Una enemiga de las mujeres que dice acompañarlas violando sus derechos, que permite que las golpeen, las persigan en vía pública y que, a través de la ley del garrote pretende apagarles la voz. Ese es el compromiso de la gobernadora de Chihuahua.
Por Mariela Castro Flores
@marielousalomé
A una semana de la movilización y marcha conmemorativa por el 8 de marzo se puede hacer un balance sobre la jornada, la actuación de las autoridades y sobre todo, de la rapidez con la que los discursos oficiales caen por su carente sustento mostrando la incongruencia de quien gobierna y, por decir lo menos, la indolencia, falta de sensibilidad y desdén por la imposibilidad de acceso a la justicia y altos índices de violencia de género que padecen las mujeres de la entidad.
Desde días previos la movilidad se vio seriamente afectada por la instalación de murallas metálicas en un perímetro mayor al del año pasado, prácticamente los edificios más emblemáticos quedaron blindados y con ello se impuso una barrera de la que pudiera decirse, cumplía con varios objetivos: impactar en el índice de asistentes a la movilización reduciendo drásticamente el campo de acción para la protesta, mostrar capacidad de respuesta de parte del gobierno estatal para imponerse contra las manifestantes sumado al gran despliegue de corporaciones policiacas y finalmente, generar molestia en la ciudadanía pretendiendo que las mujeres que protestan asuman los costos por el rechazo social a sus justas demandas.
Otra mención merecida es la trampa que deliberadamente se diseñó para encajonar a las asistentes obstaculizando las rutas de desfogue en caso de represión policial, que comprobadamente se deja ver en imágenes y videos socializados incluso en tiempo real desde el desarrollo de la marcha, material en el que se distinguen hombres con actitud hostil, de cierta complexión física armados con palos, entre ellos una mujer ataviada con los colores que el resto utiliza para la fecha; en efecto, la represión sucedió con el apoyo de decenas de efectivos estratégicamente replegados a las orillas de la plaza. La instalación de una narrativa visual de tácticas represivas que logró difusión nacional es la evidencia del éxito de la estrategia tan recurrida de gobiernos fascistas consistente en hacer circular imágenes violentas en el desarrollo de manifestaciones sociales a modo de aviso para futuras movilizaciones ya que, una vez roto ese límite, no hay vuelta atrás y solo va en incremento.
“Sé que las demandas que externan hoy no son nuevas, y que muchas marchan con el nombre de una hermana, hija o amiga en su garganta. Aunque el camino para erradicar la violencia y la desigualdad sigue siendo largo, no están solas. Yo estoy aquí, con ustedes”, expresó Maru Campos el 8 de marzo en comunicado oficial[1]; dejando clara la más grande contrariedad de todas: la simulación del discurso oficial. Las altas barreras entre las manifestantes y los de miles de historias de violencia institucional, agravios de los centros de atención y fiscalías que inhiben la denuncia, la corrupción en los circuitos judiciales que impiden el acceso a la justicia configuró las consignas recurrentes. No solo se trato de agresores comunes, sino de una larga lista de funcionarios, maestros universitarios y la misma gobernadora al no comprometerse realmente con la causa de las mujeres.
En otro párrafo, afirma: “Esta lucha no es en vano, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Desde donde me toca, las abrazo y las acompaño, no están solas”, entonces queda la duda: ¿quién ordenó el operativo policial que derivó en la detención arbitraria de 4 manifestantes? Una de ellas con necesidad de atención médica de urgencia y trasladada al Hospital Central para recibirla. Los datos no fueron claros, los partes que emitía la autoridad no coincidían y hasta buen rato después de las detenciones, no había claridad sobre la identidad y la situación jurídica de las detenidas. Lo que ya apuntaba a un probable deslinde oficial de responsabilidad sobre los hechos y las eventuales violaciones de derechos humanos cometidos por efectivos desplegados, vestidos de civiles que ejercieron un excesivo uso de la fuerza contra mujeres, mayormente jóvenes, desarmadas que ejercían su legitimo derecho a la protesta.
¿Abrazos, señora Campos? ¿Así acompaña a las justas demandas de las mujeres? ¿Aventándoles policías encima para perseguirlas, hostigarlas y golpearlas? Porque si, la responsabilidad es enteramente suya en tanto algún tipo de investigación oficial no determine que alguno de sus mandos policiales actuó por cuenta propia (lo que es sumamente improbable).
En un evento de las dimensiones de la marcha del 8 de marzo con todas sus implicaciones políticas, de modo alterno se destapan asuntos que ni siquiera tienen que ver con la jornada; empero, surgen para demostrar que las mujeres y sus demandas siguen siendo instrumentalizados como botín político según convenga. Y es que, a un par de días del retiro de las vallas que “protegían” los inmuebles históricos, apareció una mujer sin vida severamente golpeada[2] lo que es grave por realizarse el hallazgo en el primer cuadro de la ciudad, en pleno centro histórico, donde opera la vigilancia de la Plataforma Centinela que costó al erario público $4,710 millones de pesos[3].
Si no es a las mujeres y a las personas en general, entonces ¿qué se supone que cuidan o de qué forma se justifica el cargo millonario al erario si no sirve en términos concretos para tareas de prevención en materia de seguridad pública?
Por último, no obvio mencionar los muy pobres resultados que anuncia la gobernadora para las mujeres, en los que no figura nada en materia de salud más allá de mencionar el ejercicio de una acción (una sola), para mujeres indígenas y sus hijos en atención de su nutrición; pero nada más. Lo que es pertinente de señalar porque es el primer 8 de marzo que se marchó con la conquista que superó a la consigna del aborto legal y sistemáticamente y de manera reiterada, la gobernadora ha obstaculizado que se pueden proveer servicios de aborto voluntario en hospitales públicos desafiando con ello a la federación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación desacatando sendas ordenes judiciales.
Pudiera parecer temerario el dicho; sin embargo y de nueva cuenta, no podría considerarse que el secretario de salud por cuenta propia desafiara la embestidura de la gobernadora, pasándole por encima, para por cuenta propia violar derechos humanos sin someterse a los probables efectos que esto traería consigo y en su detrimento.
Una enemiga de las mujeres que dice acompañarlas violando sus derechos, que permite que las golpeen, las persigan en vía pública y que, a través de la ley del garrote -la única que reconoce- pretende apagarles la voz.
Ese es el compromiso de la gobernadora.
“No están solas”, dice.
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Mariela Castro Flores. Politóloga y analista política especialista en temas de género y derechos humanos.
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[1] https://chihuahua.gob.mx/prensa/maru-campos-refrenda-su-compromiso-de-seguir-trabajando-por-un-futuro-mas-justo-en-el-que
[2] https://oem.com.mx/elheraldodechihuahua/policiaca/localizan-a-mujer-sin-vida-en-la-zona-centro-22131729
[3] https://zonafree.mx/2023/07/03/el-gasto-por-la-plataforma-centinela-crece-a-4710-millones/
