Las mujeres de Guanajuato buscan a sus familiares desaparecidos en medio de la violencia, el hostigamiento y amenazas directas en su contra
Daniela Rea / Pie de Página
Guanajuato- El pasado 24 de julio un grupo de hombres armados interceptó a familiares de personas desaparecidas que hacían una prospección en los alrededores de Cuerámaro para buscar fosas clandestinas. Los hombres armados les cerraron el paso, después las siguieron cuando ya iban de salida a la carretera y detonaron sus armas mientras ellas huían en un descampado, donde esperaron varias horas a que llegaran autoridades para protegerlas.
Esta última amenaza revive el clima de inseguridad en el que las familias de desaparecidos del estado han tenido que buscar a sus ausentes. Apenas el 29 de mayo, Javier Barajas, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda, fue asesinado en Salvatierra. Javier buscaba a su hermana Lupita, una joven que fue desaparecida y encontrada muerta.
Cuatro mujeres buscadoras de distintas regiones del estado y de distintos colectivos dijeron a Pie de Página –de manera anónima para no exponerlas a más riesgos– que la inseguridad y las amenazas directas que han sufrido compromete su trabajo de buscar a los desaparecidos, pero que buscar es un derecho de ellas y ser encontrado también es un derecho de sus hijos.
Raymundo Sandoval, académico, defensor de derechos humanos y acompañante de las familias buscadoras en Guanajuato, dice que el Estado debe garantizar la seguridad de las familias al buscar, porque es su derecho, y no privarles de hacer las búsquedas en aras de evitar riesgos por inseguridad.
“Es como cuando a un periodista le piden ser extraído de un lugar por riesgo y termina dejando de escribir; acá el contexto obliga a las familias a dejar de hacer lo que hacen y de alguna manera es el Estado el que establece mecanismos que terminan desencializando la práctica de defensa de derechos humanos en función de una supuesta protección que termina siendo un yugo”.
Guanajuato vive tiempos de mucha inseguridad. En el 2020 sufrió 3 mil 359 homicidios dolosos, casi 10 cada día, la mayoría con arma de fuego; desde el 2009 al 2020 casi 2 mil 500 personas han desaparecido y al menos 215 fosas clandestinas han sido encontradas.
‘Nunca había sentido el miedo’
“Han sido muchos sucesos de violencia, uno tras otro y éste ya fue como el último, el más fuerte, el más duro”, dice una buscadora. “He recibido mensajes de amenazas con referencia a que estoy buscando a los desaparecidos, llamadas diciéndome que me van a matar, ya tengo una denuncia en Fiscalía por estas amenazas”.
El 24 de julio un grupo de buscadoras acudió a Cuerámaro a hacer prospección de un lugar donde podía haber una fosa; llegaron al punto, hicieron búsqueda y vieron que era “positivo”, es decir, que encontraron restos humanos. Salieron del lugar a una zona con señal para avisar a Fiscalía el hallazgo y que ésta llegara a hacer el levantamiento de los cuerpos.
Ahí vieron una camioneta con personas armadas y de inmediato las buscadoras que fueron a avisar a la fiscalía, volvieron al predio por sus compañeras para salir del lugar.
Más adelante, ya en el trayecto de salida de la ciudad y hacia la carretera, las buscadoras fueron perseguidas por dos motocicletas y una de las mujeres apretó el botón de pánico del Mecanismo Federal de Protección a Defensores y Periodistas. Desde ahí les informaron que ya iban las patrullas a resguardarlas. De la fiscalía de Guanajuato no sabían nada.
El grupo de buscadoras salió de la ciudad a la carretera y ahí vieron a la misma camioneta que encontraron en el lugar de prospección. Intentando escapar en su auto, cayeron en una zanja; la camioneta y otra más les cerraron el paso y las mujeres se bajaron corriendo a esconderse entre sembradíos. Desde ahí escucharon detonaciones y esperaron varias horas a que llegara la seguridad.
“No teníamos noción del tiempo, oscureció y estuvimos como tres, cuatro horas, en el surco, esperando, porque tenían nuestra ubicación los del Mecanismo, como a las 11 de la noche llegaron las patrullas, nos subieron, estábamos en estado de pánico. Nunca había sentido tanto miedo”, dice una de las buscadoras, quien tenía botón de pánico del Mecanismo desde que recibió amenazas meses atrás.
“Hay que revisar por qué el llamado que hicieron las buscadoras a los mecanismos de protección no fue atendido de inmediato, apretaron el botón de seguridad del Mecanismo Federal”, dice Raymundo Sandoval, «y se debe verificar si la respuesta de seguridad que se activó fue desde el gobierno estatal y por eso tardó en llegar».
