En una audiencia judicial, el comisionado Garduño trató de hablar con el contralmirante Salvador, pero éste lo ignoro; los otros funcionarios tampoco dirigieron la palabra a los que hasta hace unos días fueron sus jefes y con los que ahora están vinculados en un proceso por el incendio en la estación migratoria donde murieron 40 personas extranjeras
Por Blanca Carmona / La Verdad
Ciudad Juárez– Siete de los ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) vinculados a proceso por la tragedia donde murieron 40 migrantes extranjeros se encontraron, por primera vez, cara a cara frente a un juez en una audiencia judicial en la que buscaban la acumulación de las causas penales.
Seis de ellos, entre los que se encontraba el contraalmirante, Salvador G.G., fueron trasladados desde los centros carcelarios donde se encuentran recluidos. Vestían de gris, el uniforme que usan en el penal. Todos fueron colocados en la mesa de la defensa.
En seguida, al final de la fila de sillas, se acomodó el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez. El único que se encuentra libre. Él vestía un traje café impecable, iba acompañado de su abogado privado y pudo sentarse justo atrás de él para comunicarse durante la diligencia.
Garduño quedó a un lado del contralmirante, en retiro del Ejército, Salvador G.G., quien era el titular de la Oficina de Representación del INM en Ciudad Juárez al momento que sucedió el siniestro en la estación migratoria donde murieron 40 personas extranjeras.
El comisionado Garduño trató de hablar con Salvador, pero éste no cruzó palabra con él. El contralmirante –quien está sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva–, lo ignoró.
La audiencia judicial, que también reunió al guardia de seguridad de la empresa CAMSA y a Jeison D. C.R. –fue para atender una petición de acumular tres causas penales en una; sin embargo, eso no ocurrió debido a diferencias entre los defensores de los acusados.
Garduño, el funcionario de más alto rango del Instituto vinculado a proceso por la tragedia migrante que ocurrió en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, también se encontró de frente con otros funcionarios detenidos. Él es el único que enfrenta el proceso penal en libertad y se mantiene al frente del INM.
En la esquina, del lado derecho del juez, se sentaron los agentes migratorios federales. En la orilla estaba Eduardo A.M., frente a él Rodolfo C., de la T., y al lado derecho del primero se sentó Daniel G.Y., quien era el representante local de la oficina Noroeste del INM
El migrante venezolano se acomodó frente a Daniel G.Y. Al lado derecho de Daniel quedó la agente migratoria Gloria Liliana R.G., y a la derecha de ella el guardia de la empresa CAMSA, Alan Omar P.V.
A la derecha de Alan, estaba Juan Carlos M.C., un lado de éste el contralmirante Salvador, enseguida el comisionado. Ninguno se dirigió la palabra. Se mostraban cabizbajos, buscando con la vista a sus familiares presentes en la audiencia.
El único que no fue citado a comparecer fue el director general de Control y Verificación Migratoria del INM, Antonio M.D., quien fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público por este mismo hecho.
En la audiencia realizada este viernes 12 de mayo, el abogado defensor de Daniel G.Y., solicitó que las tres causas penales que se han iniciado por la tragedia ocurrida en la estación provisional del INM, se acumularan en una.
Eso, sin embargo, no se logró debido a que el Ministerio Público de la Federación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) se opusieron, y porque los defensores de los otros acusados no estuvieron de acuerdo.
En contra de Alan Omar, de Jeison D. C.R., y los agentes migratorios, Rodolfo, Gloria Liliana y Daniel G.Y., se inició la causa penal 216/2023 por los delitos de homicidio y lesiones.
Juan Carlos, Eduardo Magallanes y el contralmirante Salvador están vinculados por homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público en la causa penal 235/2023
Al comisionado Garduño Yáñez únicamente se le acusó del ilícito de ejercicio ilícito del servicio público en la causa penal la 237/2023.
Leonardo Gahona, representante legal de Daniel, argumentó que unir las causas penales 235/2023 y 237/2023 en una sola –en la 216/2023– permitiría que cualquier recurso que se presente y se otorgue, beneficie a todos los acusados; también, obtener lo que llaman “comunidad de la prueba” que se refiere a compartir pruebas favorables entre las defensas de los nueve acusados presentes en la audiencia
En su argumentación ante el juez federal Ernesto Cornejo Ángeles, Gahona sostuvo que las teorías defensivas son iguales en todos los casos, excepto la del venezolano Jeison.
