La segunda fase del Proyecto Amapola México revela que además de no ser efectiva para llevar a cero el cultivo de ilícitos como la amapola y mariguana, la estrategia de erradicación de drogas se ha concentrado en un 99 por ciento en el Ejército
Texto: Vania Pigeonutt / Fotografía: Lenin Mosso / Pie de Página
Ciudad de México- En la Mesa Violencia, seguridad y militarización: la erradicación de la amapola en México que, presentó la segunda fase del Proyecto Amapola México, la investigación demuestra que la estrategia de erradicación de drogas y militarización en territorios con cultivos ilícitos comenzó hace más de 50 años y no ha representado un combate efectivo al monolito “narco” al que la narrativa hegemónica atribuye el origen de las violencias.
En esta fase de investigación del equipo multidisciplinario coordinado por el Programa para México y Centro América Noria Research, y conformado por México Unido contra la Delincuencia (MUCD), el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego (USMEX), Revista Espejo y Pie de Página, revelaron que además de no ser efectiva para llevar a cero el cultivo de ilícitos como la amapola y mariguana, la estrategia se ha concentrado en un 99 por ciento al Ejército.
En la charla virtual que moderó la periodista Gabriela Warketin, el coordinador del Proyecto Amapola, Romain Le Cour Grandmaison, expuso que durante los últimos 15 meses, el equipo multidisciplinario generó conocimiento para entender lo que representa el cultivo de amapola en el panorama social, económico, político y agrícola del país.
En esta segunda fase principalmente intentan demostrar tres mitos importantes en torno a la guerra contra las drogas y la militarización del país.
“Primero que la guerra contra las drogas y la militarización no empezaron en 2006, la guerra contra las drogas y la militarización del país llevan más de 50 años de implementación, la producción y el tráfico de drogas no se dan a espaldas del gobierno ni de los mercados legales, estos se articulan con ellos y sus agentes y hay que entender cómo es que esto sucede”, postuló.
En tercer lugar mencionó que las violencias en el país no son únicamente el producto de lo que vemos como el narco, “tienen que ver con explotación laboral, humillaciones, migración, discriminaciones, criminalización, desapariciones y muchas más manifestaciones violentas que son el hecho de que actores públicos sean parte del Estado, en este caso el Ejército, y privados donde desde luego hay narcotraficantes pero hay muchos más actores que usan la violencia como recurso político”.
El tema de estudiar de estudiar la guerra contra las drogas y el papel del Ejército, dijo, se da en este año 2021 como símbolo de los 50 años del discurso del presidente de los Estados Unidos Richard Nixon, que en junio de hace 50 años pronunció como un hito. Dio el giro internacional hacia la guerra contra las drogas.
“Lo que veremos hoy y en las próximas semanas es que México no había esperado la declaración de Estados Unidos para llevar a cabo su propia lucha antinarcótica, en el 1959 se lanzaba un operativo antinarcóticos en la Tierra Caliente de Michoacán, en 1966 se daba inicio a la operación Canador cuyo objetivo era la erradicación de cultivos de amapola y mariguana y la persecución de sus productores y traficantes en el famoso Triángulo dorado: Chihuahua, Sinaloa, Durango. En 1977 la operación Cóndor y desde esa fecha un sinfín de operativos destinados a aniquilar la producción y el tráfico de estupefacientes en decenas de regiones de México”, compartió.
Recordó que el Proyecto Amapola México hizo a través de diferentes enfoques, tanto el trabajo de campo en Guerrero, Nayarit, Sinaloa y Durango, un análisis de gabinete y una producción de datos cuantitativos. Producir análisis y conocimientos de un tema importante de la guerra contra las drogas en México es importante en el marco internacional del tráfico de drogas y sin embargo tiene poco espacio en el debate público en México.
México es el segundo productor mundial de amapola y este cultivo, ilícito, representa una fuente de ingresos fundamental para campesinos de varias zonas rurales del país. Pero los eslabones que permiten esta cadena productiva no se habían analizado de manera integral. Hasta ahora.
En abril, las temáticas que son centrales alrededor de la tema de la producción de amapola son las referentes a la violencia, seguridad y militarización.
“Lo que estamos buscando es responder preguntas básicas como quienes son las y cultivadoras de amapola en México, cómo se regulan los mercados ilícitos, cómo se comportan los mercados, cuál es el peso económico y político de la amapola en México y cómo se vinculan las economías lícitas e ilícitas en el país. Nos faltan muchos datos para entender lo que sucede en México en términos generales de la violencia. Este proyecto y estas segundas entregas buscan aportar datos y conocimientos en una temática centrada en los cultivos de amapola”.
