En pleno momento electoral de México y Estados Unidos, la DEA filtró a medios internacionales los expedientes de una investigación infructífera del 2010. ¿Con qué objetivo? Tal vez, rescatar su imagen atropellada por encabezar una sangrienta política de seguridad binacional
Por Alejandro Ruiz / Pie de Página
Ciudad de México –Un nuevo capítulo de tensiones entre la DEA y México se ha abierto. Esto, después de la publicación de un reportaje que explica cómo, en 2010, la Agencia estadounidense abrió una investigación sobre un supuesto financiamiento del crimen organizado a la campaña presidencial que López Obrador encabezó en 2006.
El reportaje admite que, en 2011, el Órgano de Control de la DEA no encontró evidencia contundente que demostrara la acusación, y cerró la investigación. Sin embargo, la oposición en México ya usa este argumento para arreciar una campaña contra el gobierno federal a unos días de que el país realice la elección presidencial.
Y es que, casualidad o no, el reportaje fue publicado en el momento más crítico de las campañas electorales de México y Estados Unidos, donde la disputa de un proyecto político trastocará las relaciones bilaterales que ambos países han construido con sus actuales gobiernos.
¿Qué intereses tendría la DEA en tomar partido por uno u otro bando e intervenir en los procesos democráticos? La respuesta, tal vez, se remonta años atrás, con una declaración de Marcelo Ebrard.
El punto de inflexión
El 25 de octubre de 2020, el entonces canciller Marcelo Ebrard concedió una entrevista a la Revista Proceso. En ella, afirmó que el Estado mexicano revisaría los términos de su cooperación con la DEA.
El anuncio lo hizo después de que el 15 de octubre de ese mismo año la DEA arrestara en Los Ángeles, California, al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusándolo de 5 cargos, todos relacionados al narcotráfico.
La detención también fue a menos de un mes de la elección presidencial que sacó a Donald Trump de la Casa Blanca. Y meses después de que Marcelo Ebrard y el entonces Secretario de Seguridad en México, Alfonso Durazo, remitieran una carta al gobierno norteamericano sobre la existencia de cárteles estadounidenses.
El día después de la detención, el presidente López Obrador calificó el arresto de Cienfuegos como “un hecho muy lamentable” y una muestra “inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública en el país durante el periodo neoliberal”.
Días después, en un cambio inusual de narrativa, el presidente dijo que el gobierno de los Estados Unidos nunca le informó sobre alguna investigación acerca del exsecretario de la Defensa Nacional, “cuando existen acuerdos de cooperación que se tienen que respetar”.
Ahí, regresa la entrevista con Marcelo Ebrard:
“Cooperación habrá, pero tendrá que ser sobre otras bases. Todo deberá ser diferente. México esperará a que concluya el proceso electoral en Estados Unidos para proponerla”.
El 21 de noviembre, Cienfuegos abandonaría la prisión de Nueva York donde estaba recluido. Su liberación se debe a que los fiscales que llevaban el caso pidieron al juez que desestimara los cargos ante “consideraciones sensibles e importantes de política exterior”.
El acuerdo fue que Cienfuegos sería procesado en México, pero en cuanto pisó el territorio nacional, la Fiscalía General de la República desestimó los cargos. Dos años después, en octubre de 2023, el presidente dijo que la DEA fabricó delitos contra Cienfuegos, y le otorgó un reconocimiento por su trayectoria en el Heroico Colegio Militar.
Días después de que el general regresara a México, el presidente envió una iniciativa al Poder Legislativo para que la Secretaría de Relaciones Exteriores regulara la actuación de agentes extranjeros en México, afiliándolos como funcionarios consulares en conjunto con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y de la Marina.
La nueva disposición fue aprobada en enero de 2021, y además estableció que todas las embajadas acreditadas en México tendrían que comunicar cada mes toda la información que contribuyera a preservar la Seguridad Nacional, y que cualquier funcionario mexicano debería informar al Grupo de Alto Nivel de Seguridad sobre cualquier comunicación con agentes extranjeros en un plazo máximo de tres días. También endureció los reglamentos para que estos agentes portaran armamento en México.
Según analistas norteamericanos, este hecho representó la peor crisis en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, después del asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena en 1985.
Y tal vez no se equivocan.
Es un mal momento para ser agente de la DEA
El 6 de enero de 2021 el Congreso de los Estados Unidos certificó a Joe Biden como el próximo presidente de ese país. Ese mismo día, simpatizantes republicanos del todavía presidente Donald Trump tomaron el Capitolio, interrumpiendo la sesión.
El hecho acenturaría la ruptura entre el Partido Demócrata y el Repúblicano, quienes radicalizaron su posición hacia la ultraderecha.
Meses después, el nuevo gobierno quitaría los residuos de la era turmpista de las agencias y departamentos de los Estados Unidos, uno de ellos la DEA.
El 21 de junio, Anne Milgram asumiría la titularidad de la Agencia, y pronto inició una depuración de los 4 mil 600 agentes de la DEA que operan en los Estados Unidos y otros 69 países.
