Este 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador rinde su quinto informe de gobierno. En estos años el Ejército es más visible que nunca, mientras que los programas sociales han ayudado a paliar las desigualdades sociales. Cuestiones como la inseguridad y la crisis de desaparecidos siguen siendo temas pendientes en la agenda
Por Arturo Contreras Camero / Pie de Página
Ciudad de México- A casi cinco años de que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México, la situación económica del país parece estable y la nación se sitúa como un referente en América Latina. Sin embargo, aún quedan deudas en materia de seguridad y desapariciones.
Después de haber enfrentado la pandemia de COVID-19, el presidente parecer estar listo para dejar el mando de lo que ha llamado Cuarta Transformación de la República a un relevo generacional. Al menos así lo anunció desde hace un par de meses, cuando dijo que, después de que el Movimiento de Regeneración Nacional determine quién contendrá por la presidencia en las elecciones de 2024 (lo que ocurrirá el 6 de septiembre) entregaría el bastón de mando a la persona designada.
Según ha dicho el propio mandatario, dedicará el año que le queda en la presidencia para terminar sus compromisos y obras pendientes. Este es un breve recuento de lo bueno, lo controvertido y lo malo de esta administración.
El superpeso y el regreso del milagro mexicano
«Ya se habla del nuevo milagro mexicano», comentó hace unos meses López Obrador durante una de sus tradicionales conferencias al hablar del terreno que ha ganado el peso al dólar en el tipo de cambio. Este año el peso rompió varios límites históricos al bajar de las 17 unidades por dólar, aunque hubiera sido por unas horas.
«Aunque no le guste a los conservadores», dijo el presidente durante esa conferencia, “es el peso la moneda que más se ha apreciado durante el tiempo llevamos en el gobierno con relación al dólar” y recordó cómo a su llegada el dólar estaba por arriba de los 20 pesos y los pronósticos de los opositores advertían de un precio mayor. “Era que se iba a ir hasta 30 pesos por dólar, hubo un comentarista que dijo ‘compren sus dólares’, ahora cómo le va a hacer con los que le hicieron caso”.
Acompañado de los buenos resultados en el tipo de cambio, la administración actual se regodea al recordar el aumento al salario mínimo, que fuera de las zonas fronterizas del país está en 207 pesos, así como de los 21.6 millones de trabajos formales que habían en marzo de 2023, nivel superior a los niveles anteriores a la pandemia y mismos que, en promedio, reciben una remuneración de casi 16 mil pesos mensuales.
Sin embargo, el gran triunfo en materia social, se dio a conocer a finales de julio, cuando se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en la que se señaló que de 2018 a 2022 en el país había aumentado el ingreso de los más pobres, mientras que el de los más ricos no había crecido con desmesura.
Una semana después, haciendo un análisis de la misma encuesta, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer que 9 millones de mexicanos habían dejado la pobreza extrema, la mayor reducción en la materia en 6 años. Mientras que en 2016 el porcentaje de población pobre era del 43.2 por ciento (unas 52 millones de personas), para 2020 el porcentaje se redujo al 36.3 por ciento (47 millones de personas). Según las explicaciones del gobierno esto se debió a la eficacia tanto de los programas sociales del gobierno como por sus políticas de aumento al salario y regularización laboral.
Entre los resultados del Coneval se destacó que de 2018 a 2022 la población con acceso a algún tipo de seguro médico se había reducido en 16.2 por ciento, sin embargo, esto se debe a la aplicación del programa IMSS-Bienestar, que elimina la credencialización de los seguros sociales del estado para dar un paso a un modelo de universalidad en el que no se necesita la adscripción a algún modelo de seguridad social para que se pueda recibir atención médica.
Seguridad ¿y turismo? El ejército omnipresente
No solo el peso ha ganado terreno al dólar en estos años. Las Fuerzas Armadas retomaron un espacio fundamental en la discusión pública desde el 2018 con la creación de la Guardia Nacional y su intromisión en tareas de seguridad. Pero su papel no quedó ahí, hoy el Ejército también es un muy eficiente desarrollado inmobiliario y se proyecta como una gran empresa turística.
