En la investigación contra Emilio Lozoya Austin no están todos los que deben. El exdirector de Pemex es un eslabón de la larga cadena de corrupción que involucra a personajes encumbrados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Castigar a todos es obligado para el presidente López Obrador
Alberto Najar
@anajarnajar
Ciudad de México – Hace millones de años, se cree que 65, en Yucatán cayó un meteorito que provocó una nube de polvo y gas que cubrió casi todo el planeta.
Los grandes dinosaurios, que eran la especie dominante, murieron paulatinamente de hambre. Se extinguieron.
Esta semana cayó algo parecido en Ciudad de México. No fue una roca enorme venida del espacio, sino una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos y el personaje más comprometido en el famoso caso Lava Jato.
Es la trama que involucra a la multinacional Odebrecht, acusada de entregar sobornos a expresidentes y funcionarios de varios países.
Se trata de uno de los mayores escándalos de corrupción en el continente americano, que provocó el encarcelamiento de varios expresidentes y el suicidio de uno, Alan García de Perú.
Pero en México nada había sucedido. A pesar de varias investigaciones de periodistas, agencias internacionales y un escándalo trasnacional, el manto de Enrique Peña Nieto protegió a los involucrados.
Hasta ahora. De lo que se conoce extraoficialmente la petición de captura se debe a una operación irregular en la compra de Fertinal, bautizada luego como Agro Nitrogenados, una empresa con instalaciones inservibles y por las que se pagaron 200 millones de dólares.
La operación se realizó en 2014, cuando Pemex adquirió la chatarra (la definición es del presidente Andrés Manuel López Obrador) a la compañía Altos Hornos de México (AHMSA), la mayor productora de acero del país.
Esta empresa, propiedad entre otros del empresario regiomontano Alonso Ancira, depositó al menos tres millones dólares a una cuenta bancaria en un paraíso fiscal utilizada por Odebrecht para sus operaciones irregulares.
Ancira está detenido en España. Sus abogados luchan por evitar la extradición a México.
Lozoya Austin, en tanto, promueve amparos para, 1, saber de qué se le acusa y 2, evitar su captura.
Más allá de la conocida trama, la onda expansiva del “Meteorito Lozoya” apenas empieza. Y en el recuento de los daños es importante recordar que no se mandaba solo.
La compra de Fertinal fue autorizada por el Consejo de Administración de Pemex integrado, entre otros, por los secretarios de Hacienda, Energía, Economía, Medio Ambiente y el director de la Comisión Federal de Electricidad.
En 2014 cuando se realizó la operación con AHMSA los secretarios eran Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, Ildefonso Guajardo, Juan José Guerra Abud y el responsable de la CFE, Enrique Ochoa Reza.
Todos reconocidos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en vías de extinción por cierto. Y también todos personajes muy cercanos a Peña Nieto.
De acuerdo con la Ley de Pemex los miembros del Consejo de Administración son responsables, ante los tribunales, de las irregularidades que cometan en las operaciones y firmas de contratos que autoricen.
Hay más. En las pesquisas de Lava Jato el nombre de Lozoya Austin aparece desde 2012, cuando como enlace financiero de la campaña presidencial de Peña Nieto se reunió con directivos de Odebrecht para, aparentemente, pactar una serie de contratos con Pemex una vez que asumieran el gobierno.
¿Supo el entonces candidato esos acuerdos? Tal vez, pero quien es muy posible que se haya enterado fue su coordinador de campaña, Luis Videgaray, el personaje de mayor influencia en el sexenio pasado quien actuaba como si fuera un vicepresidente.
Así que en este caso Lozoya Austin no debería ser el único imputado. De hecho el círculo de Peña forma parte de las investigaciones, aunque no se sabe cuál es su nivel de involucramiento.
Javier Coello Trejo, el abogado de Emilio Lozoya, dice que pretende citar al juicio a todos los integrantes del Consejo, e inclusive juega con la idea de pedir el testimonio del expresidente.
¿Llegará hasta allá la onda expansiva del “meteorito Lozoya”? Sepa. Pero el caso representa una papa caliente para López Obrador, quien mantiene la lucha contra la corrupción como el sino de su gobierno.
Desde el 1 de diciembre una de las críticas más repetidas es que su cruzada anticorrupción es sólo discurso. La oposición también habla de un presunto acuerdo secreto con Peña para mantenerlo alejado de los tribunales.
Y en el tema Lozoya Austin es importante enviar la señal correcta. Castigar sólo al exdirector de Pemex y al dueño de AHMSA sería equivocado no sólo porque quedarían fuera el resto de los eslabones de la cadena del caso, sino porque representa una contradicción con el discurso presidencial.
López Obrador insiste que la corrupción debe sancionarse desde arriba, donde están los verdaderos responsables, y no repetir la historia de atorar las pesquisas en funcionarios menores.
Al presidente no le gustan los “chivos expiatorios”. Él quiere ir contra “los machuchones”. Hoy es su oportunidad de hacerlo.
