No hay pretexto para descuidar a las personas jornaleras agrícolas. Son pobres, gran parte de ellas indígenas, pero son muy trabajadoras, hacen un gran aporte a la economía del país. Su hora debe llegar
Por Víctor M. Quintana S.
Ellas y sus familias juntas serían la tercera entidad del país en población: 8 millones y medio. Sin embargo, a pesar de su enorme contribución a la economía del país son un sector invisibilizado y olvidado. Se les identifica con el retraso y la pobreza, pero son factor clave en una de las actividades económicas más productivas, dinámicas y generadoras de divisas.
Se trata de las personas jornaleras agrícolas. Pocos grupos de trabajadores merecen tanto ser calificados de proletarios, como ellas. Además de sus brazos, sólo cuentan para subsistir la ayuda de su prole que migra con ellos a los campos agrícolas. Pocos grupos tan invisibilizados a las políticas públicas y tan ignorados en el cumplimiento de sus derechos.
Gracias en buena parte a las personas jornaleras agrícolas, en 2022 las exportaciones agroalimentarias del país ascendieron a 50 mil 133 millones de dólares, superaron en 27.9 por ciento la entrada de divisas por concepto de venta de productos petroleros al exterior, que sumó 39 mil 212 millones de dólares y en 78.9 las correspondientes al turismo extranjero, que totalizaron 28 mil 016 millones de dólares el año pasado y sólo fueron superadas por las remesas (58 mil 497 millones de dólares). (https://bit.ly/3Qd4VP4)
Es el trabajo de las personas jornaleras lo que hace posible la exportación y generación de divisas de productos alimenticios no procesados como el aguacate, el tomate y jitomate, las “berries”: fresas y frambuesas, frutas frescas, cítricos, diferentes variedades de hortalizas, chiles, etc.
Aunque es difícil estimarlo se calcula que en México hay entre dos millones y medio y tres millones de personas jornaleras agrícolas. Su número es muy significativo si se considera, por ejemplo, que el número de trabajadores de la industria maquiladora de exportación es de 3 millones 127 mil personas. Como ya dijimos: junto con sus familias llegan a 8 millones y medio de personas.
Entre ellas hay una alta proporción de personas indígenas: 24% habla una lengua indígena, proporción tres veces superior a la nacional. La gran mayoría de ellos son migrantes, van cambiando su lugar de residencia conforme va desarrollándose el ciclo agrícola en las diferentes regiones del país. Los principales estados de origen de las personas jornaleras son aquellos donde hay más porcentaje de población en extrema pobreza: Guerrero, Veracruz, Oaxaca, México, Puebla y Chiapas. Los estados de destino son aquellos donde hay más desarrollo de la agricultura comercial: Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Durango. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un estudio del 2018 estima que las y los trabajadores agrícolas cuentan con 5.9 años de escolaridad en promedio, más de 3 años por debajo del promedio nacional.
Este sector es especialmente vulnerable a la violación de sus derechos, comenzando por los laborales 93.4% carece de contrato; 90.9% no tiene acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo y 85.3% no cuenta con prestaciones laborales. El 33.3% de los jornaleros percibe hasta un salario mínimo, y poco más de la mitad, 54.5%, percibe más de uno y hasta dos salarios mínimos. ( https://bit.ly/3KdWCyD)
Además de las violaciones a sus derechos laborales las familias de las personas jornaleras acusan graves violaciones en su derecho a los cuidados: según ONU Mujeres el 91% de las mujeres jornaleras no cuenta con prestación alguna por parte de su trabajo. Se estima que sólo entre un 14 y 17% de los niños, niñas y adolescentes de estas familias acude a la escuela; la extrema escasez de guarderías o estancias infantiles hace que muchos niños se queden en los campos y muchos sufran accidentes a veces mortales o picaduras de animales ponzoñosos mientras trabajan sus padres. Los servicios de salud son escasos, y contadas veces cercanos a los campos de trabajo.
Recientemente se han agravado entre las personas jornaleras el alcoholismo y las adicciones, el fentanilo ya se hizo presente. Muchos tienen que acudir a los enervantes para soportar los agotadores jornales y las difíciles condiciones de trabajo. La falta de opciones de uso de tiempo libre, de deporte, cultura y actividades comunitarias hace que prolifere el alcoholismo y se dispare la violencia familiar, con las mujeres como víctimas en la mayoría de los casos. No hay instancias gubernamentales que atiendan esta problemática.
La migración constante, las extenuantes jornadas de trabajo, las adicciones, los pocos espacios para la actividad comunitaria, funcionan además como mecanismos que desgarran el tejido social y como mecanismos de control: No hay instancias de socialización de la experiencia cotidiana, de encuentro, de construcción de nuevas solidaridades, de organizaciones gremiales. Esto limita los movimientos reivindicativos y de protesta de este importante sector social. Como diría el clásico, les obstaculizan su constitución como clase social.
Tal vez por esto, los diversos órdenes de gobierno y los patrones se han olvidado y descuidado la atención efectiva a los derechos de las personas jornaleras y sus familias. La letra de la ley existe, pero son muy escasos el personal y los mecanismos efectivos para vigilarla y hacerla cumplir. Han desaparecido programas federales como el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) y no se han sustituido por otros
No hay pretexto para descuidar a estas personas. Son pobres, gran parte de ellas indígenas, son muy trabajadoras, hacen un gran aporte a la economía del país. Su hora debe llegar.
