Una suma de omisiones y negligencias de parte de la Fiscalía General y del gobierno de Veracruz han dejado un rastro doloroso: Más 2 mil cuerpos y 30 mil restos sin rostro ni nombre y una profunda crisis forense. La numeralia es devastadora, y tiene múltiples causas: Aumento del crimen del narco en el territorio, gastos arbitrarios, desvíos de recursos y un desorden evidente en los protocolos de identificación de cuerpos.
Por Flavia Morales / Eirinet Gómez
AVC Noticias / Connectas
Un olor putrefacto espesa el aire del panteón Jardín en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Seis hombres cargan un féretro, tratando de abrirse paso entre el angosto sendero que llega a una de las tumbas de los 31 muertos que dejó como saldo el ataque al Bar Caballo Blanco.
La sangre que escurre del cajón y resbala por las camisas de quienes cargan los restos, empeora los olores bajo una temperatura que alcanza los 30 grados.
Es agosto de 2019, han pasado 48 horas desde que integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación prendieron fuego al bar por el control de venta de droga. La cantidad de personas fallecidas simultáneamente, colapsó el ya precario Servicio Médico Forense (Semefo) de la ciudad, un cuarto de cuatro por seis metros, sin aire acondicionado ni cámaras de refrigeración, y con techo de lámina.
Los cuerpos tuvieron que ser llevados a 20 kilómetros de donde ocurrieron los hechos, al Semefo de Cosoleacaque, que data de los años 90 y solo tiene capacidad para seis cadáveres. No hubo posibilidad de preparar los cuerpos para su entierro, fueron entregados a las familias a punto de la descomposición.
La masacre puso en evidencia la precaria situación del servicio forense. Una condición, que se repite en el resto de los servicios forenses de Veracruz, dependientes de la Fiscalía General del Estado.
Esta investigación, realizada por la Agencia Veracruzana de Comunicación y Noticias (AVC Noticias), en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS, revela que en los últimos nueve años, se presupuestaron 30 millones de dólares para Servicios Periciales, pero la mayoría fue gastado de forma discrecional.
De este dinero, los registros oficiales sólo tienen evidencia de una inversión de 8.9 millones de dólares en equipo tecnológico, apenas el 20 por ciento. Recurso que fue gastado de forma arbitraria por cuatro fiscales, entre 2010 y 2018, en compras a sobreprecio, licitaciones simuladas, y adjudicaciones directas sin justificación.
Lo presupuestado exclusivamente para Veracruz en un periodo de 9 años, es superior a lo que ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, anunció para abatir la crisis forense del país. 21.5 millones de dólares, para crear cinco institutos regionales forenses, que atiendan el rezago de 12 estados del país, y cinco cementerios forenses para cadáveres no identificados.
Un centenar de respuestas a solicitudes de información elaboradas sostienen que al desvío de recursos para los servicios forenses, se sumaron otras anomalías: la violación de por lo menos nueve circulares, protocolos de identificación y búsqueda de desaparecidos que generaron un desorden en fosas comunes, y la simulación en la integración de una base de datos genéticas.
Lo que ha dejado un rastro doloroso para las familias de desaparecidos en Veracruz: Más de 2 mil cuerpos y 30 mil restos y fragmentos óseos sin rostros ni nombre, rezagados en forenses, enviados a fosas comunes sin protocolos obligatorios para identificarlos, y enterrados en fosas clandestinas, según registros oficiales.
La numeralia es devastadora, y tiene múltiples causas, que se explican analizando a los tres últimos gobiernos.
Desde 2010, en plena guerra contra el narcotráfico, y hasta 2019, Veracruz ha registrado más de ocho mil muertes violentas según el Sistema Nacional de Seguridad, más de 3 mil 600 desaparecidos ( hasta 2016) , y el brote de más de 400 fosas clandestinas, lo que rebasó los servicios forenses existentes.
Ante la situación llegó ayuda en 2013, cuando la Cruz Roja Internacional donó un sistema de base de datos basados en cuestionarios Ante Mortem (AM) -personas desaparecidas- Post Mortem (PM) – registros forenses de restos humanos no identificados-, como parte del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Pero la base de datos que donó la Cruz Roja se empleó hasta 2015 y con registros incompletos, lo que hace hasta ahora imposible su utilización para hacer cruces de datos e identificaciones positivas.
