Lo acontecido en Teuchitlán viene siendo una herida más en la historiografía mexicana. Una evocación al juvenicidio y a la falta de esperanza entre las juventudes
Por Hernán Ochoa Tovar
Aunque no obsta decir que lo ocurrido en Teuchitlán encarna un drama humano de grandes proporciones, considero que es conveniente visualizar el problema de los desaparecidos desde una perspectiva diacrónica. Esto porque, más allá de la temporalidad, y de la grave problemática que se enfrenta en la actualidad, es un programa que se viene arrastrando desde hace, por lo menos 50 años, en los cuales se superponen el problema de los desaparecidos de la Guerra Sucia (hecho que fue negado, durante mucho tiempo, por la narrativa oficial), así como las personas no localizadas que, desde el advenimiento de la Guerra contra el Narcotráfico (durante el sexenio de Felipe Calderón), han sido ignorados sus paraderos.
Yendo hacia atrás, desde la administración de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) el país ya comenzaba a enfrentar este flagelo, pero desde otra óptica distinta. En aquel entonces, diversos jóvenes que se inconformaban contra el actuar gubernamental, fueron desaparecidos por el aparato estatal, destacadamente las policías (la temible Dirección Federal de Seguridad), así como las fuerzas armadas y judiciales. El Comité EUREKA, que llegó a encabezar doña Rosario Ibarra, hizo hincapié en la aparición de dichos jóvenes por décadas. Sin embargo, dicho drama no ha encontrado una cabal solución, por varias cuestiones. Mientras, en otras naciones, las transiciones a la democracia son espacio fructífero y fecundo para la reconciliación con el pasado, en México no fue así. Mientras gobernó el viejo tricolor, hasta el año 2000, la narrativa de la década de 1970 fue de un negacionismo casi absoluto por parte de la historiografía oficial; mientras la alternativa (particularmente aquellos relatos realizados por las izquierdas) mostraba esos rostros que el estado buscaba borrar de la faz de la tierra (real y metafóricamente hablando).
La llegada del expresidente Vicente Fox no encarnó un paso decisivo para el reconocimiento y la reparación de las viejas heridas. Mientras, en naciones como Argentina, Chile, España o Sudáfrica (incluso, en la Alemania post nazismo), se abrieron sendas comisiones de la Verdad, en aras de que la dolorosa verdad saliera a la luz; en México se hicieron los intentos, pero no resultaron del todo. En un primer momento, quizás Fox quiso emular a Mandela o a Alfonsín y abrió una fiscalía para indagar casos emblemáticos del pasado, misma que llegó a encabezar un brillante abogado como lo fue Ignacio Carrillo Prieto. Sin embargo, dichos casos no pudieron ser resueltos cabalmente –el PRI seguía ocupando una posición preponderante y se negaba a dar su brazo a torcer–. La solución fue la típica que suele implementar la clase política mexicana en casos incómodos: se pateó el bote de manera indefinida. Los desaparecidos de aquel aciago período siguieron sin desaparecer. Mientras Argentina le apostaba a la memoria histórica (hasta Julio de Vido, ministro de Economía del kirchnerismo, produjo una serie versada en la dura y cruel temática), México parecía apostarle al olvido y a la desmemoria, tristemente. La asignatura pendiente del Comité EUREKA y otros semejantes, no pudo ser resuelta de manera satisfactoria. La primera transición falló.
La segunda, por su parte, pareció hacer lo propio. Aunque, entrando el sexenio, el entonces Secretario de Gobernación durante gran parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, reconocía la crisis de desapariciones existente en el país, lo cierto es que fue un acto muy inicial, cuando la administración iniciaba y existían expectativas variadas de lo que sería el último gobierno federal tricolor. Después, pareció campear el silencio: no obstante que se acumulaban los pendientes del pasado, con los de un presente adverso. La solución pareció no llegar, y, aunque surgieron innovaciones, como la autonómica FGR, así como la Comisión Nacional de Búsqueda, pareció verse más un cambio cosmético que de profundidad, pues los desaparecidos siguieron llenando la estadística, y, la autoridad, teniendo un grave pendiente con sus angustiadas familias que, fue, quienes, comenzaron a realizar la labor que los diversos órdenes de gobierno no atendían de manera cabal.
La tercera transición, en cambio, fue la de las paradojas. Por primera vez en muchos años habría una transición de izquierda. La expectativa era muchísima. Y, sin embargo, los claroscuros campearon. A contrapelo de lo realizado por Fox, López Obrador sí decidió tomar al toro por los cuernos y conformó una Comisión de la Verdad, para atender los flagelos del pasado. Pero, a pesar de haber estado integrada por académicos de primer nivel, así como por defensores de derechos humanos, la citada instancia no pudo llegar a buen puerto, y, hasta la fecha, se desconoce si hubo resultados concluyentes. La buena fe existió, lo mismo que el caso Ayotzinapa; lo que no se vieron fueron los resultados, y las verdades incómodas no fueron bienvenidas. En tanto, los desaparecidos del presente se siguieron acumulando, mientras luchadores-as y colectivos seguían haciendo el trabajo, con un gobierno descontento; lo cual hacía que no se pudiese dar una labor colaborativa y con sinergia (como hubiese sido lo ideal, en casos tan delicados).
Con base en lo anterior, lo acontecido en Teuchitlán viene siendo una herida más en la historiografía mexicana. Una evocación al juvenicidio (José Manuel Valenzuela, dixit) y a la falta de esperanza entre las juventudes. Reconozco voluntad, por parte de la doctora Sheinbaum, así como del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, de atajar tan espantosa problemática con acciones concretas. Celebro el hecho de que se quiera fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda y que se quieran unificar los datos forenses de toda la república para tener un registro unificado nacional. En el mismo tenor, me parece pertinente que se quiera elevar la peligrosidad de un delito tan espantoso como lo es la desaparición forzada, equiparándolo al narcotráfico o al secuestro; al tiempo que se propone la búsqueda rápida, al momento de presentarse las ausencias, abreviando aquel criterio jurídico de la espera de las 72 horas.
Voluntad política parece haber. Ojalá que ahora sí se concrete. La colaboración entre diversos órdenes de gobierno es una buena señal. Ojalá que nominen a una persona capaz para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda ¡requerimos especialistas –en sus áreas– en lugar de políticos bisoños¡ Al tiempo.