Asegura que: “si hoy en día pensamos que la guerra contra las drogas tenía y tiene como objetivo el fin del narcotráfico, parece evidente que es un fracaso absoluto. Si analizamos lo que representan 60 años de lucha antinarcótica en ciertos de los territorios más emblemáticos del país, donde se da acabo, podemos aprender mucho de la forma en la que se construye el poder en México y la forma en la que se relaciona el Estado con sus poblaciones más marginadas”.
Bases de datos y mapas para entender la estrategia de erradicación de amapola
En esta segunda fase, la organización MUCD presentó un micrositio que contiene daros disponibles para consulta y descarga con información sobre erradicación y aseguramiento de drogas en todo el país.
“Según datos oficiales, de 1990 a 2020, la Sedena y la Semar registraron haber destruido 1 millón 4 mil 62 hectáreas de cultivos ilícitos, equivalentes a 0.5% de la superficie continental de México. El 99% de las destrucciones de cultivos se concentraron en municipios de 9 estados: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca”, revela la investigación.
Estas bases de datos llamada: “Datos abiertos sobre acciones antidrogas” es una base de datos inédita sobre el aseguramiento de sustancias y destrucción de cultivos declarados ilícitos, que combina la información estadística registrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Federal y la Guardia Nacional, desde 1990 hasta 2020, con un desglose por mes y municipio.
Es una base de datos limpia y actualizada que, sistematiza los oficios enviados por las autoridades en respuesta a nuestras solicitudes, así como más de 900 mapas y gráficas que permiten una visualización dinámica de los distintos fenómenos.
A respecto, durante la presentación del segundo dossier que contiene los textos: Etnografía de la humillación en la Sierra de Guerrero y Negociar con narcos, engatusar el Estado, escritos por la etnógrafa Irene Álvarez y el historiador Nathaniel Morris de Noria Research, respectivamente, Frida Ibarra, investigadora y abogada de MUCD habló de la gerencia que tienen las fuerzas armadas en la erradicación de ilícitos y su marco normativo.
Dijo que el problema radica en que a nivel legal la persecución de los delitos se encuentra en manos de las fuerzas civiles de seguridad; es decir, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República, que han perdido control progresivamente de estas tareas, al tiempo que las fuerzas armadas han ocupado un papel preponderante dentro de la estrategia.
“Desde el punto de vista legal, observamos esfuerzos que tratan de legalizar abiertamente lo inconstitucional. Preceptos que establecen una interpretación amplia, que establecen facultades de las Fuerzas Armadas, justificando apoyo de las fuerzas civiles, la segunda forma es a través de la creación de marcos jurídicos que tratan de establecer las definiciones de conceptos difusos como seguridad interior y seguridad nacional”, dijo.
Desde 1938 el Ejército participa en tareas de destrucción de cultivos ilícitos y por supuesto no es una actividad que haya aparecido de la nada en 2006, lleva mucho tiempo.
El uso político de la estrategia de erradicación en México
Paul Frissard, coordinador de Investigación y Políticas Públicas de MUCD consideró que desde los años 30, donde tienen registro de las primeras erradicaciones de ilícitos el papel de las fuerzas armadas transitó de subsidiario a regente del sistema antinarcótico mexicano.
“Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, 1967, la participación de las fuerzas armadas representaba el 35 por ciento, pasa al 45 por ciento en el sexenio de Echeverría, a más de 56 por ciento con López Portillo, 70 por ciento con de la Madrid, 82 por ciento todas las acciones destrucción con Fox, Calderón, Peña 99 por ciento. Nos quedamos en esas. La integralidad de lo que destruyen las dependencias México se la llevan las fuerzas armadas”.
En este análisis, Frissard destaca aspectos que no tienen que ver con una política de llevar a cero los cultivos de ilícitos, sino de contrainsurgencia, pone el ejemplo de Guerrero, en el municipio de Ayutla de los Libres, donde a partir de 2002 se dio un reporte de incremento de sembradíos de amapola, lo que presuponen en el análisis que era para justificar la presencia militar en el contexto del apoyo y surgimiento del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.
Cecilia Farfán, politóloga de la Universidad de California puntualizó que la relación de dependencia con la política de drogas de Estados Unidos, debería representar un cambio de narrativa para el país y replantearse, a partir de los logros de la estrategia de erradicación un nuevo paradigma.
En el terreno local, en sus observaciones de campo, la etnógrafa, Irene Álvarez, mencionó que “en zonas cultivadoras, la gente está acostumbrada a tener fuerzas armadas en su territorio, no es que se rompa la cotidianidad, hay una convivencia, ese reconocimiento mutuo genera ciertas relaciones reciprocidad, la comunidad es capaz de ofrecer algo a cambio para evitar que destruyan su parcela”.
Al igual que el historiador Nathaniel Morris planteó la negociación como un modo de seguir subsistiendo del cultivo en comunidades, como la de su objeto de estudio El Nayar, en Nayarit, una zona indígena que ha tenido que recategorizar sus dinámicas de negociación para seguir obteniendo ganancias del ilícito.
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