Amenazas
Mujeres de distintos lugares del estado contaron que reciben llamadas anónimas con amenazas de que dejen de buscar, a una le poncharon las llantas de su automóvil, a otra le dispararon a las puertas de su casa, a varias que les halconean su casa; un par de veces se han encontrado con hombres armados durante sus prospecciones.
“Nos hemos percatado de que primero solo nos vigilaban de lejos, ahora ya es más cercano, incluso de sus mochilas intentan sacar armas”, dice una de ellas.
“El riesgo es grande y más aquí en el Bajío, la prueba está en que le quitaron la vida a un compañero (Javier Barajas), el riesgo y las amenazas son constantes y eso nos detiene y nos obliga a aprender a buscarnos, pero no nos detiene para las búsquedas”, agrega.
Antes de Javier, la señora Rosario Zavala fue asesinada el 16 de octubre del 2020, ella buscaba a su hijo Misael Cardona, quien fue sacado de su domicilio en León, un año antes.
“Se pidió más apoyo de seguridad para las búsquedas y aunque nuestra desesperación es muy grande, aquí no han entendido que nosotras no queremos más que encontrar a nuestros desaparecidos, no nos interesan los culpables.
Buscadora.
Garantizar el derecho a la búsqueda
En el contexto de las amenazas que han sufrido las buscadoras “corre” una narrativa que las responsabiliza de las amenazas y agresiones porque “se arriesgan solas”; esta narrativa se opone a las prospecciones independientes de las buscadoras y, de alguna manera, concibe la protección como una autolimitación de sus derechos y así excluye la responsabilidad gubernamental, explica Raymundo Sandoval
“Hay una narrativa impuesta desde el estado que raya en la apología del narco que señalan que las buscadoras son amenaza de grupos delincuenciales porque afectan sus intereses; más bien lo plantearía como que el trabajo de búsqueda en Guanajuato ha revelado una crisis extrema que implica macro criminalidad, omisión del Estado, impunidad y corrupción de grupos policiales”, dice Sandoval.
“Si pensamos que ellas hacen sus búsquedas en un contexto de macro criminalidad, lo que hay es ausencia del Estado”, agrega, “ellas renuncian a la justicia por buscar a sus desaparecidos y afirmando que no confían en el Estado y generan una situación de autocuidado al decir que no quieren a los responsables”
Sandoval advierte en esta narrativa que plantea que son las mismas buscadoras quienes se ponen en riesgo al buscar en contextos de tanta violencia, una intención de borrar la responsabilidad del Estado de su obligación de cuidarlas, coloca en el centro la geografía del narco y diluye la posición de las víctimas.
“En ese sentido lo que hacen las buscadoras no requiere autorización del gobierno, es decir, las prospecciones independientes son un derecho que tienen las buscadoras y que han ejercido desde el dia primero que se formaron los colectivos, las búsquedas independientes incluso antes de que se creara la Comisión Estatal de Búsqueda”.
Sandoval, que forma parte de un grupo de activistas y académicos que acompañan a las familias buscadoras en procesos legales, emocionales, de capacitación y de búsqueda, refiere que el gobierno estatal debería garantizarles la seguridad desde las prospecciones que realizan.
“La Fiscalía está obligada a asistir al llamado de las buscadoras porque cuando se encuentra un punto positivo, la prospección pasa a ser escena del crimen y las buscadoras se convierten en custodias de un sitio de hallazgo donde la Fiscalía debe responder, ahí cambia la situación del estado y las buscadoras que se convierten en foco de riesgo”.
Las buscadoras coinciden en que el gobierno de Guanajuato debe darles seguridad no sólo cuando hay búsquedas oficiales (algunos días de la semana), sino en la prospección independiente, en el traslado, en su vida cotidiana, pues ellas tienen derecho a buscar. Además de erradicar las desapariciones de personas.
“Para mí, que estoy buscando a mi familiar, es bien difícil decirle ‘no te voy a buscar ni sábado ni domingo, te busco a partir del martes’. Las autoridades se quedan dos semanas sin trabajar por planeaciones, tres días sin trabajar por cursos, una semana más por las lluvias. Entendemos que es una labor de trabajo pero lo de nosotros es una labor por amor, por desesperación”, dice una de las buscadoras.
“Tenemos derecho a buscar y aquí sabemos dónde están los desaparecidos y eso no les gusta a los responsables”, dice otra mujer que relata cómo un día les arrojaron el cuerpo de una persona en un lugar donde estaban haciendo prospecciones, días después mataron a su compañero Javier Barajas. “Eso fue una señal, no es coincidencia”.
“Yo siempre he pensado que nuestras búsquedas son un hecho que marcan la historia, aunque las autoridades no quieran, lo que está pasando se debe ver en el presente para que no se repita en el futuro y pues a muchas autoridades no les hace gracia. Las desapariciones no son algo a lo que podamos acostumbrarnos, no es la normalidad”.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
