¿Quiénes son las víctimas de Teuchitlán? ¿Cuántas podrán ser reconocidas y cuánto tardarán las identificaciones? ¿Por qué ese mismo rancho fue cateado por la GN y la fiscalía de Jalisco en septiembre 2024 y pudo nuevamente ser utilizado por grupos armados criminales hasta la fecha? ¿Qué autoridades autorizan o permiten crímenes y violaciones a derechos humanos en la región?
Por Fabrizio Lorusso
Ha pasado una semana del hallazgo de centenares de fragmentos óseos, prendas, libretas con apodos, libros y casquillos, junto con una serie interminable de pares de zapatos, vestigios de un campo de concentración y exterminio en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.
Esta localidad irrumpe ahora en el desgarrado panorama forense nacional como en su momento lo hicieron La Gallera, Veracruz; La Bartolina, Tamaulipas; Patrocinio y decenas más, en Coahuila; los predios de “El Pozolero” en Tijuana, Baja California; y Salvatierra, Celaya, Juventino Rosas, Irapuato y Acámbaro, en Guanajuato, entre otras. En 2011 una ciudad entera, Allende, en Coahuila se transformó durante varios días en un sitio de persecución y exterminio con el permiso y complicidad de actores y fuerzas estatales, así como lo fueron San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011 con las masacres y fosas masivas de los Zetas, “autorizadas” por el Estado, o la misma “noche de Iguala” del 26-27 de septiembre de 2014 con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Un legado de muerte, violencia y persistente impunidad, en contra de personas desaparecidas buscadas por sus familias, ha sido destapado por Guerreros Buscadores de Jalisco y Madres Buscadoras de Jalisco. Los dos colectivos de búsqueda dieron con él gracias al mensaje de un anónimo que les señaló el Rancho Izaguirre, en la localidad de La Estanzuela.
En oposición al dispositivo de la desaparición y la atrocidad, en contra del juvenicidio en curso en México desde hace décadas, se movilizan comunidades de dolor y búsqueda, colectivos y personas solidarias, en resistencia contra la política de muerte, accionada por grupos poderosos y criminales, pero solapada por la omisión o la colusión de los poderes estatales.
Ahora que empiezan a conocerse más detalles, algunas historias, cartas, cuadernos, relatos de testigos y de las buscadoras, parece que la opinión pública y los medios de comunicación nacionales e internacionales están comenzando a tomarse en serio la noticia y a dejar un poco de lado el tema apantallante de los aranceles y de Trump. Aun así, cuesta trabajo todavía encontrar notas que se salgan del guion morboso y estigmatizante, típico de la cobertura de muchos casos parecidos a este, y que puedan dimensionar la crisis humanitaria persistente detrás de la nebulosa noticiosa.
“Centro de reclutamiento”, “horno crematorio clandestino”, “campo de adiestramiento” han sido algunas otras definiciones que la prensa y la gente han dado a este lugar, ninguna de las cuales puede capturar completamente el terror y la concitación que provoca.
Por otro lado, la palabra “exterminio”, también usada para acercarse a la comprensión de lo que estamos atestiguando, viene del latín, exterminium. El término es formado por ex y terminus, y se refiere al destierro o al exilio, al hecho de sacar a alguien fuera de las fronteras, de los límites de la comunidad o del territorio. La desaparición y destrucción de cuerpos responde a las lógicas de la clandestinidad y del ocultamiento, a la expulsión y aniquilación de la identidad, el recuerdo y la corporalidad de las víctimas.
El destierro de quienes fueron privados violentamente de la vida, desaparecidos una vez y, luego, otra vez, cuando se pretenden incinerar o disolver sus cuerpos, sin dejar rastro de su existencia, representa un acto de violencia más extremo que el homicidio, mismo que el filósofo Arturo Aguirre ha llamado necrocidio: “Se refiere a la transformación degradante y premeditada de cadáveres mediante técnicas y procedimientos que buscan la erradicación completa de la existencia física y simbólica de las víctimas”.
Lo interpretaría como la destrucción, la occisión, de la muerte misma, tanto del cuerpo y los restos de humanidad como de la memoria y el rastro. Esto fragmenta no sólo al individuo y su dignidad, sino a la comunidad y la sociedad entera, sus lazos internos, la relación con el fin de la vida y el duelo, que son negados a los deudos y no pueden ser procesados. “Si el homicidio es el acto supremo de quitar la vida, el necrocidio es el acto de arrebatar la muerte”, sentencia Aguirre.