La iniciativa Mérida, un tratado de colaboración entre Estados Unidos y México para abatir la inseguridad, también aportó recursos para que Veracruz certificara su sistema forense.
Pero en Veracruz mientras la violencia crecía, los servicios forenses eran desmantelados.
FORENSES ABANDONADOS Y DESMANTELADOS
La emergencia forense que derivó del ataque al bar Caballo Blanco, pudo haberse evitado. Seis años antes, la Fiscalía General del Estado programó más de 500 mil dólares para el proyecto ejecutivo de construcción de un servicio forense en la ciudad, que nunca se construyó, porque la Secretaría de Finanzas no entregó el recurso federal a la Fiscalía.
Un recorrido previo a la remodelación del servicio forense de Coatzacoalcos – que concluyó en enero de este año-, permitió constatar las instalaciones insalubres del lugar: sobre una plancha se observó un cadáver, tapado con una camiseta; en otra mesa un cuerpo cubierto con una bolsa de plástico; y más allá, una mesa de madera con una caja de cervezas, e instrumental regado en el piso.
La remodelación, que debía ser para dignificar el trabajo forense en el sitio, dio lugar a un nuevo episodio de negligencia. Sin ningún protocolo, los trabajadores de la obra sacaron a la intemperie restos humanos resguardados en el sitio, y los incineraron.
Ante el hecho, las familias de desaparecidos protestaron, detuvieron los trabajos de remodelación e iniciaron la búsqueda de los restos calcinados. Más de 100 fragmentos óseos fueron rescatados de las cenizas.
El Director de Servicios Periciales, Héctor Ronzón, se excusó de responsabilidad al mencionar que los 22 restos de personas resguardados ahí desde el 2015, habían sido trasladado al Semefo de Las Choapas – uno todavía más pequeño-, dos días antes de empezar la obra.
En un recorrido realizado para esta investigación, se constató que en la región sur donde se ubican los municipios más violentos de la entidad: Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Isla y Acayucan, los servicios forenses son casi inoperantes.
El servicio forense en Acayucan está abandonado desde hace varios años. El lugar ubicado junto al panteón, está rodeado de maleza y basura. Los delincuentes le han quitado las ventanas y puertas, y en el interior se pueden ver dos planchas ya inservibles. La Fiscalía General lo cuenta entre sus servicios forenses activos: entre 2018 y 2019, afirma haber recibido y hecho 127 necropsias en ese sitio.
El caso de Isla repite el esquema. En 2017 una falla en el transformador lo dejó sin luz, desde entonces las cámaras frigoríficas no funcionan. Los peritos que van ahí algunas veces al mes, realizan la revisión de cuerpos por la mañana, antes que el sol suba la temperatura y los olores se tornen insoportables. La Fiscalía General afirma que en estas instalaciones recibió 21 cuerpos en 2019.
Una situación similar es la del semefo de Veracruz que tuvo su primera crisis forense en 2011 al inicio de la guerra por el territorio veracruzano entre el cartel de Los Zetas y Jalisco Nueva Generación.
En septiembre de ese año, el servicio forense de Boca del Río, construido en los años setenta, y acondicionado con siete planchas y un refrigerador con capacidad para cuatro cuerpos, recibió 140 cadáveres en sólo dos semanas.
En esa ocasión, los cuerpos fueron llevado al forense que depende de la Universidad Veracruzana y está ubicado en el corazón de un campus de estudio, frente a una escuela primaria y a unos metros de una plaza comercial. El servicio forense no resistió este capítulo de violencia y colapsó.
En 2015, la inhumación de 38 cuerpos de una fosa en el rancho Los Almendros en Alvarado, y en 2017 el descubrimiento de 48 fosas con 190 cuerpos en la localidad de Arbolillo en Alvarado, volvieron a generar una crisis en el lugar.
En los últimos años, ese pequeño forense ubicado a 12 minutos de la playa, ha recibido 3 mil 170 cadáveres, de los cuales 417 no lograron ser identificados. . En varias ocasiones las autoridades sanitarias han intervenido ante los olores putrefactos que generan restos apilados en el patio del lugar.
