La universidad pública tiene la responsabilidad de ser un espacio donde converjan diferentes saberes y se desafíen las estructuras de exclusión, con el objetivo de formar ciudadanos críticos, capaces de reconocer las injusticias y transformarlas
Por Salvador Salazar Gutiérrez
En los últimos días, a través de diversas redes sociodigitales como Facebook o Instagram, varios conocidos, familiares y amigos han compartido imágenes y frases en defensa de nuestras instituciones universitarias públicas. Mensajes como “Yo me formé en la Universidad Pública”, “Soy docente en la Universidad Pública”, “Soy profesionista gracias a la Universidad Pública”, “Soy investigador de la Universidad Pública” y el hashtag “#QueNoSeaUnPrivilegio: No hace falta ser estudiante, profesional, egresado o docente de la Universidad Pública para DEFENDERLA; sin educación pública, el futuro es para unos pocos”; estoy seguro expresan el sentir de la mayoría que compartimos el espacio académico universitario
El pasado 10 de octubre, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) —institución que respeto y en la que he asumido un compromiso ético y académico con estudiantes, docentes-investigadores y personal administrativo—, celebró la toma de posesión de la nueva plataforma académico-administrativa que guiará su rumbo durante los próximos seis años. El Mtro. Constandse Cortéz, nuevo rector, presentó los ejes rectores de su gestión junto al lema institucional “UACJ inspira el futuro”, y enfatizó la defensa de la “autonomía universitaria”. Aunque la propuesta me genera algo de inquietud como una tenue expectativa, estoy convencido de que el liderazgo comprometido que se necesita solo será posible si se mantiene fiel al sentido esencial de “institución educativa pública”, como ámbito de promoción del pensamiento crítico; así como derecho, y no privilegio, de una educación inclusiva-solidaria y enfocada a las mayorías más desfavorecidas.
No podemos dejar de lado que una problemática o fenómeno preocupante que enfrentan actualmente la mayoría de las universidades autónomas en México, es la consolidación de una especie de oligarquía administrativa, cuyas agendas e intereses particulares han influido negativamente en la formación académica, la construcción de pensamiento crítico dentro de las aulas, y el acceso a la educación universitaria de sectores en condición de pobreza o exclusión social.
Si bien la frase “inspirar el futuro” forma parte de una intención, corre el riesgo de convertirse en un cliché -frase que al repetirse tanto ha perdido su novedad y expresividad, si no se acompaña de una visión crítica institucional respaldada por el trabajo académico. Remitiéndome a Walter Benjamin, no podemos pensar en un futuro sin mirar y ubicar el pasado como algo vivo, que está marcando y afectando las trayectorias de vida tanto de la comunidad universitaria como de la población en general. En las últimas dos décadas, hemos enfrentado situaciones críticas, como la pandemia de COVID-19, crisis económicas, así como diversas formas de violencias, que han dejado una huella significativa en nuestro entorno cotidiano, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. La Universidad no puede ignorar estos eventos, ni asumir una postura indiferente ante ellos. Debe comprometerse a trabajar en un contexto de ciudad fragmentado y, en algunos casos, colapsado.
Las universidades públicas en México son indispensables como espacios de inclusión, especialmente en un contexto donde las desigualdades sociales y económicas limitan el acceso a la educación superior. Desde la perspectiva del pedagogo brasileño Paulo Freire, la educación no es un privilegio, sino un derecho que debe garantizar la participación activa de todos los sectores sociales. La gratuidad de la educación superior y el acceso preferente para los sectores más vulnerables no solo representan pasos hacia la democratización del conocimiento y la movilidad social, sino también una responsabilidad ineludible para combatir la pobreza, la exclusión y la marginalización que afectan a un número creciente de personas.
Comparto con Freire la idea de que la educación no puede ser neutral. Su función es, precisamente, evidenciar y cuestionar las relaciones de opresión presentes en la sociedad. En este sentido, la universidad pública tiene la responsabilidad de ser un espacio donde converjan diferentes saberes y se desafíen las estructuras de exclusión, con el objetivo de formar ciudadanos críticos, capaces de reconocer las injusticias y transformarlas. Este compromiso es grande, necesario e ineludible, pero su cumplimiento debe surgir desde la base, desde las relaciones horizontales dentro del aula, y no desde estructuras administrativas verticales.