Ojalá la reacción al horror que se vislumbra en estos días sea permanente y expansiva, que quiebre la barrera de indiferencia que, tras casi dos décadas de normalización de las violencias, todavía prevalece socialmente, pese a que ya son más de seis mil fosas clandestinas, producidas dentro de mecanismos necropolíticos que involucran a particulares, grupos delincuencias y autoridades.
El desasosiego ha crecido, todavía demasiado lentamente, en la sociedad y ojalá pronto alcance la política, pero desde el día uno, entre las más de 126 mil familias que en todo el país buscan a algún ser querido desaparecido, la angustia y la necesidad de saber se vuelve impostergable y clama al Estado respuestas a sus cuestionamientos. Por lo pronto, ha sido habilitada una galería digital de indicios recolectados en el contexto del hallazgo por la fiscalía de Jalisco (link), aunque evidentemente quedan abiertas muchas inquietudes de fondo.
¿Quiénes son las víctimas? ¿Cuántas podrán ser reconocidas y cuánto tardarán las identificaciones? ¿Por qué ese mismo rancho fue cateado por la GN y la fiscalía estatal en septiembre 2024 y pudo nuevamente ser utilizado por grupos armados criminales hasta la fecha? ¿Qué autoridades autorizan o permiten crímenes y violaciones a derechos humanos en la región?
En septiembre, fueron detenidas diez personas en el lugar, dos que estaban secuestradas fueron liberadas, y fue hallado un cuerpo sin vida, además de restos humanos quemados, armas, municiones y pruebas de que el sitio era un campo de entrenamiento paramilitar. Pero nada pasó. Este es un patrón que se ha repetido en varios estados: las autoridades dejan de buscar en algún lugar, no lo aseguran correctamente, y luego este es reutilizado por los criminales como si nada hubiera pasado.
Justamente el 11 de marzo salió un Comunicado de Colectivos de Familiares y de Familiares de Personas Desaparecidas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, sobre el hallazgo de un campo de adiestramiento y exterminio con hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco.Se titula así: “Hornos crematorios clandestinos en Teuchitlán, expresión de la desaparición, reclutamiento forzado y exterminio sistemático de personas jóvenes con la aquiescencia del Estado”.
Aquiescencia significa asenso, consentimiento. Cuando hay aquiescencia del Estado y desaparece una persona, se trata de una desaparición forzada (aquí un video en que trabajamos con este concepto con base en la interpretación que da la ONU). En Teuchitlán, centenares de personas jóvenes, migrantes, trabajadoras, fueron desaparecidas forzadamente por grupos criminales, bajo la etiqueta del “Cártel Jalisco Nueva Generación”, con el consentimiento de aparatos o funcionarios del Estado: esto es lo que están denunciando los colectivos.
No es cualquier cosa, y en ciertos contextos, puede tipificarse como un crimen de lesa humanidad, otro motivo para tomarse muy en serio las manifestaciones y señalamientos públicos de las familias y colectivos.
¿Estará el poder político a nivel local y federal a la altura de esta crisis, que no es la primera y, más bien, es una pesadilla recurrente, y responderá adecuadamente a la rabia social que este hecho puede (y debe) despertar? No hablo de comentarios inmediatos, la publicación de galerías en internet o medidas efectistas, sino de una política de Estado, integral y permanente, sobre desaparición y búsqueda de personas, que sea digna de este nombre.
Hace falta potencializar la búsqueda en vida y las acciones preventivas y de sensibilización en pro de la no repetición de las prácticas de exterminio a las que, con sensación de impotencia y descontrol, sistemáticamente presenciamos a lo largo de la geografía nacional. Es urgente activar el Banco Nacional de Datos Forense a cargo de la FGR, constituir un sistema los Centros de Identificación Humana, reformar a fondo el sistema de justicia y seguridad, sobre todo, fiscalías y policías, más allá de la reforma al poder judicial, así como publicar o corregir los registros que mandata la Ley General y reconstruir un plan de búsqueda, catalogación, exhumación e identificación de fosas comunes.
Este último punto había sido implementado hasta 2023 por un equipo dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en al menos a 11 entidades, con resultados prometedores en cuanto a localización de personas denunciadas como desaparecidas, pero este esfuerzo ha sido prácticamente abandonado.
Recientemente la página dedicada al tema ha sido “bajada”, así como las correspondientes bases de datos sobre panteones, lo que es difícilmente justificable o explicable. Además del “cierre” del Módulo de Fosas Comunes, los reportes periódicos de hallazgos de fosas clandestinas también han sido suspendidos.
