Hombres que luchan por tener convivencia con sus vástagos narran su viacrucis en los tribunales sin alcanzar siquiera la convivencia plena; acusan discriminación de género
Martín Orquiz
La Verdad/Especial para El Diario
Wilfredo Camacho, Ricardo Cano Martín, Alejandro Cruz y Omar Talamantes Quintana son cuatro padres de familia que además de su género tienen en común que los cuatro sostienen una lucha legal para mantener contacto con sus hijos.
A pesar de los años que han pasado en los tribunales para alcanzar la guardia y custodia de sus hijos, ya sea total o compartida, no lo han logrado. Enfrentan una serie de obstáculos culturales que han hecho arduo su proceso, aunque para ellos eso se resume en discriminación y maltrato por parte de las autoridades por el hecho de ser hombres.
La cuestión de género nos convierte en enemigos, dice Wilfredo, quien lleva casi cinco años en el litigio familiar para obtener la guardia y custodia de su hijo, a quien no pudo ver en tres años.
Ahora mismo está impedido legalmente para convivir con él, aunque la juez que lleva su caso considera que es apto para visitarlo, el personal del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) –organismo que depende del Tribunal Superior de Justicia en el Estado– tiene frenada la aprobación para que reanude los encuentros supervisados.
“Sufrí una historia de violencia, pero yo no fui el agresor, yo no fui violento, entonces una sicóloga del centro determinó que yo no acepto mi violencia y consideran que soy un riesgo para mi hijo”, platica.
Sus batallas se presentan pese a que, en noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la custodia de los hijos no será en automático para las mamás.
Alejandro Anguiano, director del Instituto de Estudios Sociológicos y Socioeconómicos del Tribunal Superior de Justicia, tiene otra perspectiva de la situación que atraviesa tanto Camacho como otros padres de familia que están en condiciones similares.
“Los hombres no estamos socializados para estar en una posición de desventaja, entonces los procesos judiciales nos llevan a entrar en conflicto con la institución porque no se les permite seguir teniendo el control”, declara.
Añade que esa circunstancia les genera frustración, un estado emocional intenso y luego violencia.
“Tenemos hombres emocionalmente frustrados, con un malestar, lo que sigue es el acto de violentar, si no tiene a su pareja utiliza lo que tiene al alcance y ahí puede generarse la manipulación de los hijos y las hijas como parte de la violencia”, explica.
Informa que en la actualidad el Cecofam atiende a 388 infantes, adolescentes y adultos cada semana, lo que dimensiona la cantidad de conflictos familiares que están en trámite.
Desde que fue inaugurado, en enero del 2018, y hasta ahora se registró la asistencia de poco más de cuatro mil personas.
Para los hombres, añade, es difícil moverse de lugar, siempre hablan desde su postura, desde la autocomplacencia, como si fueran el centro de las cosas, hasta que tienen la posibilidad de replantarse su manera de relacionarse e impactan estas dinámicas tradicionales.
Los litigios entre padres no son pocos. Cada año, da a conocer el juez en Materia Familiar, Alberto Domingo Maldonado Martínez, los nueve juzgados familiares por audiencias que existen en el Distrito Bravos radican entre mil 200 y mil 400 expedientes por diferentes causas.
El número de casos familiares ante la autoridad, dice el juzgador, crece al correr el tiempo porque la administración de justicia crece en la misma proporción que el índice demográfico.
Agrega que la cifra de denuncias promovidas ante los juzgados por hombres o mujeres son, en proporción, equivalentes, un 50 y 50 por ciento; sin embargo, los llevados por el sector masculino tienen peculiaridades de género.
“Aclaración: de ese 50 por ciento de los hombres que promueven cualquier situación en materia familiar, aproximadamente un 90 o 95 por ciento lo hacen como una forma de seguir sometiendo, controlando y ejerciendo violencia en contra de la mujer”, indica.
El otro 10 o cinco por ciento, añade, son las nuevas masculinidades positivas, donde ya hay una actitud diferente.
‘Separados de sus hijos por asuntos judiciales’
Ricardo Cano Martín es abogado y teniente retirado del Ejército Mexicano, en 2018 comenzó una lucha para ver a su hija, luego que por dos años, tras su divorcio, no pudo hacerlo. Su mujer simplemente se negó a que conviviera con la pequeña, asegura.
Cuando logró un acuerdo para verla dos días a la semana bajo supervisión, la menor no lo reconocía, pero poco a poco comenzó a restablecer su relación.
Al paso de las semanas surgió un nuevo conflicto cuando Cano Martín le comentó a su exmujer situaciones que le parecieron nocivas para su hija, que ahora tiene cinco años.
A partir de entonces “se desató una guerra” en su contra y su expareja lo acusó de agredirla ante un juez, a pesar de que él, dice, opta por evitar cualquier contacto.
La autoridad intervino y autorizó la convivencia con su hija a través del Cecofam, pero hasta ahí llegaron las acusaciones de violencia y le creyeron a ella, lo que considera injusto porque no realizan indagación alguna.
El pasado 10 de marzo, Cano Martín entregó la constancia de alta que le dio un sicólogo adscrito al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) donde se establece que no existen indicios de problemas emocionales.
Todo este proceso, afirma, ha sido desgastante: “ser hombre en estas fechas nos victimiza a un grado muy elevado… por el simple hecho de ser hombres nos están discriminando, es una cosa muy marcada, nos hacen ver como los malos de la película cuando en realidad somos víctimas”.
