De manera semejante al INE, que perdió su punch inicial en aras de la partidización, creo que algo semejante le pasó a la Corte, en menor medida
Por Hernán Ochoa Tovar
Teniendo como corolario el enfrentamiento con la SCJN, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto que los ministros de la Corte sean electos por voto popular. De manera semejante al mecanismo que quiso implementar para el INE –el cual no prosperó–, el presidente sugirió que los magistrados del máximo tribunal sean electos por la ciudadanía.
Adujo que, en la República Restaurada (durante el gobierno de Juárez) “los ministros eran electos por el pueblo” y por tanto se busca revivir esa figura centenaria, si las leyes y los tiempos lo dispusieran. Y aunque ha dicho que busca presentar diversas reformas, antes de abandonar el poder en 2024, “si MORENA tuviera mayoría calificada” (sic), lo cierto es que el diputado Ignacio Mier, a la sazón coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha propuesto una consulta (semejante a las que se realizaron para preguntar a la ciudadanía sobre el juicio de los ex presidentes y sobre la ratificación del mandato de AMLO) para inquirir a la gente acerca de la pertinencia de elegir a los magistrados del Poder Judicial por esta vía. Y aunque el presidente de la República ha endosado públicamente la propuesta, esgrimiendo que la SCJN se ha tornado en el “supremo poder conservador” (sic), lo cierto es que la propuesta me produce sensaciones encontradas.
Aunque definitivamente creo que se requiere una reforma para mejorar al sistema judicial, ignoro si la vía del sufragio sea la idónea. Aunque el Poder Judicial no ha estado exento de partidocracias, y durante la denominada “Presidencia Imperial” en los tiempos del Nacionalismo Revolucionario (1929-2000) había una correa de transmisión entre poder, donde el presidente era el jefe máximo de los demás poderes. Dicho esquema comenzó a romperse en la década de 1990, cuando, al inicio de su sexenio, el ex Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) dio el denominado “golpe a la Corte”, procedió a renovarla, y llevó a renombrados juristas a ser ministros, destacadamente Olga Sánchez Cordero y Genaro Góngora Pimentel.
Después, aunque hubo funcionarios de carrera que se convirtieron en ministros, hubo personeros del régimen o cercanos a la partidocracia que también hicieron lo propio y el espíritu liberador, que se sintió en los albores de la época zedillista (teniendo su culmen con Góngora llegado a la presidencia de la corte blandiendo una agenda liberal, a contrapelo del foxismo, que ondeaba banderas conservadoras), no pudo percibirse siempre.
De manera semejante al INE, que perdió su punch inicial en aras de la partidización, creo que algo semejante le pasó a la Corte, en menor medida.
Considero que, en lugar de proponer que el “pueblo elija a los ministros” se debe confiar en el Congreso para realizar esa labor de manera indirecta y así auscultar los mejores prospectos. Claro que todas las personas que lleguen tendrán su ideología, pero lo que debe importar, en el caso de la SCJN, es la interpretación de la Constitución simple y llana, en lugar de elucubrar idearios; creo que la Corte no se hizo para eso y no es un sitio para las militancias, sino para las pertinencias y las correcciones procesuales. El derecho mexicano es muy claro en ese sentido. Por lo tanto, aunque suene utópico, creo que se deben perfilar a las y los mejores candidatos, más allá de la ideología que tengan. Coincido con que el intercambio de favores -que prevaleció en gobiernos pasados- no debe prevalecer; pero, para ello, se debe tener en la técnica una aliada, con el fin de mejorar la aplicación de la justicia en el estado mexicano.
Por lo anterior, considero que los ministros deben ser designados por el Congreso (previa propuesta del Ejecutivo) en lugar de ser votados. Esto, porque elegir a quien aplicará las leyes, es algo sumamente complejo. Perdonando la simpleza de la metáfora, sería como si los jugadores del partido votaran por elegir al árbitro o al ampáyer, en lugar de ser una designación consensuada por los organizadores. Además, si se dice que la “campaña es poesía y la praxis política realidad” (en una breve paráfrasis del neoyorquino Mario Cuomo) ¿serán los jueces capaces de hacer poesía de algo tan técnico y abstruso como lo son las legislaciones? Además, en un ámbito que debe ser imparcial -la justicia- ¿podrían los jueces estar exentos de ello, siendo postulados por alguna marca partidaria? Suena difícil, por no decir imposible, pues, para llegar a cierto lugar, tendrían que endosar el ideario de los partidos que los postularan; motivo por el cual dicha aventura podría antojarse un poco riesgosa.
Como se podrá ver, el presidente López Obrador ha tenido una relación zigzagueante con la Corte. Espero que, por el bien del país, se restablezcan los canales de comunicación entre ambos poderes, pues son necesarios para el cabal funcionamiento de la República. Es tan sólo mi humilde considerando.
