La lucha de las personas que defienden el Chamizal no es en contra del Centro de Convenciones… es por el derecho a la ciudad, por la defensa de un espacio identitario que es patrimonio ecológico, cultural e histórico de las y los juarenses
Por Héctor Padilla
Quienes nacimos o vivimos nuestra niñez en Ciudad Juárez a finales de los años sesenta o principios de la década siguiente, tenemos recuerdos de una ciudad que en parte ya no existe o está en proceso de desaparecer. Sea porque se le ha destruido, o porque ha quedado en el olvido o aplastada por el curso que tomó la ciudad en las últimas tres décadas a medida que se afianzó el modelo de desarrollo centrado en la industria maquiladora. Es una urbe que entre sus rasgos más sobresalientes tiene la expansión y dispersión de su mancha urbana, por efecto de la construcción de grandes parques industriales y por el impulso a un modelo de construcción de vivienda que precariza a sus ocupantes, cuya única finalidad ha sido satisfacer los intereses y la especulación inmobiliaria.
Es posible que recordemos especialmente dos lugares con agrado, porque eran espacios que disfrutábamos principalmente un domingo llevados por nuestros padres, que nos llenaban de orgullo y llevaban nuestra imaginación hacia un futuro luminoso y de bienestar, igual a las imágenes de otras ciudades, como las que veíamos al otro lado del río, en El Paso, Texas.
Esos dos lugares eran el Pronaf y el otro El Chamizal, ambos nacidos en un momento muy particular en la historia nacional y de nuestra región. Ambos surgidos de un avivado espíritu nacionalista, que buscaba fortalecer la identidad nacional en una frontera que el centro del país creía lejana y que por lo tanto debía acercar con políticas económicas y culturales; un espíritu cuyo devenir era incuestionable, luego de que el país lograra la devolución de los terrenos de El Chamizal por parte de Estados Unidos, luego de una disputa territorial que duró varias décadas. Ambos lugares, incluían espacios que urbanística y arquitectónicamente celebraban a la nación: centros de espectáculos, museos, áreas verdes, monumentos, vialidades, todo ello simbolizaba lo que el país quería para los habitantes fronterizos.
¿Pero qué sucedió después? Ese aliento nacionalista desapareció a medida que la ciudad y el país mismo se integraba cada vez más a los circuitos de la economía internacional, y en la medida que se fue forjando una alianza entre las viejas élites económicas y los nuevos sectores sociales fomentados por los beneficios que derramaba la maquiladora. Los terrenos del Pronaf y El Chamizal fueron traspasados en la segunda mitad de los años ochenta por el Gobierno Federal al municipal, para que este administrara el uso y disposición de los terrenos que formaban parte del Pronaf y se ocupara del cuidado, desarrollo y vocación ambiental, cultural y educativa de los que pertenecían a El Chamizal.
Del primero ya sabemos lo que sucedió. La administración municipal de Jaime Bermúdez (PRI, 1986-1989) optó por el fraccionamiento y venta de los terrenos del Pronaf, con el supuesto de que los recursos obtenidos financiarían proyectos de desarrollo urbano, principalmente al suroriente (la zona periférica con vivienda formal, pero con habitantes precarizados, que más adelante crecería sin límite y que hoy está convertida en el principal foco rojo de inseguridad).
El espacio arquitectónico del Pronaf fue destruido en su mayor parte. La destrucción incluía la Sala del INBA, pero ese sitio se salvó gracias a la oportuna lucha de resistencia emprendida por artistas, intelectuales y ciudadanos.
Igualmente quedaron en pie el Museo de Arte e Historia, que siguió en funciones, y el edificio donde operó el Fonart, ahora rehabilitado y convertido en el Centro Cultural de las Fronteras de la UACJ.
El resto está convertido en un inmenso páramo, con estacionamientos en muy mal estado, construcciones sin coherencia arquitectónica que albergan antros, restaurantes o casinos; un inmenso hoyo en el lote baldío donde se ubicaba el otrora Hotel El Presidente; y un centro comercial que prácticamente ahoga al edificio que fue la Sala del INBA. Es un paisaje caótico, una inmensa cicatriz urbana, que demuestra el inmenso poder destructivo que pueden tener la corrupción oficial, la especulación inmobiliaria y la mezquindad de quienes dicen invertir y trabajar por el bien de la ciudad, pero solo pretenden beneficiarse de ella y sin hacerse responsables de las consecuencias sociales de sus actos.