El 13 de abril de 2022 se creó el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V. o GAFSAOMM, una empresa del Ejército, creada hace un año para administrar algunas de las obras de infraestructura insignes de este gobierno como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya junto con los hoteles que se construyen a su paso y aeropuerto de Tulum, cuya construcción aún no concluye.
Incluso, será esta empresa la encargada de regresar a Mexicana de Aviación, aerolínea quebrada y abandonada en 2014 por Gastón Azcárraga. Gracias a las gestiones de esta administración se logró comprar la marca y algunos de los inmuebles de la primera aerolínea del país a los trabajadores y jubilados defraudados por Azcárraga, misma que se espera reinicie sus operaciones desde el aeropuerto Felipe Ángeles a finales de este año.
Además de la operación de estos bienes del Estado, el Ejército ha jugado un papel en la construcción de algunos tramos del Tren Maya.
Soberanía energética asfixiada
En abril de 2023 el presidente anunció la compra de 12 plantas de generación eléctrica de ciclo combinado (que usa gas natural para hervir agua y usar el vapor para generar energía por medio de turbinas) y una eólica. La compra se haría al gigante energético mundial, Iberdrola, empresa que durante sexenios anteriores desarrolló un amplio mercado de energía privado, pero que con el cambio de política energética en el país iniciado en 2018 perdió una amplia porción de sus negocios.
La decisión fue presumida como un paso importante para lograr la soberanía energética, entendida desde Palacio Nacional como la idea de que el gobierno de México, a través de sus empresas paraestatales, pueda generar suficiente energía para toda la población del país. Si bien la apropiación de las centrales eléctricas representa un avance en ese sentido, México no produce suficiente gas natural para alimentarlas, por lo que, como se estipuló desde el sexenio anterior, el país está obligado a comprar gas natural de Estados Unidos. El gas que se tiene que comprar es tanto que no solo basta para echar a andar esas plantas, sino que incluso, la administración actual, junto con empresas estadounidenses están construyendo centros de empaquetado (licuefacción) de gas para que se pueda llevar en buques a Asia y Europa y venderse en otros territorios.
Una minería más acotada
En ese mismo abril de 2023, antes de que el Congreso terminara su periodo de sesiones, los legisladores aprobaron una serie de reformas enviadas desde Palacio Nacional, entre ellas la Minera de Aguas Nacionales y de Equilibrio Ecológico.
La propuesta original del Ejecutivo contemplaba la reducción del tiempo de concesión minera y un control férreo a los cuidados ambientales y de agua que debían cuidar las empresas mineras en el país, sin embargo, los diputados modificaron la iniciativa y aprobaron la entrega de concesiones mineras de 30 años, prorrogables al doble y otro tipo de prebendas para la industria.
A pesar de que muchos empresarios, algunos agrupados bajo la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, advirtieron que la reforma ponía en riesgo la subsistencia y continuidad de la industria minera en México, las leyes modificadas se establecieron y ya han empezado a surtir efecto, ante ello, algunas empresas se han amparado para detener el avance de esta ley, que además de recortar el tiempo de concesión, establece cuidados ambientales más severos y obliga a las empresas a devolver el 10 por ciento de sus utilidades generales a las poblaciones de donde se sacaron los recursos.
Planes de justicia sin reforma indígena
A pesar de que en abril de este año el Congreso aprobó una amplia serie de reformas enviadas desde el Ejecutivo, la reforma a la Ley Indígena no se apreció entre ellos. Dicha reforma plantea dotar de más derechos a los pueblos indígenas, respetar su territorio y sus usanzas así como sus autonomías, sin embargo, sus alcances podrían ser tan profundos que se dejó de lado. Quienes conocen la propuesta de reforma aseguran que recuerda a los Tratados de San Andrés y que amplía la capacidad de gestión y decisión de los indígenas sobre su territorio.
