Los cárteles en Sinaloa tienen nuevos negocios más allá de la droga
miércoles, noviembre 27, 2024
En los últimos cinco años, Sinaloa ha experimentado nuevos tipos de violencias y modos de operación de grupos criminales que ahora ya no solo elaboran drogas, sino que extorsionan, hacen minería ilegal y se han introducido a mercados lícitos inflando los mercados
Por Marco Vizcarra / Revista Espejo
Al crimen organizado en Sinaloa no le basta fabricar y vender droga. Ahora, han llegado al transporte de mercancías, minería en zonas de playa y comercio de camarón a costa de quien los consume.
Producen y extorsionan, transportan y deciden quién vende y a cuánto.
Por ejemplo, el precio de la papa se elevó un 37 por ciento en menos de 3 años. Productores consultados para este reportaje aseguran que es debido a que tienen que pagar más para poder sacar sus cosechas por carreteras a personas que les cobran piso.
“No podemos negar que tratamos con ellos, todos nos tenemos que sentar alguna vez y negociar”, dijo un líder agricultor de Sinaloa, asociado en la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), un organismo que aglutina 11 asociaciones con 30 mil productores entre todas. El agricultor pidió anonimato por temor a represalias.
¿Por qué es tan importante? Porque apenas en el ciclo de 2023-2024 grupos de horticultores reportaron a las organizaciones agrícolas la presión de grupos criminales, para que éstos paguen sumas de dinero a cambio de poder transportar tomate, berries, chile bell pepper, pepino y berenjena. Un 60 por ciento de la producción hortícola es de exportación a Estados Unidos.
En paralelo, pescadores de camarón tienen presiones para poder vender libremente el producto, dejándolo a costos con los que apenas pueden pagar el combustible usado para salir a pescar.
“Ya la marihuana no vale, sí mueven, el grupo que está aquí sí trabaja, pero no es su fuerte”, dijo un pescador de la bahía de Altata entrevistado para este reportaje. Ha sido miembro de una de las cooperativas más importantes del Centro de Sinaloa.
-¿Entonces ellos se están adueñando del mercado de la pesca?
-”Sí, así es”.
No es todo, grupos criminales aprendieron a hacer minería a ras de playa en zonas protegidas de Sinaloa en el municipio de San Ignacio, en el sur del Estado.
“Muchos pequeños mineros han tenido que dejar la actividad porque les cobran, los presionan, los amenazan o los sacan”, dijo Huascar Peña, líder de pequeños mineros en Sinaloa.
Es control de territorio con actividades aparentemente lícitas, pero forzando a comunidades y pueblos que han sido silenciados con violencia. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, éste estado al noroeste de México es el principal productor de drogas sintéticas como fentanilo y metanfetamina, y antes lo fue sobre marihuana y amapola junto con Guerrero. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre decomisos y destrucción de drogas obtenidos con solicitudes de información confirman esa hipótesis del gobierno estadounidense.
Lo que Sinaloa vive en materia criminal va mucho más allá de las viejas historias de pistoleros, de campesinos narrados como grandes agricultores con plantíos gigantes de marihuana o amapola. Se trata de comercios más amplios que el solo fabricar pastillas, polvos o líquidos para llevarlos de forma ilegal a Estados Unidos u otros países.
Grupos criminales utilizan las rutas marítimas, se hacen de los recursos públicos para vigilancia pesquera, obligan a pescadores a vender su pesca a bajos precios, controlan territorios protegidos para hacer minería y explotan a productores, elevando los costos de productos a los consumidores, aprovechando la baja producción pesquera, que ha tenido un declive de hasta un 55 por ciento en los últimos 10 años conforme los datos aportados por la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) en el anuario de pesca.
La diversificación de los negocios también obedece a una lógica capitalista, la de oferta y demanda. La investigadora y académica Victoria Dittmar documentó para InSight Crime que los negocios criminales de la droga tienen también un declive en los precios, lo que lleva a las organizaciones a diversificar los negocios criminales.
“Hemos visto que hay un desplome de los precios del fentanilo al por mayor. Entre 2019 y 2022 se vendía un kilo de fentanilo entre 7 mil y 15 mil dólares, pero a partir de 2023 y ahora en 2024 se puede encontrar entre los 3 mil y 7 mil dólares el kilo del opioide”, según ha documentado la investigadora.
