En el año 2013, cuando la comunidad de Guachochi salió a las calles a exigir justicia y reclamar paz, Duarte y Cienfuegos anunciaron la construcción de un cuartel en el corazón de la Sierra Tarahumara, siete años después, la obra está bajo investigación de las autoridades por corrupción
Patricia Mayorga / Raíchali
En el año 2013, después de que la comunidad de Guachochi salió a las calles a exigir justicia y reclamar paz para su tierra, el exgobernador César Duarte Jáquez y el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, anunciaron con bombo, platillo y un desfile, la construcción de un cuartel en el corazón de la Sierra Tarahumara, para combatir al crimen organizado no sólo de esa región, sino del Triángulo Dorado.
Siete años después, el cuartel está bajo investigación de las autoridades por corrupción, el ex secretario general de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado está procesado por ese caso que enfrenta en libertad condicional. César Duarte y Salvador Cienfuegos están presos en Estados Unidos, el primero con orden de extradición a México.
El 18 de octubre de 2013, el general Cienfuegos anunció que la construcción de una nueva base militar en el municipio de Guachochi, para combatir a los criminales que operan en la Sierra Tarahumara. Llegarían más efectivos a la región, a la capital y a Ciudad Juárez. La situación no ha cambiado, controla aún el crimen organizado aquella región.
Cienfuegos anunció la construcción del cuartel que estaría a cargo del gobierno estatal, que además donaría un predio de 20 hectáreas a la Zona Militar 42 con sede en Parral, para invertir 280 millones de pesos, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, confirmó el extitular de esta dependencia, Eduardo Esperón González, quien hoy enfrenta dos procesos penales por diferentes cargos.
En diciembre de 2013, Duarte anunció que la Sedena instalaría la 11a Zona Militar regional en Chihuahua y estaría a cargo además, de Durango y Coahuila, para fortalecer su estrategia contra el crimen organizado, principalmente en el Triángulo Dorado.
Raymundo Romero dijo aquella ocasión, que habría constante comunicación entre Sinaloa y Durango, por la zona serrana que los une, que es la que ha dificultado el combate contra los grupos delictivos: “Se está trabajando para que los jefes militares de Sinaloa, Durango y Chihuahua, se pasen información, eso antes no había. Participará la Policía Federal, Policía Ministerial, la PGR, Cisen, la Policía Estatal única, esa es la mesa de seguridad”.
Los exfuncionarios se empeñaron en minimizar la violencia. En esa ocasión, Romero dijo que en el estado había violencia como hay desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, pero ni Chihuahua ni Juárez eran vistas ya, como las ciudades más violentas.
Casi tres años después, el 28 de abril de 2016, en Guachochi ocurrió una masacre que incrementó el nivel de presión contra las autoridades por la violencia que vivía y vive la Tarahumara. Asesinaron a Elsar Palma Payán, Héctor Fabián Payán Contreras, Gerónimo Alonso González y Edgar Josué Payán Olivas. La familia y toda la población salió a marchar de blanco, con pancartas que exigían justicia y la tranquilidad para la región.
El 26 de mayo, César Duarte llegó a Guachochi con autoridades militares de la región para inaugurar el cuartel. Unos 600 militares desfilaron por las calles de Guachochi y las autoridades prometieron a la población la recuperación de la paz. Ahí permanecería ese número de militares.
Días previos al desfile, el extitular de la Sedena y Duarte acudieron a supervisar la construcción, sin ningún señalamiento: “Estamos haciendo historia con la presencia permanente de nuestro Ejército, que viene a establecer raíces, una institución que da orgullo y gloria a México”, expresó Cienfuegos.
Y agregó: “Nosotros creemos que es un lugar estratégico para ayudar a las comunidades e inmediaciones a tener una vida normal, dar certeza a la población y que se sientan con confianza de moverse, de trabajar y de realizar sus actividades rutinarias”.
Por su parte, la Auditoría Superior del Estado señaló irregularidades en la cuenta pública de 2016 del gobierno estatal, sobre la adjudicación directa a una empresa, para la construcción del inmueble en Guachochi. En el apartado Construcción de barracas en campamento temporal ‘SEDENA’, establece que el contrato de obra pública número 144-OP-0095/15, se otorgó bajo el procedimiento de adjudicación directa por un importe de 20 millones 724 mil 781 pesos, que incluyen IVA.
La obra tenía que ejecutarse del 16 de octubre del 2015 al 13 de enero de 2016. El 9 de diciembre de 2015 se registró la entrega del acta de entrega-recepción física de la obra. Ahí indican que fue terminada el 6 de diciembre de 2015 y se ejercieron 20 millones 420 mil 60 pesos, pero quedaron pendientes por pagar 10 millones 360 mil 108 pesos.
En otro apartado, Estudio de costo-eficiencia del proyecto del cuartel militar Guachochi, la ASE da cuenta de un contrato por adjudicación directa para la prestación de servicios profesionales de obra, DOP-A-203/14 de fecha 11 de diciembre de 2014, por un millón 624 mil pesos con IVA, para entregarse el 10 de enero de 2015. El cuartel sólo funcionó cuatro meses.
El 24 de diciembre de 2019, Raymundo Romero fue detenido por la adquisición del predio, ubicado en el municipio de Guachochi, con un sobreprecio de 20 millones de pesos en beneficio de un particular.
La Fiscalía General informó que la detención de Raymundo Romero es por la probable comisión del delito de peculado agravado y tráfico de influencias, en perjuicio del erario de Chihuahua. En la audiencia de vinculación a proceso, quedó bajo libertad condicional.
“Como resultado de las investigaciones efectuadas por hechos de corrupción durante la Administración 2010 – 2016, se obtuvo evidencia de que el imputado en su calidad de secretario general de Gobierno y presidente del Comité Inmobiliario, intervino en la autorización de la compra venta de un predio rústico ubicado en Guachochi a un sobreprecio de 20 millones de pesos”, indica la acusación contra Raymundo Romero.
Esos hechos que le imputan ocurrieron presuntamente, entre octubre de 2013 y finales de abril de 2014. Con otros exfuncionarios, influyó en el Comité para aprobar la adquisición, con el fin de cumplir compromisos personales de César Duarte, según la imputación.
El cuartel funcionó alrededor de cuatro meses. Una vez inaugurado y ocupado, se inundó y se deterioró de inmediato.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