Mientras tanto a unos kilómetros de ahí, a las afuera de la ciudad junto a la Fiscalía de la región, la promesa de un nuevo semefo para la zona metropolitana de Veracruz- Boca del Río, es un cajón de block que se deteriora por el salitre y el paso del tiempo. La obra quedó abandonada con un avance del 47 por ciento.
El edificio es ejemplo de la corrupción. En 2012 y 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), le hizo una serie de observaciones: La obra estaba construida sobre un terreno inundable, no cumplia con la normatividad sanitaria, aunque se ordenó determinar responsabilidades en contra de la empresa constructora, Mirca SA de CV, el caso no avanzó.
Un informe del 2017 de la Cruz Roja Internacional (CICR), señaló la falta de control de la Fiscalía sobre los Servicios Forenses.
Los registros oficiales evidencian el caos. En un documento fechado en mayo del 2019 , la fiscalía dijo que había 348 cuerpos no identificados en servicios forenses; en septiembre se informó que eran 478, y para octubre, dijo que tenía en resguardo 979 cadáveres no reclamados. En la comparecencia de la Fiscal encargada de despacho, Verónica Hernández, en enero de este año, la cifra fue de 1044 cadáveres no identificados.
Aunque el protocolo para el tratamiento de la identificación forense ordena inhumar los cadáveres dentro de un término de veinte días, la información revela que los semefos resguardan cadáveres de hace años.
Ana Lilia Jiménez Sandoval quien lleva ocho años buscando a su hijo Yael, desaparecido desde septiembre de 2012 es ejemplo del caos y la desconfianza en los servicios forenses de Veracruz.
En octubre de ese año, sus alertas se prendieron cuando vio la fotografía de cinco jóvenes abatidos en un enfrentamiento con la Marina, y reconoció a su hijo entre ellos.
Desde Orizaba, de donde es originaria, viajó hasta el Servicio Forense de Cosamaloapan, a 163 kilómetros de distancia, para reclamar su cuerpo, pero las autoridades la recibieron con la noticia de que ya lo habían entregado a otra familia.
Ana Lilia intentó seguir el rastro de ese cuerpo que podría ser el de su hijo, pero se topó con irregularidades que se lo han impedido. La carpeta de investigación del caso estaba vacía, no había fotos de los jóvenes ni de los hechos, el cuerpo fue entregado sin una prueba genética que confirmara la identidad. Lleva 8 años exigiendo la exhumación del cuerpo, para corroborar la identidad.
FALTAN PERITOS Y CERTIFICACIONES EN LOS SERVICIOS PERICIALES:
El registro sobre el mal uso de los recursos en Servicios Periciales, inició en 2010, el primer año de gobierno de Javier Duarte, con Reynaldo Escobar Pérez a cargo de la Procuraduría General del Estado, cuando se detectaron compras a sobreprecio y adjudicaciones directas sin control.
En 2012 el Consejo Nacional de Seguridad creó dos programas de prioridad nacional para los que envió recursos : el de genética y el de apoyos a los servicios forenses. Pero los desvíos continuaron entre 2015 y 2016, con los funcionario Amadeo Flores y Luis Ángel Bravo – cuando no se construyó un almacén de evidencias, ni dos servicios forenses en Veracruz y Coatzacoalcos. Entre 2017 y 2018, con el cambio de gobierno, del PRI al PAN, y la llegada de Jorge Winckler a la Fiscalía General, tampoco se lograron avances.
Las fallas en los Servicios Médicos Forenses se detectaron en 2014, de la federación se hicieron dos diagnósticos: uno de infraestructura y operatividad de los servicios forenses, y otro diagnóstico de infraestructura de los servicios periciales en el país. Ambos documentos consultados para esta investigación, revelaron graves fallas: falta de infraestructura, de personal capacitado, inversión nula. Pero las alertas otra vez fueron ignoradas por la Fiscalía de Veracruz.
En ese diagnóstico, se advierte que los servicios periciales carecían del 40 por ciento del instrumental básico de las 19 de las especialidades en Servicios Periciales.