Lo mismo sucede con otras drogas sintéticas y naturales y gran parte de ello, añadió Dittmar, es porque hay una oferta más amplia.
Los negocios criminales, por tanto, se han visto obligados a diversificarse.
Al sur de Sinaloa hay una playa que usan surfistas de Canadá, Estados Unidos y Australia. Se llama El Patole, un sitio cercano a un pueblo llamado Dimas, histórico por ser uno de los puntos ferroviarios más viejos de este país. Es un lugar silenciado con amenazas de personas armadas, han dicho habitantes de ese pueblo, así como activistas ambientales que han pedido no revelar sus nombres ante el temor de sufrir represalias por denunciar la minería al ras de playa.
“Ya tienen rato haciendo eso. Empezaron sacando arena con una máquina y luego con otra y otra. Tienen toda la playa llena de hoyos, con sicarios vigilando que nadie se meta”, dijo uno de los pobladores que ha pedido anonimato.
“A los trabajadores los tienen bien vigilados, si se llevan oro y los sorprenden los tablean (torturan)”.
En esta región, en el sur de Sinaloa, no hay periodistas y tampoco activistas. La última persona en levantar la voz contra grupos criminales fue la señora Rosario Lilian Rodríguez Barraza, asesinada la noche del 30 de agosto de 2022 tras salir de una misa en ofrenda para su hijo Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez, desaparecido el 16 de octubre de 2019.
En El Patole hay dos kilómetros y medio de playa que fueron intervenidos desde finales del año 2022 con máquinas retroexcavadoras, de bombeo y decenas de mangueras y hombres cavando más de 8 horas diariamente para extraer oro de las playas, de acuerdo con habitantes de la zona que pidieron anonimato y fotografías que fueron compartidas para este reportaje.
Es una técnica llamada “minería aluvial”, que trata de procesar arena o grava, pasarla por filtros y agua para separar el agua. Ahí mismo, sobre pozos hechos en la misma playa, se procesa en otras máquinas para separar el oro de otros metales pesados con químicos especiales que son vertidos al mar.
En la zona de playa se puede observar pozos que están siendo excavados para cribar arena con filtros, dejando caer químicos y agua que se extrae del mar con mangueras y motores. Incluso, esta actividad se puede observar de manera satelital con programas libres como Google Earth, sin restricción.
Mineros organizados denunciaron que esta actividad ocurre con presiones y amenazas a pobladores y a quienes ejercen la actividad de manera legal, pese a que han presentado denuncias ante autoridades federales competentes.
Esa denuncia se ha hecho como otras más en 2015, cuando ocurrió el robo de 8.4 millones de dólares en oro a una empresa en Mocorito, un municipio al norte de Sinaloa.
El empresario Rob McEwen dijo en un canal de televisión sobre noticias financieras de Canadá, describiendo que el oro había sido robado de la planta minera El Gallo 1.
“Si queremos ir a explorar una zona, les preguntamos y nos dicen que no. Pero luego nos dicen que regresemos en un par de semanas, cuando hayan terminado sus asuntos”, dijo McEwen para revelar un problema que ya se instalaba en Sinaloa.
Luego remató: “Los cárteles están activos en esa región, y en general, tenemos buenas relaciones con ellos”.
El oro que se extrae de las playas de El Patole es sacado por tierra, a través de las carreteras estatales y por vía marítima, con lanchas que se llevan el material para cargarlo en barcos con destino a otros países. Es oro que no se rastrea, que no cuenta con registros ni códigos, solo es material que se funde y se pone al mercado lejos de Sinaloa.
Se solicitó entrevista a la Dirección General de Minas de la Secretaría de economía federal y al Clúster Minero de Sinaloa respecto a las afectaciones de la minería aluvial en El Patole, pero ninguna de las dos autoridades respondieron.
El litoral marino de Sinaloa de 622 kilómetros es una región vasta para actividades pesqueras. En Sinaloa hay más de 24 mil pescadores ribereños o artesanales dependen de la pesca de camarón en Sinaloa, que es la de mayor volumen en el estado con 8 mil 999 toneladas y un valor superior a los 110 mil millones de pesos, según el Anuario Estadístico de la Producción Pesquera elaborado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).
