reyna no consideró las circunstancias atenuantes del delito, lo que es una violación a la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y el 23 de enero de 2020, el mexicano fue sacado del “corredor de la muerte”.
Lo que llevaría a que el 14 de mayo de 2020 la Junta de Libertad Condicional de Texas ordenara la libertad de Fierro y posteriormente fue deportado a México, al parecer por la frontera de Tamaulipas.
La resolución de la CNDH
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intervino en el caso de Fierro luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua emitió un acuerdo de no competencia sobre el caso, el 25 de mayo de 2021.
Por lo que la CNDH concluyó que su homóloga de Chihuahua incurrió en una vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y legalidad en perjuicio de Fierro porque al no aceptar el caso obstaculizó el acceso a la justicia y a una debida reparación del daño.
Decidió admitir el caso al determinar que se trata de una violación grave a derechos humanos que incluso trasciende a nivel internacional, señala el organismo derechohumanista.
Además, en la Recomendación 146VG/2024, la Comisión documentó que la tortura es un delito de lesa humanidad, toda vez que esta práctica es una de las más crueles expresiones de violaciones a derechos humanos, y se emplea con la anuencia o tolerancia de otros servidores, lo que refleja un grado extremo de abuso de poder.
La Comisión determinó que por el paso del tiempo prescribió la responsabilidad de los policías mexicanos que actuaron en contra de Fierro, además de que ellos ya murieron, pero sí existe una responsabilidad institucional porque los elementos que torturaron a la familia de Fierro no actuaron con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia propias de la función pública.
Una de las recomendaciones de la Comisión es que el presidente municipal y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y César Omar Muñoz Morales, respectivamente, pidan una disculpa pública, como acto de reconocimiento de responsabilidad.
Ese acto debe ser presidido por la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, para que esto sirva como un referente histórico a fin de que violaciones graves a derechos humanos no vuelvan a cometerse y se envíe un mensaje en el sentido de que no se toleraran actos de tortura, ordenó la CNDH.
Con lo anterior también se busca reivindicar la dignidad, honra y la memoria de las víctimas de estos actos de tortura.
La CNDH también recomendó que de forma conjunta el Gobierno Municipal y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Estado de Chihuahua inscriban a César Fierro en el Registro Estatal de Víctimas para que reciba una reparación integral del daño, que tome en cuenta la discapacidad social que sufre debido a los años que estuvo preso.
Además, que se nombre algún parque, calle o zona que sea representativo para Fierro, con su nombre y la develación de una placa conmemorativa como símbolo de compromiso y obligación de las autoridades locales de respetar los derechos humanos y de prevenir y prohibir cualquier acto de tortura.
Finalmente se ordenó al Gobierno Municipal impartir cursos sobre derechos humanos a los policías y actualizar sus manuales, en un plazo máximo de seis meses después de aceptada la recomendación.
A la CEDH se le recomendó capacitar a su personal en el análisis razonado para que puedan emitir determinaciones que observen los principios de exhaustividad, debida diligencia, máxima protección, pro persona, seguridad jurídica y legalidad.
El coordinador de la comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento, José Mauricio Padilla, informó que hasta el momento no hay fecha para la disculpa pública debido a que no han localizado a César Fierro y es imprescindible su presencia.
“Está ilocalizable…. En la última reunión de la Comisión, hace como 15 días, quedamos que vamos a tratar de localizarlo”, señaló el edil.
Carlos Nájera Payán, coordinador de Comunicación Social del Municipio, indicó que actualmente la Dirección de Derechos Humanos Municipal y el despacho del alcalde están trabajando para buscar a César Fierro y determinar la fecha y cómo será el evento protocolario.
También falta que el Ayuntamiento autorice ponerle el nombre de César Fierro Reyna a un parque y la aprobación de recursos públicos.
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