De la plantilla de 300 peritos de la Fiscalía General, casi el 60 % son criminalistas o forenses. Aunque los protocolos obligan a por lo menos 4 expertos para análisis de cada cuerpo: un criminalista, antropólogo, odontólogo y un médico. Esto es imposible en Veracruz, donde faltan antropólogos físicos, arqueólogos, expertos odontólogos forenses, entre otras disciplinas.
A la falta de equipamiento y de peritos capacitados, se suma la saturación de cuerpos por muertes violentas ingresados a los Servicios Forenses. En 2014 se recibieron 2,870 cuerpos, y cuatro años después en 2018, la cifra aumentó a 4,690 cuerpos.
Peritos entrevistados para esta investigación revelaron que la saturación de trabajo y la falta de equipamiento y expertos, hacen que la identificación de personas desaparecidas no sea una prioridad y solo se atiendan los casos mediáticos.
Un ejemplo de mal trabajo realizado por peritos forenses es la fosa de Arbolillo en Alvarado en la cual se hallaron 190 cuerpos y fue cerrada por la fiscalía. Familiares de desaparecidos decidieron hacer una segunda revisión al terreno en febrero de este año, y hallaron más de 2 mil restos abandonados por la Fiscalía General del Estado.
De igual forma, el informe de 2017 de la Cruz Roja Internacional (CICR), señaló que algunos forenses no cuentan con un equipo de identificación humana de carácter multidisciplinario, como definen los protocolos nacionales, y detectó que hay un porcentaje de personal técnico operativo sin el perfil adecuado.
Aunque Veracruz obtuvo a través del programa de cooperación internacional iniciativa Mérida la acreditación internacional bajo la norma ISO 17025 a los laboratorios de genética, química, balística y dactiloscopia, información obtenida vía Transparencia indican que al 2019, ninguno de los laboratorios de la fiscalía cuenta con una certificación.
El informe de la CICR alerta que falta de certificación y acreditación de los laboratorios de servicios periciales, impiden una vigilancia de los procesos y del almacenaje adecuado de cuerpos.
EL LABERINTO DE LAS FOSAS EN VERACRUZ
Carlos Saldaña busca a sus hijos Karla y Jesús Alberto, desaparecidos desde noviembre del 2011. Las pistas recabadas lo llevaron hasta la fosa común de El Chico en Emiliano Zapata. Un sitio entre matorrales, donde se erigen cinco cruces en fila.
Documentos de la Fiscalía indican que entre 2011 y 2014, fueron inhumados ocho cuerpos. Pero la información se confronta con la obtenida por Carlos Saldaña, a quien la misma Fiscalía estatal le confirmó 19 cuerpos, y la Fiscalía General de la República (FGR), contradijo esta información, al informarle que en total hay 29 cuerpos.
Carlos sospecha que en esa fosa pueden estar sus hijos, por lo que indagó en 13 carpetas de investigación relacionadas con los cuerpos que yacen en el lugar. Pero al revisarlas descubrió que estaban incompletas, pues no tenían fotografías, solo dos de los 13 cuerpos tenían pruebas de ADN, y la información de los detalles de los hallazgos era inexistente.
Esto a pesar de que entre 2011 y 2017, la Fiscalía de Veracruz firmó al menos nueve acuerdos y protocolos de actuación en el tema de desaparecidos.
En 2011, la Fiscalía se comprometió a crear un Registro único de Personas desaparecidas que obligaba a conformar un archivo de identificación con datos claves de personas desaparecidas y sus familias, entre ellos las pruebas genéticas y cruzarlo con los registros de cadáveres no identificados en resguardo de los Servicios forenses.
Al año siguiente, la Fiscalía ordenó que cada 50 días en al menos tres ocasiones , la Dirección de Periciales debía revisar sus registros para cruzarlos con el de personas desaparecidas.
Pero nada de esto se cumplió por parte de fiscales, el Registro no existió.
Entre 2010 y 2018, la Fiscalía envió al menos mil cuerpos a fosas comunes en cementerios municipales a lo largo del estado. El 80% sin una prueba de identidad, según informó la Fiscalía General del Estado a través de diversas solicitudes de transparencia.
