Reformas a la Ley General de Comunicación Social obligan a todo tipo de instancias gubernamentales a limitar el gasto en comunicación social; Ayuntamiento de Chihuahua presentó una controversia constitucional, en Juárez se analizan las nuevas disposiciones
Por Itzel Ramírez / La Verdad
Cuatro días antes de que entraran en vigor los presupuestos para el año 2023 de las entidades públicas del país, el Congreso de la Unión aprobó reformas que obligan a todo tipo de instancias gubernamentales a limitar el gasto en comunicación social; una medida que supone reorientar cientos de millones de pesos y que ha desatado desde recursos legales hasta llamados para revisar el gasto público.
Mientras el Municipio de Juárez se alista para analizar los escenarios del reajuste presupuestal, el Ayuntamiento de Chihuahua presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que además pidió la suspensión de las reformas como medida cautelar.
El 27 de diciembre de 2022, la Cámara de Diputados avaló modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tras una iniciativa del grupo parlamentario de Morena, un día después, las reformas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación.
Concebidos como parte del llamado ‘Plan B’ de reforma electoral, los cambios inciden en el presupuesto que las entidades públicas destinan a la comunicación oficial, así como a las definiciones sobre qué actos constituyen propaganda electoral y cuáles no.
Ha sido el reparto de dinero público a medios de comunicación uno de los principales motivos por los que varios organismos han interpuesto sendos recursos legales para frenar las modificaciones.
Tras la reforma, todas las entidades públicas del país deben limitar el gasto anual en campañas de comunicación social -contenidas en el Programa Anual de Comunicación Social- en un máximo de 0.1 por ciento del presupuesto de egresos que corresponda para cada caso, de acuerdo con la nueva redacción de la fracción VII del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social.
En el caso de los dos municipios más grandes de Chihuahua y del gobierno estatal, el ajuste significa una reducción de cientos de millones de pesos que estaban destinados a medios de comunicación, en un mecanismo que hasta ahora no cuenta con reglas, estándares ni objetivos definidos, ante la falta de una regulación local sobre publicidad oficial.
Para este año, Juárez aprobó un presupuesto de 8 mil 378 millones, 383 mil 75 pesos. De ese total, el Cabildo aprobó el ejercicio de 183 millones 145 mil 680 pesos con 41 centavos para servicios de comunicación social y publicidad, dentro de la partida de servicios generales, una cifra que representa el 2.18 por ciento del total del gasto público anual.
Dentro de los próximos 120 días hábiles, es decir, aproximadamente antes del 20 de junio, el gobierno municipal debe ajustar ese gasto a 8 millones 378 mil 383 pesos con 75 centavos, es decir, al límite del 0.1 por ciento, una rebaja de más de 174 millones de pesos.
Ante el reajuste que establece la nueva Ley, la regidora panista Austria Galindo propuso la comparecencia de Rosa Angélica Alarcón, oficial Mayor del municipio para que informe: “las erogaciones, contratos o cualquier procedimiento administrativo que al día de hoy se han venido realizando (sic) dentro del rubro de Gasto de Comunicación Social, para el presente Ejercicio Fiscal”, según se aprecia en el orden del día de la sesión de Cabildo de este miércoles.
Los cálculos de la regidora se refieren, sin embargo, al total de recursos destinados a las coordinaciones de Comunicación Social –163 millones 417 mil 723 pesos con 72 centavos–, y de Redes Sociales –35 millones 372 mil 962 pesos–, y no al monto específico de campañas, como está definido en la reforma.
El punto también buscaba que se turne el tema en calidad de urgente a las comisiones de Hacienda y de Gobernación para que se ajuste el monto y en consideración de lo ya ejercido y se hagan las adecuaciones pertinentes. Pero fue desechado por mayoría en el Cabildo.
En el caso del municipio de Chihuahua, el Ayuntamiento presentó una controversia constitucional el pasado 26 de enero, informó el alcalde Marco Bonilla.
“Dicha controversia se presenta debido a que de las reformas se desprende una invasión de las esferas competenciales, dando con ello violaciones a preceptos constitucionales (…) la reforma viola los principios de autonomía, libertad hacendaria y configurativa, principio de reserva de ley, además de vulnerar el derecho a la libertad de información de las y los habitantes del municipio de Chihuahua”, indicó un comunicado.
Como medida cautelar, el Ayuntamiento solicitó la suspensión de la vigencia de la norma en tanto se resuelva de fondo.