El caso que destaparía todo ocurrió en diciembre de 2021, cuando una corte norteamericana condenó por 12 años al exagente José Irizarry, acusándolo de conspirar con un cartel colombiano.
Antes de ir a prisión, Irizarry dijo a AP que “la guerra contra las drogas es un juego. Era un juego muy divertido que estábamos jugando”, y sus testimonios abrieron la caja de pandora.
Meses después, y de forma discreta, la DEA destituyó al jefe de su oficina en México, Nicholas Palmeri, a quien acusaron de celebrar fiestas con narcotraficantes, y relacionarse con abogados del crimen organizado.
Palmeri era el agente en jefe que logró la detención de Rafael Caro Quintero en julio de 2022, y además participó brindando información para la detención de Cienfuegos en 2020.
Sobre su detención, y los vínculos que Palmeri tenía con los cárteles mexicanos, el exembajador de los Estados Unidos en México, Chirs Landau, declaró en una entrevista que ese comportamiento extravagante, y enfocarse en detenciones que acaparen titulares noticiosos, “era una de las fallas más amplias de la DEA en la guerra contra las drogas”.
Y añadió:
“Desafortunadamente, en ausencia de una estrategia más amplia, la DEA está conduciendo el autobús de la política antinarcóticos de Estados Unidos y avanza por un carril muy angosto. Ello no va a influir sensiblemente en lo relativo a detener el flujo de drogas que ingresa a Estados Unidos, y con frecuencia acarrea consecuencias en política exterior que a veces son devastadoras”.
Una Guerra dirigida por criminales
En enero de 2023 una investigación de ProPública reveló que al menos, desde 2012, los agentes de la DEA en México tenían información sobre los vínculos de Genaro García Luna con el crimen organizado.
Aún así, de acuerdo con los testimonios recabados en el reportaje, los agentes de la DEA decidieron trabajar con García Luna, aunque tenían registros de su colusión con el Cártel de Sinaloa desde los 90.
“Si no era corrupto, era sospechoso, pero en realidad no teníamos más opción que trabajar con él”, dijo uno de los agentes entrevistados por ProPublica.
Sin embargo, la declaración del agente no es completa, pues la intención de dejar a sus anchas a García Luna parece corresponder más a legitimar una fallida estrategia de lucha contra las drogas: la Guerra contra el narco y la Iniciativa Mérica.
En 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna asumió la titularidad de la Guerra contra el narco, la misma que elevó en un 200 por ciento la tasa de homicidios y registró más de 80 mil desapariciones.
Ese año Genaro García Luna posaría en fotografías con la exsecretaria de estado de los Estados Unidos, Hilary Clinton. La foto era para recibir una donación de helicópteros por la Iniciativa Mérida, el acuerdo de seguridad nacional entre México y los Estados Unidos para combatir al crimen organizado en la región.
ProPublica recupera el testimonio de John Feely, un diplomático estadounidense de alto nivel que trabajó en la implementación de la Iniciativa Mérida:
“En muy poco tiempo, García Luna se convirtió en nuestra persona de referencia porque era el socio más eficaz que teníamos. Hubo muchas cosas que hicimos bajo la rúbrica de Mérida con mucho éxito, y en muchas de ellas participó García Luna”.
En 2008, el Congreso norteamericano aprobó un presupuesto de 400 millones de dólares, y de 65 millones para arrancar la Iniciativa Mérida en la región. Los 400 millones serían para México, y los 65 para Centroamérica, República Dominicana y Haití.
García Luna sería el principal ejecutor de esta estrategia, que en sus inicios consistió en proveer de equipo, entrenamiento y asesoría técnica a las fuerzas del orden en México. Además, contemplaba la vigilancia de las agencias de seguridad.
La principal táctica de la Iniciativa Mérida la trazó la DEA: el método kingpin. Es decir: el asesinato de los jefes de las bandas criminales para desarticular al crimen organizado. El método fue erróneo, y sumergió al país en un baño de sangre financiado por los Estados Unidos y al mando de un miembro del Cártel de Sinaloa.
De esto, la DEA no ha dicho nada, pero su método prevaleció hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto y durante la administración de Barack Obama, quien amplió los objetivos del Plan a 7 ejes fundamentales: reforzar a las instituciones de procuración de justicia; mejorar la persecución criminal y el apego a las leyes; constuir confianza pública en el Poder Judicial; mejorar la seguridad fronteriza; promover el respeto a los derechos humanos y prevenir el crimen y la violencia.
En 2019, el presidente López Obrador anunció el fin del Plan Mérida, y la construcción de un nuevo acuerdo de seguridad bilateral con los Estados Unidos. Su argumento fue que ese dinero se usara para programas de desarrollo social, enfocando la seguridad en la prevención social de la criminalidad y apegada a la estrategia definida por el presidente como: “Abrazos, no balazos” .