Cuando se pregunta por las pruebas genéticas a esos cuerpos, las fiscalías regionales responden que tienen hasta nueve años esperando resultados desde las oficinas centrales de la Dirección de Servicios Periciales, o que la prueba no consta en la carpeta de investigación.
El tratamiento para cadáveres no identificados y las fosas comunes, también estaba reglamentado desde 2011 a través de la diligencia de exhumación de no identificados y en 2014 con el protocolo para el tratamiento de identificación forense.
FOSAS COMUNES SE HICIERON CLANDESTINAS
Aracely Salcedo, quien busca a su hija Fernanda Rubí, desaparecida desde septiembre del 2012, coincide con Carlos Saldaña, afirmar que las fosas comunes se convirtieron en clandestinas y fue ahí que se inhumaron cuerpos de personas desaparecidas, sin seguir los protocolos obligatorios: “Se usaron para ocultar la escalada de violencia”.
La fosas comunes recorridas demuestran el caos existente en los panteones municipales: Son lotes baldíos, con la hierba crecida, sin cruces, placas o señalética alguna que indique que ahí se hallan cuerpos.
En el Puerto de Veracruz, la fosa es un terraplén de arena al final del cementerio. En el Panteón Jardín en Coatzacoalcos, la fosa se encuentra entre maleza y basura, unos tubos de PVC que se asoman entre los matorrales, fungen como indicadores de los entierros. Las escenas se repiten en otros panteones.
Al desorden se suma la complicidad de ayuntamientos, quienes permitieron el crecimiento desordenado de fosas comunes, sin reglamentos ni normativa en el número de cuerpos inhumados en sus terrenos.
Solicitudes de información realizadas a los 212 ayuntamientos de Veracruz, evidenciaron el desorden. Por ejemplo, mientras el ayuntamiento de Cosoleacaque informa que tiene tres cuerpos inhumados por la Fiscalía en la fosa común de su panteón municipal; la Fiscalía reporta la inhumación de 43 cuerpos .
Aracely Salcedo, tiene presente que, en un inicio, la exigencia era abrir las fosas comunes de los panteones para localizar a sus hijos, pero se enfrentaron a la carencia de condiciones para el resguardo de los cuerpos y a la incapacidad en infraestructura de los servicios que no alcanzarían para hacer las identificaciones. Entonces, decidieron buscar otras estrategias.
Mientras la Fiscalía informa que para cada cuerpo o resto existe un proceso de identificación, así como un archivo básico forense, un informe de la CICR la desmiente: de los 910 restos humanos enviados a una fosa común o resguardados entre 2014 y 2017, solo 187 expedientes tenían la información completa como cadáveres no identificados.
GEMMA MAVIL OCHO AÑOS EXTRAVIADA POR LA AUTORIDAD
Otro caso que ejemplifica las anomalías de las fosas comunes, es el de Gemma Mavil Hernández, secuestrada en mayo de 2011, y cuyos restos tienen al menos ocho años extraviados entre servicios periciales y fosas comunes.
A unos meses de su desaparición, su cuerpo fue hallado junto a otros ejecutados, pero lo que debía ser una pronta identificación para sus familiares, se convirtió en un largo calvario.
Los restos de Gemma Mavil no fueron sometidos a ninguna prueba pericial y fueron enviados a una fosa común ubicada en el panteón Palo Verde de Xalapa. Cinco años después de la desaparición, la Fiscalía del Estado le notificó a su padre, Pedro Mavil, el hallazgo.
Lo que sería una diligencia de rutina para localizar su cuerpo, y hacer la exhumación correspondiente, destapó el desorden que impera en las fosas comunes de la fiscalía: en tres exhumaciones hechas en diferentes fosas, no se halló el cuerpo de Gemma, y se descubrió que espacios de las fosas comunes habían sido vendidas a particulares.
Entre 2005 y 2013, en el panteón Palo Verde se inhumaron 111 cuerpos. El entonces fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, prometió que las anomalías en la inhumación de Gemma Mávil serían investigadas, pero Fiscalía del Estado dijo que no contaba con registros documentales de que el peritaje prometido se haya realizado.