El municipio de la capital proyectó en 2023 un presupuesto anual de 5 mil 92 millones 591 mil 120 pesos con 39 centavos, de los que comprometió 37 millones 648 mil 744 pesos para servicios de difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales; 27 millones 262 mil 500 pesos para la difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios; un millón 941 mil pesos para el pago de servicios de creación y difusión de contenido exclusivo de internet y otro millón 941 mil pesos para servicios relacionados con monitoreo de información en medios.
En total, 68 millones 793 mil 244 pesos, etiquetados que, de no avalarse la controversia constitucional, tendrán que limitarse a 5 millones 92 mil 592 pesos.
En estimación del ayuntamiento, la reducción ordenada por el Congreso federal es “absolutamente desproporcionada al fijar un tope presupuestal homologado para todos los poderes de la Unión de los tres niveles de gobierno”.
Gobierno de estatal quiere 195 mdp
En cuanto al gasto estatal, el gobierno de Maru Campos fijó en 195 millones 693 mil 916 pesos su Programa de Difusión y Comunicación Social, según se aprecia en el PEE 2023.
La desagregación precisó que parte de ese recurso (161 millones 576 mil 520 pesos) irá para difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamental (158 millones 584 mil pesos), otra parte sería para servicios de la industria fílmica del sonido y del video (dos millones de pesos) y otros servicios de información por 992 mil 520 pesos.
Del resto, destinado específicamente al Programa de Difusión y Comunicación Social no se informó a qué servicios se etiquetó el recurso.
Con la reforma, el tope sería de 92 millones, 185 mil 343 pesos con 99 centavos, toda vez que el presupuesto anual es de 92 mil 185 millones 343 mil 992 pesos.
Durante los primeros diez meses de su gestión, Campos entregó 137.9 millones de pesos a medios de comunicación; 56 por ciento de ese gasto se concentró en solamente 10 medios o socios de esas empresas, en un gasto que no contó con licitaciones, justificaciones ni evaluación alguna.
En ese periodo, la empresa periodística propietaria de El Diario de Juárez y El Diario de Chihuahua obtuvo de 27 millones de pesos, es decir, casi un tercio del tope que fijan las nuevas disposiciones.
Los claroscuros
Fundar y Artículo 19, organizaciones de la sociedad civil, se pronunciaron a inicios de diciembre de 2022 sobre los cambios que, en ese momento, estaban todavía en discusión en el Senado de la República.
“… las modificaciones a la llamada ‘Ley Chayote’ no cambian sustancialmente el ‘estado de cosas inconstitucional’ que declaró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017 y 2021. Por lo que, al día de hoy, está en manos del Senado de la República revertir la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial como medio de censura sutil”, consideraron las organizaciones en un posicionamiento.
Aunque el límite del gasto público para medios fue considerado un aspecto positivo, las reformas no incluyeron criterios de rendición de cuentas, equidad, pluralidad ni hay directrices para la asignación del gasto en publicidad oficial, apuntaron los organismos.
“… no se establecen los topes de asignación por medio de comunicación, ya sea del total de la partida presupuestal o por campaña de comunicación social. Como hemos documentando las organizaciones firmantes, la hiper-concentración del gasto de comunicación social en unos cuantos medios de comunicación (prácticamente 50 por ciento en 10 corporativos) es un patrón que se mantiene”, apuntaron.
Otra crítica fue la sustitución del término “sujetos obligados” por “entes públicos”, lo que, en el análisis de las organizaciones, se puede prestar a que privados queden fuera del escrutinio público.
Asimismo, criticaron que la definición de “publicidad gubernamental” deje de lado “las manifestaciones de las personas servidoras públicas en el ejercicio de su libertad de expresión”.
“Preocupa que esta definición da pie a que cualquier persona servidora pública -incluyendo el representante del Ejecutivo- pueda promocionar cualquier situación o servidor público en contravención de la propia legislación y de los estándares en la materia”, advirtieron.
Sin procesos ni órganos de medición de audiencias, rating, tiraje e impacto previstos en la normativa, el reparto del dinero sigue sin tener la idoneidad de despliegue de mensajes como centro del ejercicio presupuestal, manifestaron las organizaciones.
“Mediante la reforma aprobada por la Cámara de Diputados es previsible que persistirán malas prácticas en la asignación y contratación de la publicidad oficial. También se prevé que no se revierta el uso condicionado del gasto de comunicación social como forma de manipulación sobre las líneas editoriales de periodistas y medios de comunicación”, finalizaron las organizaciones antes de la aprobación de los cambios.
Otras modificaciones incluyen la creación de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, aunque no se define qué tipo de medios lo compondrán.
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