Ese mismo año, un empleado del Congreso estadounidense dijo al Washington Post, de manera anónima, que eso sería difícil:
«Ciertamente no tiene que aceptar la ayuda de Estados Unidos, pero tampoco puede dictar la forma en que se elabora».
Los remanentes del pasado
El fracaso de la Inciativa Mérida se demuestra con números:
Por ejemplo, de acuerdo con cifras del gobierno norteamericano, en 2022 los Estados Unidos registraron la muerte de 73 mil personas por sobredosis de fentanilo, diez veces más de los que se registraron en el 2000. El fentanilo, la droga del momento, y el punto de desencuentros entre los gobiernos de México y Estados Unidos, pues en nuestro país, al menos desde el 2006, los aparatos de seguridad identificaron que los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación incursionaron en la comercialización y distribución de esta droga.
De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez, de 2018 a 2023 en el país se han decomisado 7 mil 690 kilogramos de fentanilo. Sin embargo, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó en agosto de 2023 que desde 2020 se han decomisado 25 mil 228 kilogramos en la frontera mexicana.
En México, desde diciembre de 2006 a la actualidad se han registrado 350 mil homicidios y más de 80 mil personas desaparecidas.
Ambos casos, los remanentes de violencia en México y la crisis de adiciones al fentanilo en Estados Unidos, son dos temas que están a debate en los dos países, y que las oposiciones de los gobiernos en turno han explotado en los últimos meses. Además de la crisis migratoria y el endurecimiento del control de la frontera.
Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la petición del Partido Republicano en el Congreso para autorizar incursiones terrestres del ejército norteamericano en México, o bombardear a los grupos del crimen organizado, sumado a las peticiones para clasificar como terroristas a las organizaciones criminales en México, han sido las banderas políticas que los republicanos usan para evidenciar el fracaso de Joe Biden. Además de la crisis de gobernabilidad entre Texas y el gobierno de Estados Unidos a causa de la migración.
Por otra parte, en México, el uso descarado de la crisis de desaparecidos y el alza de los homicidios, ha sido la bandera con la que la oposición ha criticado al gobierno de López Obrador y la candidata presidencial de su partido, Claudia Sheinbaum. Descarado, porque fueron esos partidos, el PRI y el PAN, quienes sumergieron al país en la crisis de violencia que hoy sigue vigente.
En este contexto se insertan los reportaje de ProPublica, la DW e Insight Crime, haciendo énfasis en la estrecha cooperación entre Biden y Obrador, quienes sortean los estragos de fallidas y erráticas políticas de seguridad binacionales.
Un viejo vino, en una botella nueva
La realidad, es que México y Estados Unidos han avanzado muy poco en trazar otra estrategia de seguridad. Esto, aunque en 2021 ambos gobiernos decidieron entablar un nuevo acuerdo de cooperación bilateral en seguridad: el Entendimiento Bicentenario para la seguridad, la salud pública y una comunidad segura.
Este nuevo acuerdo, sin embargo, mantuvo los aspectos esenciales de la Iniciativa Mérida: prevenir el crímen transfronterizo, reforzar el control de la frontera y la migración, y desmantelar las redes criminales, con el agregado de dar prioridad a fortalecer la salud pública contra el paradigma de la “guerra contra las drogas”.
Y también, independientemente del nuevo acuerdo, el paradigma de la Iniciativa Mérida que implementó el equipamiento y reforzamiento de las fuerzas en México se ha mantenido intacto, aunque en 2020 Marcelo Ebrard dijera que: “Ni un helicóptero ha solicitado México a los Estados Unidos”.
¿Cómo se mantuvo? A través de acuerdos y prácticas políticas de las agencias norteamericanas, como la DEA, y secretarías de Estado mexicanas, como la Sedena y la Marina Armada.
El ejemplo más claro es la prolongación del método kingpin por parte de la DEA, quienes en 2021 ofrecieron una recompensa de 5 millones de dólares para arrestar a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras el operativo fallido de 2019 que derivó en el “Culiacanazo”.
También, la inflitración de la DEA en los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en 2021 con la estrategia de “perseguir y derrotar”. Estrategia que volvió a tensionar las relaciones entre ambos países y desacuerdo en las cifras presentadas que, según la DEA, muestran que ambos cárteles cuentan con 45 mil elementos, operando en casi todo el territorio nacional y 19 países más.
En el caso mexiano, la Sedena y la Marina Armada conservan acuerdos de cooperación con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, quienes a través de su sección 333 han entrenado a la Sedena y la Marina, como lo refleja la aprobación que el Senado dio en diciembre de 2023 para que integrantes del séptimo grupo del Comando Norte estadounidense entrenaran a las fuerzas especiales del ejército mexicano. Petición que hizo el propio presidente López Obrador.
Ahora, una DEA agonizante, y con intereses claros en mantener su prestigio ante los escándalos que la han acompañado en los últimos años filtra una investigación del 2010.
Nada es inocente, pero las repercusiones son muchas.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.