En 2016, la negligencia y complicidad de la Dirección General de Servicios Periciales quedó expuesta con el caso de la Barranca La Aurora, donde altos funcionarios ocultaron y alteraron el hallazgo de 13 de 19 cuerpos.
El entonces director de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza y Rosario Zamora, directora de investigaciones ministeriales, así como Carlota Zamudio, delegada regional de la policía, reportaron solo 6 cuerpos de los 19 hallados, y simularon la localización de un cuerpo más, el de David Lara Cruz, policía estatal.
Los tres funcionarios fueron encarcelados por el delito de desaparición forzada. El entonces ex fiscal, Luis Ángel Bravo fue aprehendido también, por entorpecer la investigación. Aunque se les impuso una medida cautelar de prisión por un año, actualmente todos están en libertad tras ganar un amparo federal.
CUERPOS EN FOSAS CLANDESTINAS IMPOSIBLE DE IDENTIFICAR
En un radio de poco más de 100 kilómetros, sobre la carretera costera de Veracruz, la delincuencia organizada cavó en el paisaje, zonas de terror. En medio del operativo Veracruz Seguro, que desplegó fuerzas militares y navales con más de 800 elementos, entre 2010 y 2017, los delincuentes abrieron en tres puntos ( Arbolillo, Santa Fe y La Guapota) 244 fosas y enterraron más de 480 cuerpos y 30 mil fragmentos óseos.
En los años siguientes, a estas fosas se sumarían otras más a lo largo del estado, como las localizadas en Rancho Sota de Oro, en Acayucan (febrero, 2012); Playa Dulce, en Lerdo de Tejada (junio, 2012); Rancho El Diamante, en Tres Valles (junio, 2014); y Rancho El Renacimiento, en San Julián, Veracruz(septiembre, 2016).
Uno de estos predios, La Guapota, donde se descubrieron en abril de 2019, 72 entierros clandestinos a unos kilómetros de la zona turística de Úrsulo Galván- al centro de Veracruz a 66 kilómetros de la megafosa en Santa Fe-, enfrentó nuevamente a las familias con la realidad: la identificación de cuerpos está lejos de alcanzarse.
María Elena Gutiérrez, quien busca a su sobrino Rafael Espinoza Gutiérrez, desaparecido en agosto del 2013, narra que, aunque por primera vez en la historia contaron con una intervención de expertos para la exhumación de los restos, la identificación sería complicada.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, y el Equipo Mexicano de Antropología Forense, diseñaron el primer plan de intervención de las fosas para lograr una identificación correcta.
Los entierros en un predio de 14 hectáreas podrían estar vinculados a desapariciones en cuatro municipios cercanos. El plan era confrontar los archivos básicos y cuestionarios AM – de personas desaparecidas- , con un primer universo de 525 denuncias de personas desaparecidas.
Pero la primera falla con la que se toparon es que los archivos están incompletos, son imposibles de comparar.
María Elena cuenta que la primera vez que a ella le tomaron el cuestionario AM , – que conlleva una docena de preguntas básicas sobre la persona desaparecida-, la directora de la policía ministerial de ese entonces, Rosario Zamora, le tomó sus datos en una hoja en blanco.
Ante la baja calidad de los datos, el CICR está proponiendo ir casa por casa y realizar nuevamente los cuestionarios AM y revisar los PM en la base de datos, lo que significa para las familias someterlos a un nuevo estrés al recordar su caso y retarda las pruebas para dar con identificaciones positivas.
LAS PROMESAS DE IDENTIFICACION
La promesa de dar identidad a los desaparecidos en Veracruz envejece desde hace ocho años. En 2011, se informó de la elaboración de una base de datos en el área genética para ser utilizada en los comparativos de perfiles para la identificación de personas.
Entre las negligencias detectadas, está por ejemplo, la compra en 2012 de un equipo para identificación genética con valor de 300 mil dólares que fue hallado en una bodega de la Fiscalía, empaquetado sin usar, cinco años después.
En 2014, el entonces fiscal Luis Ángel Bravo presumía y aseguraba que en Veracruz se utilizaba el software, y existía un banco de datos de ADN para familiares de desaparecidos. Pero datos obtenidos revelan que, al 2019, la base de datos AM-PM, es inoperante por la escasa información. Y la otra base de datos, una genética llamada Comul- G , es poco confiable.