Argumenta que una evidencia de su dicho es la terapia a la que se sometió en la Fiscalía General del Estado (FGE) durante todo un año, mientras que su exmujer fue sometida solo a tres sesiones.
Hasta ahora, en su proceso solo se celebró la audiencia preliminar, está pendiente la intermedia porque el juez solicitó estudios sicológicos y socioeconómicos para ambas partes.
A casi un año y medio de que comenzó el litigio, el abogado cree que deberá llevar su caso hasta la tercera instancia para obtener la guardia y custodia total de su hija.
Wilfredo Camacho, otro padre de familia en litigio, estuvo impedido para ver por tres años a su hijo, quien ahora tiene cinco de edad. Ese lapso abarcó de octubre del 2016 hasta marzo del 2019.
“Me estoy volviendo especialista en la materia familiar, son varios los hombres que se me acercan por ayuda”, comenta el padre, quien en la actualidad busca que se reanude la convivencia supervisada, aunque en el proceso busca la custodia y guardia del menor, sin importar si es total o compartida porque lo que busca es estar presente en su vida.
Al principio del 2019 consiguió por fin las convivencias supervisadas, pero ahora están suspendidas debido a que llamó la atención acerca del hecho de que el niño presentaba golpes en el rostro y le dijo que “Beto”, la actual pareja de su madre, fue quien le pegó.
La mujer declaró que las heridas fueron provocadas en una caída y le creyeron. “Ahí sentí discriminación, se nos trata de manera despectiva, se refieren a nosotros con números, no con nombres, si cuestionamos algo nos acusan de conducta machista”, dice.
Considera que su proceso ahora va más lento debido a que el Cecofam, lejos de ser un centro de atención apropiada para los usuarios, su personal obstaculiza el libre esparcimiento de los menores y el desarrollo del vínculo entre hijos y padres.
El último día que Wilfredo vio a su hijo fue el 12 de enero pasado, ahora está peleando por reencontrarse de nuevo con el menor.
En la misma situación se encuentra Omar Talamantes Quintana, un sicólogo que solo ha visto a su hija, de siete años, de forma intermitente debido a los períodos del trámite de renovación de las convivencias, que duran hasta dos meses.
Cuando está en tiempo de convivir, su exmujer no lleva a la niña a las citas sin que haya alguna consecuencia, mientras que a él lo increpan aun cuando justifica sus inasistencias, originadas por cuestiones profesionales.
En dos ocasiones, cuenta, la madre de su hija ha solicitado la suspensión de las convivencias supervisadas.
Desde su perspectiva de sicólogo, considera que el servicio del Cecofam carece de calidad: “la mayoría de las personas que nos atienden carecen de la experiencia necesaria y las herramientas profesionales para llevar a cabo su labor”.
Alejandro Cruz, otro de los quejosos, solicitó al centro un espacio para convivir con sus dos hijos, de siete y 12 años, pero se lo negaron por casi seis meses.
Su expareja lo demandó por pensión alimenticia, así que a él le prohíben la convivencia hasta que se realicen las valoraciones sicológicas y socioeconómicas para cumplir el trámite.
Hasta la fecha solo ha tenido dos sesiones con sus hijos, pero el proceso ha sido tardado. Antes de ese par de ocasiones duró dos años sin tener contacto con los menores.
“Este tipo de violencia, aunque va dirigida al hombre, repercute más en los niños”, afirma.
Ser hombre no debe ser obstáculo
El juez Maldonado Martínez explica que la situación que se vive tiene ciertos rasgos históricos y se tiene que tocar la cuestión de género y cómo toda esa desigualdad contra la mujer se ha volcado en contra de los hombres, incluso en aquellos que no son agresores, buenos padres y que cuidan a los hijos.
“Hay naturalezas humanas en las que precisamente las mayorías, por cuestiones históricas, sufren una consecuencia, por eso la ley se encuentra ahora en un estado en el que catapulta a la mujer a una situación de igualdad”, añade
Menciona que en nuestra sociedad se ha creado todo por y para el hombre, pero viene esta figura inversa en la que el varón quiere ejercer una paternidad responsable y tiene herramientas para hacerlo, como una educación mediana que le permite darle lo mejor a sus hijos desde el punto de vista económico, que no significa darles lujos, y sociológico.
La figura de estos hombres, continúa, son masculinidades positivas y ejemplo para que se pueda decir que esta es la manera en la que un hombre debe conducirse para estar en un plano de igualdad.
El juez da a conocer que, en lo referente a quien se queda con los hijos, la Suprema Corte de la Nación ya se pronunció al respecto: “el simple hecho de ser mujer no es razón suficiente para tener la guardia y custodia de los menores, pero tampoco el simple hecho de ser hombre es suficiente para negárselas”.
Acerca de los procesos, explica que en materia del sistema por audiencias está pactado en plazos, con un máximo seis meses, pero las cargas de trabajo hacen que este término se exceda.
En materia tradicional, a través del Centro Auxiliar, le ha tocado resolver asuntos que tenían hasta 10 años, que se finalizan con avenimientos, explicándole a las partes, siempre y cuando no haya algún indicador de violencia, que ellas deben encontrar la solución a su conflicto y no alguien que no las conoce ni sabe las circunstancias de su vida y que se apega al expediente para decirles qué hacer.
“La mayoría de las veces esa estrategia funciona”, dice.
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