El presbítero enfrenta desde este martes el proceso judicial por la violación y abuso sexual de una infante de su parroquia, organizaciones del Movimiento de Mujeres exigen justicia para la víctima; la Fiscalía Especializada en atención de La Mujer pide para él una sanción de 83 años de cárcel
Texto y Fotografías: Blanca Elizabeth Carmona/La Verdad
En medio de la noche, la voz de un grupo de mujeres se escucha en el exterior del Cereso 3 de Ciudad Juárez. Todas cantan “reloj de campana”, llevan veladoras y su exigencia de justicia para la niña víctima de violación y abuso sexual cometidos presuntamente por el sacerdote Aristeo Trinidad Baca Baca, quien este martes es llevado a juicio oral.
Son integrantes del Movimiento de Mujeres que iniciaron una vigilia la noche de este lunes, a unas horas del inicio del proceso judicial en contra Aristeo Baca, en el que un Tribunal de Enjuiciamiento determinará si el jerarca católico es culpable o inocente de los tres delitos que le acusa la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM): dos violaciones y un abuso sexual en perjuicio de una niña.
Las mujeres visten sudaderas en color negro con la leyenda de “niñas y niños no se tocan, no se agreden, no se violan. #Tuvozcuentayotecreo”. También portan cartulinas donde se lee: ‘Justicia sin privilegios’ y ‘pena con prisión justa al agresor’
Aristeo Baca, de 76 años, fue detenido en febrero del 2019, hasta ese momento dirigía la parroquia católica Santa María de la Montaña, así como un complejo comunitario, integrado por una guardería, comedor infantil, clínica y asilo para ancianos.
“Hacemos un llamado a los organismos de gobierno, medios de comunicación, a las y los ciudadanos, a seguir el principio de buena fe, establecido en la Ley de Víctimas, esta ley establece que el Estado presumirá la buena fe de la víctima, quien podrá señalar el daño sufrido por cualquier medio legalmente aceptado ante la autoridad administrativa para que ésta la releve de la carga de la prueba; es decir, para que no sea su responsabilidad demostrar el daño sino que esa sea una tarea del Estado”, dice una integrante de la organización Sin Violencia, al leer durante la vigilia un posicionamiento en nombre del movimiento integrado por seis organismos de la sociedad civil.
Elia Orrantía Cárdenas, directora de Sin Violencia agrupación que es coadyuvante del Ministerio Público en el proceso penal iniciado en contra del párroco, afirma que hay pruebas para acreditar que ocurrieron los delitos y que Aristeo Trinidad es el responsable. Además demanda que no se conceda ningún privilegio al párroco.
“Hay elementos y sabemos que hay más víctimas aparte. Nosotras, en Sin Violencia, tenemos el caso de otra mujer que no ha querido poner denuncia, ella hoy es una mujer adulta y también señala haber sido abusada por el padre Aristeo Baca”, explica Orrantía para luego agregar que se trata de una mujer de 25 años y quien fue agredida sexualmente en la infancia.
Imelda Marrufo Nava, directora de la Red Mesa de Mujeres, dice que no se está cuestionando la obra que hizo Aristeo Trinidad Baca en Ciudad Juárez –él es fundador de un complejo comunitario que incluye una guardería, comedor infantil, clínica y un asilo para ancianos–, lo que se reprocha es la comisión de varios delitos graves y entre las integrantes de las organizaciones civiles hay preocupación pues el sacerdote tiene un poder institucional fuerte.
“Lo que se cuestiona es la comisión de un delito grave de una persona a la que la niña, la feligresía, como esta familia, depositó toda su confianza. Se trata de un delito que representa una gran afrenta contra la niñez, un delito de violencia sexual. En México desde hace mucho tiempo se ha denunciado la pederastia y esa es la palabra y el concepto que se utiliza para conceptualizar este tipo de faltas y no se puede permitir porque la pederastia en México se permitió por muchas décadas y se sigue permitiendo”, reclama Marrufo.
Fiscalía pide 83 años de cárcel para sacerdote
Contra el sacerdote Baca, la FEM llega al juicio con la solicitud de una pena de 83 años y cuatro meses de cárcel, así como el pago de 41 mil 500 pesos para sufragar el costo de la atención psicológica a la víctima. También pide la reparación del daño integral, entendida esta como una serie de medidas que permitan la restitución, compensación y garantía de no repetición de los delitos.
En la acusación presentada por la FEM ante los tribunales se establece que la niña sufrió una violación a finales de diciembre del 2015, cuando tenía 8 años, en el interior de la casa parroquial ubicada en la calle general Lorenzo Avalos, de la colonia Santa María.
El abuso sexual presuntamente fue perpetrado por el sacerdote en septiembre de 2016, también en la casa parroquial y al momento que la niña contaba con 9 años. Una segunda violación presuntamente sucedió el 28 de enero del 2018, en el mismo lugar. Para ese año, la víctima tenía 10 años, de acuerdo con datos oficiales.
Al juicio oral pasaron 29 pruebas ofrecidas por la FEM, entre las declaraciones de 18 testigos así como documentos, una serie fotográfica y un video. Uno de los testigos llamados al estrado es el vicario General de la Diócesis, José René Blanco Vega, se desprende de información a la que tuvo acceso La Verdad.
Mientras que la defensa del sacerdote, encabezada por el abogado Jorge Alberto Soto Adame, hizo suyas todas las pruebas de la FEM y también desahogara las declaraciones de peritos expertos en psicología y ginecología; además personas cercanas al presbítero podrían hablar sobre la vida y conducta de él.
La defensa también tiene incluida en su lista de testigos, a los agentes que participaron en la investigación, a la víctima y a la familia de ella y a una contadora.
El clérigo continúa bajo arraigo domiciliario, como lo aprobó un Tribunal de Control el 9 de febrero del 2019. Justo este año, en ese día y mes, vencerá esa medida cautelar. Por lo que se espera que el Tribunal de Enjuiciamiento haya emitido un fallo antes de esa fecha.
El Movimiento de Mujeres – integrado por Red Mesa de Mujeres, Grupo Compañeros, Organización Popular Independiente, Sin Violencia y Casa Amiga– y la Red de la Infancia, dieron a conocer que darán seguimiento al proceso judicial para evitar que se privilegie al sacerdote y se perjudique a la víctima.
Durante la vigilia alzaron su voz al unísono: “reloj de campana tócame las horas para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas. Porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres irán recobrando sus grandes poderes…”
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