La fiscalía informó que, hasta junio de 2019, tenía 4.851 perfiles: 1.162 perfiles genéticos de cadáveres no identificados, y 3.419 de familiares de desaparecidos. Es decir, tampoco cuenta con material suficiente para hacer confrontas que permitan la identificación de cuerpos.
La desconfianza de las familias de desaparecidos en el sistema pericial está fundamentada. En 2017 se reveló que la Fiscalía solo tenía 292 muestras genéticas. Había tomado miles de pruebas, pero nunca fueron procesadas.
La Cruz Roja Internacional (CICR) asevera que la identificación exitosa de un cuerpo, es la suma de varias estrategias conjuntas y depende de la calidad, la cantidad de información y la disponibilidad de archivos para hacer comparativas. Sin ellas, la identificación se hace imposible.
Los peritos expertos del CICR señalan que, aunque el ADN es una herramienta valiosa, debe utilizarse en combinación con otras técnicas de identificación, como las dactilares, odontológicas, fotografías, circunstancia de muerte, entre lo principal. Advierten que las pruebas genéticas son confiables, pero también son lentas y caras, por lo que, ante la precariedad de los presupuestos en estados como Veracruz, las vías deben ser otras.
Las omisiones para cumplir con protocolos de identidad y nutris bases de datos para ubicar a desaparecidos, se hace evidente en el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre seguridad y desaparición de personas, donde se señala que en Veracruz apenas se ha podido identificar al 12.5 por ciento de los más de 700 cuerpos y restos hallados en fosas clandestinas.
El macabro descubrimiento de la fosa Colinas de Santa Fe a unos kilómetros del puerto de Veracruz , de donde se han exhumado 300 cuerpos, es ejemplo del rezago.
A tres años del hallazgo, la Fiscalía apenas ha podido identificar a 18 personas. De estas, cinco continúan sin ser entregadas a sus familiares.
Lucía de los Ángeles Díaz Henao, madre de Guillermo Lagunes Díaz desaparecido desde julio de 2013, alerta que el tema forense es crítico. Dice que los engaños y atrocidades que viven las familias de desaparecidos quedaron evidenciados en esta megafosa.
Las pobres estadísticas en la identificación de restos en Santa Fe, son atribuidas a dos razones: Las familias no denuncian por temor y en una revisión de más de 100 carpetas de investigación confirmaron que la mayoría no cuenta con perfiles genéticos.
Otro ejemplo, es el de Maricel Torres Melo quien busca a su hijo Iván Eduardo Castillo, desaparecido desde mayo del 2011, y quien halló junto a la Brigada Nacional de Búsqueda, el rancho La Gallera en Tihuatlán.
En 2107 encontraron seis cuerpos, más de mil 200 huesos y restos incinerados, además de dos cráneos de menores de 8 y 13 años. A la fecha la Dirección de Periciales sólo ha podido dar identidad a tres personas. Señala que la Fiscalía ha sido indolente y criminal con las familias.
Aracely Salcedo quien encabezó junto a la primera Brigada Nacional de Búsqueda el hallazgo de más de diez mil restos en el predio Calerías en la zona centro, vive la misma situación, no hay identidad de ninguno de los hallazgos.
IDENTIFICAR A DESAPARECIDOS PODRÍA TARDAR 20 AÑOS
Para los expertos forenses de la Cruz Roja Internacional, la crisis de identificación por la que atraviesa el país y Veracruz se tiene que resolver bajo un modelo especial.
“No estamos hablando de los desaparecidos de una guerra de hace 20 años, estamos hablando de que cada día se suman más desaparecidos y muertos, es una problemática abierta, al trabajo forense de identificación, se suma el día a día”, opina Jordi Raich, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
A su consideración los principales retos son la falta de recursos humanos y materiales, servicios forenses con recursos mínimos para cumplir estándares internacionales, y la falta de especialistas para hacer frente a la emergencia.
“A cualquier país si le sumas 40 mil desaparecidos, simplemente no va a poder, es necesario que las instituciones estén organizadas, y se cree modelo especial, porque el sistema no está acostumbrado a operar de esa forma”, considera.
