El 25 de noviembre es una fecha en la que el ánimo social, la voluntad política y el compromiso para con las mujeres y las niñas deberían de llevarnos a reflexionar que tanto podemos conjuntar esfuerzos para sostener la exigencia al Estado en su obligación de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas
Por Mariela Castro Flores
@marielousalomé
Pareciera un contrasentido; sin embargo, frente a la creciente conciencia social que se viene construyendo sobre la violencia de género, esta viene aumentando exponencialmente. Los factores son múltiples: un inusitado crecimiento en la violencia sexual y familiar y el acendrado fenómeno del feminicidio. A pesar de los esfuerzos de diversos sectores el asesinato de mujeres por motivos de género sigue en aumento año con año.
Con todos los esfuerzos realizados nos encontramos en un momento en donde reevaluamos las viejas formulas y seguimos concientizando, llevando el tema a todas las mesas y lo colocamos en todo tipo de agenda y pareciera no bastar. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 ofrece información sobre las experiencias de violencia física, económica, sexual, psicológica y patrimonial que han enfrentado las mujeres de 15 años en los ámbitos de pareja, digital, escolar, laboral, comunitario y familiar para estimar la extensión y gravedad de la violencia contra las mujeres, con la finalidad de apoyar en el diseño y seguimiento de políticas públicas orientadas a atender y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas por razones de género. De esta se desprenden datos que estadísticamente nos permiten realizar afirmaciones con sustento sobre la presente problemática social.
Detonantes como la disparidad en las parejas a partir de los ingresos y recursos, convertirse en adultas mayores, la violencia sexual en la infancia, padecer algún tipo de discapacidad por edad, enfermedad o diversidad funcional, a lo que se le viene a sumar un incremento en la opinión sobre los roles masculinos y femeninos en prejuicio de la igualdad y la equidad, derivado en buena parte de los mensajes promovidos por redes sociales que han convertido en aceptable conceptos que se creían superados y han venido a convertir en cuestionable el ejercicio de la libertad personal para la toma de decisión en temas como llevar a termino o interrumpir un embarazo, la participación en política o llevar a las mujeres al espacio privado con encargos de carácter tradicional, es decir, convertirla en única y exclusivamente responsable de la crianza y los cuidados.
Al parejo de la media nacional, Chihuahua se ubica con una prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más, del 71 por ciento y por encima de la media en los últimos 15 meses con un 43.9 por ciento, contra un 42.8 por ciento ¿qué significa esto? Que la percepción y la vivencia de alguna forma de violencia en cualquiera de sus ámbitos, ha sido experimentado por las mujeres en este porcentaje, cuando una atención debida debería contrastar con índices a la baja.
Otro dato que debe considerarse es el que nos arroja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dicta que con 175.3 llamadas por cada 100 mil mujeres al 911 por violencia familiar y doméstica, Chihuahua es el primer lugar en el país en reportarla. Las más denunciadas en estos llamados con la física, sexual y psicológica. La tasa de incidencia por violencia familiar en el estado es de 30.3 llamadas por 100 mil mujeres, por violencia de pareja es de 13.2 por 100 mil mujeres, por acoso 1.58, por violación sexual, la tasa es de 0.36.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la que se desprende la fecha emblemática que hoy se conmemora, establece que toda política publica debe prevenir, atender, sancionar y tomar acciones para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, las políticas convenientemente se han enfocado en atender solo la violencia física y psicológica, que son las que más estragos socialmente, arrojan. Así, de modo selectivo, como si el resto de las violencias no fueran significativas o como si la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos no fueran guías de apremio a la hora de formular política.
En nuestra entidad, por ejemplo, si bien hay centros especializados en atención a la violencia se niegan sistemáticamente los derechos sexuales y reproductivos cerrando la valiosa oportunidad de prevenir y erradicar, a través de ellos, la violencia sexual, en muchos casos desde la primera infancia. No se explica que las autoridades locales se llenen de discursos sobre acciones -en muchos casos de simulación- sobre la prevención de la violencia domestica y dejen avanzar sin tocar a la violencia sexual. Y es que esta última no sería un problema tan serio si se reconociera su existencia y se hablara abiertamente del pacto de silencio que la habilita y se alimenta de la perniciosa complicidad del gobierno estatal y municipal, que se niegan a políticas como NAME (Niñas, Adolescentes, Madres o Embarazas) para restituirles sus derechos.
Cabe destacarlo en una fecha como hoy porque el abuso sexual infantil y la violencia sexual en la infancia genera un retroceso en el desarrollo de quien lo padece y vulnera al grado de hacer padecer otros tipos de violencia de género en el transcurso de la vida y a pesar de ello, el presente gobierno estatal se niega a implementar sus obligaciones respecto a lo que debería de ejecutar para erradicar el embarazo infantil y aminorar el embarazo adolescente, si siquiera porque el primero siempre es resultado de violencia sexual y el segundo, si no completamente, si en buena medida.
El 25 de noviembre es una fecha en la que el ánimo social, la voluntad política y el compromiso para con las mujeres y las niñas deberían de llevarnos a reflexionar que tanto podemos conjuntar esfuerzos para sostener la exigencia al Estado en su obligación de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres y las niñas, para que sean felices y plenas de derechos.