El segundo espacio, el Chamizal, ahora lo vemos con claridad gracias a las denuncias de un grupo de ambientalistas (Frente por la Defensa del Chamizal), ha seguido una suerte más o menos similar. Se le ha fraccionado, privatizado y reducido de manera paulatina en sus áreas verdes, en favor de comodatos cedidos principalmente a asociaciones deportivas sin fines de lucro, pero que –también se sabe por medio de diversos reportajes en los medios periodísticos locales– disfrutan de enormes ganancias por su usufructo. Además, los comodatos fueron cedidos al margen de la normatividad establecida por el convenio de cesión de El Chamizal firmado por los gobiernos federal y municipal. Su origen es la irregularidad jurídica.
En suma, quienes conocimos de esa promesa de ciudad que simbolizaban ambos espacios, décadas después vemos que lamentablemente esa promesa se esfumó casi por completo. En su lugar, se alza una metrópoli distópica, donde la pobreza de la mayoría de sus habitantes, la violencia extrema y elevada incidencia delictiva, los desequilibrios urbanos y la fragilidad de las instituciones de gobierno son sus expresiones más evidentes. Menos evidentes, pero también parte de esa distopía urbana, son las responsabilidades por acción y omisión que ha tenido en el curso de esta historia la concurrencia de intereses empresariales y políticos, que desde hace décadas han actuado solo para satisfacer sus intereses y para convencernos que únicamente su visión cuenta. El desenlace del Pronaf es un ejemplo de ello.
Por ese motivo, ahora que avanza la lucha por la defensa de El Chamizal y su rechazo a que en ese espacio se construya el Centro de Convenciones que el empresariado hegemónico local pretende construir en sus terrenos, resulta por demás interesante la publicación del desplegado “Posicionamiento a favor del Centro de Convenciones y Exposiciones de Ciudad Juárez”, donde éste exige terminar con la “tramitología” que parece detener el avance de las obras. Es interesante por las razones que repite como estribillo para justificar ese proyecto: que es para promover el desarrollo de la ciudad, específicamente el Centro Histórico, y que lo promueven quienes siempre han invertido en el bienestar de sus habitantes.
También lo es por la relevancia de algunos empresarios que lo suscriben, entre los cuales hay quienes han ocupado cargos públicos y desde hace años tienen puesta su mirada en los terrenos de El Chamizal; así como otros que –contradictoriamente con el sentido elitista del desplegado– desde hace años impulsan discursos e iniciativas en favor de una ciudad de derechos y de una planeación estratégica e incluyente. Sobre todo, es interesante porque su mensaje revela que parecen estar lejos aún de una postura autocrítica y de hacer un balance de lo que sus iniciativas han provocado en la ciudad. Su mensaje evidencia que siguen sin mirarla, pero considerándola de su propiedad. Sobre todo, que desconocen la nueva conciencia cívica surgida en las últimas décadas en torno al reclamo de una ciudad para todos.
La lucha de las personas que defienden el Chamizal no es en contra del Centro de Convenciones y sus pretendidos beneficios. Es por el derecho a la ciudad, por la defensa de un espacio identitario que es patrimonio ecológico, cultural e histórico de las y los juarenses. Es una lucha para rescatar lo que queda de esa promesa de ciudad: el principal centro de recreación para miles de familias pobres y principal pulmón verde. Y por encima de todo, es una lucha por el respeto a la ley.
Ojalá que quienes firmaron el desplegado, reflexionen sobre su rol desempeñado históricamente en la localidad, y que, si es tanto su interés en promover el bienestar de sus habitantes, en un ejercicio de congruencia consideren otras opciones donde el impacto de un centro de convenciones sea mayor. Pero esto sin comprometer el medio ambiente y sin pasar por encima del derecho que tenemos todos los habitantes a una mejor calidad de vida y al disfrute del espacio público. Por ello, es vital que la comunidad se manifieste en defensa del espacio más icónico de la identidad juarense, porque El Chamizal es de todos.