Jalisco es la entidad con más personas desaparecidas en el país, casi 15,500, pero sólo es una muestra extrema de la realidad que experimentan muchos otros estados desde hace años, día tras día. Según datos de autoridades locales, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2025, se han registrado 186 sitios de inhumación clandestina en el estado, con cerca de dos mil cuerpos exhumados.
En septiembre de 2018, los tráileres errantes llenos de cadáveres que no cabían en las morgues evidenciaron la crisis forense, que se espeja hoy a nivel nacional en más de 72mil cadáveres no identificados. Las zonas de exterminio y desaparición documentadas en Guadalajara por el equipo periodístico de Zona Docs muestran patrones de impunidad de larga data que no han sido tocados.
Apenas el 13 de febrero pasado, los académicos y periodistas Lauro Rodríguez y Jorge Ramírez, publicaron un reportaje en El Suspicaz, titulado “Se lo llevó un grupo armado. La crisis de desapariciones violentas en Jalisco”: el trabajo sistemático y riguroso de registro y denuncia de casos, como los que acabamos de ver en Teuchitlán, que los autores desarrollan constantemente en redes sociales como X, da cuenta de un fenómeno que tiene más de una década y se ha recrudecido bajo la mirada cómplice o “distraída” de las autoridades.
El reportaje narra como por lo menos “1,248 personas en Jalisco fueron privadas de su libertad en su casa, trabajo o colonia por un número variado de personas, casi 5 en promedio, empleando armas, golpes, amenazas o alguna otra forma de coacción, casi todas a partir de 2020 y hasta diciembre de 2024, según el resumen de hechos contenido en 8,072 reportes de personas desaparecidas con cédula de búsqueda en poder de la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco (COBUPEJ). La mayoría de estas personas continúa desaparecida: sólo 212 han sido localizadas, 84 de ellas sin vida. Pese a lo abultado de la cifra de 1,248 personas desaparecidas con violencia, no son todas”.
Para completar este cuadro, cito lo que escribe Pablo Ferri en El País: “El corredor entre Guadalajara y Puerto Vallarta, particularmente los municipios que figuran pasado el Bosque de La Primavera, Tala, Ameca, Teuchitlán, etcétera, son territorio del CJNG desde hace años. Así lo señalaba el Ejército, ya en 2022, en documentos hechos públicos gracias al hackeo masivo del colectivo Guacamaya. En un documento sobre el panorama delictivo de Jalisco en ese año, la Secretaría de la Defensa señalaba que las regiones de Valles y Sierra Occidental estaban a cargo de un lugarteniente del líder del grupo criminal, Nemesio Oseguera, alias Mencho. Se trata de Gonzalo Mendoza Gaytán, alias Sapo”.
Finalmente, retomando el Comunicado de organizaciones y familiares: “Los colectivos de Jalisco que realizaron el hallazgo han denunciado la práctica de reclutamiento forzado y han documentado hasta septiembre de 2024 al menos 70 desapariciones en la Central Camionera de Guadalajara, principalmente personas jóvenes que fueron atraídas mediante falsas ofertas de trabajo. La existencia de este centro de exterminio evidencia el contexto de violencia generalizado en Jalisco y otras partes del país y confirma el modus operandi del crimen organizado en Jalisco: desapariciones masivas, reclutamiento forzado, tortura y asesinato, con la eventual complicidad de autoridades estatales y municipales”.
¿Qué nos dicen todas estas evidencias, testimonios y secuencias ininterrumpidas de agravios, impunes, que han sido documentados? Básicamente sustancian el contenido del término “aquiescencia”, que mencioné al inicio de este texto, y el hecho de que estas desapariciones pueden considerarse forzadas: dado el contexto y su sistematicidad, el Estado mexicano no puede no saber y no puede no actuar respecto de la comisión o el riesgo concreto e inminente de que se lleven a cabo estas desapariciones, por lo que se demuestra su responsabilidad y la necesidad de respuestas efectivas frente al exterminio.
Por su lado, como normalmente ha sucedido, será primero la sociedad, familiares y colectivos organizados, solidarios y solidarias, quienes resistan ante estas violencias y la destrucción de la vida y la memoria, reivindicando el espacio público con la consigna de “memoria y resistencia desde la esperanza” al grito de ¡Nunca Más!, en una jornada y concentración de luto nacional, con veladoras y zapatos, este sábado 15, en el zócalo capitalino y en otros sitios y plazas emblemáticas del país.
***
Fabrizio Lorusso. Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas. YouTube @TrotamundosPolitico
