Fabiola Alanís, titular de la Conavim, indica que se ha luchado para que toda muerte violenta se investigue como feminicidio, pero reconoce que todavía falta mucho por hacer. Tal es el caso de Oaxaca, en donde activistas buscan la reclasificación de muchos de estos delitos.
Por Citlalli López*
Desde 2019, Elizabeth Rojas Peña pide justicia para su hermana Estela. Las autoridades clasificaron su caso como un homicidio a pesar de que existen elementos para que el delito sea juzgado como feminicidio.
«No sé si sea mi dolor, mi ansiedad o hambre de justicia que me hace ver que sí es un feminicidio por eso lo planteé a mis abogados pero (las autoridades) me dijeron que no. El obstáculo que se encuentra en diferentes casos que he leído, que me han compartido grupos feministas, es la mentalidad de los jueces», menciona Elizabeth en entrevista.
Cuando ella planteó la reclasificación del delito le advirtieron que si el juez la rechazaba, podían aumentar las posibilidades de que las dos personas imputadas quedaran libres. «Puede haber un mundo de diferencia entre una condena y otra; y esta gente puede dañar a muchas personas más», señala sobre las diferencias en la tipificación de homicidio y feminicidio.
Su hermana Estela Rojas Peña tenía 39 años de edad cuando fue incomunicada y desaparecida por dos días. Su cuerpo con heridas y golpes fue encontrado el 27 de noviembre de 2019 en el paraje Paso de Piedra, Villa de las Flores, en el municipio de Zimatlán, en la región de los valles centrales de Oaxaca.
El caso presentó al menos cuatro de las nueve circunstancias que el artículo 411 del Código Penal del Estado de Oaxaca reconoce como razones de género dentro del delito de feminicidio. Se trata de la causal II, ya que a la víctima se le habían infligido heridas; la V, pues el cadáver fue expuesto; la VI, debido a que fue incomunicada; y la VIII, dado que había una relación de confianza con el presunto responsable porque trabajaban juntos.
Estela fue una de las 135 mujeres víctimas de feminicidio que el Colectivo Huaxyacac contabilizó en 2019. En contraste, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta sólo 28 carpetas de investigación por este delito durante ese año.
En México, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo, tan sólo de enero a julio de 2021 se han registrado 580 víctimas de feminicidio. Sin embargo, en el mismo lapso de tiempo se han contabilizado mil 616 homicidios dolosos contra mujeres, una cifra que podría alertar sobre un posible subregistro en los casos de feminicidio.
Los cinco estados que más han reportado víctimas de feminicidio de enero a julio de este 2021 son Estado de México con 79, Jalisco con 46, Veracruz con 43, Ciudad de México con 37 y Chiapas con 33. Oaxaca por su parte está en el séptimo lugar con 27. De lado contrario, los cinco estados que menos han reportado víctimas de feminicidio en este mismo lapso son Tamaulipas con dos, Nayarit con dos, Yucatán con tres y Colima y Baja California Sur con cuatro cada uno.
Llama la atención que, en general, en todas las entidades estas cifras suben drásticamente cuando se trata de homicidios dolosos, y aquí los estados que más han reportado este delito de enero a julio 2021 son Baja California con 200, Guanajuato con 175, Chihuahua con 162, Michoacán con 154, y Estado de México con 126. Los que menos reportan son Baja California Sur, Campeche y Yucatán con solo un caso cada uno; y Aguascalientes y Durango con dos cada uno. Por su parte Oaxaca está en el lugar 16 en la tabla de todos los estados con 34 homicidios dolosos.
Hacia el esclarecimiento de los feminicidios
Fabiola Alanis Sámano, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), señala que desde la dependencia se ha pugnado porque en el país se cumpla lo establecido en diversos protocolos y sentencias de que toda muerte violenta de una mujer se investigue como feminicidio.
«Todavía no logramos que en todo el país se clasifiquen los casos como feminicidios. Hemos ido avanzando, pero estamos en eso», indicó.
Al mismo tiempo reconoce que en las fiscalías estatales hay un déficit de personal para atender este tipo de casos, una cuestión que la Comisión ha buscado resarcir brindando más recursos a las fiscalías para la contratación de personal capacitado que va desde abogadas hasta psicólogas. «Nosotras, desde los recursos destinados a la Alerta de Violencia de Género, hemos asignando a las fiscalías para que contraten a personal calificado para atender este rezago. Hemos buscado fortalecer la capacidad de respuesta en las fiscalías en lo que más necesitan, y lo que más necesitan es personal», aseveró Alanís.
