Los factores de carácter externo a nuestro país explican en buena parte por qué los productores de granos básicos, sobre todo del norte y occidente de la República. estén demandando el incremento de precio a sus cosechas
Por Víctor M. Quintana S.
La agricultura y la alimentación se están cimbrando a nivel global. Eso revelan las movilizaciones de los productores de maíz, trigo y sorgo, en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y otras entidades. No sólo es el clima o la baja de precios internacionales de los granos. Se confirma el uso creciente de la alimentación como arma geopolítica de las potencias agrícolas contra países como México. Los factores de carácter externo a nuestro país explican en buena parte por qué los productores de granos básicos, sobre todo del norte y occidente de la República. estén demandando el incremento de precio a sus cosechas:
El gobierno estadounidense traza su política agroalimentaria unilateralmente, sin tomar en cuenta a sus socios comerciales, y la plasma cada 5 años en la Farm Bill. En el área del TMEC no hay una política agrícola común, semejante a la que elabora la Unión Europea. Allá hay menos asimetría entre los países socios; acá, total asimetría.
Estados Unidos otorga grandes subsidios a los precios de sus granos y oleaginosas y deprime los precios internacionales. Luego utiliza los tratados comerciales para presionar que se les compren sus productos subsidiados, sacando de la competencia a los agricultores de las naciones socias comerciales. Circula un excelente estudio de Timothy Wise, “Nadar contra la corriente” (https://bit.ly/3CrPSsE) que documenta las tres décadas de dumping de productos alimenticios de los Estados Unidos contra México. Resultados: deterioro de nuestra capacidad de producción de alimentos y elevación del índice de nuestra dependencia en granos y oleaginosas hasta el 48%. Tan sólo entre 2014 y 2020, las exportaciones norteamericanas a México a precio dumping hicieron que los productores mexicanos de maíz perdieran 3, 800 millones de dólares y los de trigo, 2,100 millones.
No sólo nos presionan para comprarles grandes cantidades de granos. Se desentienden también de la calidad, y cuando México intenta poner límites, como con el maíz genéticamente modificado, vienen las ofensivas legaloides como la que acaban de desatar en nuestra contra los Estados Unidos, seguidos por Canadá.
A esta forma estructural de proceder de Washington y de los gigantes del agronegocio, se suman dos factores recientes que agravan el problema agroalimentario mundial: la crisis sanitaria desatada por la Pandemia de COVID-19 que deprimió la producción de alimentos, y la crisis energética y de insumos provocada por la guerra Rusia-Ucrania, que en un primer momento elevó los precios de fertilizantes, energéticos y alimentos.
Además, están los crecientes costos del equipo, refacciones, maquinaria y carestía del crédito agropecuario. Debe además tenerse en cuenta el gran margen de intermediación del puñado de empresas como Cargill, Grumma y Minsa que compran barato a productores y venden caro sin arriesgar nada.
De no atenderse las demandas de los productores se va a desestimular la producción de granos básicos y oleaginosas en México y vamos a incrementar nuestra dependencia alimentaria, con respecto a los Estados Unidos. Eso nos va a tornar más vulnerables políticamente, más débiles en lo político y nos va a hacer menos saludables y más obesos. Nos vencerán con el arma alimentaria.
También en la Unión Europea hay una creciente inconformidad con la Política Agrícola Común. La convergencia de las crisis y de la guerra ha hecho que los países se atrincheren en sus políticas particulares comerciales y agrícolas y contribuyan aún más a la distorsión del mercado alimentario global. Algunos sectores demandan construir una Política Agrícola (pero también) Alimentaria Común que reconcilie sociedad civil y agricultores, que permita una estabilización de los ingresos de los productores y de los precios, a los consumidores. Una política que propicie una transición agroecológica sostenible. Plantean tres tipos de acciones:
Primero, aplicar herramientas de regulación económica y productiva para ordenar el mercado, constituir reservas estratégicas de alimentos y establecer ayudas contracíclicas a los productores. Segundo, establecer un marco de ingreso asegurado a los productores de básicos para consolidar la soberanía alimentaria y permitirles correr riesgos y hacer inversiones que incrementen sustentablemente sus capacidades de producir alimentos. Tercero, reorientar el consumo hacia los productos que vayan haciendo posible la transición agroecológica. (https://bit.ly/3P8Nw9q).
El Gobierno de la 4T ha hecho un importante esfuerzo por hacer justicia a los marginados agricultores de autoconsumo, sobre todo del centro y sur del país. Pero no es suficiente: la guerra alimentaria no declarada, el desgaste de los productores de granos del país, el bien de los consumidores y la seguridad nacional, exigen la construcción de una política agroalimentaria más amplia e integral que nos lleve a aprovechar las capacidades existentes de los grandes y los medianos productores y apoyar al máximo el desarrollo de las capacidades de producción de los campesinos.
En este agresivo contexto global, es necesaria una política de frente nacional. Debe convocarlo el Estado e incluir a campesinos, productores comerciales y consumidores, nadie se queda fuera. Se trata. en primer lugar de aplicar políticas efectivas para estimular la producción de alimentos básicos y dejar de depender de importaciones y precios internacionales. De meter en cintura a las empresas acopiadoras y compradoras que arreglan el mercado a su conveniencia. De trazar conjuntamente una hoja de ruta para la transición agroecológica en la producción, en el consumo y la sustentabilidad de los recursos naturales. Si nuestros socios comerciales nos hacen la guerra con los alimentos, podemos construir pacíficamente una agroeconomía de guerra. Dialoguemos para hacerlo.
