El cierre de salas judiciales y la suspensión de procesos redujo el número de audiencias diarias a casi la mitad, con relación a las que se realizaban antes de la contingencia por COVID-19; bajo ese escenario, víctimas y los supuestos victimarios están indefensos, advierten abogados
Martín Orquiz/ La Verdad
La pandemia generada por el COVID-19 impactó al sistema de justicia del estado de Chihuahua al suspender procesos y provocar una reducción de casi la mitad en el número de audiencias que se realizan en las salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a consecuencia de las restricciones para frenar el contagio del padecimiento, reflejan cifras oficiales.
Desde el 18 de marzo, la autoridad judicial realiza sólo comparecencias urgentes, entre las que se encuentran las de control de detención, formulación de imputación y vinculación a proceso, así como las relacionadas con la separación de personas y la entrega y recepción de pensiones alimenticias, cuyo trámite se encuentra en curso.
Se difirieron las audiencias relacionadas con asuntos civiles y mercantiles, así como el seguimiento a procesos penal y de lo familiar, considerados como no urgentes. Esto por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura, con vigencia hasta el próximo 31 de mayo.
Debido a esas circunstancias, el número de audiencias que a diario se celebran ahora equivalen casi a un 50 por ciento de las que se realizaban antes de la contingencia por el coronavirus, se desprende de la estadística oficial del Sistema Penal Acusatorio.
Del primero de enero al 29 de febrero del presente año, 4 mil 614 audiencias se llevaron a cabo en las instalaciones judiciales de los diferentes Distritos del estado, lo que indica un promedio diario de 77 cada día.
En cambio, del 18 de marzo al 16 de abril, lapso durante el cual la función judicial fue restringida por la pandemia de Covid 19, hubo mil 161 audiencias. Es decir, un promedio de 39 cada 24 horas.
Ante el panorama, el Poder Judicial de Chihuahua activó tecnología para implementar audiencias en línea, con la finalidad de evitar la parálisis, aunque en opinión de expertos éstas resultaron insuficientes y están al margen de la ley.
El abogado Gerardo Cortinas Murra considera que bajo ese escenario las víctimas y los supuestos victimarios están indefensos: “a la buena de Dios, se les está privando el acceso a la justicia, del debido proceso”.
Además, agrega, que las audiencias virtuales no existen en la ley por lo que el Congreso debe legislar para validarlas, pero las comisiones legislativas también están reuniéndose de manera virtual, cuando la Constitución establece que la votación debe ser de manera personal.
“No existe fundamento legal, las audiencias virtuales y las sesiones de Congreso por ese medio no están establecidas en la Constitución ni en las leyes orgánicas… ahora sólo hacen una faramalla”, critica Cortinas Murra.
Marcelo Valenzuela Castillo, presidente del Colegio de Abogados de Chihuahua, tiene una perspectiva diferente. Él considera que se pondría en riesgo la vida del personal que trabaja en juzgados y tribunales, así como los ajusticiables, si se normalizan las actividades judiciales en medio de la pandemia.
“Las actuaciones se encuentran paralizadas, obvio que sí hay un quebranto en la impartición de justicia, pero no es ocasionada por la misma institución porque todo está paralizado, no sólo en México, sino en muchas partes del mundo”, agrega.
En las reuniones recientes con integrantes del gremio hubo cuestionamientos por la problemática actual, que provocó ya el cierre de despachos y que muchos abogados se declaren en quiebra, despidan a su personal y cierren en definitiva sus oficinas.
Juan Ángel Lira Quintana, presidente de la Organización de Abogados Postulantes Independientes, advierte que la impartición de justicia no puede detenerse en Chihuahua, una de las entidades más pobladas del país.
Cortinas Murra considera que los acuerdos con base a los cuales se suspendieron las labores judiciales están en entredicho porque se aprobaron por el Consejo de la Judicatura, cuando el único órgano facultado de forma implícita para detener las actividades es el pleno del Poder Judicial, órgano máximo de esa instancia.
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La caída en las actividades judiciales afectó también el trabajo de abogados particulares.
La situación, explica Lira Quintana, golpeó fuerte al gremio de abogados y lo colocó en una situación desesperada porque su actividad prácticamente se desplomó.
Las condiciones que enfrenta empujaron incluso a que un grupo de abogado a pidiera al Gobierno del Estado que se les dé apoyo económico mientras pasa la crisis, pero no recibieron respuesta.
Los litigantes pidieron también estrategias que permitan la impartición y administración de justicia de forma ininterrumpida, a través de plataformas y redes sociales por vía internet que ya existen, tal y como se ha hecho en otros estados.
Debido a la contingencia sanitaria, explica Lira Quintana, sus ingresos se vieron perjudicados porque se les impusieron limitaciones para ejercer profesionalmente a través de las medidas tomadas por la estructura judicial en el estado y los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura favorecen y protegen sólo a los servidores públicos, tanto en lo personal como en el pago de sus percepciones.
Roberto, quien pide omitir su identidad completa por temor a represalias, es abogado y dice que se encuentra en una situación desesperada debido a que las medidas impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia en el Estado (TSJE) para contener el contagio de Covid 19 le impiden litigar como antes y, por ende, sus ingresos cayeron de forma estrepitosa e impactaron su vida familiar.