Por otro lado, los planes de justicia, una iniciativa de reparación a pueblos originarios del país ha empezado a rendir sus frutos. El primer plan en aplicarse fue para la tribu yaqui de Sonora y se tienen proyectados programas como este para otros pueblos de Sonora como los yoreme-mayos, seris y guarijíos; los rarámuris en Chihuahua y los wixaritari, na’ayeris, o’dams y mexikan.
El gobierno impulsa desde entonces seis planes de justicia para los yaquis, yoreme-mayos, seris y guarijíos en el estado de Sonora; los rarámuris en Chihuahua y wixáritari (plural de wixárika), na’ayeris, o’dams y mexikans. Mientras que el plan de los yaquis avanza y ha usado una inversión de más de 13 millones de pesos, el resto de los planes apenas empiezan a aplicarse.
En México sobreviven casi 17 millones de pobladores originarios de 69 pueblos distintos y que representan el 13 por ciento de la población total de México.
Ni las tragedias modifican al Instituto de Migración
A su llegada al gobierno, López Obrador ofreció cambiar el paradigma de la migración con trabajo y oportunidades. Atacando las causas, como dice él. Sin embargo, las presiones de Estados Unidos han servido para que México se convierta en un tercer país seguro, donde miles de personas que esperan llegar al país del norte esperan su hora para una audiencia que les podría abrir las puertas del país del Norte.
A su vez, esto significó el endurecimiento de las medidas de contención a la migración en el país, cuya cara más cruda se dejó ver en marzo de este año, cuando una estancia del Instituto Nacional de Migración fue cubierta por las llamas de un incendio que terminó con la vida de 40 personas que se encontraban bajo custodia del INM. El titular de Migración del país fue citado a declarar, pero no ha sido depuesto del cargo no ha rendido explicaciones de la situación de los migrantes al interior de otras estancias como estas, mismas que son descritas por organizaciones de defensores de migrantes como prisiones inhumanas.
Por su parte, el gobierno se ufana de la aprobación del CBP One, un método digital para el trámite de visas humanitarias implementado por Estados Unidos para desarrollar una migración más ordenada y con papeles, sin embargo, su alcance es muy limitado ante el incesante aumento de los flujos migratorios del sur al norte global.
La inseguridad, el monstruo imparable
Pese a los buenos resultados en distintas materias, el 67 por ciento de los mexicanos aún considera que el principal problema que hay en el país hoy en día es la inseguridad, percepción que aumentó en los últimos meses gracias a la proliferación de ataques armados en ciudades así como el secuestro y desaparición de personas en algunos estados.
Muestra de ello fueron los bloqueos carreteros y la quema de incendios realizados en la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán. Como respuesta a algo que el gobierno calificó como intentos publicitarios de los delincuentes, mil 200 elementos de las Fuerzas Armadas acudieron a ese estado para fortalecer las tareas de seguridad.
El traslado de amplios cuerpos militares por el país se ha vuelto una constante que, no obstante, no logra contener los enfrentamientos y los sucesos violentos a lo ancho del país.
La desaparición de personas, otra de las deudas más profundas del gobierno con la tranquilidad de sus pobladores, tampoco se ha controlado con la estrategia de “abrazos, no balazos” proclamada por el líder del Ejecutivo. Apenas el 11 de agosto pasado 5 jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco desaparecieron y hasta el momento no se tiene respuesta clara sobre su paradero. Ese estado es el que más desapariciones registra con casi 15 mil de los más de 110 mil casos registrados en el país.
Por si fuera poco, Karla Quintana, quien encabezaba la Comisión Nacional de Búsqueda dejó la institución en medio de un proceso de censo y conteo de personas desaparecidas en el país que ha generado varias dudas entre activistas y familiares de personas desaparecidas.
Gracias a este censo, Apenas hace unos días, las fiscalías de Coahuila, Hidalgo y Durango informaron que se encontraron con vida a personas que estaban reportadas como desaparecidas, sin embargo, no se conoce la metodología usada para la recolección de los datos, por lo que la opacidad en este sentido solo ha generado más dudas entre familiares de personas desaparecidas.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