Por su parte, Yesica Sánchez Maya, integrante de Consorcio Oaxaca, afirma que desde la Fiscalía General del Estado de Oaxaca hay una dinámica de mermar las cifras de feminicidios para no afectar la imagen de la entidad. «Hay un rejuego de las cifras para dar una imagen que no es. Oaxaca tiene tres años con una Alerta por Violencia de Género», asegura.
La abogada feminista y defensora de derechos humanos destaca que hay tres grandes nudos para categorización y erradicación de los feminicidios. El primero es la integración de las investigaciones y la ejecución de órdenes de aprehensión; el segundo está en manos de jueces, juezas y en las magistraturas para resolver los casos con perspectiva de género y dictar sentencias; y el tercero consiste en la falta de cultura de respeto a los derechos de las mujeres.
«Hay una sociedad acostumbrada al ejercicio de la violencia contra las mujeres y niñas. Marco legal hay, reformas de avanzada hay, pero lamentablemente no tiene impacto en el presupuesto, la política pública o la acción», añade.
Una unidad de atención y seguimiento de feminicidios
Desde 2017 la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) y su Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia, conocido como Centro PAIMEF (Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas) cuentan con una unidad de atención y seguimiento a casos de feminicidio con acompañamiento y representación jurídica a víctimas indirectas, sobrevivientes de violencia feminicida y personas allegadas de víctimas de homicidio por muerte violenta.
Si a partir de un análisis en las carpetas de investigación, la unidad considera que la fiscalía o el Poder Judicial no atendieron elementos con perspectiva de género, interviene para solicitar la reclasificación del delito.
La figura de asesoras jurídicas coadyuvantes está prevista en la Ley de Víctimas y les faculta a adquirir todas las responsabilidades procesales como lo es solicitar la realización de actos de investigación, la judicialización de alguna carpeta ante la omisión de la fiscalía, así como la vinculación con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para vigilar los actos de investigación.
«Lo anterior implica una participación activa en el proceso para solicitar que se lleven a cabo actos de investigación específicos para el contexto de la violencia feminicida», señala Elizabeth Benítez Cristobal, directora del Centro PAIMEF-SMO, en donde además brindan atención psicológica, tanatológica y desarrollan programas de prevención de la violencia de género contra las mujeres.
De 2017 a 2020, la unidad de atención y seguimiento defendió la reclasificación a feminicidio de dos carpetas de investigación abiertas por suicidio. En uno obtuvo una sentencia condenatoria de 39 años y nueve meses por feminicidio agravado; en el otro consiguieron que se investigara bajo el protocolo de feminicidio. Además, en al menos 50 por ciento de los expedientes de víctimas de violencia se ha peleado la rectificación de los criterios.
Ana Vázquez Colmenares, titular de la SMO, explica que la apuesta para la erradicación del feminicidio está centrada en la prevención desde tres niveles.
El primero es la prevención primaria dirigida al público general con campañas de difusión y sensibilización. También abarca la formación hacia las personas que son primeros respondientes en los municipios, como policías. Además de juezas y jueces o síndicas y síndicos que tienen una función de Ministerio Público en localidades donde no hay.
El nivel secundario es a través de una red de promotoras interculturales, círculos de reflexiones y diálogos de hombres en torno a las masculinidades no hegemónicas y el empoderamiento económico de las mujeres para salir del círculo de la violencia.
Y, finalmente, el tercer nivel mediante la actuación del Centro PAIMEF-SMO y su unidad de atención y seguimiento a casos de feminicidio. Tan sólo en 2020 fueron atendidos 143 casos, de los cuales 134 fueron de mujeres adultas, seis de adolescentes y tres de niñas.
«Ahora lo que queremos es que los centros (instalados en los municipios) se queden como primer nivel de atención y auxiliar del Centro PAIMEF-SMO para que se sean de atención especializada sobre todo a violencias más graves, de alto riesgo y extremo y, que cada vez más, los municipios, con ayuda de la Secretaría, puedan otorgar este primer nivel de atención. Estamos haciendo este año un pilotaje para que se constituyan con una abogada, una psicóloga y una trabajadora social, de las cuales al menos una de ellas hable la lengua indígena», finaliza Vázquez Colmenares.
***
* Citlalli López, es periodista de investigación.
