“Los migrantes y quienes los atienden son objetos de la política y no sujetos de una justa regulación”.
Por José Mario Sánchez Soledad
Con Donald Trump, se comenzó a escuchar el concepto de Tercer País Seguro en materia de Migración. Países como Guatemala aceptaron este acuerdo con los norteamericanos, un mecanismo internacional que posibilita acoger en un país a quienes solicitan asilo en otro. Estados Unidos y México no han suscrito este tipo de acuerdo, bajo el cual la nación mexicana se erija oficialmente como barrera en el flujo migratorio hacia América del Norte. Al existir amenazas por parte de Estados Unidos hacia México de implementar nuevos aranceles a las exportaciones, se aceptaron de facto políticas como el MPP (Migrant Protection Protocols).
Los Protocolos de Protección al Migrante son una acción del gobierno de los Estados Unidos, mediante la cual ciertas personas extranjeras que ingresan o buscan ingresar desde México, ilegalmente o sin la documentación adecuada, pueden ser devueltas a nuestro país y esperar fuera del territorio norteamericano el tiempo que duren sus procedimientos de inmigración, donde “supuestamente” se les brindaría todas las protecciones humanitarias apropiadas. La epidemia del COVID-19 facilitó la implementación de la política llamada Titulo 42, una de las restricciones fronterizas entre México y Estados Unidos acordadas para evitar la propagación del virus; bajo esta medida de salud pública, Estados Unidos expulsa a las personas hacia México o a sus países de origen.
La presidencia de Donald Trump fue severamente restrictiva del derecho legal a solicitar asilo. Ahora, la administración del presidente Joe Biden, siguiendo mandatos que han dictado varios jueces federales, ha mantenido vigente la dura restricción de expulsar por causas de la pandemia según el Titulo 42. Esta política posiblemente termine en el mes de mayo de 2023, cuando finalice la emergencia de salud y aún no hay claridad sobre qué nueva política se implementará.
Otra iniciativa de la administración Biden para algunas personas migrantes ha sido un programa de “libertad condicional humanitaria”. Esta permite a los inmigrantes de unos pocos países obtener un estatus documentado temporal en Estados Unidos, se solicita a través de un APP o una página en línea de la CBP y se demanda viajar en avión. La aplicación para teléfonos inteligentes también inicia un proceso para que un limitado número de migrantes soliciten exenciones al Título 42 mientras se encuentran en el norte de México. Estas iniciativas están ayudando, pero adolecen de graves defectos de diseño y funcionamiento, la plataforma se cae continuamente. Y no se ha considerado, por ejemplo, la falta de equipo de telefonía inteligente entre los migrantes y las limitaciones de conectividad de los centros de albergue hacia esta población.
Todas estas políticas reflejan los intereses políticos y económicos de los gobiernos de los países. Al llegar a la Frontera Norte, se evidencia con mayor claridad cómo estas políticas no han considerado en su diseño a la personas. Los migrantes y quienes los atienden son objetos de la política y no sujetos de una justa regulación. La preocupación por el ser humano está completamente ausente. No es suficiente el permitir un libre tránsito para respetar ese derecho, como está sucediendo en Mexico. Todos los días se observan a miles de migrantes en las carreteras, caminos, trenes, en todas las poblaciones de la nación. Pero ese libre tránsito no está unido a un cuidado de las personas. Estas se encuentran en un estado de completa indefensión, sujetos a deportación permanente y victimas constantes del desorden y el crimen.
Las personas deberían tener la posibilidad de representación legal y el acceso eficaz a la información pertinente sobre una solicitud de asilo. ACNUR, organismo de la ONU, habla de al menos garantizar los derechos a salud, acceso a educación y empleo para cualquier refugiado o asilado en territorio mexicano. Las política migratoria no es solo regular o no entradas y salidas de flujos, la política migratoria debiera de ser una política integral de cuidado a las personas y sus derechos.
Parte del empresariado de la frontera norte y de otras ciudades del país han hecho relevante la posibilidad de emplear a migrantes en Mexico. Muchas de nuestra ciudades tienen un problema grave de escasez de colaboradores en muchos sectores, en la industria, en el campo, en el transporte de mercancías. Jalisco, Michoacán y Guanajuato pretenden traer para el campo a 10 mil trabajadores guatemaltecos bajo un esquema de visas temporales. Literalmente se requieren a cientos de colaboradores en las empresas de México, recordemos que solo por la pandemia murieron 800 mil mexicanos. Es hora de negociar acuerdos internacionales para facilitar y fortalecer la movilidad, el orden y las condiciones dignas de trabajo de los que decidan migrar. Es tiempo de ayudar a los gobiernos locales y a la sociedad civil a cumplir con el peso social de las decisiones federales.
***
José Mario Sánchez Soledad, empresario de Ciudad Juárez y presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático de Coparmex.