Pero eso no se refleja en las comunidades pesqueras, donde hay un alto rezago y marginación. Los grupos criminales locales entendieron bien ese problema y han sacado provecho del mismo.
En el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024 se reconoció la pobreza como uno de los factores elementales de las comunidades pesqueras, sobre todo lo que compete a la pesca ribereña, pues es el 93 por ciento de la población pesquera en el País.
El 6.5 de la población sinaloense vive de la pesca, la cual produce el 29 por ciento de los pescados y mariscos a nivel nacional. Eso representa hasta 12 mil 844 millones de pesos anuales en promedio, que traducido en el Producto Interno Bruto Estatal es el 3.47 por ciento.
La Comisión Nacional de Pesca reportó que hasta 2018 hubo 45 permisos nuevos de pesca para camarón, de los cuales 25 fueron para 819 embarcaciones menores y 20 para embarcaciones mayores. El número de permisos fue 81 por ciento más en comparación con el 2017. Los datos se encuentran actualizados hasta 2018.
Pescadores de la bahía de Altata explicaron que una de las razones de la disminución de títulos de pesca es la baja producción de productos como el camarón. En el anuario estadístico de acuacultura y pesca se puede observar que desde 2015 a 2022 se ha tenido una disminución importante de hasta un 55 por ciento, pues pasó de 33,934 a 18,700 toneladas de camarón en pesca comercial.
“Aquí hay pesca furtiva y la hacen ellos (grupos criminales), son los que hacen la pesca furtiva, mandan a dos o tres gentes y hacen su pesca. Nadie más se puede alborotar porque mandan, los levantan… ellos seleccionan a los que ellos quieren. Hubo un año que hubo almeja chiluda, pero nada más trabajaron ellos. Así es aquí, nomás trabajan ellos y se llevan todo porque se gaban a la semana de 100 mil a 150 mil pesos”, dijo un líder pescador de Altata, Navolato, quien solicitó anonimato para esta entrevista.
El puerto de Altata se encuentra en el centro del Estado, es el segundo lugar turístico de playa más importante de Sinaloa y uno de los sitios pesqueros de mayor relevancia. Hay por lo menos 1,470 embarcaciones registradas con permisos para la pesca.
Los testimonios recogidos para este reportaje explicaron que los grupos criminales operan en el puerto de una manera que les permite esconderse detrás de los pescadores. Es decir, cada movimiento que realizan es a través de los pescadores para explotarlos utilizando sus nombres y permisos para realizar actividades.
“Ellos (los grupos criminales) piden para trabajar, un día antes o dos días antes de la salida de los barcos, lo mismo, mil pesos por embarcación. Llegaba a las cooperativas y ahí los juntaba, te preguntan ‘¿Quién va? Porque si va alguien y no me dicen, lo voy a levantar’, así (funciona).
El mar se convirtió en un territorio sencillo para los grupos. Son lugares silenciados, sin la posibilidad de contar con activistas o medios de comunicación que puedan reportar más allá de si hay o no capturas de pescados y mariscos.
“Nosotros no tenemos vigilancia… llega el dinero del gobierno para la vigilancia, pero se lo chingan los directivos, ellos te piden gasolina. Ellos te dicen ‘es más, no vamos a ir, díganme quién la está regando’ y van a tu casa, te hacen la primera llamada y listo”, explicó el líder pesquero.
Los pescadores entrevistados para este reportaje describen el territorio como una zona de control por los grupos criminales. Son quienes asignan precios por las capturas y hacen las labores de control y vigilancia a beneficio propio y haciendo cobros extraordinarios a pescadores.
El gobierno de Sinaloa asignó para 2024 hasta 15 millones de pesos para el rubro de inspección y vigilancia. Ese recurso es otorgado a 49 organizaciones pesqueras en el Estado, para que de manera autogestiva puedan realizar las labores de vigilancia para las comunidades.
