Si seguimos pensando que el gobierno –municipal, estatal o federal–, como actor central de la racionalidad pragmática-cínica, debe asumir la responsabilidad de sus acciones, seguiremos atorados en el paisaje de lo absurdo que lo ha caracterizado
Por Salvador Salazar Gutiérrez
En diversas ocasiones hemos escuchado decir, en relación a maneras de actuar de funcionarios de gobierno, “que lo hagan como sea, pero que ya lo hagan bien”. Y como si se tratase de una premonición, el tiempo transcurre y volteamos a vernos día a día para preguntarnos, “en serio, ¿no se dan cuenta de lo que hacen?”. Tal pareciera que lo absurdo, en su sentido más básico del término como algo opuesto a la razón, predomina en las decisiones y prácticas alrededor de la (in)acción de los gobiernos actuales.
1er acto. “¡A moverse!, quien pueda”
El pasado 31 de enero, el portal de La Verdad Juárez con autorización del portal YoCiudadano, publicó una nota por título “Denuncian banquetas bloqueadas por semáforos en avenidas principales”. En ella, se describe como si se tratase de un escenario demencial, una serie de imágenes que muestran el suplicio que cotidianamente deben enfrentar la población para desplazarse caminando en las caóticas calles y banquetas en Ciudad Juárez. El paisaje alcanza grados de alarmante, si pensamos en un número creciente de personas con movilidad reducida en la ciudad. Quienes observen las imágenes que se muestran en la nota periodística, seguramente enfrentará un momento de cierta risa e ironía, que, con el paso de la lectura de la nota periodística, seguramente se convertirá en indignación y molestia.
Días pasados, como parte de las actividades académicas del Doctorado en Estudios Urbanos de la UACJ, se llevó a cabo la sesión de trabajo “Ciudades caminables o cómo humanizar la ciudad”. Participaron académicas a quienes les tengo un gran respeto y admiración, pero en particular la participación de quien dirige una organización de la sociedad civil atrajo la gran atención de quienes asistimos. “Fundación Integra”, organización asentada en Ciudad Juárez, con una amplia trayectoria en el trabajo con personas con diversas discapacidades en nuestra ciudad. En su exposición, y con la elegancia propia de quien ha gestionado una labor de vínculo entre este grupo de la población y el resto de la sociedad civil, la directora fue dando cuenta con una serie de imágenes, el paisaje de suplicio al que se enfrentan las personas que por diversas circunstancias tienen movilidad limitada al momento de buscar desplazarse en gran parte de nuestra ciudad. Al finalizar la exposición, entre los comentarios me llamó la atención en particular quien expresó que la problemática de las condiciones idóneas para la movilidad peatonal en la ciudad, era un problema de “ejecución”.
En mayo del 2022 en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la “Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”. Dicha ley en su artículo primero inciso 1, establece: “Sentar las bases para la política de movilidad y seguridad vial, bajo un enfoque sistémico y de sistemas seguros, a través del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y la información proporcionada por el Sistema de Información Territorial y Urbano para priorizar el desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como bienes y mercancías, con base en la jerarquía de la movilidad señalada en esta Ley, que disminuya los impactos negativos sociales, de desigualdad, económicos, a la salud, y al medio ambiente, con el fin de reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, para lo cual se debe preservar el orden y seguridad vial;”… Y si nos centramos en su artículo 4, define “principios de movilidad y seguridad vial” entre los que destacan: accesibilidad, calidad, confiabilidad, diseño universal, equidad, entre otros.
En Chihuahua, si bien hasta enero del 2025 entra en vigor la “Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Chihuahua”, no podemos dejar pasar que su artículo 4 enunciado como “el derecho a la movilidad” refiere: “La movilidad es el derecho de toda persona a trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, donde las personas serán el centro del diseño y desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones en la materia”…. Me pregunto, ¿desconoce la administración municipal este marco normativo o anteriores que dan cuenta de esta obligación?
Si revisamos el recurso económico que planteó el proyecto de presupuesto egresos del municipio de Juárez para el 2024, se destinó 70 millones de pesos para el suministro de mezcla asfáltica destinada al bacheo de vialidades, y 200 millones de pesos para el mantenimiento de vialidades mediante fresado. Además, se contempló según el documento, 30 millones de pesos para actividades como el rastreo y nivelación de calles, así como la limpieza de diques y arroyos…. Es decir, saben que mantener las vialidades y los espacios para la movilidad peatonal en las mejores condiciones, debiera ser un imperativo en sus acciones
2° acto. “Se que no debe ser así, pero así funciona la realidad política”
Al finalizar el siglo XX, diversas corrientes de filosofía política han debatido sobre el criterio de racionalidad que prevalece en la forma de actuar de los gobiernos contemporáneos. Una de mayor peso, dicho sea de paso, que no la comparto en su totalidad, es aquella expuesta por el filósofo norteamericano Richard Rorty.
