Itzel Ramírez
La escena se repite con cierta regularidad: un nuevo capo es ingresado a las listas de los más buscados, millonarias recompensas son ofrecidas por aquel que, de acuerdo con el gobierno que le requiere, es responsable de traficar sendas cantidades de droga, de la criminalidad y la violencia en amplios territorios y de actos de corrupción sin fin.
Hacia octubre del año pasado, por ejemplo, la Administración Antidrogas (DEA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos duplicó la recompensa ofrecida para la información que lleve a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ubicado como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación –diez millones de dólares ofrece el gobierno estadounidense a aquella persona que brinde información del paradero del michoacano–. En comparación, la cifra que se oferta en México por los mismos datos parece vagamente atractiva, 30 millones de pesos (millón y medio de dólares).
La mayoría de las recompensas, sin embargo, se quedan solamente en el folleto que se distribuye por todas las fiscalías posibles. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría), el gobierno mexicano no ha pagado una sola recompensa desde el año 2011.
Desde la aprobación del acuerdo número A/004/10, que faculta a la dependencia para otorgar el incentivo económico, se han entregado un total de 50.8 millones de pesos en 8 recompensas, la más alta de 30 millones de pesos y la menor de 666 mil pesos. (Véase la solicitud de transparencia folio número 1700800002118).
Según Bloomberg, de 2013 a 2018, el programa de recompensas del Departamento de Estado había entregado 32 millones de dólares a 33 personas, algunas de las cuales recibieron hasta 5 millones de dólares. En total, desde su creación, el Departamento de Estado ha entregado 108 millones de dólares por la información que llevó a la captura de 70 personas entre los más buscados (https://www.bloomberg.com/news/features/2018-11-09/america-s-multimillion-dollar-dea-bounties-just-for-drug-lords).
Los datos disponibles permiten observar que el sistema de recompensas está todavía lejos de ser una exitosa estrategia para conocer el paradero de aquellos que por años han escapado a la aplicación de la justicia.
En el caso mexicano, es fácil advertir que la infiltración del crimen organizado en prácticamente todos los aparatos de seguridad y la corrupción que permea en el poder público ofrecen escasas garantías de seguridad para quien se atreva a delatar a alguno de estos personajes que por momentos parecen sacados de Los Intocables.
Hay, sin embargo, otro elemento que pudiera ayudar a explicar porqué, sin importar el monto, pocos acceden a los millonarios pagos.
De acuerdo con un reportaje de The Guardian publicado en 2014, el Departamento de Estado ha sido omiso en los pagos de algunas personas que delataron a capos colombianos. En el texto (https://www.theguardian.com/world/2014/feb/25/informants-us-catch-drug-lords-rewards-not-paid) se detalla que el gobierno estadounidense –al igual que el mexicano–, abiertamente esgrime que la entrega de las recompensas está sujeta a absoluta discrecionalidad y que quien aporta la información no cuentan con derechos de ninguna índole sobre el proceso. No es un contrato, se advierte.
Así el panorama cabe preguntarse qué tan efectivo resulta presupuestar semejantes cantidades de dinero para las pistas que tal vez no lleguen, en vez de fortalecer la investigación, equipamiento y controles de confianza de las instituciones de seguridad.
También asoma el tema para considerar cómo un incentivo económico de tal magnitud monetiza, sin más, el mero acto de ser ciudadano, de denunciar aquello que está mal porque –en teoría– es lo correcto.
Incluso, cabe pensar qué pasa con aquellos que, participantes de la organización criminal, optan por delatar al capo y casi por arte de magia, se convierten entonces sí en intocables y hasta recompensados.
¡SE BUSCA!, gritan los carteles. Casi nadie responde, tal vez, porque el tamaño del miedo es mayor al de la recompensa.
DESDE LA FRANJA
El lunes por la noche, un camión de transporte público fue incendiado al suroriente de Juárez, dentro estaban los cuerpos de tres personas previamente asesinadas. En enero de este año, otro transporte público fue incendiado sobre la principal avenida de la ciudad, aunque en este caso sí había pasajeros que fueron bajados de la unidad por los delincuentes que prendieron fuego al camión. Ojalá, por el bien de esta sociedad, que no se trate de un nuevo método para sembrar el terror.