“En realidad ese dinero no se ejecuta, se gasta en el crimen organizado aquí metido y ellos son los que tienen el control, son los que no dejan salir a la gente, que si sale alguien lo tablean o algo. La realidad es que salen los que ellos quieren nada más, al final de cuentas sí vigilan de que no vaya todo mundo, pero sigue habiendo gente”, explicó otro pescador.
“Yo decía que si la cochinada esa (droga) que están vendiendo, por qué demonios se están metiendo con el patrimonio de la gente, pero es que se están adueñando no solo de lo ilegal, sino de lo legal”.
La Secretaría de Pesca y Acuacultura tiene un área específica, la dirección Inspección y Vigilancia, la cual está encargada para evitar la pesca furtiva y las presiones contra pescadores. En esa dependencia se hace el diseño anual para saber cómo se repartirán los fondos y se determina las zonas, con la intención de proteger todo el litoral, incluyendo zonas de mar abierto.
José Guadalupe Guillén Rentería, director de dicha dependencia, reconoció que el programa está diseñado para utilizarlo sin mayor rigurosidad a la de confiar en las cooperativas y federaciones pesqueras.
“Una vez dado el recurso se debe comprobar con reportes de recorridos diarios, evidencia fotográfica y ya con esas evidencias la organización debe enviar factura en la que se desglose el pago de nómina y el gasto en gasolina”, explicó en entrevista.
Bajo ese esquema de confianza es difícil poder evitar que grupos criminales ejerzan presiones hacia los pescadores.
“Para nosotros como Secretaría (de Pesca) y a los compañeros de las organizaciones pesqueras es muy difícil, porque ahí solamente lo que nos queda es pedir el respaldo de Conapesca y la Marina, porque ha habido zonas donde estos grupos controlan o mandan gente a pescar y hay veces que el pescador furtivo se escuda y dice ‘yo soy gente de fulano o zutano’ y nosotros la indicación que damos es que nadie debe estar dispuesto a arriesgarse”, dijo Guillén Rentería.
Sin embargo, los pescadores han descrito a la actividad pesquera como una demostración de poder entre los grupos criminales sobre el control del territorio: “Es como para decir que aquí se hace lo que yo digo”.
Lo que sucede en Altata se replica en otros campos pesqueros, como Topolobampo, que se encuentra al norte de Sinaloa.
“En la veda es cuando ellos trabajan. El mismo producto se lo tienen que entregar a ellos. Ellos fijan el precio y uno tiene que trabajar y la misma necesidad lo echa a uno. Son precios bajos, no nos sale”, dijo un pescador del puerto de Topolobampo para este reportaje.
Como ejemplo, el precio del kilo de camarón de bahía, que puede alcanzar una talla mediana, se fijó en 80 pesos por kilo durante el mes de marzo, cuando comenzó la veda, pero el precio regular previo a la veda fue de 110 a 120 pesos por kilo.
“Ellos ponen el precio y se lo tienes que vender. Uno está obligado a venderlo, lo reciben directo, te lo reciben cuando vas bajando de la panga y se van. Ellos lo comercializan. Uno gana poco, ellos ganan más”, aseguró otro pescador.
Un buen día de pesca puede ser cuando se captura de 80 a 100 kilos de camarón, pero un mal día significa una pesca de 20 a 30 kilos. Para lograr una pesca regular se necesitan al menos mil 200 pesos de combustible diariamente.
“Lo que te gastas de diesel casi casi es lo mismo que terminan dándote de dinero. No le sale a uno”, expresó un tercer pescador.
-¿Cómo los identifica?
-”Ya sabemos quiénes son. Llegan aquí y les vendes”
-¿Vienen armados?
-“No, solo llegan. No te amenazan ni nada, solo te dicen que te van a comprar a tanto y se lo entregas. Ellos te tratan bien mientras tú les estés entregando el producto a ellos”
-¿Y si uno se resiste?
-”Entonces sí puede haber problemas”
-¿Como qué?
-”Una tableada, por lo menos”
-¿Desde cuándo pasa eso?
-”Será unos cinco o seis años, de ahí para acá. Es como a los agricultores, pero a ellos les piden cuotas, si no los tablean”.
-¿Pero a ustedes les piden cuota?
-”No, en el mismo precio, que le bajan. Ahí está la cuota, lo cobran ahí”.