La racionalidad pragmática en la administración pública, se refiere a la forma en que los gobiernos toman decisiones basadas en criterios de eficiencia, efectividad y utilidad práctica, en lugar de seguir exclusivamente modelos normativos o teóricos, a partir de una supuesta búsqueda de “equilibrar” los principios ideales con las condiciones reales, asegurando que las políticas públicas sean viables y generen resultados concretos para la sociedad. Entre sus supuestos centrales, se considera un enfoque basado en resultados, una flexibilidad y adaptabilidad, o una eficiencia en la asignación de recursos.
Para Rorty, en su enfoque pragmatista, la política debe alejarse de la búsqueda de principios universales y centrarse en soluciones prácticas que funcionen en contextos específicos. Si bien seguramente varios de los lectores coincidirán que sería una visión necesaria en el actuar de nuestros gobiernos, en lo personal no coincido con ello ya que entre otras preocupaciones del dominio pragmático en las decisiones, es la erosión de la disidencia o despolitización de la vida pública tan indispensable y fundamental.
Ahora bien, mencionaba al inicio de mi reflexión que cotidianamente escuchamos en nuestras pláticas coloquiales “que lo hagan como sea, pero que lo hagan bien”, es decir, que la acción pragmática prevalezca por parte de la autoridad de gobierno. Sin embargo surge la siguiente pregunta, ante lo absurdo que las imágenes antes citadas de los dos reportajes periodísticos, ¿estamos exclusivamente ante un problema de ejecución eficiente?, o podemos preguntarnos si estamos ante una acción deliberada de indiferencia, insensibilidad, o desentendimiento de los impactos negativos que producen aquellos que han tenido en sus manos la decisión y/o autorización para llevar a cabo obra pública, ante lo disparatado de una obra específica como es colocar una rampa para personas que se desplazan en sillas de ruedas, y que al subir la banqueta lo único que tienen frente a ellas es una estructura de metal que sostiene el poste de semáforo vehicular, sin dejar la mínima posibilidad de rodearle u otra ruta para continuar con su camino.
De ser así, coincido con el filósofo alemán Peter Sloterdiijk en el sentido de que hemos transitado en los últimos tiempos, a un tipo de racionalidad cínica como una forma sofisticada de resignación ante la catástrofe y la crisis que experimentamos en la actualidad. Mientras que el cinismo clásico de filósofos como Diógenes de Sínope, era asumido como un acto de rebeldía contra el poder, para Sloterdijk el cinismo contemporáneo es una forma de sobrevivir dentro del sistema sin cuestionarlo.
En específico, me interesa aquí sostener que preocupantemente este tipo de racionalidad cínica sea atrincherado detrás del cobijo de la racionalidad pragmática, para dar cuenta en específico como el actuar de los gobiernos pueden ser plenamente conscientes de la ineficiencia, corrupción o injusticia del sistema, pero en lugar de corregirlo, lo perpetúan bajo el argumento de que “así funciona la realidad política” o, de “hago como que hago, aún cuando sé que con ello no pasa nada”.
3er acto. “Develar el cinismo, actuar en su incomodidad”
El cinismo institucional que se atrinchera en las fauces de la administración pública no solo tiene la intención de mantener el statu quo, sino que también busca generar una especie de efecto de desmovilización ciudadana, ya que transmite la idea de que “todo es parte del juego político” y que no hay posibilidades reales de transformación. Es decir, la política se termina por convertir en una especie de paisaje de la crisis permanente en la que la gestión de la desesperanza y la inacción, son los estandartes de su legitimación y justificación de permanencia.
Y frente a ello, frente al cinismo que operativiza muchos de los ámbitos de la vida pública y privada de nuestros entornos actuales, existe la posibilidad de contrarrestarlo. Soy un convencido de ello. La incomodidad es la alternativa. La forma tan elocuente en la que la directora de la Fundación Integra expresó la inaceptable condición que enfrenta la población en Juárez ante la movilidad peatonal, es una de las múltiples y diversas posibilidades de contrarrestar la pasividad y la indolencia con la que se nutre la racionalidad cínica y pragmática de nuestros gobiernos.
Por otro lado, la acción disidente es otra de las alternativas deseables frente a la perversidad cínica. Varios colectivos han enfatizado la urgente acción de apropiarnos nuevamente del espacio público. A partir de una acción disidente como una negación creativa ante el orden establecido. No se trata únicamente de denunciar las injusticias o de resistir pasivamente a la imposición de normas que perpetúan desigualdades y que lucran con las condiciones de vulnerabilidad y exclusión social. Es, ante todo, la afirmación de posibilidades inéditas, la construcción de alternativas que desbordan los límites de lo permitido y lo imaginable dentro del marco institucional-gubernamental.
La disidencia, en este sentido, no es solo negación, sino invención. En dicha creatividad radica la esperanza y la recuperación de la vida pública y política desde la mirada ciudadana. Porque si seguimos pensando que el gobierno -municipal, estatal o federal-, como actor central de la racionalidad pragmática-cínica, debe asumir la responsabilidad, seguiremos atorados en el paisaje de lo absurdo que lo ha caracterizado.