También dijo que la carpeta de investigación fue concentrada en la Ciudad de México y para que la Unidad de Delito para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) reciba un escrito “es complejo” y hay demora.
Sin embargo, los defensores de seis de los acusados no estuvieron de acuerdo. Únicamente aceptaron la propuesta los representantes legales del migrante de Venezuela y de la agente migratoria Gloria Liliana.
La abogada de Rodolfo C., de la T., Elba Ivonne Salcedo, dijo que los plazos para el cierre de la investigación complementaria son diferentes en cada causa penal, afirmó que hay incompatibilidad de defensa entre varios de los acusados e incluso intereses diversos.
Jorge Vázquez Campbell, abogado del migrante de Venezuela, señaló estar de acuerdo con la acumulación, al considerar que podrían compartir pruebas que les beneficien a todos, llegar a un acuerdo entre los defensores en cuanto a los plazos para la investigación complementaria y evitar ponerse “zancadillas” entre ellos.
Además, dijo que no tienen acceso a los documentos que están en la carpeta porque el asunto se concentra en la Ciudad de México.
Juan Gerardo Carmona Leyva, abogado de Gloria Liliana, también expresó estar de acuerdo con la acumulación porque, señaló, se trata de un mismo hecho y mismas víctimas.
Gabriel García Otamendi, representante legal del guardia Alán Omar, se opuso a la acumulación de las causas al referir que tienen teorías defensivas diversas porque los grados de actuación de los acusados en los hechos son diferentes.
Daniel Álvarez Correa, abogado de quien estaba a cargo del Grupo Beta, Juan Carlos M.C., tampoco estuvo de acuerdo en la acumulación. Indicó que todos los sospechosos han presentado juicios de amparo para inconformarse por la vinculación a proceso y estos serán resueltos en diferentes fechas, los plazos para la investigación complementaria en cada causa penal son diferentes, y en la causa 216/2023 ya se escuchó la declaración de varios sobrevivientes del incendio, quienes son testigos de cargo, y los abogados de los acusados que no forman parte de esa causa penal no pudieron interrogarlos.
Luis Villalobos Frescas, representante de Eduardo A.M., pidió que no se hiciera la acumulación porque aseguró que no hay pruebas en común para todos, que no comparten teorías defensivas y los plazos para la investigación complementaria son diferentes.
Karla Mónica Priscila Ramírez, abogada del contralmirante, se opuso a la acumulación argumentando que ya recibió la declaración de los testigos de cargos y ellos no pudieron interrogar, también por los plazos, porque el presunto grado de participación de su representado en los hechos es diferentes al de los otros acusados y agregó que en la sala judicial ni siquiera existen las condiciones para tener a tantas personas al mismo tiempo.
El abogado de Garduño consideró irresponsable unir las causas asegurando que los defensores ni siquiera han hablado para saber si comparten teorías defensivas e incluso dijo que la teoría de ellos es contraria e implica un conflicto de intereses con la del guardia de CAMSA y añadió que la acusación contra su representado no tiene relación con el resto de los acusados.
Al final, el juez dijo que era improcedente la juntar las causas porque veía “más notas de distinción que notas de conexidad”; solo observaba que el común denominador era la tragedia en la estancia provisional.
El abogado del migrante de Venezuela quien dijo buscar que no hubiera zancadillas entre ellos, trató de pedir la revisión de la medida cautelar impuesta a Garduño. Empezó recordando que el 31 de marzo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Garduño era su amigo, pero ya no pudo continuar su exposición porque el juez lo interrumpió diciendo que no iba a permitir aseveraciones que no fueran jurídicas.
Vázquez Campbell trató en varias ocasiones de exponer que Garduño está obstaculizando el proceso, pues este recibe primero los datos de prueba que solicita el Ministerio Público de la Federación, de este caso, y aseguró que no hay igualdad de condiciones.
El juez le dijo al defensor que él no le impuso la medida cautelar a Garduño y que no puede revisar el trabajo de un homólogo, y lo exhortó a presentar la petición ante el juez que sí lleva esa causa si es que esta facultado como interviniente.
“No soy revisor de mi homólogo”, afirmó el juez federal y minutos después dio por cerrada la audiencia y seis de los funcionarios, junto a los otros dos detenidos, fueron trasladados de nuevo a los centros penitenciaros donde aguardan el proceso, mientras Garduño se retiró del lugar acompañado de sus abogados, pues es el único vinculado al proceso abierto por la tragedia que se encuentra en libertad.
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