Por ahora, dice, sólo le queda esperar a que las autoridades establezcan alguna forma en que pueda continuar desarrollando su actividad profesional en las salas de audiencia penales, familiares o civiles, donde se desempeña.
“Nos pegó duro, no nos esperábamos esto, pero el Tribunal Supremo debe buscar la forma en que se pueda seguir ejerciendo para vernos menos vulnerados, tanto nosotros como nuestros representados, porque sus derechos también se ven violentados”, dice el legista, quien prefiere que su identidad completa sea omitida “por cuestiones personales y profesionales”.
Portavoces de la TSJ dieron a conocer que, contrario a lo que expresan los abogados, las actividades judiciales se realizan de forma positiva conforme a las circunstancias actuales.
Incluso, informaron que bajo los esquemas que fueron dispuestos desde el martes 17 de marzo y en conjunto con las guardias en juzgados familiares y penales en todo el estado, hasta el 18 de abril se realizaron mil 089 audiencias de control, además de 29 de adolescentes y 43 por enjuiciamiento, las que suman mil 161.
A pesar del informe, Lira Quintana afirma que la disminución de las actividades en las salas de audiencia sí impactó el quehacer de los litigantes.
Hasta el momento, afirma, no existen medidas por parte del Gobierno del Estado para mitigar las condiciones que el gremio de los abogados vive, con inquietud y profundamente preocupados.
Tampoco hay respuesta para los clientes que llegan solicitando sus servicios, ya que muchos ciudadanos tienen problemas legales por resolver al margen de la crisis sanitaria.
El representante gremial indica que solicitó a las autoridades que se destine un recurso base para apoyar a los litigantes y que sean integrados en el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar.
“Sufrimos las consecuencias en el desamparo. Indefensión e incertidumbre, puesto que subsistimos de los ingresos que día a día allegamos a nuestros hogares y con los que pagamos servicios, como todo ciudadano”, declara.
Audiencias: unas a distancias, otras diferidas
Bajo ese esquema, el juzgador permanece en su domicilio o en la sala, el agente del Ministerio Público sigue el caso en sus oficinas, mientras que el defensor público o particular lo podrá hacer en su despacho o en el Tribunal si su servicio de internet es deficiente.
El acusado presenciará la audiencia desde los juzgados contiguos a los centros de reinserción para garantizar las medidas de seguridad sanitaria marcadas por las autoridades de salud, se explica.
Voceros de la instancia explicaron que, en materia penal, se dará preferencia a la video audiencia, donde el funcionario y las partes no estén presentes en un mismo salón; además, se hará la apertura de una guardia en segunda instancia en materia familiar para atender a más usuarios, todo con las medidas sanitarias, legales y tecnológicas necesarias.
En cambio, continúan diferidas las acciones en torno a la justicia en material civil, mercantil y asuntos no urgentes en materia penal y familiar, a la vez los magistrados civiles analizan formalidades y viabilidad de atender por videoconferencia las audiencias y reabrir la justicia civil.
Además, se hizo el exhorto a jueces y magistrados para que realicen las actividades a su cargo con el mínimo de personal necesario, respetando la sana distancia y otras medidas sanitarias.
Para Lara Quintana y sus representados, estas medidas son insuficientes.
Hay una gran diferencia entre Chihuahua y, por ejemplo, el estado de México, donde se trabaja en audiencias virtuales legitimadas con firma electrónica.
El poder judicial del Estado de México dio a conocer que se ampliaron sus servicios a través del Tribunal Electrónico, medida con la cual no es necesario la presencia de las partes en las salas de audiencia, pero sí se pueden realizar trámites y procesos.
Mientras en Chihuahua no operé ese sistema, enfatiza, el gremio de los abogados y sus representados sufrirán las consecuencias de que el TSJ no haya impuesto las medidas acordes a las necesidades actuales.
Las restricciones actuales se replican en materia laboral, en tribunales y fiscalías locales y federales.
Por medio de diversos acuerdos emitidos, dice, se extienden las fechas de inicio de labores, lo cual es comprensible dado el riesgo de contagio del Covid 19, pero es inadmisible que al contar con los recursos y las facultades las autoridades competentes sesionen sólo para paralizar las actividades y resguardar a su personal.
En cambio, omiten la implementación de mecanismos que permitan la atención y el trámite normal de los asuntos; en consecuencia, limita el ejercicio profesional de los abogados particulares, quienes dejaron de obtener los recursos necesarios para subsistir.
Además, afirma, los casos urgentes que se realizan son atendidos en su mayoría por los defensores públicos.
“Vamos a tener que aprender a vivir con este problema, si no tenemos una nueva legislación es porque el Congreso no está trabajando de forma normal”, afirma Valenzuela Castillo, presidente del colegio de Abogados de Chihuahua
Incluso cuando se reanuden las actividades nada será igual, añade, muchas personas ya no regresarán y el virus llegó para quedarse, por lo que se debe entender que la afectación no es sólo para el Sistema Penal, sino para otras instituciones que – a la vez– dependen de otros organismos que también están inactivos.
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