Comprender la divulgación científica como un derecho epistémico implica asumir que el acceso al conocimiento no es un lujo ni un gesto de buena voluntad, sino una obligación estructural de las instituciones públicas de educación superior. Significa reconocer que la circulación social del saber fortalece la vida democrática, enriquece la deliberación pública, combate la desinformación y contribuye a generar condiciones más justas para que todas las personas puedan interpretar su mundo
Por Salvador Salazar Gutiérrez
Hace unos días participé en un taller especializado en periodismo de la ciencia, un espacio especialmente enriquecedor que reunió a colegas de distintas disciplinas y permitió explorar estrategias para comunicar el conocimiento de manera más clara, rigurosa y socialmente útil. El encuentro nos invitó a pensar en este momento histórico, marcado por la desinformación, la rapidez con la que circulan contenidos sin sustento y los retos que implica la inteligencia artificial, fortalecer la divulgación científica es más que una buena práctica, sino una necesidad ética. Este llamado encuentra un marco teórico sólido en el trabajo de la filósofa británica Lani Watson, quien en su libro The Right to Know (2021) desarrolla una arquitectura conceptual sobre los derechos epistémicos como pilares de la vida democrática. En dicha obra, Watson profundiza en cuatro nociones fundamentales: el derecho a saber, el derecho a formular preguntas, el derecho a no ser desinformado y el derecho a condiciones epistémicas justas. Su argumento central es claro: para que las sociedades puedan tomar decisiones informadas, participar en la deliberación pública y orientar su vida cotidiana, es indispensable asegurar que las personas tengan acceso a información confiable, comprensible y disponible en formatos que respondan a sus necesidades. Esta visión encaja de manera precisa con la misión pública de las universidades.
Desde esta óptica, las universidades públicas no solo producen conocimiento especializado, también poseen una responsabilidad epistémica: garantizar que dicho conocimiento llegue a las comunidades para las cuales existe la institución. La investigación científica y humanística adquiere su mayor potencia cuando se convierte en un recurso social accesible, capaz de contribuir a la comprensión colectiva de los fenómenos que atraviesan una región. Por ello, la divulgación científica no debe entenderse como una actividad complementaria o secundaria, sino como un componente clave de la función social de las universidades.
Para Watson el derecho a saber va acompañado del derecho a formular preguntas. Preguntar es una práctica epistemológica central que permite a las personas orientarse en el mundo, cuestionar aquello que no comprenden y buscar explicaciones fundamentadas. Este derecho requiere entornos donde la curiosidad esté legitimada, donde la ciudadanía pueda acercarse a la universidad con la confianza de que sus preguntas serán escuchadas, atendidas y valoradas. La divulgación científica —que incluye charlas abiertas, materiales narrativos, cápsulas multimedia, proyectos colaborativos y periodismo especializado— fomenta precisamente estos espacios de diálogo.
En este sentido, una política institucional sólida de divulgación científica puede contribuir a que la universidad se convierta en una mediadora epistémica entre el saber especializado y la sociedad. Ello implica traducir el conocimiento en lenguajes accesibles, construir narrativas que conecten los hallazgos académicos con problemas reales, y generar dinámicas que permitan a diversos públicos reconocer la utilidad práctica de la investigación universitaria. Este puente entre academia y sociedad es fundamental, sobre todo en contextos donde circula información imprecisa, contradictoria o manipulada. Asimismo, la divulgación científica constituye un mecanismo para fortalecer la justicia epistémica, otra noción clave en el pensamiento de Watson. En muchos entornos sociales persisten desigualdades profundas respecto a quiénes tienen acceso al conocimiento, quiénes pueden apropiarse de él y quiénes son reconocidos como productores o portadores legítimos de saberes. Una estrategia de divulgación bien articulada puede ayudar a reducir estas brechas al promover prácticas de participación, reconocer saberes diversos y abrir espacios donde las comunidades dialoguen con la universidad en condiciones de mayor equidad. De este modo, la divulgación no solo informa; también democratiza.
Por otro lado, fortalecer el periodismo y la narrativa de la ciencia dentro de la universidad resulta crucial en un ecosistema mediático saturado de información y marcado por fenómenos de desinformación. La divulgación científica, entendida como una práctica ética, ofrece información verificada y contextualizada que contribuye a la comprensión pública de temas de impacto directo en la vida cotidiana: salud, seguridad, medio ambiente, educación, movilidad, tecnología, transformaciones urbanas, entre muchos otros. Esto no solo como aporte académico, sobre todo como una forma de responsabilidad pública. Al respecto, secciones como La Verdad Académica del portal La Verdad Juárez, es una iniciativa de gran relevancia.
Además, promover una política institucional de divulgación científica tiene beneficios significativos para las propias universidades públicas. Una comunicación clara de los avances y aportes de la investigación ayuda a fortalecer la confianza social en la institución, visibiliza su impacto y reafirma su compromiso con las necesidades del territorio. En un contexto donde las universidades enfrentan desafíos de legitimidad y exigencias de transparencia, la divulgación científica funciona como una herramienta estratégica para mostrar cómo el conocimiento que se produce contribuye al bienestar colectivo y al desarrollo social. Importante reconocer la importancia de formar equipos especializados dentro de las instituciones universitarias: comunicadoras y comunicadores de la ciencia, diseñadores narrativos, periodistas con visión crítica, divulgadores con perspectiva interdisciplinaria y profesionales capaces de traducir lenguajes académicos en narrativas accesibles. Estas figuras son indispensables para sostener proyectos de divulgación que combinen rigor, claridad y sensibilidad social.
Por otro lado, fortalecer institucionalmente la divulgación científica implica, además, imaginar formatos innovadores de comunicación: plataformas digitales abiertas, series documentales, podcasts, talleres híbridos, narrativas transmedia, actividades de extensión en escuelas, colaboraciones con organizaciones comunitarias y proyectos donde las audiencias sean participantes activas, no solo receptoras de información. Estas herramientas permiten que la universidad dialogue con públicos diversos, incluyendo aquellos históricamente alejados del ámbito académico. Valdría la pena que la UACJ fortalezca por instituto, un departamento de divulgación científica a partir de este tipo de recursos.
En suma, comprender la divulgación científica como un derecho epistémico implica asumir que el acceso al conocimiento no es un lujo ni un gesto de buena voluntad, sino una obligación estructural de las instituciones públicas de educación superior. Significa reconocer que la circulación social del saber fortalece la vida democrática, enriquece la deliberación pública, combate la desinformación y contribuye a generar condiciones más justas para que todas las personas puedan interpretar su mundo. Creo que en este sentido, la UACJ va en buen camino para fortalecer una universidad abierta, accesible y profundamente comprometida con la comunidad. Defender a una universidad que acompañe, que escuche, que comparta y que haga del conocimiento un bien común a una universidad que coloque el derecho a saber en el centro de su quehacer público, que reconozca que fortalecer la divulgación científica es fortalecer su propia misión social.
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Salvador Salazar Gutiérrez es académico-investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Ha escrito varios libros en relación a jóvenes, violencias y frontera. Profesor invitado en universidades de Argentina, España y Brasil. En el 2017 fue perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinoza y Otros vs México.
