El escenario que se vive en la zona de El Valle no es propicio para la decisión que toma la UACJ de eliminar la beca por convenio que favorecía la compensación económica por pago de matrícula a estudiantes habitantes de poblados a lo largo de El Valle y dedicarla únicamente a aquellos alumnos que sean hijos de ejidatarios
Por Salvador Salazar Gutiérrez
Durante el semestre enero-mayo del presente año, como parte de la materia Etnografía en Arquitectura, tuve el placer de contar con la asistencia de una joven talentosa. Ella radica en el poblado de Guadalupe, en la zona conocida como el Valle de Juárez. Hija de un trabajador de campo, su madre se dedica a la venta de ropa de segunda mano que le es enviada por familiares que viven en el poblado de Tornillo, Texas, a unos pocos kilómetros cruzando la frontera internacional México-USA. De sus tres hermanas, ella es quien ha logrado continuar con sus estudios de nivel licenciatura, apoyada por el poco dinero que sus padres le pueden otorgar, y con el respaldo de compañeras y compañeros con quienes, en varias ocasiones, ayudan con alojamiento en sus viviendas en Ciudad Juárez.
El Valle de Juárez es una región al oriente de Ciudad Juárez, una franja de varios kilómetros a lo largo de la frontera, que por años se ha dedicado al sector agrícola favorecida por el afluente del río Bravo. Durante la segunda mitad del siglo pasado, el cultivo del algodón era la actividad primordial, brindando un paisaje generoso entre el recorrido del agua por las acequias y vastas extensiones de este cultivo con una calidad comparada con otras regiones del Mundo, incluso se le llegó a nombrar como “oro blanco”. Sin embargo, como vino a suceder en otras regiones del país a finales del siglo XX y gran parte de lo que llevamos en el presente, frente al abandono del Estado mexicano y la aparición del narcotráfico y las redes de complicidad del crimen organizado, la región del Valle comenzó a experimentar un paisaje de desolación y violencia atroz, principalmente por ser una zona altamente factible para el trasiego de droga y del creciente mercado ilegal del cruce de personas migrantes por rutas clandestinas controladas por diversos grupos criminales.
Los datos son muestra de este colapso y catástrofe. El artículo periodístico de La Verdad Juárez, que lleva por título Desaparecer en el Valle, impunidad y silencio, es contundente al referir que se tiene considerado por la Fiscalía del Estado, un número de 116 casos de personas desaparecidas a causa de la presencia de estos grupos delictivos del 2010 a mediados del 2022. Además, se han contabilizado cerca de 63 fosas clandestinas en las que se han encontrado restos humanos, en su mayoría, de personas desaparecidas violentamente por parte de los operativos criminales. Estos grupos han cooptado, controlado y sometido la vida de la población en la zona y, con ello, la muestra contundente de cómo la violencia se ha apoderado de las experiencias cotidianas para gran parte de los habitantes de El Valle.
Sumado a lo anterior, no podemos perder de vista el impacto económico de una crisis agrícola, pero sobre todo de fuentes de empleo ante la cada vez menor posibilidad de insertarse en el mercado laboral formal, sobre todo acaparado en el mercado de la industria maquiladora en la zona metropolitana de Ciudad Juárez. Si observamos desde el punto de vista de la población, al comparar los censos del 2010 y 2020, según datos del INEGI, la población de uno de los tres municipios que comprende la región, el municipio de Guadalupe decreció en un -34.4 por ciento. En particular, no podemos dejar pasar que entre los municipios de Guadalupe y el de Praxedis, sin contar la franja del Valle que corresponde el municipio de Juárez, para el 2020 se contabilizaron 439 habitantes en el rango de 15 a 19 años, mientras que para el caso de Guadalupe fue de 443. Jóvenes en edad considerada para incorporase a estudios universitarios en instituciones educativas de Ciudad Juárez.
¿Por qué hacer referencia a ello? Hace unos días, un compañero universitario destacado, activista y promotor cultural comprometido, integrante del colectivo OKUVAJ –Okupa el Valle de Juárez–, habitante del poblado Dr. Porfirio Parra del municipio Guadalupe, compartió en su página de Facebook que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, estaba considerando la decisión de eliminar la beca por convenio que favorecía la compensación económica por pago de matrícula a estudiantes habitantes de poblados a lo largo de El Valle y dedicarla únicamente a aquellos alumnos que sean hijos de ejidatarios. Situación preocupante que efectivamente se confirmó a los días siguientes con el anuncio de la UACJ, de seguir considerando la beca socioeconómica para el semestre enero-mayo 2025, a cambio de que cada estudiante se comprometiera a cumplir con horas de servicio social con una equivalencia de beca del 100 por ciento si se cumplía con 80 horas, 75 por ciento con 60 horas y 50 por ciento con 40 horas.
Si bien, comparto que el programa de servicio social es de vital importancia porque permite vincularse a diversas actividades de acción comunitaria o en proyectos de intervención, la situación que no puede pasar desapercibida, son las condiciones de desplazamiento, movilidad, limitado acceso a espacios académicos-formativos y de participación en proyectos comunitarios, ya que no son en el mismo grado de accesibilidad de los estudiantes que viven en la zona metropolitana de Ciudad Juárez a quienes viven en la región de El Valle.
Consideren lo siguiente. Con el impacto de la violencia, de la presencia de grupos delictivos en la zona, y con la carente infraestructura que garantice la seguridad de parte de los gobiernos municipales y estatal, las condiciones de vida en El Valle se han vuelto complicadas y de abandono. Como el caso de mi estudiante, quien puede asistir a clases presenciales en la UACJ los lunes por la mañana, aprovechando un “aventón” que le da un vecino de la familia en su vehículo particular que trabaja en la construcción en Ciudad Juárez. Al terminar su día, por lo general, debe solicitar a una compañera amiga que le de alojamiento hasta el jueves que puede regresar al poblado de Guadalupe. Un recorrido que, en auto particular, se contabiliza entre 1 hora 20 minutos o hasta 2 horas 30 minutos de su casa a las instalaciones de la UACJ. Además, si bien no es su caso, varias y varios jóvenes en edad para cursar sus estudios universitarios, han perdido a su familiar proveedor –ya sea padre, madre o algún integrante de la familia– principalmente a causa de la violencia en la zona o en los años recientes, por enfermedad como resultado de la pandemia COVID-19.
El escenario no es propicio para la decisión que toma la UACJ. Su slogan, a partir de la presente administración de “UACJ inspira el futuro”, no puede perder de vista las complejas trayectorias de vida de la comunidad universitaria, y de la región en general. Efectivamente, una institución educativa de nivel superior es un espacio cuya función primordial debe estar en favorecer un proyecto de vida profesional y con estándares de calidad humana y compromiso social. Pero ello no significa ser indiferente o insensible a las complejas trayectorias de vida que han enfrentado un número importante de la población que vive en la ciudad y en la región. Y esto no es exclusivo de las autoridades universitarias. Lamentablemente y asumo parte de la crítica, observo que la comunidad académica, en particular algunas profesoras y profesores, deben retomar el compromiso de sensibilidad ante lo que enfrentan nuestros estudiantes. No puede existir “calidad” académica al ser opacada por la insensibilidad y la denostación. Para nada comparto la expresión de un colega profesor, que ante la situación respondió de la siguiente manera: “quieren todo gratis como estudiantes, y luego cobrar bien al egresar, que les cueste…”. Hace falta bastante por hacer y por reflexionar. Mi solidaridad y compromiso con los habitantes del Valle de Juárez.