El precio durante la época de veda, que comprende entre los meses de marzo y septiembre, es en sí elevado, pero ese costo lo asumen los consumidores.
El modelo de negocios ilícitos en la pesca es uno que se ha replicado en la agricultura sinaloense, solo que con un formato distinto. Con los agricultores no se trata de comprarles sus productos, sino de controlar las rutas de las cosechas.
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Sinaloa es un estado que anualmente utiliza hasta 800 mil hectáreas para sembrar granos -un buen año, que puede tomarse así cuando hay agua suficiente, se utilizan hasta 560 mil de esas hectáreas para producir maíz blanco– son miles de toneladas de un producto para el mercado local y de exportación, por eso es llamado internamente como “el granero mexicano”. La alta producción no pasa desapercibida para nadie, mucho menos para el crimen.
El crimen actúa desde las concesiones de agua en los módulos de riego, organizaciones que parten de una estructura legal, con personal contratado específicamente para hacer cálculos de agua. La realidad, han contado líderes agrícolas sinaloenses para este trabajo, es que son personas que se han hecho de información valiosa, como la cantidad de hectáreas que siembra cada agricultor, los milímetros cúbicos que necesita y hasta el nivel de ganancias.
“Esas personas también siembran y empezaron por no pagar el agua, luego por cobrarle un extra a los socios. Se dieron cuenta del negocio que podía ser mientras el precio de las drogas se derrumba”, dijo el agricultor, asegurando que el problema principal ocurre en la región que afecta a la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Norte.
“Tienen información del hectareaje, qué se siembra y quién lo siembra. Aprendimos a vivir con ello, tenemos que pagar queremos usar el agua que ya nos toca”.
La información que manejan esos grupos criminales sobre los agricultores es amplia y delicada, desde lo que siembran hasta cuáles son los domicilios de los agricultores. El éxito de ese negocio criminal es tal que desde hace dos años emprendieron otro con el mismo tipo de presiones: extorsionar a través del traslado de las cosechas.
“Los paperos (productores de papa) tienen que pagar si quieren que se mueva su producto”, explicó en entrevista un líder papero.
Se han formado sindicatos de transportistas que condicionan el tráfico del tubérculo a cambio de sumas económicas que superan en ocasiones las ganancias de los agricultores, pero es asumir el costo o ya no producir.
Sinaloa, junto con Sonora, es el mayor productor de papa en México. En este estado se cultivan hasta 14 mil hectáreas con el tubérculo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Los efectos de esos costos se pueden observar en los precios de la papa en el mercado interno a través del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados.
Entre 2018 y 2020 el precio de la papa alpha (que se siembra y cosecha en Sinaloa), rondó entre los 14 y 16 pesos por kilo. Para 2023 y 2024, el precio de la papa sinaloense se ha disparado, pasando a un costo entre los 18 y 22 pesos por kilo, aunque la cosecha se mantenga bajo los mismos niveles, sobre los 375 mil toneladas de producción promedio por año.
Las organizaciones de transportistas son conocidas como “fleteros”, cuya operación sucede en la región norte del Estado, en puntos clave de las carreteras que conectan a Sinaloa con Estados Unidos.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, reconoció que este problema comenzó a notarse con denuncias de transportistas de papa, hacia el norte del Estado, sobre municipios como Salvador Alvarado, Guasave, El Fuerte y Ahome, la región que colinda con el estado de Sonora.
“Ahí es un conflicto entre dos agrupaciones de transportistas que una de ellas exige exclusividad en la transportación y presumiblemente, que tampoco se ha presentado denuncias, una está protegida por algún grupo delincuencial”, dijo el mandatario.
“Se sabe esto porque ponen un distintivo al carro que paga un porcentaje”.
La extorsión ya es visible para los grupos de agricultores, tanto que ahora tienen un temor fundado, que se vuelva un recurso con otro tipo de productos, como el maíz, el grano que más rentabilidad tiene en esta región mexicana.
“¿Qué sigue? Pues el maíz, es el paso que sigue. Sabemos que están extorsionando a los transportistas cuando lo sacan de aquí, que en el camino los paran y les roban o los extorsionan, por eso te digo que no estamos lejos”, dijo el líder agricultor.
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Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
