A 24 años del feminicidio de Lilia Alejandra, Norma Andrade denunció la persistencia de la impunidad en el caso de su hija ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Mientras que el Estado mexicano solo reconoce su responsabilidad parcial, la defensa de las víctimas y la CIDH señalan la persistencia de omisiones para prevenir y garantizar justicia en feminicidios
Por Abraham Rubio / YoCiudadano
El caso de Lilia Alejandra García Andrade llegó a este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tras más de 24 años de impunidad e irregularidades en la investigación de su desaparición, tortura sexual y feminicidio, además de la violencia ejercida contra su familia en la búsqueda de justicia.
Mientras que la representación del Estado mexicano solo reconoció su responsabilidad parcial en la violación de los derechos humanos de Lilia Alejandra, la defensa de las víctimas y la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron la persistencia de omisiones en el caso y la falta de eficacia en las medidas tomadas como parte de la sentencia del ‘Campo Algodonero’.
Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, testificó este miércoles ante la Corte Interamericana en San José, Costa Rica, para denunciar la responsabilidad del Estado mexicano en la dilación de la justicia y las irregularidades en la investigación del feminicidio de su hija, ocurrido en febrero de 2001.
El caso de su hija —identificado como ‘García Andrade y otras vs. México’— no solo es el segundo caso que llega al tribunal interamericano por hechos de feminicidio, es también el segundo caso de feminicidio ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, que llega a estas instancias ante la falta de justicia a través de la jurisdicción interna de México.
Durante poco más de una hora y cuarto, Norma habló de la revictimización que autoridades mexicanas han ejercido contra ella y su familia, y las irregularidades en la investigación del feminicidio de su hija.
Entre estas, destacó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) descartó una línea de investigación que identificaba a un familiar hombre de un exagente del Ministerio Público, Enrique Castañeda Ogaz, y, por otra parte, su intención por vincular a un presunto responsable —Manuel Navarro, sentenciando a más de 100 años de prisión por otros tres feminicidios— sin haber cotejado directamente su perfil genético con las muestra encontrada en el cuerpo de su hija.
“El hecho de que quieran descartar el match con el familiar de un servidor público, yo creo que eso es lo que más ha obstaculizado la investigación (…) y sí creo que el estado de Chihuahua esté tomando decisiones políticas para resolver los casos jurídicos de nuestras hijas”, señaló al ser cuestionada por el juez Ricardo Pérez Manrique.
Frente a la Corte, también describió los estragos que han generado las amenazas y los dos atentados contra su vida (en 2011 y 2012) por su activismo y búsqueda de justicia, mismos que la llevaron a ella y los hijos de Lilia Alejandra, Jade y Kaleb, a vivir con miedo, desplazados.
“Norma Andrade y su familia han cargado sobre sus espaldas el peso de un sistema que las ha agredido, las desplazó y las abandonó, pero nunca se rindieron. Esta audiencia no es solo un acto jurídico, es un acto de memoria y de resistencia, es la posibilidad de decir que las madres que luchan no están solas, que sus palabras tienen eco y que su dignidad no puede seguir siendo atropellada por un estado omiso”, indicó Michel Salas Ramírez, representante de las víctimas frente a la Corte.
Reconoce Estado solo responsabilidad parcial
La representación del Estado mexicano aceptó su responsabilidad parcial por la falta de prevención en la violación del derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, derecho a la niñez y derecho a la igualdad ante la ley de Lilia Alejandra, reconocidos en los artículos 4, 5, 7, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Artículo 1 y 7 de la Convención Belém do Pará.
A su vez, rechazó las violaciones de los Artículo 2, 8 y 25 de la Convención Americana, relativas a la adopción de disposiciones, garantías y protección judiciales, argumentando que el Estado ha atendido las alegaciones durante el trámite del caso, mediante la creación de programas e instituciones para prevenir y atender la violencia de género en México.
Sin embargo, el representante de las víctimas y el coordinador jurídico del Grupo de Acción, David Peña Rodríguez, enfatizó que el Estado mexicano no solo omite el reconocimiento de dichos artículos, sino que no especifica los hechos sobre los cuales sí reconoce su responsabilidad.
Señaló ante el tribunal que el reconocimiento parcial de la responsabilidad internacional es limitado porque niega su responsabilidad respecto de la tortura sexual sufrida por Lilia Alejandra y tampoco considera ninguna de las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de su familia directa: Norma Andrade (madre), José García (padre), José Kaleb y Jade (hijo e hija, respectivamente).
Durante la audiencia, la representación del Estado mexicano reconoció que en los 24 años que lleva abierto el caso, existieron deficiencias y falencias de infraestructura y capacidades en la investigación del feminicidio de Lilia Alejandra.
La defensa de la víctima enfatizó que, a diferencia de lo sostenido por la representación del Estado, esas deficiencias sí tuvieron un impacto negativo en el desarrollo de la investigación.
“Una muestra de ello es que 24 años después de los hechos, la desaparición, la tortura y el feminicidio de Lilia Alejandra sigue impune. Finalmente, la representación del Estado ha dicho que se continuarán con las investigaciones si la señora Norma Andrade ‘continúa impulsando la investigación’, lo que evidencia que la actividad procesal vuelve a recaer de nuevo a cuenta en la señora Norma Andrade”, indicó Peña Rodríguez.
CIDH señala omisiones de Estado Mexicano
La representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló ante la Corte IDH que, a pesar de los avances del Estado mexicano a raíz de la sentencia del ‘Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México’ en 2009, persiste la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.
Con respecto al caso de Lilia Alejandra, la coordinadora de la sección de casos de la CIDH, Cristina Blanco, señaló que no hubo una prevención de la violación sexual, la búsqueda inmediata por parte de las autoridades demuestra un sesgo discriminatorio contra las mujeres al subestimar denuncias sobre su desaparición y no se ha garantizado una diligencia reforzada.
Enfatizó que a la persona contra la que se libraron órdenes de aprehensión, Manuel Navarro, no se le ha confrontado de manera directa con el perfil genético hallado en el cuerpo de Alejandra. Además, se han desdeñado el análisis de otras muestras genéticas obtenidas en la escena del crimen.
Blanco consideró que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la protección a la familia por el sufrimiento causado por la desaparición, muerte e impunidad y los impactos de tales hechos en la vida de la familia.
Pilar Gutiérrez, también coordinadora de casos de la CIDH, enfatizó la necesidad de una reparación integral y recordó que en la sentencia ‘Campo Algodonero’ la Corte dictó medidas, no solo con efecto restitutivo, sino también correctivo.
La Comisión consideró fundamental que se garantice no solo la existencia, sino también la eficacia de las medidas para prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez.
“Esto implicaría, entre otros, armonizar los diversos protocolos de búsqueda con enfoque de género y niñez que existen actualmente, así como evaluar seriamente el acceso efectivo a la justicia para mujeres y niñas y asegurar la rendición de cuenta de funcionarios”, concluyó.
Finalmente, tras más de 5 horas de audiencia, la presidenta de la Corte, Nancy Hernández López, recordó a los representantes de las víctimas y el Estado que tienen hasta el 25 de abril de 2025 para presentar sus alegatos y observaciones finales escritas.
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