Organizaciones representantes de 17 víctimas, sobrevivientes y familias de los migrantes fallecidos en la estación migratoria de Ciudad Juárez apelaron la suspensión provisional otorgada al comisionado del INM por el proceso en su contra, por el incendio donde murieron 40 migrantes el 27 de marzo del 2023.
Por Redacción de La Verdad Juárez
Organizaciones acompañantes de sobrevivientes y familias de los migrantes fallecidos en el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez impugnaron el fallo de suspensión condicional contra Francisco Garduño Yañez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por su presunta responsabilidad de esa tragedia donde murieron 40 migrantes el 27 de marzo del 2023.
“Interpusimos un recurso de apelación” informaron las organizaciones Asylum Access México, la Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), en un comunicado conjunto emitido este viernes.
El pasado 24 de enero, el juez Víctor Manlio Hernández Calderón ‘congeló’ el proceso penal abierto contra Garduño hace 21 meses, a cambio de que en un plazo de 18 meses cumpla con seis acciones, entre las que destacan pedir una disculpa pública a las víctimas.
En el comunicado de este viernes, los reclamantes del fallo también insistieron en su llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que retire a Garduño del cargo de comisionado del INM.
“Francisco G.Y. es estandarte de impunidad y no debe seguir al frente del INM”, mencionaron en el documento donde le piden no dejar que la impunidad gane y a ser congruente con su discurso de protección de los derechos de las personas migrantes.
Ochenta y dos familias marcadas de por vida y más de 230 millones de pesos del erario público, es el saldo de la negligente política migratoria del comisionado al frente del INM, señalaron.

Tras el incendio, el comisionado fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, lo que le permitió solicitar la suspensión condicional del proceso, luego de solicitarla por tercera ocasión.
En su último y tercer intento de suspender su proceso, la defensa del funcionario federal argumentó que él había cumplido con la reparación integral del daño, lo que no es verdad, señalan las organizaciones representantes de 17 víctimas, sobrevivientes y familias de los migrantes fallecidos.
Aseguran que la compensación económica que entregó el INM a las víctimas fue con dinero del erario público, no de Garduño y se hizo en cumplimiento de la Recomendación 111VG/2023 por graves violaciones a los derechos humanos; es decir, “no fue una compensación derivada del delito que se le
imputó”.
Las organizaciones señalaron que se solicitó al juez se le impusieran diversas medidas a cumplir durante el tiempo que durará la suspensión del proceso (un año y seis meses), tales como: suspensión del cargo durante tres años,
prestar algún servicio social a favor de la sociedad durante esa temporalidad y sin remuneración alguna, someterse a la vigilancia que determine el juez de control; abstenerse de viajar al extranjero, e inhabilitación o destitución del ejercicio del servicio público, actual y futuro.
Sin embargo, agregaron, se le impusieron las siguientes medidas: garantizar que todas las víctimas estén informadas que cuentan con la atención médica y psicológica del IMSS, a sabiendas que ninguna reside en México; el plazo de un mes para otorgar una disculpa pública, que deberá realizarse en
coordinación con las víctimas y sus asesores jurídicos; durante un período de seis meses deberá tomar cursos en derechos humanos y protección civil; y una vez cada tres meses deberá realizar una visita a los “centros de detención migratoria”.
La resolución del pasado viernes confirma cómo la impunidad persiste y la justicia sigue siendo selectiva en este país, afirman en el comunicado conjunto.
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