La estimación de la Cruz Roja es que, creando mecanismos especiales, la identificación de cadáveres en fosas y cuerpos no identificados, puede tardar al menos 20 años.
EL MECANISMO EXTRAORDINARIO FORENSE
Ante el estado de crisis, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, impulsa la creación de un Mecanismo extraordinario de identificación forense (MEIF) con ayuda internacional.
Humberto Guerrero Rosales, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de la Organización Fundar, y consejero ciudadano de la Comisión Nacional de Búsqueda, explica que el mecanismo será de carácter temporal y deberá abocarse al procesamiento de las identificaciones de los cuerpos que con el tiempo se han acumulado en forenses y fosas.
El MEIF ayudará también a apoyar la identificación de los hallazgos en fosas clandestinas. Se estima que en México hay 40 mil desaparecidos y 37 mil cuerpos no identificados en servicios forenses.
El pasado 6 de marzo, familiares de personas desaparecidas expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hay una falta de certeza sobre el presupuesto y la coordinación de fiscalías estatales y federales para la implementación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Hasta el momento la Secretaria de Gobierno no ha creado formalmente el mecanismo.
VERACRUZ, LAS PROMESAS POR CUMPLIR PARA LAS FAMILIAS DE DESAPARECIDOS
El 1 de diciembre de 2018, el gobernador morenista Cuitláhuac García emitió la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz.
El plan propone que para ayudar a la localización de fosas y dar identidad a los cuerpos y restos exhumados, es urgente un equipo de especialistas en servicios periciales, un plan de manejo de disposición de cadáveres no identificados en fosas comunes y un diagnóstico de la situación actual.
Sin embargo, a un año de su declaratoria el cumplimiento ha sido parcial. El plan de emergencia preveía 28 acciones inmediatas, pero a la fecha casi nada ha sido concretado.
Por ejemplo, sigue rezagada la creación de un instituto forense, campañas exhaustivas para completar perfiles genéticos, un programa de exhumación e identificación forense, la creación de una policía especialidad en búsqueda, una disculpa pública del gobernador, Cuitláhuac García y un tema clave, la creación de un fondo de recursos para hacer posible los puntos de la declaratoria.
UN CAMBIO DE FISCAL Y UNA COMISIÓN DE BÚSQUEDA PENDIENTE
Al retraso en la implementación del plan de emergencia, se suma la salida de Jorge Winckler de la Fiscalía General del Estado en septiembre de 2019.
El fiscal, elegido por el Congreso para ejercer su función por nueve años, fue destituido temporalmente del cargo por incumplir con los certificados de evaluación. En su lugar fue nombrada Verónica Hernández.
Los cambios al interior de la fiscalía que han incluido puestos claves, como el Director de Servicios Periciales y de la Fiscalía Especializada en personas desaparecidas, ha puesto pausa en el avance de acuerdos con colectivos de desaparecidos.
A la incertidumbre por los recientes cambios en la Fiscalía General, se adhiere una comisión estatal de búsqueda acéfala, su titular, Geiser Manuel Caso Molinari elegido en febrero del 2019, renunció apenas tres meses después.
Ante tantas omisiones en años atrás, las dudas sobre la efectividad de los nuevos planes siguen en el aire para las familias de personas desaparecidas: ¿Cómo vamos hacer con los restos de desaparecidos que no están en un plan, y los nuevos que aparecen porque la violencia sigue acumulando?, son algunas de las preguntas que se hacen.
Apenas este mes de marzo, en el sur de Veracruz , se descubrieron dos terrenos con posibles fosas clandestinas en Playa Vicente . Nuevos cuerpos que vendrían a sumarse a los más de 700 cadáveres sin identificar en fosas clandestinas.
María Elena Gutiérrez al igual que otros familiares de desaparecidos, dice que el camino recorrido ha sido cruel, y aunque hay una esperanza también muchas dudas en los nuevos planes del gobierno para dar respuesta a sus peticiones.
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Esta investigación de la Agencia Veracruzana de Comunicación y Noticias (AVC Noticias), en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ) y Connetas, es publicada por La Verdad con autorización expresa de los autores. Aquí puede consultar la publicación original
