Proceso judicial entra a su tercera semana de audiencias del juicio oral que inició el 11 de abril contra Velia H.G., por delito de trata en la modalidad de trabajos forzados. A la fecha se ha escuchado a 14 testigos, entre ellos varias víctimas que se encuentran en Estados Unidos y que deben participar a distancia, a través de videoconferencias
Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
El juicio oral que se sigue en contra de la pastora y encargada del albergue Aposento Alto, Velia H.G. entró en su tercera semana de audiencias, en las que han comparecido 14 testigos, entre ellos tres víctimas y la esposa de uno de ellos.
La religiosa está acusada de haber cometido el delito de trata en la modalidad de trabajos forzados y ha sido señalada por los tres migrantes que han declarado, como la persona que daba las órdenes de realizar trabajos en contra su voluntad -en varias ocasiones a través de otros migrantes-.
Además, el hijo de la pastora, Néstor Gabriel R.H., ha sido señalado como la persona que los amenazaba.
El juicio oral, 204/23, que se sigue contra Velia inició el pasado 11 de abril y avanza de forma lenta, con múltiples recesos pues el Ministerio Público enfrenta el reto de presentar a declarar a las víctimas a distancia, a través de videoconferencias, debido a que ya dejaron el país.
De las tres víctimas, dos declararon a través de videoconferencias y prácticamente sin asistencia psicológica pues las profesionistas se encuentran en la sala de audiencia en Ciudad Juárez y los afectados en Estados Unidos.
Otra de las víctimas de iniciales M.A.C.S., no fue localizada y al Tribunal de Enjuiciamiento unitario, a cargo del juez Jorge Gutiérrez Ortiz, se le exhibió el video de una declaración que él rindió el 5 de agosto del 2022, lo que permite la ley y se denomina “prueba anticipada”.
Eran recibidos con reglas y órdenes de trabajo, aseguran
Un migrante de Honduras quien huía de la Mara Salvatrucha e identificado con las iniciales J.A.M.P., es la última de las víctimas que declaró en el juicio.
Él se conectó desde Tennessee a través de una videoconferencia y a preguntas de la agente del Ministerio Público, Elsa Liliana Rodríguez Aldana, narró que en una segunda ocasión entró de forma irregular a Estados Unidos y fue deportado por Ciudad Juárez, al arribar Migración mexicana lo llevó a él y a su familia al albergue Aposento Alto, dirigido por la pastora Velia H.G.
“Llega uno a un lugar que no conoce, prácticamente destruido física como mentalmente, cansado”, dijo J.A.M.P.
La víctima señaló que en el albergue fue recibido por una de las encargadas de nombre Jocelyn, quien les dio a conocer las reglas que existían en ese espacio, entre estas la obligación de pagar 200 pesos semanales por el alojamiento por cada adulto, así como realizar el aseo y “acatar las órdenes que ellos dijeran” y “si no les gustaba pueden irse”.
“El primer día a lavar los baños, les dije que no, que estaba cansado. Pero tenía que hacerlo”, expuso y agregó que a medida que fue pasando el tiempo les asignaban trabajo tras trabajo.
J.A.M.P., afirmó que él participó en construir una barda entre la iglesia y la casa de la pastora; un cuarto de lavado; edificó una barda; remodeló parte de la casa de la hija de la pastora, como parte de esa misma remodelación ayudó a hacer una fosa séptica; puso un piso y una acera, entre otros proyectos.
“¿Se negó a hacer la barda?”, le preguntó la fiscal. “No, porque ya sabíamos que si no lo hacíamos iba a existir molestia, se enojaba… (hubo) una reunión que hizo la pastora e hijo, dijeron que nos podíamos ir, que ahí estaba el portón”.
El migrante expresó que se quedaron en el albergue de la pastora porque no tenían otra opción, no conocían a nadie en la frontera de Juárez, sabían que era una ciudad peligrosa y también, dijo, por ignorancia, pues no sabían que había otros albergues donde podían permanecer sin ser humillados.
El testigo señaló que el trabajo no fue voluntario, ni recibieron un pago.
El extranjero precisó que dejaron el albergue de forma voluntaria porque las mujeres empezaron a contar lo que estaba pasando en ese sitio y la pastora se enojó, les dijo chismosos y los corrió. Al final ellos decidieron salir de ese espacio y fueron ayudados por una psicóloga.
Al dejar Aposento Alto, el grupo fue dividido en dos, el testigo y su familia fueron llevados al albergue Espíritu Santo.
Antes de que la víctima dijera que se estaba por terminar la pila de su celular y que por ese motivo se interrumpiera la videoconferencia, a preguntas de la fiscal señaló que fue el hijo de la pastora, Néstor Gabriel, quien los obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad, indicándoles que podían ir a la cárcel si incumplían.
Y agregó que lo anotaron en una lista para que la organización HIAS los ayudará cruzar a Estados Unidos y pedir asilo político, pero “pasó bastante tiempo y nunca pasó nada, solo llegaron psicólogos”.
La batería del teléfono de J.A.M.P. se acabó cuando una abogada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) del Estado de Chihuahua le hizo unas preguntas.
Debido a que ese interrogatorio no había terminado y tampoco el abogado defensor de la pastora había podido hacer preguntas, el juez decretó un receso para reiniciar el mismo día a las 6 de la tarde. Pero la diligencia no pudo reiniciar porque la agente del Ministerio Público reportó que se vio involucrada en un accidente vial y no acudió a la audiencia.
El 21 de abril, la esposa de J.A.M.P., identificada en audiencia pública como Rixi Mabel V.M., declaró también por videoconferencia.
Ella coincidió en señalar que su pareja fue forzada a trabajar durante su estancia y a diferencia de J.A.M.P., quien no pudo recordar en qué fecha llegaron al albergue ni la dirección de ese inmueble, refirió que fueron llevados a Aposento Alto el 12 de octubre y al día siguiente una de las encargadas los anotó en un libro.
Rixi identificó a la encargada solo con el nombre de Jocelyn e indicó que era una migrante de Guatemala, quien también les dio a conocer las reglas que había en ese espacio de acogida.
La mujer dijo que a ella le asignaban la limpieza de la iglesia, del albergue de la casa de la pastora Velia y hacer comida y no podía negarse porque la amenazaban con quitar su nombre de una lista.
“¿Cómo fue la estancia de su hija en el albergue?”, preguntó la fiscal. A lo que Rixi respondió: “mal, súper mal. Había mucha comida vencida de meses, días, con cucarachas, estuvo a nada de morirse. También otros dos niños por la comida que estaba mala”.
La migrante afirmó que no tenían nada que comer y por eso comían esos alimentos. Esa situación, dijo, la llevó a un punto de querer quitarse la vida y a sufrir crisis de ansiedad.
“Veía a mi hija que no quería comer, por todo lo que pasaba. A la vez quería luchar por ella, pero ya no podía”, expresó.
Rixi indicó que varias de las órdenes las daba la pastora y también el hijo de ella, Néstor, a quien además señaló como el responsable de amenazarlos y obligarlos a firmar una carta de confidencialidad.
Al ser interrogada por el abogado que representa a la pastora, la testigo dijo que ellos en lo personal no habían iniciado un proceso migratorio cuando estaban en el albergue Aposento Alto.
El defensor también le preguntó por qué aportaba información falsa al juez respecto a que su hija no recuperó la salud mientras estuvieron viviendo en Aposento Alto, si en una declaración ministerial había dicho que sí se recuperó. La extranjera afirmó que la niña llevaba un tratamiento, pero seguía enfermando porque comían alimentos caducados.
